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La militarización encubierta del orden público: aproximación a partir del caso de Chile
The covert militarization of public order: approach from the case of Chile
Sebastián Monsalve Egaña*
Resumen: Este artículo analiza la política del gobierno del presidente Piñera para ampliar la actividad de las Fuerzas Armadas en seguridad interna mediante un proceso de militarización encubierta que recurre a diversos mecanismos institucionales permite esquivar el debate político en el Congreso, generando una situación de facto en la que se amplían los roles asignados a los militares. El objetivo del artículo es aportar a la elaboración de una nueva perspectiva acerca de los actuales procesos de militarización que ocurren en Chile, generando nuevas preguntas y cuestionamientos acerca de la inserción de las FFAA en el régimen democrático.
Palabras clave: Militarización; Chile; Fuerzas Armadas; Democracia
Abstract: This article analyzes the policy of the government of President Piñera to expand the activity of the Armed Forces in internal security through a process of covert militarization that uses various institutional mechanisms to avoid political debate in Congress, generating a de facto situation in which which expands the roles assigned to the military. The objective of the article is to contribute to the elaboration of a new perspective about the current processes of militarization that occur in Chile, generating new questions and questions about the insertion of the Armed Forces in the democratic regime.
Keywords: Militarization; Chile; Armed forces; Democracy
Recibido: 8 junio 2022 Aceptado: 8 julio 2022
Introducción
Durante 2019 y 2020 diversos países sudamericanos (Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile) vivieron intensas protestas sociales, que tensionaron el orden público al punto de afectar la gobernabilidad de los gobiernos. En este contexto las respectivas Fuerzas Armadas (FFAA) intervinieron de distintas formas. Estos sucesos volvieron a poner en actualidad el debate sobre los roles internos de las FFAA en América Latina. No solo se constata una creciente militarización en la región, sino también que esta tiene características distintivas, ya sea que se le denomine "nuevo militarismo" (Diamint, 2015) o "militarismo cívico" (Rodríguez, 2018), supone una nueva forma de
* Chileno. Antropólogo, Universidad de Chile. Doctor en Estudios Internacionales e Interculturales, Universidad de Deusto. Académico del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat. Correo electrónico: jomonsalve@unap.cl / s.monsalve.e@gmail.com; https: / /orcid.org/0000-0001-6664-8000
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intervención de las FFAA en los gobiernos y en la toma de decisiones políticas, ya no mediante la fuerza, sino que invitados por los propios líderes civiles democráticamente elegidos.
Es cierto que desde hace ya varios años que en América Latina los militares desempeñan (en distintos grados) un rol activo en el mantenimiento del orden y la seguridad pública, incluso en la mayoría de los países latinoamericanos las FFAA contemplan legalmente estos roles (Diamint, 2018; Diamint y Tedesco, 2020; Kussrow, 2018). Sin embargo, esta labor no se da de igual forma en todos los países, pudiéndose observar básicamente tres modelos institucionales. En países como México y Colombia las funciones de seguridad pública y defensa se conciben de manera vinculada, desempeñando los militares un rol activo y permanente en ambas esferas. En un segundo grupo de países, como Perú y Brasil, si bien las funciones de seguridad interna y defensa exterior están completamente separadas en términos formales, en la práctica las FFAA participan abiertamente en el combate al narcotráfico y al crimen urbano. Por último, hay un tercer grupo de países que legalmente separan, incluso a nivel constitucional, la función de seguridad interior respecto de la defensa exterior del país. Entre estos países contamos a Uruguay, Argentina y Chile (Donadio, 2016; Sotomayor, 2017; Verdes-Montenegro, 2019).
En este tercer grupo de países, se observa desde principios de la década de 2010 diversos intentos por ampliar la participación militar en materia de orden público, aun cuando en ninguno de ellos hay un contexto de violencia armada comparable a otros países de la región y que en esos casos ha servido de justificación para militarizar la seguridad interior (Saín, 2017; Vitelli, 2018)1. Cabe cuestionarse entonces cómo, pese a la inexistencia de un contexto de violencia armada, en estos países se avanza hacia una militarización.
Debemos partir reconociendo que estamos ante una particular forma de militarizar el orden interno, que implica una dinámica política específica en la que inciden diversos actores civiles y militares, y cuyo fin es encubrir, mediante diversos mecanismos institucionales, el proceso de militarización. Esto no quiere decir que dicho proceso sea secreto o que pretenda ocultarse a la ciudadanía, sino que busca eludir un debate político mayor acerca de las características institucionales de las FFAA en el marco de un régimen democrático, mientras que, al mismo tiempo, se asignan a las FFAA nuevas tareas en seguridad pública. Este proceso es lo que en este artículo denominamos militarización encubierta.
En este artículo nos centramos en el caso de Chile, donde tras el estallido social de octubre de 2019 y posteriormente con la pandemia de coronavirus, el gobierno del presidente Piñera ha intentado ampliar y formalizar la actividad en seguridad interna de las FFAA. Antes abordaremos sucintamente el debate que hay en torno a la conveniencia o no de permitir que las FFAA asuman roles en el orden público de sus países. A partir de esta discusión buscamos analizar los mecanismos de militarización encubierta puestos en práctica actualmente en Chile.
El debate teórico en torno a la militarización del orden público
Para enfocar con mayor precisión el análisis de este proceso de militarización del orden interno nos apoyaremos en el concepto de securitización, especialmente en la perspectiva de desarrollada por la denominada "Escuela de Copenhague" (Orozco, 2006).
1 Tanto Chile como Argentina presentan de las menores tasas de homicidios en la América Latina y si bien Uruguay tiene tasas algo más elevadas presenta una disminución importante respecto a años anteriores (Parker y Jones, 2021).
