La incidencia de la pandemia de Covid-19 en las condiciones de vida de los migrantes venezolanos hacia Colombia y el discurso aporofóbico Текст научной статьи по специальности «История и археология»

51, septiembre 2022: 1-23

La incidencia de la pandemia de Covid-19 en las condiciones de vida de los migrantes venezolanos hacia Colombia y el discurso aporofóbico

The incidence of the Covid-19 pandemic on the living conditions of Venezuelan migrants to

Colombia and the aporophobic discourse

Héctor Olasolo* Mario Urueña-Sánchez ** María Paula López Velásquez***

Resumen: Este artículo apunta a constatar que la pandemia del Covid-19 ha reforzado las actitudes discriminatorias y de rechazo social por una parte importante de la población colombiana frente a los migrantes venezolanos de bajos recursos y ha coadyuvado a la implementación por el gobierno de Colombia de una política migratoria que (i) ha detenido abruptamente el flujo hacía Colombia de este segmento de la población migrante, (ii) ha restringido aún más su acceso a servicios y derechos fundamentales en territorio colombiano; y (iii) ha contribuido al desarrollo de un discurso aporofóbico en el país. El referente conceptual para abordar esta hipótesis es el del término de aporofobia. Un término cuya longevidad no es muy amplia, pero que permite encuadrar la matriz de entendimiento de este fenómeno con suficiencia. La metodología escogida para

Español, Coautor. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España); Maestría en Derecho por la Universidad de Columbia (EE. UU). El Prof. Olasolo es actualmente investigador senior de Minciencias y profesor titular de carrera de Derecho internacional en la Universidad del Rosario (Colombia), donde dirige su Clínica Jurídica Internacional, el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP) y la Serie Inernational Law Clinic Reports (ILCR). Es senior lecturer de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos) y preside desde 2011 el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (Países Bajos). ORCID: 0000-00019724-0163. Correo electrónico: hector.olasolo@urosario.edu.co.

** Colombiano, Coautor. Doctor en Derecho, Universidad del Rosario (Colombia). Estudios de doctorado en Ciencia Política (énfasis en Relaciones Internacionales), Universidad de Quebec en Montreal (Canadá). Magíster en Geopolítica y Seguridad Global, Universidad de Roma "La Sapienza" (Italia). Politólogo, Universidad Nacional de Colombia. Profesor e Investigador de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario. ORCID: 0000-0002-8040-6240. Correo electrónico: mario.uruena@urosario.edu.co

*** Colombiana, Coautora. Pregrado en Derecho por la Universidad del Rosario (Colombia). Maestría en Derecho Internacional Público con énfasis en Derecho Internacional Penal por la Universidad de Leiden (Países Bajos). Candidata al Doctorado en la Universidad del Rosario (Colombia). Profesora e investigadora en la Universidad del Rosario. Consultora de la Jurisdicción Especial para la Paz. Correo Electrónico: mariapa.lopez@urosario.edu.co.

El presente trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación "La respuesta del Derecho internacional a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a la luz de las dinámicas de comportamiento del sistema de narcotráfico marítimo por medio de simulación de sistemas sociales" (2020-2023), con número de referencia de Minciencias (Colombia) 70817, financiado con recursos procedentes del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas (Colombia) y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Este proyecto forma parte del Programa de Investigación "Estrategia de respuesta integrada desde el derecho público comparado e internacional para enfrentar en Colombia la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, a la luz de una aproximación evolutiva a las dinámicas del narcotráfico marítimo por medio de simulación de sistemas sociales" (2020-2023), con número de referencia de Minciencias Colombia) 70593.

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operacionalizar esta investigación se funda en el método cualitativo cifrable en el que los datos recogidos por otras fuentes sirven a los autores para interpretar el comportamiento del objeto de estudio.

Palabras Clave: migración, Colombia, Venezuela, pandemia de Covid 19, aporofobia

Abstract: This article aims to verify that the Covid-19 pandemic has reinforced discriminatory attitudes and social rejection by a significant part of the Colombian population towards low-income Venezuelan migrants and has contributed to the implementation by the Colombian government of a migration policy that (i) has abruptly stopped the flow of this segment of the migrant population into Colombia, (ii) has further restricted their access to services and fundamental rights in Colombian territory; and (iii) has contributed to the development of an aporophobic discourse in the country. The conceptual reference to address this hypothesis is the term aporophobia. A term whose longevity is not very wide, but which allows to frame the matrix of understanding of this phenomenon with sufficiency. The methodology chosen to operationalize this research is based on the quantifiable qualitative method in which the data collected by other sources are used by the authors to interpret the behavior of the object of study.

Keywords: migration, Colombia, Venezuela, Covid 19 pandemic, aporophobia

Recibido: 8 abril 2022 Aceptado: 29 junio 2022

Introducción

Conforme a ciertas visiones tradicionales de la realidad internacional, como por ejemplo lo puede ser el Realismo en las Relaciones Internacionales, los asuntos de seguridad son el valor central para los Estados en función de su interés nacional. Seguridad que sin embargo ya no pasa solamente por carreras armamentísticas o conflictos con sus vecinos o con actores subnacionales. La declaración de la pandemia de Covid-19 en 2020 fue una manifestación adecuada de cómo una amenaza a la seguridad sanitaria dentro de un territorio activó el manual de acción de los Estados para garantizar su "supervivencia". Cierres fronterizos, restricciones al transporte internacional y a la movilidad interna se hicieron parte del panorama. Es evidente que en este escenario aquellas fronteras que se han caracterizado por su dinamismo se han visto mayormente afectadas por la puesta en práctica de este manual.

Este artículo complementa este análisis al trascender la lectura del adentro/afuera como explicación del agenciamiento estatal para incluir una lectura del migrante con altos/bajos recursos. Se entiende que los dispositivos estatales de ingreso al propio territorio y de administración de la población migrante se hallan atravesados por consideraciones económico-sociales cuándo se implementan. Es por ello que se parte de la pregunta sobre cuáles han sido los efectos de la pandemia de Covid-19 en una frontera dinámica para la población migrante de escasos recursos.

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La noción de frontera dinámica guarda relación con la obra de Jean Jacques Ancel1 para quien el este término encierra múltiples realidades. Es algo ideal antes que real y relativo en vez de absoluto. Su relatividad tiene que ver con la función asignada por el grupo social en el poder cuya intención es dividir y separar el territorio en el cual se hallan. Su dinamismo se da como resultado de la acción humana, particularmente de las elites en el poder que le asignan un valor y lo reproducen socialmente (fronteras tensas, vivas, muertas, vacías, áreas económicas, militares, estratégicas, etc.).

Al referirse a "población migrante de bajos recursos", se parte de un segmento poblacional que migra forzadamente a otro país por la situación política, social y sobre todo económica de su lugar de origen. Este segmento se identifica por su situación de pobreza, en la cual no pueden satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas básicas. Una situación agravada globalmente por la citada pandemia y que, según estimaciones del Banco Mundial, aumentó por primera vez en 20 años en 2020, haciendo que se pasara del 9.1% al 9.4% de la población mundial en pobreza extrema (aquellos que viven con menos de dos dólares diarios).2

Para aterrizar esta pregunta en un caso de estudio, se juzga idóneo abordar el caso del flujo migratorio colombo-venezolano por tres factores. El primero, por cuanto durante décadas esta ha sido una de las fronteras más dinámicas del continente americano. Dinamismo diferencial si se piensa que, en contraste con otras fronteras como la mexicano-estadounidense, se ha distinguido por ser de flujo bidireccional en distintos momentos de la historia. El segundo porque antes de la pandemia existía una migración masiva de venezolanos de escasos recursos hacia Colombia, luego de una primera ola migratoria de sus compatriotas más adinerados. El tercero guarda relación con la intención del gobierno colombiano desde antes de la pandemia de limitar esta masiva ola migratoria de venezolanos de bajos recursos, así como de ejercer control sobre los que ya estaban del lado colombiano de la frontera.

Con el fin de determinar los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre el flujo migratorio de población venezolana de escasos recursos y sus condiciones de vida en Colombia, la hipótesis que guía este artículo apunta a que la pandemia del Covid-19 ha reforzado las actitudes discriminatorias y de rechazo social por una parte importante de la población colombiana frente a los migrantes venezolanos de bajos recursos y ha coadyuvado a la implementación por el gobierno de Colombia de una política migratoria que (i) ha detenido abruptamente el flujo hacía Colombia de este segmento de la población migrante, (ii) ha restringido aún más su acceso a servicios y derechos fundamentales en territorio colombiano; y (iii) ha contribuido al desarrollo de un discurso aporofóbico en el país.

El marco conceptual para dar sustento a este artículo incluye el abordaje del concepto de aporofobia. Un término cuya longevidad no es muy amplia, pero que permite encuadrar la matriz de entendimiento de este fenómeno con suficiencia. La metodología escogida para operacionalizar el objetivo de la investigación se funda en el método cualitativo cifrable en el que los datos recogidos por otras fuentes sirven a los autores para interpretar el comportamiento del objeto de estudio. Para ello, se combinan como técnicas de recolección de la información el análisis documental de fuentes

1 Una conceptualización interesante de frontera es la que realiza Juan Carlos Arriaga, para quien las fronteras, desde la geografía humana, se pueden dividir entre espacios absolutos y construcciones sociales. La mencionada clasificación de las fronteras dinámicas de Anzel hace parte del primer grupo junto a otras posturas como: la frontera como región estratégica (Ratzel, Haushofer), la tesis organicista de la frontera (Ritter), las fronteras como "zona de interpenetración" (V allaux) y las "fronteras extendidas" (Lord Curzon). En el segundo grupo resaltan los enfoques de: la frontera como producto del sistema social (Harvey), la frontera como espacio poscolonial (Said) y la frontera como espacio simbólico (Curry). Ver Juan Carlos Arriaga Rodríguez, "El concepto frontera en la geografía humana", Perspectiva Geográfica, 17 (2012): 71-96.

2 Laura Andrés Tallardá, "Migrar para escapar de la pobreza", La Vanguardia, 16 de diciembre de 2020, https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20201216/6121663/migrar-escapar-pobreza.html.

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conceptuales y fenomenológicas, con el análisis de datos oficiales proveídos por las autoridades de ambos países.

En cuanto a su estructura, el artículo se divide en tres secciones. En la primera sección, se realiza un contexto migratorio entre Colombia y Venezuela desde 1980 hasta 2019 para representar el dinamismo de estos flujos y las razones que explican su evolución y transformaciones. La segunda sección se centra específicamente en el análisis de las consecuencias que la pandemia de Covid-19 ha tenido desde marzo de 2020 en la migración de población venezolana de bajos recursos hacia Colombia y en sus condiciones de vida. La sección tercera analiza el concepto de aporofobia para, desde su delimitación, entender el fuerte contraste entre la actitud de brazos abiertos con que el gobierno y la población colombiana acogieron a los inmigrantes venezolanos con mayores recursos y formación, y las fuertes tensiones sociales y el progresivo incremento de la discriminación aporofóbica hacia sus compatriotas menos pudientes.

Los flujos migratorios binacionales (1980-2019) Las décadas de 1980 y 1990

El dinamismo migratorio entre Colombia y Venezuela puede ser rastreado desde 1950, caracterizándose durante sus primeras tres décadas por la migración de población colombiana hacia territorio venezolano ante la consolidación de una Venezuela próspera y segura y una Colombia estancada y violenta.3

Desde la década de 1980, la situación en Venezuela cambiaría, pero el flujo migratorio seguiría incrementándose debido a la difícil situación de violencia que se seguía viviendo en amplias partes de Colombia. Así, luego de la impresionante década de 1970 en materia de crecimiento y desarrollo, los años 1980 y 1990 fueron menos favorables para la economía y el orden público venezolanos. Las contramedidas impulsadas por los EE.UU. y sus aliados para quebrar la unidad de los países productores y exportadores de petróleo, y para atenuar su dependencia del mismo mediante el cambio de modelo económico, golpearon los ingresos fiscales venezolanos. Un golpe que incidió en el descenso del gasto público, el aumento del desempleo y una alta presión inflacionaria.4

La inconformidad social derivada del estancamiento económico tuvo sus hitos preponderantes en la transición entre ambas décadas. Así, a comienzos de 1989 el anuncio del presidente Carlos Andrés Pérez de incrementar el costo de la gasolina y del transporte público provocaron una oleada de protestas, disturbios y saqueos que duraron varios días en la capital venezolana. Estos hechos, conocidos bajo el rótulo de "El Caracazo", provocaron una fuerte represión por los gobiernos central y local a través del despliegue y la actuación de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional. El daño ocasionado a la sociedad civil por las medidas económicas y la violencia se hizo más intenso en los años siguientes, provocando la reacción de un segmento de las fuerzas armadas. De esta manera, el 4 de febrero de 1992 un grupo de militares bajo el mando del teniente coronel Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado sin éxito.5

3 Raquel Alvarez de Flores, "La dinámica migratoria colombo-venezolana: evolución y perspectiva actual", Geoenseñanza 9, no 2 (2004): 191-202, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36090205.

4 Alvarez de Flores.

5 Ignacio Ramonet, "Hugo Chávez y el 'Caracazo'", Le Monde diplomatique en español,, no 214 (2013): 1-2, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4534330.

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A pesar del desmejoramiento de la situación en Venezuela durante las décadas de 1980 y 1990, el flujo migratorio de colombianos no solo no se detuvo, sino que se incrementó de manera significativa.6 De esta manera, según estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para finales de siglo había en territorio venezolano alrededor de 1.338.000 colombianos.7

Una posible explicación de la aparente contradicción entre el sostenido aumento de la emigración colombiana y las dificultades crecientes en Venezuela se halla en que la situación de orden público en Colombia empeoró significativamente en los años 1980 y 1990. Así, a los viejos problemas de violencia política cometida por la fuerza pública y los distintos grupos guerrilleros y paramilitares, se sumó una nueva, pero poderosa amenaza: el narcotráfico. La confrontación directa entre sus cabecillas y el Estado durante la fase conocida como "narcoterrorismo" (1980 - primera mitad de la década de 1990), y los ingentes recursos destinados por los narcotraficantes para fortalecer el paramilitarismo (fenómeno conocido como "narcoparamilitarismo"), recrudecieron la violencia, afectando también a las áreas urbanas (hasta entonces la violencia se había limitado en gran medida a las áreas rurales).8

Además, la cruzada estadounidense contra el narcotráfico terminó focalizándose progresivamente en Colombia. La Iniciativa Regional Andina de 1989 (un programa para la erradicación de cultivos ilícitos, la interceptación de los medios de transporte utilizados por los traficantes y su detención), que en principio involucraba a Perú, Bolivia y Colombia, terminó por centrar sus esfuerzos en territorio colombiano. En este contexto, la donación de equipos militares y el entrenamiento a la fuerza pública colombiana introdujeron un nuevo factor en el conflicto, que se tradujo en un incremento del desplazamiento forzado interno y de la emigración fuera de sus fronteras.9

La reversión de la tendencia migratoria en las dos primeras décadas del siglo XXI

El incipiente flujo migratorio hacia Colombia de población venezolana de altos recursos en el periodo 2000-2014

Con el cambio de siglo, la dirección de la migración colombo-venezolana se revirtió paulatinamente, de manera que cada vez más venezolanos comenzaron a emigrar a Colombia. Lejos de ser un proceso uniforme, esta nueva realidad migratoria tiene la singularidad de haber seguido durante su primer periodo un patrón social de "arriba hacia abajo".

Así, desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1998, su agenda para alcanzar "el socialismo del siglo XXI", la entrada en vigor de una nueva constitución política apenas un año después y la puesta en marcha de ambiciosos programas sociales acrecentaron el nerviosismo en la elite económica venezolana. Esto se tradujo en una constante confrontación entre el gobierno y el

6 Sally Palomino, "'En Venezuela se vivía tan bien, que era un país del que nadie se quería ir'", El País, 31 de marzo de 2017, sec. América Colombia, https://elpais.com/internacional/2017/04/01/colombia/1490999234_665682.html.

7 Myriam Bérubé, "Colombia: In the Crossfire", MPI Migration Policy Institute, 1 de noviembre de 2005, https: / / www.migrationpolicy.org/ article/colombia-crossfire.

8 Mario Iván Urueña Sánchez, "Paramilitarismo en Colombia: entre partisanos y piratas", Sophia 6 (2010): 92-100; Mario Iván Urueña Sánchez, El dilema de la hidra: evolución del paramilitarismo contemporáneo en Colombia desde una perspectiva explicativa (Bogotá, ediciones grancolombianas, 2009).

9 Jorge Andrés Rave, "La politique antinarcotique des Etats-Unis envers la Colombie durant l'administration Clinton (19922001): la sécurisation du narcotrafic ou sécurisation de la crise colombienne?" (Mémoire accepté, Québec, L'Université du Québec à Montréal (UQAM), 2009), https://archipel.uqam.ca/2191/.