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Desde este enfoque la seguridad no es un concepto únicamente vinculado a la integridad territorial del Estado, ni como tampoco constituye un fenómeno objetivo que pueda ser analizado de forma neutral. Más bien se la asume como una suma tanto de factores materiales como también ideológicos (creencias, identidades, percepciones, etc.), los que ponen en juego una determinada visión del mundo, es decir, una percepción de cuáles son valores e intereses deben ser protegidos y ante qué tipo de amenazas. Por ende, la definición de la seguridad y su utilización para abordar los fenómenos sociales es producto de un proceso, de una construcción social, que impulsan determinadas instituciones políticas, medios de comunicaciones y actores sociales (Orozco, 2006). A esto nos referimos con "securitización", entendido como un proceso de construcción de elaboración mediante el cual un determinado fenómeno es conformado como un problema de seguridad que exige adoptar medidas especiales y en el cual confluyen los intereses concretos de los diversos actores, los cuales pueden cooperar o confrontarse según sus diversas visiones de mundo. (Peréz de Armiño, 2017; Buzan, Waever & De Wilde, 1998; Buzan & Hansen, 2009).
Si bien es cierto que, desde esta perspectiva, la securitización no es necesariamente sinónimo de militarización del orden interno, si existe una clara vinculación entre ambos procesos. En este sentido, la militarización del orden interno no se reduce solo a la asignación de nuevas funciones a los militares, sino que también implica el despliegue de ciertos discursos con los que se posiciona a los militares como única alternativa de solución a una problemática social. De esta forma, la perspectiva de la Escuela de Copenhague nos permite centrar el análisis de los procesos de securitización en los actores (estatales o no) que tienen la capacidad de desarrollar y disputar estos discursos (Orozco, 2006), sino que también permite distinguir cualitativamente los argumentos con los que se busca vincular a las FFAA en tareas lejanas al ámbito bélico como, por ejemplo, el combate de incendios forestales, respecto al discurso que ha resignificado ciertos fenómenos (como el narcotráfico o la inmigración ilegal) al rango de amenaza existencial para la sociedad chilena, frente a la cual la militarización pareciera la única alternativa para resguardar al país.
De esta forma, el concepto de securitización nos permite enfocar la participación de los militares chilenos en el control del orden interno como el resultado de un proceso gradual de instalación de un discurso que se ha venido elaborando previamente por diversos actores políticos, con lo cual la militarización no constituye un fenómeno absoluto ni unívoco, sino un proceso que se puede desarrollar de diversas maneras e intensidades según la capacidad de los actores políticos involucrados y las condiciones del contexto político en que se desenvuelve.
Si bien, en torno al fenómeno de la militarización del orden público existe un amplio debate que rebasa por mucho los límites de este artículo, podemos destacar algunos aspectos centrales para nuestro análisis2.
Las justificaciones invocadas para asignar a las FFAA roles en la seguridad interna varían según la realidad de cada país, pero en América Latina se aducen principalmente tres razones: el combate al crimen organizado transnacional; la difuminación de la diferencia entre la seguridad interna y la defensa exterior y; la "crisis de misión" de las FFAA. En el primer caso se sostiene que los altos grados de violencia que pueden generar los grupos del crimen organizado y el carácter transnacional de muchos de los delitos que realizan (narcotráfico, trata de personas, contrabando, etc.) sobrepasan las capacidades de la policía, lo que obligaría a recurrir al mayor poder de fuego y capacidad logística de las
2 Para una revisión más profunda véase Agüero, 2006; Agüero y Fuentes, 2009; Bruneau, 2013 y 2017; Bruneau y Matei, 2008; Diamint, 2015; Junta Interamericana de Defensa, 2018; Marcella, 2016; Pion-Berlin, 2017; Verdes-Montenegro, 2019.
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FFAA (Anguita y Troncoso, 2019; Castro, 2021). En segundo lugar, se plantea que los altos grados de interconexión y movilidad que caracterizan al mundo globalizado han transformado las amenazas que afectan a los países, cuestionando la distinción entre defensa externa y seguridad interna como criterio para estructurar el uso de la violencia legítima por parte del Estado (Aimone, 2019; Derghougassian, 2008; Dubé y García, 2012).
Por último, también se menciona como un factor central la inexistencia de amenazas bélicas tradicionales, optándose preferentemente por el arbitraje internacional para resolver conflictos territoriales, lo que genera una crisis de misión que llevaría a las autoridades políticas a cuestionarse el sentido de mantener costosas instituciones militares sin mayor utilidad práctica y tratar de utilizar todos los recursos materiales y humanos de las FFAA en misiones con mayor beneficio social (Fuentes, 2019, Sotomayor, 2017).
En contraposición a estas justificaciones surgen diversas críticas. En primer lugar, se aduce que desvirtúa el carácter profesional de las FFAA ya que no están preparadas para lidiar con las particularidades del crimen común ni tampoco ser un instrumento de la administración de justicia. La formación militar está orientada para afrontar conflictos en el que se hace frente a un "enemigo". Incluso, aceptando que el empleo de las FFAA solo se de en situaciones de excepción, es problemático porque la preparación no es la apropiada para operar en entornos sometidos a un ordenamiento jurídico propio de una democracia, en el que hay regulaciones y garantías que deben ser respetadas (Fuentes, 2019; Saín, 2018; Verdes-Montenegro, 2019).
También se argumenta que la militarización tergiversa el sentido de la seguridad interior, reduciéndola simplemente a un control territorial, desconociendo que el principal objetivo de la seguridad interior remite a la protección de los derechos de la ciudadanía mediante la aplicación de la ley, labores preventivas, investigaciones criminales (Hathazy, 2016). Además, tiene como consecuencia el afectar en el perfeccionamiento de las instituciones policiales al generar duplicidad de gasto y una superposición de tareas (Escudero y Baeza, 2020; Diamint, 2021). Por otra parte, autores como Benítez (2012), Diamint (2015 y 2018) y Saint Pierre (2008b) advierten que asignar roles de seguridad interna a las FFAA genera una forma de poder militar, dado que la mayor responsabilidad en el manejo de los conflictos y problemas sociales aumenta su influencia política sin necesidad de una toma directa del poder.