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movimiento político de Chávez, por un lado, y las élites venezolanas, por otro.10 En este contexto, las élites venezolanas favorecieron el intento de golpe de Estado que tuvo lugar entre el 11 y el 13 de abril de 2002, cuando una facción del ejército retuvo a Chávez en el Palacio de Miraflores para forzar su renuncia, al tiempo que se nombraba un gobierno provisional en cabeza del presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. La movilización social en defensa del presidente derrocado animó a otros sectores de las fuerzas armadas a actuar para restablecer a Chávez en el poder el 14 de abril.11

Ante esta situación de lucha por el poder político, y dada la crucial importancia de la industria petrolera, se acabó por llevar el conflicto político al control de la compañía estatal de hidrocarburos (Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA), provocando el despido por el gobierno de 18.000 de sus empleados en 2005.12 A partir de entonces, el oficialismo venezolano optó por privilegiar la lealtad partidista por encima de la trayectoria profesional como el criterio decisivo para contratar directivos y trabajadores en PDVSA. Una decisión que, si bien no inmediatamente, con el transcurso del tiempo parece haber tenido un impacto negativo en su capacidad de producción.13

Todo esto tuvo lugar en el marco de un nuevo boom petrolero, que a partir del año 2000 y hasta 2014, vio los siguientes precios promedios del barril de crudo fijado por la OPEP: 17,44 en 1999, 27,6 en 2000, 23,12 en 2001, 24,36 en 2002, 28,1 en 2003, 36,05 en 2004, 50,59 en 2005, 61 en 2006, 69,04 en 2007, 94,1 en 2008, 60,86 en 2009, 77,38 en 2010, 107,46 en 2011, 109,45 en 2012, 105,87 en 2013 y 96,29 en 2014.14 Según estimaciones realizadas sobre las rentas petroleras obtenidas por la hacienda pública venezolana al tomar en cuenta estos precios promedio y el total de barriles exportados durante este intervalo (15.336 millones), la nación recibió aproximadamente 960.589 millones de dólares.15 Esto permitió al gobierno sacar adelante sus reformas sin afectar seriamente los indicadores macroeconómicos.16

En los años sucesivos, la política de expropiación y colectivización de tierras y empresas fue extendiéndose gracias al músculo financiero otorgado por las rentas petroleras, afectando con ello las expectativas de retorno de los inversionistas nacionales y extranjeros. Un ejemplo de estas medidas lo refleja la Ley de Hidrocarburos de 2008, que estableció un nuevo modo de asociación entre el gobierno y las empresas petroleras extranjeras que operaban en el país, lo que provocó la expropiación de unas y la salida negociada del país de otras.17

Además, si bien uno de los principales logros macroeconómicos de la administración Chávez en sus primeros años había sido controlar la desmedida inflación (entre el 31.4% y el 99.9% anual) que

10 Alvaro Andrés Hamburger Fernandez, "El socialismo del siglo xxi en américa latina: características, desarrollos y desafíos", Revista de relaciones internacionales, estrategiay seguridad9, no 1 (2014): 131—54, https://doi.org/10.18359/ries.54.

11 Juan Paullier, "A diez años del golpe contra Chávez, ¿qué fue de los protagonistas?", BBC News Mundo, 10 de abril de 2012, https: / / www.bbc.com/ mundo/noticias/2012/04/ 120410_venezuela_aniversario_golpe_2002_personajes_jp.

12 María Clara Robayo, "Venezolanos en Colombia, un eslabón más de una historia compartida", 2013, https://www.urosario.edu.co/urosario_files/2e/2ee3361e-eec6-4230-925b-3e6d91c83ab0.pdf.

13 Angel Bermúdez, "Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia económica", BBC News Mundo, 25 de febrero de 2016, https: / / www.bbc.com/ mundo/noticias/2016/02/ 160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab.

14 Statista, "Precio del petróleo crudo 1960-2019", Statista, 2022, https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/.

15 Jesús Mora Contreras, "Venezuela: El petróleo y el Socialismo del Siglo XXI", Encyclopédie de l'énergie, 4 de mayo de 2020, https: / / www.encyclopedie-energie.org/ venezuela-el-petroleo-y-el-socialismo-del-siglo-xxi/.

16 Bermúdez, "Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia económica".

17 Angel Bermúdez, "Qué hay detrás de la estrepitosa caída de las exportaciones de petróleo de Venezuela", BBC News Mundo, 7 de octubre de 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-49914984.

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había sufrido Venezuela durante la década de 1990,18 desde 2008 hasta 2014 se regresó paulatinamente a este rango inflacionario. Como resultado, la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de aquellos cuya riqueza se medía en bolívares, fue progresivamente estimulando hacia el final de este periodo la búsqueda de opciones de vida por fuera de las fronteras nacionales.19

Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el gobierno de derecha de Alvaro Uribe aprovechó la sacudida energética del país vecino para atraer mano de obra altamente cualificada e inversiones en un sector al que Colombia le interesaba potenciar. La previa creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2003, y la materialización de otras reformas concordantes, terminaron por hacer de Colombia un destino tentador para muchos venezolanos con experiencia en el sector.20 (Robayo, 2013).

El periodo comprendido entre 2000 y 2014 patentó un aumento considerable de nacionales venezolanos residentes en Colombia (se pasó de 29 220 a 74 714)21, el cual contrajo consigo el ingreso de mano de obra calificada y fuentes de inversión.22 Tal vez el hito icónico de esta incipiente etapa de migración venezolana hacia Colombia lo marcó la creación en 2008 de Pacific Rubiales Energy Corp, una empresa que, a pesar de estar registrada en Canadá, fue creada y dirigida por cuatro inversionistas venezolanos (dos de ellos antiguos altos directivos de PDVSA).23

El incesante flujo migratorio hacia Colombia de población venezolana de bajos

recursos durante el periodo 2015-2019

Hasta 2014, las tensiones derivadas de la confrontación política entre el gobierno y la oposición en Venezuela parecían manejables siempre y cuando los precios del petróleo y la capacidad de producción se mantuvieran altos. Sin embargo, en 2015 se experimentó una fuerte caída del precio medio del barril, que pasó de 96,29 dólares en 2014 a 49,49 en 2015, y que continuó cayendo en 2016 hasta los 40,76.24 Fue a partir de este momento que se comenzaron también a sentir las consecuencias que, en términos de pérdida de inversiones y reducción de la capacidad de producción, generaron en el medio plazo factores domésticos como la aplicación de la Ley de Hidrocarburos y el alto número de despidos en PDVSA.

Casi simultáneamente, se produjeron también desde finales de 2015 y hasta mediados de 2017 toda una serie de nuevos factores de política interior y exterior que se sumarían para afectar profundamente la estabilidad macroeconómica de Venezuela y provocarían que su población en territorio colombiano pasara abruptamente, según Migración Colombia, de 53.747 personas a finales de 2016 a 403.702 un año después. Entre ellos, los tres siguientes se juzgan particularmente relevantes.

En primer lugar, la oposición política al gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez al frente del gobierno de Venezuela desde marzo de 2013, consiguió en las elecciones a la Asamblea

18 Epdata, "Evolución de la inflación en Venezuela, según el FMI", EpData.es, 2021, https://www.epdata.es/evolucion-infkcion-venezuela/2983e608-6038-42ac-8bdd-a286af75f568.

19 Robayo, "Venezolanos en Colombia, un eslabón más de una historia compartida".

20 Robayo.

21 BBC News "Crisis de Venezuela: "El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años", 24 de agosto de 2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45291398

22 Migración Colombia, Evolución crisis migratoria con Venezuela - 5 años de historia, 24 de agosto de 2020, Infografía, 24 de agosto de 2020, https: / / www.migracioncolombia.gov.co/infografias/evolucion-crisis-migratoria-con-venezuela-5-anos-de-historia-2.

23 Armando Info, "Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó", Rutas del Conflicto, 2017, https://rutasdelconflicto.com/especiales/pacific/empresa/introduccion.html.

24 Statista, "Precio del petróleo crudo 1960-2019".

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Nacional del 6 de diciembre de 2015 una victoria de peso al obtener la mayoría de representantes.25 Como resultado, dicha asamblea se convirtió en el epicentro de la acción de oposición frente al gobierno, lo que supuso una escalada en la confrontación entre ambas partes. Esto llevaría eventualmente al establecimiento por el gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, con el fin de privar de competencias a la Asamblea Nacional, a lo que esta última respondió en enero de 2019 con la proclamación de su presidente, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.26

En segundo lugar, a partir del cambio de gobierno en Argentina en diciembre de 2015, al que siguió la destitución en Brasil de Dilma Rousseff en agosto de 2016 y el cambio de gobierno en Ecuador en mayo de 2017, se produjo una pérdida progresiva del apoyo político al gobierno venezolano por parte de quienes hasta entonces habían sido algunos de sus más importantes aliados en Sudamérica.27

Finalmente, en enero de 2017 comenzó su mandato en EE.UU. Donald Trump, tras obtener la victoria en las elecciones presidenciales norteamericanas celebradas en noviembre de 2016. Desde su llegada al poder, las sanciones estadounidenses se reactivaron con especial intensidad con el fin de castigar a "personas, negocios y entidades petroleras asociadas con el régimen de Maduro, tanto dentro como fuera de Venezuela".28 Como resultado de todos estos factores29, la producción petrolera venezolana pasó de una paulatina disminución entre 2013 y 2016, a un vertiginoso declive de más de dos tercios entre 2017 y 2019, reduciéndose el número de barriles diarios de 2,3 millones a finales de 2016 a 712.000 a finales de 2019.30

Esto, unido al estancamiento de los precios del barril de petróleo en estos años (52,51 dólares en 2017, 69,78 en 2018 y 64,04 en 2019),31 provocaron una fuerte caída sostenida del PIB anual y una hiperinflación muy superior a la experimentada hasta entonces, lo que a su vez repercutió en otros indicadores como los de desempleo y lucha contra la pobreza, además de perjudicar notablemente el acceso de amplios sectores de la población a bienes y servicios esenciales. El descontento devino en múltiples protestas en contra del gobierno desde diferentes sectores, a lo que este último respondió con una fuerte represión. Fue en este contexto de extrema dificultad para continuar viviendo en su país que centenares de miles de venezolanos decidieron emigrar con pocos recursos y limitada formación hacia a otros destinos.32

25 Redacción BBC Mundo, "Oposición obtiene amplia victoria en las elecciones", BBC News Mundo, 7 de diciembre de 2015, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/ 151204_venezuela_parlamentarias_oposicion_chavismo_dp.

26 Gustavo Ocando Alex, "Juan Guaidó cumple dos años de mandato interino encarando riesgos", Voz de América, 23 de enero de 2021, https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_venezuela-juan-guado-aniversario-gobierno-interino-encarando-riesgos/6071001.html.

27 Redacción La Vanguardia, "Quién apoya y quién rechaza a Nicolás Maduro", La Vanguardia, 24 de enero de 2019, sec. Internacional, https://www.lavanguardia.com/internacional/20190124/454287681422/quien-apoya-rechaza-nicolas-maduro-division-internacional.html.

28 Noelani Kirschner, "U.S. Sanctions on Venezuela Explained", ShareAmerica, 11 de febrero de 2021, https://share.america.gov/u-s-sanctions-venezuela-explained/.

29 El análisis del peso relativo de cada uno de dichos factores queda fuera del objeto del presente trabajo.

30 Norberto Paredes, "Cuánto tiempo le llevaría a Venezuela reactivar su industria petrolera (y por qué es vital para salir de la crisis)", BBC News Mundo, 22 de marzo de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56351173; Asier Achutegui, "Venezuela and PDVSA: Killing the Goose That Lays Golden Eggs", Real Instituto Elcano, 19 de enero de 2019, https: / / www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/venezuela-and-pdvsa-killing-the-goose-that-lays-golden-eggs/.

31 Statista, "Precio del petróleo crudo 1960-2019".

32 Civicus ORG, "Venezuela: 'Ante la profundización de la crisis económica y social, el descontento solo puede ser acallado mediante maniobras político-electorales y represión'", CIVICUS, 14 de diciembre de 2017,

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A diferencia de lo ocurrido con sus compatriotas más acaudalados y mejor formados (cuyos paraderos incluyeron en muchos casos a EE.UU. y Europa), la imposibilidad de adquirir tiquetes aéreos, o de contar con una red de apoyo posicionada in situ, condujo a que esta gran ola migratoria se concentrara en Sudamérica en general, y en Colombia en particular. De esta manera, según cifras oficiales, el número de venezolanos viviendo en este último país se incrementó entre 2014 y 2019 de la siguiente manera: 23.573 en 2014, 31.471 en 2015, 53.747 en 2016, 403.702 en 2017 y 1.174.743 en 2018 y 1.771.237 en 2019.33 Estas cifras reflejan la ola de migración más grande en la historia reciente de América Latina.34

El enorme incremento de población venezolana con bajos recursos y un limitado nivel de formación que a partir de 2017 emigró a Colombia desbordó la capacidad institucional para tratarlos adecuadamente. Para hacer frente a esta situación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) expidió en 2018 el Documento 3950 por medio del cual se planteó la "[e]strategia para la atención de la migración desde Venezuela".35 Su propósito era "establecer e implementar estrategias de atención en salud, educación, primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, articular la institucionalidad existente y definir nuevas instancias para la atención de la población migrante desde Venezuela en un horizonte de tres años". Para ello, se propusieron hasta 68 medidas cuya ejecución requería la participación de trece organismos estatales.36

Sin embargo, a pesar de la ambiciosa estrategia de acción prevista en el CONPES 3950, esta no se pudo aplicar de manera efectiva antes de la pandemia debido a su escasa financiación y a las trabas burocráticas.37 En consecuencia, este primer documento, que buscaba afrontar estructuralmente el enorme flujo migratorio venezolano desde una perspectiva multidimensional, no pudo alcanzar los resultados esperados.38 En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó en 2019 una encuesta a la población venezolana sobre la accesibilidad a bienes y servicios básicos en Colombia, mostrando resultados poco favorables. Así, aunque los encuestados reconocían, en general, que el Estado colombiano les había brindado inicialmente espacios de acogida, la encuesta reflejó que en materia de acceso a vivienda la población venezolana había experimentado muchos obstáculos por carecer de la documentación necesaria para alquilar inmuebles, o por los prejuicios de los arrendatarios, debiendo conformarse con residir en zonas inseguras para sus familias, y viviendo además con la zozobra de ser desalojados en cualquier momento.39

https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/3010-venezuela-ante-la-profundizacion-de-la-crisis-economica-y-social-el-descontento-solo-puede-ser-acallado-mediante-maniobras-politico-electorales-y-represion.

33 Migración Colombia, Evolución crisis migratoria con Venezuela - 5 años de historia.

34 Viviana García Pinzón y Jorge Mantilla, "Contested Borders: Organized Crime, Governance, and Bordering Practices in Colombia-Venezuela Borderlands", Trends in Organized Crime 24, no 2 (2021): 265—81, https://doi.org/10.1007/s12117-020-09399-3.

35 Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia [CONPES]), "Documento Conpes 3950: Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela" (Cancillería de Colombia, 23 de noviembre de 2018),

https: / / www.cancilleria.gov.co/documento-conpes-estrategia-atencion-migracion-venezuela.

36 Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia [CONPES]).

37 Miguel Galezzo, "¿Cómo van los planes del gobierno para los migrantes de Venezuela?', Proyecto Migración Venezuela, 27 de mayo de 2019, https://migravenezuela.com/web/articulo/el-conpes-3950-y-el-plan-nacional-de-desarrollo-son-las-medidas-del-gobierno-para-la-migracion-de-venezuela/1201.

38 Galezzo.

39 Olga Namen, Marisol Rodríguez Chatruc, y Nicolás Romero Bejarano, "Las dos caras de la integración: Percepciones de colombianos y venezolanos sobre el fenómeno migratorio en Bogotá, Colombia", Nota Técnica (Bogotá D.C: Banco Interamericano de Desarrollo, marzo de 2021), https://doi.org/10.18235/0003129.

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En otros aspectos como la inserción económica y el acceso a la educación el panorama tampoco era mejor. Los costosos y engorrosos trámites burocráticos que la población venezolana debía cumplimentar para regularizarse como trabajadores formales en Colombia había desplazado mayoritariamente a sus integrantes al sector informal, o a emprendimientos que no les garantizaban seguridad social y cuyos atropellos a sus derechos eran constantes. Estos mismos trámites burocráticos habían sido también un impedimento para que pudieran inscribir a sus hijos en la educación básica y media, lo que truncaba las expectativas de mejora para sus futuras generaciones.40

Como consecuencia de lo anterior, antes del inicio de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 habían surgido ya fuertes tensiones sociales debido a la creciente competencia por el acceso a las fuentes de empleo informal y a una mayor preocupación por la posible contribución de los emigrantes venezolanos de bajos recursos al paulatino deterioro de la seguridad en diferentes zonas del país. Todo esto había a su vez provocado un progresivo incremento de la discriminación y el rechazo social frente aquellos por una parte importante de la población colombiana.41

El impacto de la pandemia en el flujo migratorio en la población migrante venezolana y en sus condiciones de vida en Colombia

Detención del flujo migratorio, condiciones de vida, discriminación y retorno a su país de los emigrantes venezolanos