Así, la militarización del orden interno no solo supone consignar un listado amplio de roles y funciones asignados formalmente a los militares, sino que también implica una serie de discursos y prácticas que despliegan ciertos actores, tanto civiles como militares (Verdes-Montenegro, 2019), para afrontar un problema de distribución de poder entre diversos actores políticos de una sociedad y el papel que se le otorga a lo militar dentro del sistema político. En este sentido, el militarismo implica una forma de entender el orden social que aspira a una expansión de las lógicas castrenses hacia las demás esferas, públicas y privadas, de una sociedad. En esta línea, Hathazy (2016) distingue cuatro dimensiones distintas de la militarización: (a) de la jurisdicción policial (adquisición por parte de las FFAA del ejercicio de la jurisdicción policial); (b) orgánica (incremento del protagonismo y poder de fuerzas policiales militarizadas dentro del conjunto de órganos policiales); (c) institucional (la militarización de cada burocracia policial); y (d) discursiva (militarización del discurso político). Desde esta perspectiva la militarización no constituye un fenómeno absoluto ni unívoco, sino un proceso que se puede desarrollar de diversas maneras e intensidades. En cada situación concreta se pueden dar distintas modalidades de militarización según la capacidad de los actores políticos involucrados y las condiciones
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del contexto político. Incluso, es posible que se observe con más fuerza un aspecto, por ejemplo, una militarización discursiva sin que necesariamente se desarrollen todas las otras dimensiones.
Lo que hemos denominado militarización encubierta constituye una particular modalidad para implementar la militarización en un contexto político adverso a dicho proyecto. Dar cuenta de las características que puede tener este fenómeno implica, por ejemplo, asumir que hay actores concretos que utilizan ciertos mecanismos para ponerlo en marcha y, por otro lado, que no es necesariamente un proceso que va de arriba-abajo (desde la cúspide política hacia abajo), sino que también puede originarse en otros niveles de la administración pública y desde ahí expandirse a los demás niveles de decisión gubernamental. En este sentido, el concepto de militarización encubierta da cuenta de un proyecto político puesto en práctica por ciertos actores quienes utilizan mecanismos políticos concretos con un sentido estratégico para imponer de facto la militarización del orden público y no una consecuencia directa del surgimiento de nuevas amenazas. Este ha sido un proceso que ha dado pie a una militarización no institucionalizada ni debatida en los circuitos democráticos, sino que establecida a través de diversos mecanismos políticos como una situación de hecho.
En este sentido, la militarización encubierta se asemeja al fenómeno de la delegación en el que los civiles ceden voluntariamente los puestos relacionados con la defensa a los militares, con lo cual se los sitúa en una posición de autoridad para influir indebidamente en la elaboración de la política de defensa, las estrategias, los documentos de planificación, los presupuestos, etc. (Pion-Berlin, 2019). Para el autor no hay un solo modelo de delegación, esta puede ir desde una forma extrema, en la que los civiles socavan completamente su control de las FFAA al ceder demasiada autoridad, hasta formas más graduales de delegación.
Al igual que en la delegación, las motivaciones para una militarización encubierta no provienen de la presión generada por las FFAA y, su principal peligro es que, mediante un proceso gradual, amparado por un discurso de necesidad, se convierta en una nueva normalidad. Tanto la delegación como la militarización encubierta no son procesos rupturistas, que buscan desarrollar una transformación sin alterar aparentemente el orden democrático vigente. En ambos casos su implementación no deriva de una discusión democrática ni mucho menos de un proceso legislativo, por lo que en ambos casos se subvierten las medidas de supervisión y control civil democrático.
La principal diferencia entre ambos conceptos radica en que la delegación se apunta más a las funciones burocráticas de la Defensa, es decir, en un plano de la expertise militar en materias específicas a las que renuncian los civiles. En cambio, la militarización encubierta remite a los roles y misiones que se le adjudican a las FFAA más allá del ámbito de la Defensa propiamente dicho. En todo caso ambos procesos no son incompatibles entre sí, pudiendo complementarse perfectamente un fenómeno de delegación junto con uno de militarización encubierta
El proceso de militarización del orden público en el Chile actual
El viernes 18 de octubre de 2019 se produjo el mayor estallido social en la historia reciente de Chile. Lo que empezó como una simple "rebeldía estudiantil" ante el alza del pasaje de metro de Santiago se transformó rápidamente en una ola de violencia social (ataques a las estaciones de metro, barricadas en las calles, saqueos a comercios y supermercados, etc.). Rápidamente el gobierno asumió que se había sobrepasado las capacidades de Carabineros3 y decretó "estado de emergencia" 4 la madrugada del 19 de
3 En prensa y redes sociales se acusó a Carabineros de que en un momento de la noche abandonaron las calles, ayudando a generar la sensación de indefensión (Manríquez, 2019).
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octubre, ordenando el despliegue militar por las calles de las principales ciudades del país. Sin embargo, esto no contuvo los hechos de violencia, al contrario, a pesar de los esfuerzos comunicacionales de los militares5, aumentó la crispación social y amplió el apoyo a las manifestaciones con la exigencia de retirar a los militares de las calles6.
A pesar de que este intento de militarizar el orden público fue un fracaso, el gobierno volvió a insistir en esta política para afrontar la pandemia sanitaria, así como también en el denominado conflicto mapuche en la región del Biobío y en la Araucanía7 y, últimamente, en el control de la inmigración ilegal en la frontera norte del país. La persistencia de este esfuerzo por involucrar a los militares en problemáticas propias de la seguridad pública da cuenta de que no se está solo ante una respuesta contingente a ciertos hechos transitorios, sino que responde a una visión política de largo plazo, cuyos resultados aún no se pueden vislumbrar claramente.
Los gobiernos de Sebastián Piñera y los intentos por involucrar a los militares en
el orden interno
Durante sus dos gobiernos el presidente de derecha Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) ha desarrollado consistentemente una política de involucramiento de las FFAA en labores policiales, especialmente en el combate al crimen organizado (Varas, 2019). Es cierto que ya en el Libro Blanco de la Defensa Nacional del año 2010, redactado en las postrimerías del gobierno de la presidenta Bachelet, se reconoce oficialmente a la Armada en el combate al narcotráfico, a través de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), pero no se incluía en esta labor al Ejército ni a la Fuerza Área, especialmente por las fuertes reticencias que existían contra la expansión de tareas internas del Ejército (Anguita y Troncoso, 2019).