El gran incremento del flujo de población venezolana de bajos recursos hacia Colombia durante el trienio 2017-2019 se detuvo abruptamente en el año 2020, manteniéndose en 1.7 millones de personas el número de venezolanos presentes en territorio colombiano.42 A este respecto, es importante señalar, en primer lugar, que el 14 de marzo de 2020, luego de confirmar los primeros casos de Covid-19, el gobierno colombiano decidió cerrar sus fronteras con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Este cierre fue justificado por las autoridades nacionales como una medida sanitaria necesaria para contener la propagación del Covid-19 mediante la disminución de las aglomeraciones

40 Namen, Rodríguez Chatruc, y Romero Bejarano.

41 Aunque los actos de violencia (homicidios o agresiones) durante el lapso estudiando usualmente han sido casos aislados, un indicador que permite constatar el incremento del rechazo hacia los venezolanos residentes en Colombia ha sido el "Barómetro de la Xenofobia" una iniciativa de ONG colombianas que monitorea el comportamiento de los usuarios de redes sociales hacia los migrantes. Luego de declaraciones de líderes políticos colombianos ante la criminalidad atribuida a migrantes venezolanos, este indicador ha verificado el aumento exponencial de tendencias en redes sociales de índole xenofóbica y de insultos hacia esta población. DW, "Xenofobia en Colombia: un veneno que puede truncar el futuro de nacionales y migrantes venezolanos", s.f., https: / / www.dw.com/es/xenofobia-en-colombia-un-veneno-que-puede-truncar-el-futuro-de-nacionales-y-migrantes-venezolanos/a-56963669; Sebastián Ramírez Torres, "Así funciona la xenofobia contra migrantes venezolanos en redes", El Tiempo, 13 de marzo de 2021, https://www.eltiempo.com/cultura/gente/xenofobia-contra-venezolanos-en-colombia-asi-funciona-en-redes-sociales-572853; Margarita Barandica Perilla, "Migrantes Venezolanos en Colombia, entre la Xenofobia y Aporofobia; una Aproximación al Reforzamiento Mediático del Mensaje de Exclusión", Latitude Multidisciplinary Research Journal 2 no. 13 (2020): 119-128.; Irene Cabrera et al., "Los migrantes venezolanos también son víctimas del crimen y la violencia", Razón Pública (blog), 16 de noviembre de 2020, https://razonpublica.com/los-migrantes-venezolanos-tambien-victimas-del-crimen-la-violencia/.

42 Consejo Noruego para Refugiados [NRC], "Reporte de situación: Migrantes y refugiados en tránsito provenientes de Venezuela", Reporte (Bogotá D.C': NRC, 3 de febrero de 2021), https://nrc.org.co/2021/02/03/migrantes-y-refugiados-en-transito-provenientes-de-venezuela/; Migración Colombia, Evolución crisis migratoria con Venezuela - 5 años de historia.

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humanas, sobre todo en aquellos pasos terrestres que presentaban un alto movimiento de personas como Villa del Rosario en el Norte de Santander y Maicao en La Guajira.43

Tal y como se puede observar en el artículo 9 del Decreto 1168/2020, el cierre fue tan estricto que ni tan siquiera se recogió, como exige el derecho internacional, una excepción en relación con la presentación y estudio de solicitudes de refugio o asilo:

Artículo 9. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, Republica del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de octubre de 2020. Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades: 1. Emergencia humanitaria; 2. El transporte de carga y mercancía; 3. Caso fortuito o fuerza mayor; y, 4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

El cierre de fronteras se prolongó inicialmente durante cinco meses hasta agosto de 2020, extendiéndose con posterioridad a través de varios decretos presidenciales hasta el 1 de junio de 2021. En esta fecha, Migración Colombia expidió la Resolución 1175 de 2021, que adopta las medidas encaminadas a la apertura gradual de las fronteras.44 De esta manera, durante más de un año, se ha dificultado en gran medida el ingreso de personas a Colombia, lo que ha provocado una abrupta detención del gran flujo de migrantes venezolanos de escasos recursos.45

En segundo lugar, como ha ocurrido en muchos otros lugares del mundo, la pandemia ha provocado en Colombia una profunda crisis económica cuyo impacto ha sido más duro en los estratos menos favorecidos de la sociedad, pauperizando todavía más a los emigrantes venezolanos. Así, a la grave situación de desigualdad estructural que caracteriza a Colombia, se han sumado, debido a la pandemia de Covid-19, otros retrocesos económicos y sociales, lo que se ha traducido en un incremento del coeficiente Gini en Colombia, que ha pasado de 0,539 en 2019 a 0,544 en 2020.

En particular, el desempleo se ha elevado significativamente (15,9% en 2020 en comparación con el 10,5% en 2019 antes del inicio de la pandemia), concentrándose en los trabajadores con menos ingresos, los trabajadores informales, las mujeres y los migrantes venezolanos. Además, los avances en la lucha contra la pobreza han cedido considerablemente (42,5% en 2020 frente al 35,7% el año anterior) y los índices de violencia urbana y rural se han degradado en todos sus indicadores. En este escenario, el hambre, los desalojos y el desespero se han apoderado de las calles de las principales ciudades colombianas. En respuesta, el gobierno central y los gobiernos locales han tratado de

43 Julián Alfredo Fernández-Niño et al., "Recommendations for the response against COVID-19 in migratory contexts under a closed border: The case of Colombia", Biomédica 40, no Supl. 2 (2020): 68—72, https://doi.org/ 10.7705/biomedica.5512.

44 Migración Colombia, "Decreto legislativo N° 806 de 2020: 'Por la cual se adoptan las medidas encaminadas a la apertura gradual de fronteras de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, conforme el Decreto 580 de 31 de mayo 2021 y la Resolución 0746 de 2021 expedida por el Ministerio del Interior, en el contexto de la Pandemia declarada por el Coronavirus COVID-19'.", 1 de junio de 2021,

https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202021/RES0LUCI0%CC%81N%20APERTURA%20FR0NTERIZA.pdf.

45 Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo [IPC-IG], UNICEF, y Oficina Regional para América Latina y el Caribe y Programa Mundial de Alimentos [WFP], "Protección social y la migración venezolana en América Latina y el Caribe en el contexto de COVID-19", Research Report (Brasilia: IPC-IG, 2021), https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000127808/download/.

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incrementar su nivel de endeudamiento con el fin de satisfacer las apremiantes demandas sociales. Sin embargo, estos esfuerzos solo han llegado con cuentagotas a los migrantes venezolanos.46

En tercer lugar, la irrupción de la pandemia ha traído un componente adicional de rechazo hacia los emigrantes venezolanos de bajos recursos por parte de una parte importante de la población colombiana. Así, a las fuertes tensiones sociales previamente existentes por las cuestiones relativas a la seguridad y al acceso a las fuentes de empleo informal, se ha unido la creciente consideración de estos migrantes como "vectores de contagio", debido, entre otras circunstancias, a: (i) su desempeño de empleos precarizados y con frecuente contacto social, ya que más del 40% de venezolanos son empleados como vendedores, domiciliarios o meseros; (ii) su necesidad de recurrir a la mendicidad en el transporte público o en las calles de las ciudades; (iii) las condiciones de hacinamiento en las que viven; y (iv) su permanencia, en gran medida, por fuera de la red de apoyo de las instituciones colombianas.47

En cuarto lugar, las autoridades colombianas han adoptado una nueva base para la expulsión del territorio colombiano de aquellos extranjeros que no cumplan con las restricciones adoptadas para combatir la pandemia de Covid-19. Debido a las precarias condiciones en las que vive la mayoría de los venezolanos en Colombia, estos han sido los más afectados por esta medida, cuya imposición por parte de las autoridades administrativas no puede ser revisada por la justicia colombiana.48 Además, como Palomares subraya, ejercer la coerción de esta manera para expulsar a personas vulnerables que no tienen ni vivienda, ni la posibilidad de acceder a empleos formalizados o asistencia sanitaria, es una estrategia que favorece una mayor vigilancia de la sociedad en general hacia la población venezolana.49

Lo anterior ha fortalecido aún más las bases de un discurso que se ha venido desarrollando desde 2017, y que exacerba los señalamientos y la discriminación contra la población venezolana de bajos recursos presente en Colombia.50 En este sentido, el Barómetro de Xenofobia, que desde julio de 2020 ha publicado informes mensuales sobre Colombia con base en motores de búsqueda que identifican palabras claves utilizadas en comentarios en redes sociales alusivos a la población venezolana, ha constatado esta situación, evidenciando una preocupante actitud discriminatoria entre amplios sectores de la población colombiana.