En cambio, en sus dos gobiernos, el presidente Piñera se ha concentrado especialmente en ampliar el rol del Ejército en este ámbito. El primer paso se dio en 2011 cuando, a través de los ministerios del Interior y de Defensa, se implementó el Plan Frontera Norte, con el objetivo de detener el contrabando y el narcotráfico provenientes de Perú y Bolivia (García Pinzón, 2015). Posteriormente, en agosto de 2012 el gobierno intentó consolidar este giro al presentar su "Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa de Chile 2012-2024", la que pretendía establecer como criterio orientador el concepto de seguridad ampliada. Con este concepto se propugnaba que la presencia de amenazas transnacionales imposibilitaba separar la seguridad interna de la defensa externa, requiriéndose en cambio que fuesen complementarias. Esto marcó un punto de inflexión al pretenderse establece las bases doctrinarias para que las instituciones militares se involucrasen en materias de seguridad interna no solo como acciones
4 El "estado de emergencia" es uno de los cuatro tipos de "estados de excepción constitucional" contemplado en la legislación (además de los estados de asamblea, de sitio y de catástrofe). Se declara cuando hay situaciones de grave alteración del orden público y permite restringir el derecho de libertad de movilidad y el de reunión.
5 El general Iturriaga, encargado de la Zona de Emergencia de la Región Metropolitana, hizo constantes llamados a mantener la tranquilidad y tratar de volver lo antes posible a la normalidad.
6 Una muestra de la crispación que generó la presencia militar se puede observar en estos videos: https: / / www.youtube.com/watchrV=3wzOAYVcWEw:https: / / www.youtube.com/watch?v=NlmU0QNW0hM:
https://www.youtube.com/watchrV=0D0ywG0s2pU: https://www.voutube.com/watchrV=67xmcm1tv 8
7 Utilizamos aquí "Conflicto Mapuche" para referirnos, en términos muy generales, al proceso de movilización y protesta del pueblo mapuche a partir de la recuperación de la democracia, en 1990. En estos treinta años el "conflicto mapuche" paulatinamente se ha intensificado pasando de la protesta callejera y la ocupación de algunos de los predios reclamados hasta el incendio de inmuebles, maquinarias y vehículos de empresas forestales. Por su parte el Estado ha implementado varias políticas sociales, pero también crecientemente ha apostado por la represión violenta, que en los últimos años ha costado la vida a varios dirigentes mapuches (Bengoa 2000, INDH, 2014).
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contingentes, sino que como parte de sus funciones permanentes. La propuesta fue duramente cuestionada por la oposición, por lo que, a pesar de que el Ejecutivo la revisara para explicitar que las FFAA no asumirían tareas de orden público, nunca fue aprobada por el Congreso (Vila, 2012).
Durante su segundo gobierno (2018-2022) el presidente Piñera ha intensificado su política de involucrar al Ejército en tareas policiales. Mediante diversos decretos presidenciales y ministeriales se renovó y amplió el Plan Frontera Norte pasando a denominarse Plan Frontera Segura. Este se inició en octubre de 2018 cuando el Ministerio del Interior promulgó el Decreto N° 1341, que instauró el Consejo Asesor de Coordinación en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado y paralelamente se creó la Fuerza Nacional de Tarea contra el Crimen Organizado. En ambos casos se involucró a las FFAA en el control fronterizo y el combate al crimen organizado transnacional no solo como una excepción ante una situación de emergencia, sino como una instancia permanente que diseña y decide políticas públicas8. El proceso se profundizó con el decreto N° 265 (9 de julio de 2019) que autorizó la colaboración de las FFAA con las autoridades civiles y policiales para actuar en actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional y, posteriormente, con el decreto N° 639 (23 de agosto de 2019) que dispuso la organización y distribución de medios de las FFAA para la colaboración con las autoridades civiles y policiales, en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta materias (Fuentes, 2019; Anguita y Troncoso, 2019)9.
Ese era el panorama de los intentos de militarización del orden interno hasta que el estallido social de octubre de 2019 generó un nuevo escenario que el gobierno intentó aprovechar para profundizar el involucramiento de los militares en la seguridad interna, pero ahora de una manera explícita.
La crisis del 18 de octubre: el intento de una militarización explícita.
La tendencia del gobierno a militarizar el orden público tuvo un fuerte impulso a partir del estallido social que vivió Chile desde el 18 de octubre de 2019. El gobierno ordenó el despliegue militar en las calles de las principales ciudades del país con el argumento de proteger la infraestructura esencial (transporte público, agua potable, electricidad, etc.), llegando a desplegarse en los 10 días siguientes casi 30 mil militares para intervenir en el control de las movilizaciones en conjunto con Carabineros en 15 de las 16 regiones del país, algo que no se veía desde la represión a las protestas de la década de 1980 en contra la dictadura militar. Sin embargo, este masivo despliegue no contuvo las protestas, expuso a la ciudadanía a numerosos actos de violencia por parte de las FFAA (Amnistía Internacional, 2020)10 y, a su vez, sometió a los militares al rechazo social, desde insultos en la calle hasta el ataque a cuarteles militares11.
El gobierno no se quedó solo en despliegue militar, también declaró que se estaba en una "guerra". Así lo definió el presidente Piñera el 20 de octubre:
8 Esto supone al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio de Hacienda (la Unidad de Análisis Financiero), Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio de Defensa. En este último caso involucra a la Dirección General de Aeronáutica Civil (dependiente de la Fuerza Aérea), Directemar (Armada) y al Estado Mayor Conjunto.
9 En enero de 2021 el decreto N° 639 fue prorrogado por un año más.
10 Son cifras mucho menores a las adjudicadas a Carabineros, pero las FFAA solo participaron en el control del orden público durante 10 días. Aun así, se presentaron más de 100 querellas y recursos de amparo contra las instituciones militares (INDH, 2020).