El Barómetro de Xenofobia ha observado también que los comentarios hostiles y de rechazo hacia los emigrantes venezolanos de escasos recursos aumentan cuando hay noticias que hablan de estos en relación con la comisión de delitos o la infracción de las medidas de restricción sanitarias. Un ejemplo claro de esta dinámica se recoge en el Boletín de agosto de 2021 en el cual se señala que la ciudad de Bogotá generó durante el mes anterior un 61% de los mensajes discriminatorios publicados a nivel nacional, debido, entre otros factores, a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Según se afirma en el informe:

El segundo momento más importante de la conversación fue el día 18 de agosto, tras el anuncio de la posible creación de un comando conjunto por parte de las autoridades locales de Bogotá, Fiscalía General

46 Freddy León Blanco, "Migración venezolana (Pandemia: de la ilusión a la desesperanza)", reponame:Repositorio Institucional EdocUR (masterThesis, Bogotá D.C, Universidad del Rosario, 2021), https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30972.

47 Jorge Galindo y Santiago Torrado, "Los migrantes venezolanos en Colombia afrontan la pandemia entre la vulnerabilidad y la xenofobia", El País, 18 de agosto de 2020, sec. Sociedad, https://elpais.com/sociedad/2020-08-18/los-migrantes-venezolanos-en-colombia-afrontan-la-pandemia-entre-la-vulnerabilidad-y-la-xenofobia.html.

48 Milagros Palomares, "Expulsar a los venezolanos: ¿protección o discriminación?", Proyecto Migración Venezuela, 21 de enero de 2021, https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418.

49 Palomares.

50 Mauricio Palma Gutiérrez, "El doble discurso migratorio como estrategia política", La Silla Vacía, 1 de diciembre de 2020, https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/el-doble-discurso-migratorio-como-estrategia-politica/.

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de la Nación y Migración Colombia. Ese día se presentó el mayor pico en los mensajes de integración registrado en el mes. Los mensajes de integración aumentaron en casi 2000% con respecto su promedio del mes.51

Esta situación se produjo a raíz del acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad de Bogotá para crear un comando de operaciones conjunto entre la Policía Metropolitana, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, el cual pretende que "Bogotá se[a] la primera ciudad de Colombia que ten[g]a al 100% de la población migrante debidamente registrada e identificada, para que puedan acceder a los servicios que ofrece el Distrito, pero también para que quienes estén delinquiendo puedan ser judicializados".52

Frente a este anuncio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Com. IDH) expresó por medio de un tweet días más tarde su preocupación, porque los mensajes y políticas públicas que califican a las personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas del aumento de los índices de violencia y criminalidad en los Estados.53 Así mismo, la Com. IDH urgió a las autoridades de Colombia a adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias que perpetúen la intolerancia, la estigmatización y las prácticas de criminalización de este grupo de personas.54

Los datos oficiales sobre delincuencia en Bogotá corroboran la preocupación de la Com. IDH, al tiempo que desmienten a su alcaldesa y dejan entrever como sus declaraciones no son sino la reafirmación de un prejuicio sin sustento empírico y con la clara intención de conseguir objetivos políticos.55 Así, de los 337.594 venezolanos viviendo en 2020 en Bogotá (la inmensa mayoría con escasos recursos), sólo un porcentaje apenas superior al 1% (3903 personas) fueron capturados por delinquir ese año, lo que no marca una diferencia significativa en relación con los capturados en los dos años anteriores (2457 en 2018 y 4830 en 2019).56 Además, según las cifras de la propia Secretaria de Seguridad de Bogotá, apenas el 2% del total de hurtos denunciados en la ciudad en 2020 tuvieron participación de emigrantes venezolanos (1645 sobre 82.169).57

Con base en lo anterior se puede concluir que las estrictas medidas adoptadas por el gobierno colombiano en relación con el cierre de fronteras y la expulsión de los extranjeros que infrinjan las restricciones adoptadas para luchar contra la pandemia de Covid-19, el recrudecimiento de las condiciones de subsistencia de la población venezolana de escasos recursos en Colombia como consecuencia de dicha pandemia, y el progresivo incremento de los niveles de discriminación y rechazo por importantes sectores de la población colombiana, no solo han provocado una abrupta detención del flujo migratorio desde Venezuela hacia Colombia, sino que han dado origen a un incipiente proceso de retorno hacia Venezuela (ya sea caminando o por cualquier otro medio de transporte disponible), a

51 Barómetro de Xenofobia, "Segundo informe trimestral 2021 Colombia del Barómetro de Xenofobia", Informe trimestral (Bogotá D.C: El Derecho a No Obedecer, 2021), http://barometrodexenofobia.org/2021/08/03/segundo-informe-trimestral-2021-colombia/.

52 Barómetro de Xenofobia.

53 Paola Andrea Vargas Rubio, "La Cidh expresó preocupación por las declaraciones realizadas por la alcaldesa Claudia López", Asuntos: legales, 31 de octubre de 2021, https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-cidh-expreso-preocupacion-por-las-declaraciones-realizadas-por-la-alcaldesa-claudia-lopez-3083187.

54 Vargas Rubio.

55 Redacción El Tiempo, "Venezolanos cometen solo 2 % de los hurtos en Bogotá", El Tiempo, 11 de marzo de 2021, sec. bogota, https: / / www.eltiempo.com/bogota/venezolanos-cometen-solo-2-de-los-hurtos-en-bogota-572841.

56 Redacción El Tiempo.

57 Palma Gutiérrez, "El doble discurso migratorio como estrategia política".

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pesar del futuro incierto que allí espera porque la situación de confrontación política y crisis socioeconómica no ha experimentado ninguna mejora apreciable. 58

El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos

En el contexto presentado en la sección anterior, el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (EPTMV), en cuanto que nuevo mecanismo de protección jurídica temporal59 establecido por el Decreto Presidencial 216, de 1 de marzo de 2021, para tratar de paliar los estragos causados por la pandemia de Covid-19 en la población venezolana presente en Colombia, podría ser considerado por algunos como un estímulo para un nuevo aumento del flujo migratorio de Venezuela a Colombia. 60

El EPTMV se define en los artículos 3 y 4 del mencionado Decreto Presidencial como un mecanismo jurídico de protección temporal por un periodo de diez años dirigido a la población venezolana que a 31 de enero de 2021 se encontraban en Colombia: (a) de manera irregular; (b) regularmente como titulares de un permiso válido de entrada y estancia, un permiso de residencia temporal o un permiso de residencia especial, independientemente de la fecha de emisión; o (c) regularmente como titulares de un salvoconducto SC-2 obtenido como parte del proceso de solicitud del estatuto de refugiado. Además, el ETPMV es también aplicable a los venezolanos que ingresen a Colombia en los dos años siguientes de manera regular, es decir, con pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen migratorio colombiano y a través de los puestos de control migratorio legalmente autorizados.61

Más de un millón de venezolanos en Colombia, en su mayoría indocumentados, se han registrado desde mayo de 2021 ante las autoridades colombianas para solicitar el Permiso de Protección Temporal recogido en el ETPMV y tener acceso a sus beneficios.62 La esperanza de contar con cierta

58 Consejo Noruego para Refugiados [NRC], "Reporte de situación".

59 Según el artículo 11 del Decreto Presidencial 2016/2021, a través del EPTMV se puede adquirir un Permiso de Protección Temporal que "[...] autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especiales, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas". Así mismo, el Permiso de Protección Temporal "[...] permitirá al migrante venezolano acreditar su permanencia en Colombia para los efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R, en los términos y bajo las condiciones establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante acto administrativo".

60 Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo [IPC-IG], UNICEF, y Oficina Regional para América Latina y el Caribe y Programa Mundial de Alimentos [WFP], "Protección social y la migración venezolana en América Latina y el Caribe en el contexto de COVID-19".

61 Presidencia de la República de Colombia, "Decreto legislativo N° 216 de 2021: Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria.", 1 de marzo de 2021,

https: / / dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRET0%20216%20DEL%201%20DE%20MARZ0%20DE%2 02021.pdf.

62 Presidencia de la República de Colombia, "Más de 1'233.300 personas registradas para acogerse al Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, a pocas horas de cerrar el plazo", Presidencia de la República, 31 de agosto de 2021, https: / / idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Mas-de-1233300-personas-registradas-para-acogerse-Estatuto-Temporal-Protecc-210831.aspx; Cancillería de Colombia, "Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos: Más de 230 mil ciudadanos venezolanos completaron registro biométrico en primer mes de segunda fase del Estatuto Temporal de Protección", 2021, https: / / www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos.

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estabilidad jurídica y así garantizarse mejores condiciones de vida se ha convertido en la principal motivación de los solicitantes.63

Fruto de lo anterior, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, ha subrayado en la reciente Conferencia de Donantes en Solidaridad con Migrantes y Refugiados Venezolanos (organizada por la embajada de Canadá en Colombia) el espíritu y los avances del Decreto Presidencial 216/2021, al considerarlo "el gesto humanitario y de protección de derechos humanos de los migrantes más relevante que se haya visto en la historia reciente del mundo".64

Esta medida está, sin embargo, diseñada para no generar un "efecto llamada" que pueda nuevamente incrementar el flujo migratorio desde Venezuela hacia Colombia, puesto que solo se aplica a quienes en el momento en que fue aprobada (marzo de 2021) se encontraban ya en territorio colombiano, o a quienes en los dos años siguientes lleguen al mismo "de manera regular". Por ello, es poco probable que el ETPMV llegue realmente a estimular un nuevo aumento en el flujo migratorio de Venezuela a Colombia, porque los venezolanos que ingresen a Colombia de manera irregular después del 1 de febrero de 2021 no tienen derecho a beneficiarse del mismo.

Además, académicos como Palma Gutiérrez han mostrado una cara menos amable del ETPMV, al señalar que su adopción "[...] se enmarca en un objetivo esencial para la política internacional del gobierno colombiano. La regularización migratoria es un mecanismo útil para posicionarse frente a países y organizaciones que han invertido en la paz en Colombia, en el pasado, y que han levantado su voz de alarma ante el deterioro de la situación de derechos humanos en el país".65 Así mismo, para Palma Gutiérrez, un análisis detallado del Decreto Presidencial 216/2021 desvela una estrategia cuyo fin es, en última instancia, limitar los derechos de la población venezolana presente en territorio colombiano en un doble sentido. En primer lugar, restringe sus derechos en la medida en que "[...] hace obligatorio brindar a las autoridades acceso irrestricto a información biométrica y biográfica, ambos pilares de un esquema de vigilancia particular que, en la práctica, fortalece la narrativa del migrante como peligro en potencia".66

En segundo lugar, el término "migrante", tal y como se recoge en Decreto Presidencial 216/2021, incluye toda variedad de personas que salen del país de su nacionalidad o residencia habitual hacia otros países en busca de oportunidades y mejores perspectivas de vida (al margen de si lo hacen voluntaria o forzadamente, o de cual pueda ser su situación jurídica). Esto significa que migrantes regulares, indocumentados, solicitantes o beneficiarios de la concesión de asilo o refugio, y personas en tránsito son todos ellos considerados, con independencia de su situación jurídica, "migrantes" por el Decreto Presidencial.67

Como resultado, no se distingue entre los venezolanos que han abandonado su país de nacionalidad o residencia habitual debido a temores objetivamente fundados de ser allí objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u

63 Cancillería de Colombia, "Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos: Más de 230 mil ciudadanos venezolanos completaron registro biométrico en primer mes de segunda fase del Estatuto Temporal de Protección".

64 Redacción El Espectador, "Más de un millón de venezolanos ya se registraron para el Estatuto Temporal de Protección", El Espectador, 17 de junio de 2021, sec. América, https://www.elespectador.com/mundo/america/mas-de-un-millon-de-venezolanos-ya-se-registraron-para-el-estatuto-temporal-de-proteccion/.

65 Mauricio Palma Gutiérrez, "Las dudas con el Estatuto Temporal de Protección", La Silla Vacía, 21 de junio de 2021, https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/las-dudas-con-el-estatuto-temporal-de-protección/.

66 Palma Gutiérrez.

67 Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo [IPC-IG], UNICEF, y Oficina Regional para América Latina y el Caribe y Programa Mundial de Alimentos [WFP], "Protección social y la migración venezolana en América Latina y el Caribe en el contexto de COVID-19".

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opinión política (refugio), o por otros motivos (como por ejemplo, el pensamiento filosófico) reconocidos por la legislación colombiana sobre el asilo, y los venezolanos que han venido a Colombia por razones económicas (emigrantes económicos). Esto es causa de gran preocupación porque no está completamente claro si los casi dos millones de venezolanos de bajos recursos que han venido a Colombia desde 2015 lo han hecho principalmente por esta última razón, o por un temor fundado de ser perseguidos en Venezuela por cualquiera de los motivos mencionados anteriormente.

El recrudecimiento a raíz de la pandemia de covid-19 del fenómeno de la aporofobia en Colombia frente a los migrantes venezolanos de bajos recursos

La actitud de brazos abiertos que el gobierno y la población colombiana mostraron frente a los miles de emigrantes venezolanos que con mayores recursos y formación llegaron a Colombia en el periodo 2000 a 2014 contrasta significativamente con las fuertes tensiones sociales y el progresivo incremento de la discriminación y el rechazo social hacia los casi dos millones de venezolanos de bajos recursos que desde 2017 han cruzado a territorio colombiano.

Ante esta situación, es difícil afirmar que las mencionadas actitudes de discriminación y rechazo social se deban, principalmente, a la condición de extranjeros de los venezolanos presentes en territorio colombiano, porque tan extranjeros eran quienes durante el periodo 2000-2014 fueron acogidos con los brazos abiertos, como quienes a partir de 2017 han sufrido crecientes actitudes discriminatorias y de rechazo social por algunos sectores de la población colombiana. Es por ello que más patentarse un escenario de xenofobia, se encuentra realmente ante una manifestación del fenómeno de la aporofobia.

Este término fue acuñado por Adela Cortina en un artículo publicado en el diario ABC Cultural (España) el 1 de diciembre de 1995, en el cual la autora sostiene que los problemas recogidos en la agenda de la siguiente conferencia euro-mediterránea (terrorismo, inmigración, y otros comunes a los países del Mediterráneo) tienen todos ellos como base el fenómeno de la aporofobia, entendido de la siguiente manera:

El odio al extranjero o al de distinta raza no nacen aquí si no vienen acompañados del triste aditamento de 'la pobreza", enfermedad que padecen también los de casa de toda la vida, y entonces es todavía peor, porque el pariente pobre es aún más que un peligro: es una vergüenza. Es el "pobre" (el "áporos" el que molesta, más que el extranjero (el "xenos"). El extranjero rico es siempre bienvenido: se abren las puertas al árabe rebosante de petrodólares, al judío comerciante, al gitano impuesto en la "jet". Y las mismas puertas se cierran al gitano que vende papelinas en barrios marginales, a la dominicana empleada del hogar [...] El primer tema de ese diálogo ha de ser hoy cómo incorporar al "áporos", al necesitado, al disfrute de lo que por nacimiento le corresponde, al disfrute de una vida material y culturalmente digna.68

De esta primera concepción de aporofobia resulta interesante señalar que el rechazo, más que a la pobreza en sí, es al pobre que molesta, que estorba. Al pobre que es visible. Si los venezolanos de bajos recursos llegasen a hogares de paso o fuesen concentrados en alguna especie de campos de refugiados, posiblemente su presencia no sería tan incómoda para muchos colombianos. El hacer presencia en las calles para pedir limosna, para delinquir en ciertos casos, pero también para trabajar en oficios de mucho contacto personal o para crear una comunidad en torno a su diáspora también es un

68 Adela Cortina Orts, Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia, Paidós estado y sociedad (Barcelona: Paidós, 2017), 63.

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rasgo motivador de la aporofobia. Por lo tanto, la aporofobia no puede ser reducida a la disyuntiva riqueza/pobreza, sino debe comprometer igualmente aquella de lo público/privado.

En 2017, Cortina retoma con mayor profundidad este concepto, reiterando la diferencia entre inmigrantes ricos (que son queridos y respetados porque como turistas mueven la economía y generan empleos en bares, estadios, hoteles y restaurantes) y pobres (que no son deseados ni recibidos con hospitalidad, a pesar de huir con frecuencia de crisis internacionales). En su opinión, esta distinción tiene como razón última el "[...] desprecio al pobre, [d]el rechazo a quien no puede devolver nada a cambio, o al menos parece no poder hacerlo. Y por eso se le excluye de un mundo construido sobre el contrato político, económico o social, de ese mundo del dar y el recibir, en el que sólo pueden entrar los que parecen tener algo interesante que devolver como retorno".69

Es precisamente este rechazo al pobre el que lleva a la exclusión y marginalización de ciertas razas, comunidades, personas o etnias que son asociadas con la ausencia o escasez de recursos, de manera que quienes desprecian están convencidos tanto de su superioridad frente a aquellos a quienes rechazan, como de su legitimación para agredirles verbal y físicamente.70

A finales de 2017, la Real Academia de la Lengua Española decidió incluir en su diccionario el término aporofobia, definiéndolo como la "fobia a las personas pobres o desfavorecidas". Esta definición combina los conceptos de "áporos" y "fobia", de manera que el primero hace alusión al pobre, al de escasos recursos, al desamparado, mientras que el segundo se refiere al rechazo, la aversión o el desprecio.71

En consecuencia, se puede entender por aporofobia el rechazo, la aversión o el desprecio hacia los pobres (los de escasos recursos), como consecuencia de su relación desigual con quienes los excluyen.72 Estos últimos tienen mejores condiciones socio-económicas y ven como una amenaza a los primeros porque quienes tienen escasez de recursos no pueden ofrecer nada a la sociedad. De esta manera, ante una situación de ingresos estatales limitados, solo representan un gasto social (en salud, educación, vivienda o renta básica), lo que genera el riesgo de que los que se encuentran en una posición socio-económica más favorecida puedan verse afectados.73 Como resultado, se convierten en un auténtico problema, porque "[...] tomarle[s] en cuenta implica perder capacidad adaptativa biológica y socialmente, porque son los que están bien situados los que pueden ayudar a sobrevivir y prosperar".74

Es en este contexto en el que, como consecuencia de la aporofobia, surge la violencia frente al grupo de las personas en situación de escasez de recursos, entendiendo como tal toda conducta (acción u omisión) que prive a las mismas de algo que les es esencial (vida, integridad física, psíquica, moral,

69 Cortina Orts, 6.

70 Cortina Orts, 5.

71 Cristhian Almonacid Díaz, "Cortina, Adela. Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós, 2017. 200 pp.", Ideas y Valores 67, no 166 (2018): 199-200, https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v67n166.70517.