11Véasehttps: / / www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-entreno-militares-ataques-cuarteles/989334/;
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/11/13/ejercito-condena-ataque-a-cuartel-y-advierte-respuesta-en-
legitima-defensa-a-futuras-agresiones.shtml;_https: / / www.t13.cl/videos/nacional/video-ataques-recintos-militares-varias-
ciudades-del-pais
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Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible (CNNChile, 2019b)
No era primera vez que el presidente utilizaba este discurso, ya en abril del 2018, en una ceremonia de entrega de nuevas patrullas a Carabineros, Piñera señaló que "todos los chilenos tenemos que unirnos frente a un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie", para referirse a la delincuencia. Posteriormente, en junio, manifestó:
nuestra sociedad está en guerra contra la delincuencia y el narcotráfico, y todos sabemos que ésta es una guerra dura y difícil, porque al frente tenemos un enemigo cruel, implacable y poderoso, que no respeta a nada ni a nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos (Neira, 2020).
Sin embargo, cuando en octubre en octubre de 2019 repitió el mismo discurso, ya con los militares en las calles y a cargo de imponer el orden público, sus palabras asumieron otra connotación y la idea de "guerra" se volvió muy real.
Es difícil saber si el presidente era realmente consciente del peso de sus palabras o simplemente estaba volviendo a repetir un mantra sobre la delincuencia. En todo caso con el pasar de los días se siguió insistiendo en esta figura para explicar la violencia de las protestas, agregándole nuevas características, como ser producto de la unión entre terrorismo anarquista y bandas del narcotráfico: el "narco-anarquismo" que, con el apoyo externo de Venezuela y Cuba, buscaría destruir el orden social del país (Massai, 2019; El Mostrador, 2019; Luna, 2019 y Torche, 2019). Así, se trató de instaurar, por primera vez en casi tres décadas de gobiernos democráticos, la amenaza de un "enemigo interno".
Figura 1: El presidente Piñera reunido con los militares en la Guarnición de Santiago monitorea la situación de los estados de emergencia el 20 de octubre de 2019. Fuente: www.biobio.cl
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La insistencia con que el gobierno posteriormente sostuvo esta idea durante meses sin ninguna evidencia concreta, da cuenta de que no solo era un recurso comunicacional, sino que constituyó una pieza central en una estrategia política que buscó militarizar el orden público de una manera explícita. El recurrir a la acepción de anarquismo para tratar de darle un rostro bélico a un fenómeno que no tenía liderazgos identificables ni reivindicaciones claras, fue algo completamente novedoso porque no existía ningún antecedente de esta supuesta vinculación (Navarro y Tromben, 2019). A diferencia del discurso pre-estallido, la figura del "narco-anarquista" permitía superar una de las grandes limitaciones que, siguiendo a Derghougassian (2008), tienen los intentos de transformar al narcotráfico en un objetivo militar: tener poco que ver con la defensa de un interés nacional contra un enemigo que amenace la integridad territorial del país. Esta carencia del narcotráfico como enemigo se resuelve acoplándole una segunda acepción (narco terrorismo, narco guerrilla, etc.) que añada una dimensión política.
Sin embargo, este intento por instalar la figura de un enemigo interno fue otro fracaso. No solo fue criticado por toda la oposición, sino que ni siquiera el Ejército apoyó públicamente esta tesis (sobre los informes de la DINE que habrían influido en el presidente Piñera véase Cossío, 2020). Incluso el general Iturriaga, la autoridad a cargo del estado de emergencia en la región Metropolitana, hizo llamados a mantener la tranquilidad y tomó distancia de las palabras del presidente afirmando "yo soy un hombre feliz, la verdad es que no estoy en guerra con nadie" (CNNChile, 2019).
Los esfuerzos de militarización postestallido.
Tras el paulatino apaciguamiento de las protestas sociales y con el advenimiento de la pandemia de coronavirus el gobierno matizó su retórica. Si bien, aplicó el calificativo de "enemigo" al COVID-19, declarando en abril de 2020 que "sabemos que el coronavirus es un enemigo poderoso, cruel, implacable y que no respeta a nadie" (Neira, 2020), en diciembre de ese año, el presidente Piñera intentó explicar sus controvertidas declaraciones de noviembre de 2019:
Cuando yo dije que estábamos en guerra, que siempre se malinterpreta (...), se interpreta de la peor forma posible (...) yo me refería a la guerra contra la violencia y la violencia es un enemigo poderoso como lo dije (...). Por tanto, cuando estamos en guerra es contra la violencia y yo espero que todos los chilenos entendamos que la violencia es un enemigo de la democracia, de la libertad y de la paz. Por tanto, es un enemigo de todos los que creemos en esos tres valores (El Mostrador, 2020a).
A pesar del fracaso político que supuso la presencia militar en las calles y del cambio del discurso, el gobierno no restringió su práctica de involucrar a las FFAA en el mantenimiento del orden público. Se las ha hecho participar en las medidas de control sanitario por la pandemia. Recurriendo al estado de excepción constitucional, se ha designado a los militares como "jefes de defensa" a cargo de la administración local involucrándolos, por ejemplo, en la imposición de los toques de queda.
El gobierno también ha aprovechado este estado de catástrofe para desplegar contingentes militares para apoyar el control del orden público en la denominada Macrozona Sur12 donde se ha generado un incremento de la violencia asociada al denominado conflicto mapuche. Por ejemplo, se puede mencionar, el traslado en abril de 2020, de efectivos de Fuerzas Especiales del Ejército desde otras zonas del país (Enríquez, 2020; Cabrera, 2020). Pocos meses después el gobierno reconoció la creación de un Centro de Inteligencia compuesto por las policías y las FF.AA. Posteriormente, en febrero de 2021, el ministro del Interior Rodrigo Delgado reconoció que, aprovechando el estado de excepción constitucional, en la
12 Esta comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
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zona ya operaban patrullas mixtas de policías y militares para enfrentar los "hechos de violencia" que están sucediendo en la zona (Muñoz, 2021).
Es más, en mayo de 2021, ante la proximidad del fin de la pandemia y por ende del estado de excepción, el gobierno anunció su intención de dar marco legal a la presencia militar en la zona, para lo cual se intentó replicar el decreto 265 que sustenta la participación militar en el Plan Frontera Segura. Sin embargo, en esta ocasión hubo un mucho mayor rechazo, tanto de los partidos de oposición como también por diversas organizaciones mapuches y de Derechos Humanos. Incluso la Contraloría General de la República (CGR) habría sido más reacia a aprobar un decreto de este tipo, ya que en su opinión en el caso del Plan Frontera Segura se configuraba una amenaza externa capaz de vulnerar los límites territoriales del país para el ingreso de drogas, en cambio en el caso de la Macrozona Sur, se trata de una situación netamente de carácter interno, por lo que el uso de las FF.AA. para labores de control y fiscalización sería inconstitucional (Rivera, 2021a).
Los únicos actores que han manifestado abiertamente su apoyo a la militarización han sido los parlamentarios de los partidos de derecha de la zona y algunos gremios de agricultores y dueños de camiones de transportes, quienes han exigido imponer "estado de sitio" para favorecer la militarización de dicho territorio (Matus, 2021).
Por último, cabe mencionar otro ejemplo de esta política del gobierno: la modificación del propio decreto 265 de 2019, que dio origen al Plan Frontera Segura. En enero del 2021 el presidente Piñera firmó la renovación anual del decreto, pero aprovechó de modificarlo ampliando el apoyo del Ejército en el control de la frontera en materia de narcotráfico y crimen organizado para abarcar el control del ingreso ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Gobierno de Chile, 2021). El gobierno insistió en su búsqueda de formalizar la militarización del orden público. Con este fin se presentaron diversas iniciativas legislativas como la de modificar la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. para que asumieran un rol en la protección de la infraestructura crítica o de la modificación de la Ley de Inteligencia apuntando a la ampliación del rango de acción e influencia de los organismos de inteligencia militares. Ninguna ha sido aprobada por el Congreso aun cuando el gobierno insiste persistentemente en solicitar la "urgencia" en su tramitación (Rivera, 2021b).
En definitiva, en este segundo gobierno del presidente Piñera se vuelve a dar una dinámica parecida a la del primero, en el que se intenta avanzar por una doble vía. Por un lado, plantear abiertamente la militarización del orden público mediante cambios legislativos que no prosperan cuando son debatidos en el Congreso. Pero, al mismo tiempo, quizás previendo el rechazo, la política gubernamental se implementa de forma encubierta mediante una serie de mecanismos políticos que permiten en la práctica ampliar el rango de acción de los militares sin pasar por ningún debate legislativo.
Los mecanismos de militarización encubierta
Como mencionábamos, la militarización encubierta da cuenta de un proceso en que las FFAA asumen diversos roles en seguridad interna, pero no de forma explícita, sino que siempre manteniéndose la separación formal entre Defensa y Seguridad. Esta forma de militarización no es tanto una anomalía institucional sino una estrategia que busca otorgar una cobertura a un proceso que no tiene el apoyo político necesario, por lo que los actores que lo impulsan recurren a diversos mecanismos que permitan poner en marcha su implementación evitando la resistencia política que pueda surgir. Estos mecanismos pueden ser diseñados ex profeso para dicho objetivo o ser tergiversaciones de instrumentos políticos ya establecidos anteriormente con otro fin y que ya están legitimados.
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Identificar tanto a los actores que son capaces de implementar los mecanismos de la militarización encubierta (ya sea porque tienen las prerrogativas institucionales o la capacidad de presionar por su implementación), así como a los mecanismos que utilizan permite establecer las bases para reconstruir la cadena de instituciones, agentes y soportes discursivos (misiones oficiales, coloquios de expertos, libros académicos, conferencias de prensa, artículos de diarios, notas televisivas, etc.) que permiten establecer la forma en que una visión ideológica, como es la militarización, busca constituirse en un nuevo sentido común para orientar las políticas públicas respecto al orden interno (Wacquant, 2010).
Actores y mecanismos
Si bien no podemos aquí analizar en profundidad a todos los actores involucrados en este proceso de militarización encubierta, si nos interesa dar cuenta de quiénes son los principales y el rol que juegan en la implementación de los mecanismos. Evidentemente el actor más relevante es el Presidente Piñera porque ha impulsado el proceso de forma consistente durante sus dos gobiernos, intentando sortear el problema de tener minoría en el Congreso en ambos periodos. Además, en ambos periodos de gobiernos han habido más de tres ministros de Defensa en cada uno13 todos los cuales han apoyado las medidas, pero manteniendo un perfil secundario14. Por otro lado, entre los partidos de la derecha, su sector político, si bien se respalda esta política, no han surgidos parlamentarios o dirigentes que la hagan suya y la impulsen por cuenta propia.
Un segundo tipo de actor son las organizaciones empresariales, entre las que podemos mencionar la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación de la Producción y el Comercio15 y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile16 (especialmente de las regiones de La Araucanía y Biobío), quienes reclaman la inmediata intervención militar en el "conflicto mapuche". Estos gremios empresariales, históricamente muy vinculados a la derecha política, que se desenvuelven especialmente en el plano de lo que Hathazy (2016) denomina militarización discursiva, son un caso claro de lo que define como "militarismo cívico" (Rodríguez, 2018), en que sectores de la sociedad que legitiman la acción de las FFAA en roles de seguridad interna. La importancia de este actor es que le da un sentido de urgencia, constituyen un actor clave de legitimación de la militarización encubierta, ya que no abogan por una transformación normativa ni por un debate político acerca de las misiones de las FFAA, sino que simplemente exigen medidas inmediatas de militarización (El Mostrador, 2020b y 2021 y Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, 2020).
Un tercer actor a mencionar son los propios militares, en especial el Ejército. Esta es la institución que más se ha involucrado en la militarización encubierta emprendida por el presidente Piñera, sumándose sin ningún reparo al Plan Frontera Segura, incluyendo el apoyo a las Fuerzas de Orden Público en sus tareas en las zonas fronterizas dentro de sus "Áreas de misión"17, promocionándolas en la prensa y en las redes sociales de la institución18. También encontramos un apoyo explícito en publicaciones militares de
13 En estos tres años de su segundo gobierno ya ha nombrado tres ministros de Defensa: Alberto Espina, Mario Desbordes y Baldo Prokurica.
14 Una excepción sería el ministro Alberto Espina (entre el 11 de marzo de 2018 hasta el 28 de julio de 2020), pero su relevancia se entiende porque ejerció durante el estallido social de octubre de 2019.