72 Héctor Olásolo Alonso y Clara Esperanza Hernández Cortés, "El tratamiento de la aporofobia en el Estatuto de la Corte Penal Internacional: particular atención a las agresiones discriminatorias contra los habitantes de la calle", Revista penal, no 47 (2021): 227-47, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7779926.

73 Héctor Olásolo, Clara Esperanza Hernández Cortés, y Luisa Villarraga Zschommler, "La aporofobia como circunstancia agravante en el sistema de determinación de la pena de la Corte Penal Internacional", en Alternativas político-criminales frente al derecho penal de la aporofobia., vol. 14 (Valencia: Tirant lo Blanch, 2022),

https: / / www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/coleccion-perspectiva-iberoamericana-sobre-la-justicia/volumen-14-alternativas-politico-criminales-frente-al-derecho-penall-de-la-aporofobia.

74 Cortina Orts, Aporofobia, el rechazo al pobre, 54.

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deberes, derechos y libertades), incluyendo los comportamientos que se dirigen a negar sus potencialidades y sus posibilidades de realización como personas, mediante el no dejarles hacer.

Si se lleva esta consideración al caso de estudio, es evidente que los venezolanos ricos o acomodados que llegaron en las primeras oleadas de inicio de siglo a Colombia fueron gratamente recibidos. Como fue mencionado, incluso la política pública de la época se enfocó en atraer a estos migrantes, y con ellos sus riquezas para invertir y su conocimiento en áreas de desarrollo estratégico como la industria de los hidrocarburos. Cuando le correspondió el turno a sus nacionales menos favorecidos, los brazos abiertos se cruzaron, las oportunidades se contrajeron y las bienvenidas fueron reemplazadas por discursos estigmatizadores. Una estigmatización que ha sido transferida al plano de las violencias.

Aunque la forma más visible de violencia es la denominada violencia directa, que consiste en la agresión física o psicológica, existen otros tipos de violencia menos visibles, pero muy presentes y con consecuencias muy graves contra las personas de bajos recursos. Entre ellas, destacan la violencia estructural y la violencia simbólico-cultural. La primera forma parte de la estructura social e impide a las víctimas cubrir sus necesidades materiales, sociales, de seguridad y de realización básicas. La segunda está constituida por aquellos aspectos simbólico-culturales (por ejemplo, el idioma, la religión, el arte, la educación o los medios de comunicación) que se instrumentalizan para justificar o legitimar las formas de violencia directa y estructural mediante la invisibilización, la estigmatización, e incluso la criminalización de la escasez de recursos, lo que hace que las personas en esta situación, al ser percibidas como responsables de la misma, pierdan su condición de ciudadanos, y con ello sus derechos y libertades.

El fenómeno de la aporofobia, y los tipos de violencia resultantes de este se extienden a todos los sectores de la población que se encuentra bajo el umbral de pobreza o son población vulnerable por estar justo por encima del mismo. Sin embargo, son particularmente intensos contra los habitantes de la calle y el resto de las personas sin hogar, quienes son frecuentemente percibidos desde estereotipos creados a partir de prejuicios.75 De esta manera, "[l]a manipulación de la opinión pública, que las diversas ideologías político-económicas circulantes en [la] sociedad transmiten a través de los medios de comunicación, se ocupa de crear, alimentar y dar argumentos a esos juicios distorsionados y discriminatorios". Esto a su vez provoca que la situación de estos colectivos no sea, por regla general, tratada con seriedad por los sucesivos gobiernos debido a que la sociedad es indiferente a su vulnerabilidad, al considerarlos no merecedores de mejores condiciones de vida o de protección estatal por ser peligrosos o, en el mejor de los casos, no tener derechos.76

Con base en esta delimitación del concepto de aporofobia, se observa que, sobre todo a partir del inicio de la gran ola migratoria del trienio 2017-2019, los discursos sociales han ido tomado progresivamente un tinte aporofóbico hacia los migrantes venezolanos de bajos recursos en Colombia. Esta situación se ha intensificado desde el inicio de la pandemia en abril de 2020, a lo que además se han unido varias acciones gubernamentales. De esta manera, la pandemia de covid-19 ha servido en última instancia como pretexto idóneo para legitimar los estereotipos y potenciar la discriminación aporofóbica.

Si bien es cierto que los casos de violencia directa hacia la población victimizada no son tan frecuentes, no ocurre lo mismo con los tipos de violencia estructural y simbólico-cultural, las cuales sí

75 Olásolo Alonso y Hernández Cortés, "El tratamiento de la aporofobia en el Estatuto de la Corte Penal Internacional".

76 Observatorio HATENTO, "#13 Víctimas de delitos de odio por aporofobia" (RAIS Fundación, 2017), 34, https: / / hogarsi. org/pdf/Hatento. 13victimas.pdf.

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se hacen muy presentes en el caso estudiado. Ambos tipos de violencia se complementan para revictimizar a aquellos se ha visto en buena medida abocados a abandonar su país. De esta manera, la dificultad para acceder a derechos y servicios básicos y la estigmatización de los migrantes venezolanos de bajos recursos en Colombia conforman un círculo vicioso que ha pauperizado todavía más sus condiciones de existencia durante la pandemia de Covid-19, limitando sus posibilidades de una vida digna y reforzando a su vez el discurso de exclusión y discriminación.

Conclusiones

La hipótesis de investigación del presente trabajo afirma que la pandemia del Covid-19 ha reforzado las actitudes discriminatorias y de rechazo social por una parte importante de la población colombiana frente a los migrantes venezolanos de bajos recursos y ha coadyuvado a la implementación por el gobierno de Colombia de una política migratoria que (i) ha detenido abruptamente el flujo hacía Colombia de este segmento de la población migrante, (ii) ha restringido aún más su acceso a servicios y derechos fundamentales en territorio colombiano; y (iii) ha contribuido al desarrollo de un discurso aporofóbico en el país. A la luz del desarrollo realizado en las páginas anteriores, puede decirse que la hipótesis ha sido en gran medida confirmada.

La declaración de emergencia y lo excepcional de una situación de corte estrictamente sanitario han sido instrumentalizados por importantes sectores sociales y por el Estado colombiano para posicionar ciertos discursos aporofóbicos e implementar algunas políticas públicas que discriminan contra los migrantes venezolanos de escasos recursos presentes en Colombia. Sin la pandemia del Covid-19, estos discursos y políticas públicas hubieran sido más difíciles de posicionar e implementar porque hubieran sido rechazados por otros sectores de la sociedad colombiana y por el accionar de los órganos de control, que hubieran impedido su ejecución al afectar derechos fundamentales.

Sin embargo, bajo el pretexto de la pandemia, se ha buscado diferenciar, en aras de un pretendido interés nacional, el "nosotros" del "ellos". Para ello se ha buscado formular esta dicotomía en términos de supervivencia. Sin embargo, como hemos visto a través del presente trabajo, dicha dicotomía no responde realmente a una cuestión de nacionalidad, sino a una situación de tenencia o ausencia de recursos. El distinto tratamiento a los dos segmentos de la población migrante venezolana (con altos y bajos recursos) en dos momentos claramente identificables de la historia colombiana muestra sin ambigüedades este contraste (estímulo y protección a los primeros, y discriminación y rechazo social a los segundos).

Desafortunadamente, resulta irónico ver cómo un país de tradición de emigración, y cuyos ciudadanos han padecido la discriminación aporofóbica en tantos lugares (incluida la misma Venezuela), sea ahora protagonista de ese tipo de comportamiento social e institucional.

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