15 Es el principal gremio empresarial chileno, agrupa a los distintos sectores productivos del país: comercio, agricultura, minería, industria, construcción y banca.
16 Una de las tres organizaciones gremiales de los transportistas y dueños de camiones.
17 Véase https://www.ejercito.cl/areas-de-mision/seguridad-e-intereses-territoriales
18 Ejemplos de reportajes difundidos en el canal de Youtube del Ejército, como es el caso de "Soberanía en la frontera" (https: / /www.youtube.com/watchrV=cbtxzvBv9YM) y "Comandante en Jefe del Ejército en la comuna de Colchane" (https://www.youtube.com/watchrV=r-OY-JhUhVU). Ejemplos de la cobertura en televisión:
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las otras ramas de las FFAA (Aimone, 2019), aunque, al mismo tiempo desde el ámbito militar han surgido diversos planteamientos discordantes con la política gubernamental en la prensa nacional, donde constantemente se publican columnas de opinión de militares en retiro manifestando sus críticas contra de hacer participar a los militares en funciones de orden público asociados a la pandemia y al conflicto mapuche (véase como ejemplo Aldunate, 2021). Respecto al conflicto mapuche, el Ejército se ha involucrado en labores de inteligencia y patrullaje (apoyando la acción de Carabineros). Aun así algunas autoridades gubernamentales acusan la "falta de voluntad" de los militares para involucrarse más (El Desconcierto, 2021). Lo anterior da cuenta de una actitud militar ambivalente ante los intentos de formalizar la militarización del orden público, por lo que esta situación de militarización encubierta no le es, al menos aún, tan incómoda.
Los mecanismos utilizados por el presidente Piñera
No son las características de los actores las que explican el uso de ciertos mecanismos de militarización, es decir, estos no son consustanciales a los actores, sino que remiten más a las capacidades políticas de cada actor en un momento dado. A modo de ejemplo de esta relación entre actores y mecanismos podemos ceñirnos a los utilizados por parte del Presidente Piñera. Podemos identificar tres: el uso del Estado de Excepción, los decretos presidenciales y ministeriales y la ampliación administrativa de roles previamente establecidos.
Respecto al uso del Estado de Excepción hay que constatar que la Constitución vigente en Chile contempla dos circunstancias en que se faculta a las FFAA a intervenir en materia de orden público: durante los procesos de votaciones populares y con motivo de los "estados de excepción constitucional", sin embargo, a raíz del estallido social y, posteriormente, con la pandemia, se instauró un estado de excepción que duró 557 días, transformándose prácticamente en una forma de gobernar, rebasando la idea de excepcionalidad y transformándose casi en una normalidad el que los militares cumplan tareas de orden interno (Kouyoumdjian, 2020). Es decir, se ha constituido en una militarización de facto que no ha requerido ninguna transformación legal ni mayor debate político19.
El segundo mecanismo son los decretos (ministeriales o presidenciales) con que el presidente Piñera ha asignado nuevas tareas a los militares. Constituyen un instrumento administrativo que responde a la potestad del poder ejecutivo sobre las FFAA, por lo que son legales, pero la forma en que se han utilizado da cuenta de una estratagema. Ciertamente los decretos tienen limitaciones formales, pero en la práctica estas son fácilmente esquivables. Por ejemplo, el hecho de que el decreto N° 639 (del 23 de agosto de 2019) que sustenta la participación militar en el Plan Frontera Segura deba renovarse anualmente se postula como una garantía de excepcionalidad y de no suponer una militarización de la seguridad interna. Sin embargo, dado que se carece de un objetivo claro que permita vislumbrar un plazo de retiro de los militares, esta renovación anual vía decreto presidencial no responde a ninguna medida de éxito que permita poner fin a esta excepcionalidad. Es así que en el decreto n° 234 de junio de 2021, que amplía nuevamente el plazo de vigencia del decreto n° 265, de 2019, el único argumento que se establece (en el "considerando" 4) dice:
Que, resulta necesario ampliar la vigencia de la delegación al Ministro de Defensa Nacional de las
facultades referidas en el decreto N° 265, de 2019, y manteniéndose en la actualidad las
https: / /www.youtube.com/watch?v=WXyfoJ1HjjA. https: / /www.youtube.com/watch?v=NW4u8tZfMco y https: / / www.youtube.com/watch?v=q3AQEYM-hs4
19 Cabe constatar que recién el 30 de septiembre de 2021 se ha puesto fin al Estado de Excepción constitucional.
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circunstancias que motivaron la dictación del referido decreto, con el fin de continuar la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar frente a actividades vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, al narcotráfico y crimen organizado transnacional en zonas fronterizas del territorio nacional. (Ministerio de Defensa Nacional, 2021)
Otro ejemplo de esta forma de utilizar los decretos se dio a fines de septiembre de 2021 al intentar el gobierno de mantener la presencia militar en la Macrozona sur para afrontar el conflicto mapuche tras el fin del Estado de Excepción constitucional, bajo el cual el Ejército realizó labores de capacitación y colaboración con las policías en dicha zona. Esto se buscó a través del decreto N° 249 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que buscaba autorizar a las FFAA para colaborar en labores de prevención de delitos de tenencia y el tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo en las regiones de Biobío y la Araucanía. La Contraloría General de la República (CGR) rápidamente rechazó la legalidad del decreto argumentando que dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Pero, además, en su cuarto y quinto párrafo, el oficio de la CGR expresa lo siguiente:
En este sentido, si bien el artículo primero del acto en trámite previene que las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones propias de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, su artículo tercero permite al Ministro de Defensa Nacional nombrar los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades que se desplieguen en la zona, considerando la facultad de planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas, de manera que puedan desempeñar misiones o actividades específicas.
En este contexto, lo que, en definitiva, se está autorizando es el despliegue de las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones como las de la especie, reservadas, por disposición expresa de la Carta Fundamental, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, lo que no resulta procedente. (Contraloría General de la República, 2021)
El oficio de la CGR deja en evidencia la forma en que se utiliza el decreto gubernamental para intentar encubrir el objetivo de militarizar el orden público, pero sin reconocerlo como tal y, especialmente, esquivando cualquier debate público sobre la conveniencia o no de una medida tan drástica como esta.
El tercer mecanismo se deriva del anterior y es el de la ampliación administrativa de roles asignados a los militares previamente vía decretos. Es decir, utilizar decretos anteriores, diseñados en función de un caso específico para ampliar el ámbito de acción de los militares en seguridad pública. Marcelo Saín (2018) ejemplifica cómo operó este mecanismo en el caso de Argentina, cuando el presidente Macri extendió la aplicación de las reglas de procedimiento establecidas para evitar posibles ataques terroristas aéreos sobre cumbres presidenciales para permitir derribar aeronaves que transportaran ilegalmente drogas, personas o mercancías. En el caso de Chile, este mecanismo se utilizó a principios de 2021 cuando el presidente Piñera modificó el decreto 265 de 2019, que dio origen al Plan Frontera Segura, para ampliar su objeto más allá del ámbito del narcotráfico incorporándole el control de la inmigración ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (Gobierno de Chile, 2021).
Los mecanismos como acción estratégica
Es importante tener en cuenta que no son estas normas las que en sí mismas sean militarizadoras, sino que es el tipo de uso que les ha dado el presidente Piñera, para aprovechar su legitimidad, lo que las constituye en mecanismos de militarización encubierta. Es decir, hay un actor que recurre a las normas, desnaturalizándolas, como parte de una estrategia política. Así, en la práctica se ha consolidado la
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ampliación de los roles militares esquivando el debate político, por lo que muchas veces estos decretos "conviven" con una estructura constitucional que apunta en una línea contraria. De esta forma, la aplicación de los mecanismos de la militarización encubierta no se realiza azarosamente, sino que conllevan una estrategia.
Asumir la existencia de un actor detrás de la aplicación de los mecanismos de militarización encubierta implica cuestionarse el "para qué" de esta acción. Es decir, la voluntad política que sustenta a esta estrategia. Si bien la motivación personal del presidente Piñera es difícil de precisar podemos constatar que formalmente remite al mismo tipo de justificaciones que mencionábamos al principio de esta articulo para justificar la militarización. Es decir, se sostiene que la amenaza que pueden implicar los grupos del crimen organizado y el carácter transnacional de muchos de los delitos que realizan (narcotráfico, trata de personas, contrabando, etc.) sobrepasan las capacidades de la policía, lo que obligaría a recurrir al mayor poder de fuego y capacidad logística de las FFAA. Así en el "considerando" n° 7 del decreto N° 265 de julio de 2019, que autorizó la colaboración de las FFAA en el Plan Frontera Segura, se argumenta:
Que, la amplia extensión territorial y las extremas características geográficas y climáticas de la frontera de nuestro país, constituyen condiciones objetivas que requieren que determinados sectores fronterizos sean reforzados, con miras a la prevención, detección y control de ilícitos asociados al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Para abordar lo anterior, se requiere contar con un trabajo conjunto interagencial, que propenda a combatir de manera eficaz y eficiente los ilícitos reseñados. (Diario Oficial, 2019)
Sin embargo, yendo más allá de la mera declaración formal, el hecho de que los decretos esquiven el debate político y carezcan de un objetivo claro que permita vislumbrar un plazo de retiro de los militares, contribuye a que la medida pueda perpetuarse indefinidamente. Así, por ejemplo, al observar cómo se han ido desarrollando el Plan Frontera Segura en Chile podemos identificar que es un proceso paulatino, que no apuestan por un giro político drástico, aun cuando a veces se intente aprovechar ciertas circunstancias como justificación para darle un impulso al proceso. Además, se hace apelando a la limitación y acotación de la participación militar, aunque en la práctica la ampliación el rol militar no tenga un límite claro. Otra característica se refiere a su implementación en zonas aisladas de territorios fronterizos, los que al estar alejado del ámbito urbano están poco sometidos al escrutinio de la prensa y donde se pueden generar menos rechazo social a la presencia militar.
Esto recuerda mucho a la prevención de Pion-Berlin (2019) respecto al peligro que mediante un proceso gradual y, amparado por un discurso de necesidad, la delegación se convierta en una nueva normalidad. En definitiva, pareciera ser parte de una estrategia del gobierno el que finalmente la acción militar en el orden interno, ya sea contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, el terrorismo, etc., se normalice sin alterar aparentemente el orden democrático vigente.
Si bien se podría plantear que esta estrategia es un paso previo en el proceso de institucionalizar formalmente la militarización del orden público, lo que se demuestra con los proyectos de protección de infraestructura crítica y de reforma al sistema de inteligencia presentados tras el estallido social, también es posible que se mantenga permanentemente de forma larvada. Esto lleva a cuestionarse la existencia de un objetivo político más profundo que justifica este proceso. No tiene mucho sentido definir el "éxito" de esta estrategia en función de los objetivos formalmente declarados o resultados cuantificables como la cantidad de droga decomisada en frontera o personas controladas en los "toque de queda" durante la pandemia (Guerra, 2021). Las motivaciones esgrimidas aquí para militarizar el orden público pueden parecer muy razonables, pero está claro que la militarización no puede solucionar
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la actividad del crimen organizado en la frontera ni tampoco el flujo migratorio, a la vez que genera una serie de problemas para la población local (Riquelme, 2021). Por lo tanto, esto nos llevaría solo a constatar lo contradictorio que es que el gobierno insista en calificar como un éxito la incursión militar en Frontera Norte al tiempo que defiende la necesidad de seguir extendiendo la vigencia del decreto n° 265.
La pregunta no debería centrarse tanto en la efectividad o no de la militarización, sino que en el uso de esta especifica forma de militarización, que busca "encubrirla". Aquí no basta con plantear que responde a un método político ante la carencia de apoyo del Congreso, la clave es que da cuenta de tener consciencia que la militarización no tiene una legitimidad política, que podrá haber algunos actores sociales y políticos que la apoyen, pero finalmente es la imposición de una visión de sociedad que se busca que no tiene mayor apoyo popular.
Reflexiones finales
Este artículo ha buscado entregar un panorama general de los intentos de militarización del orden público que se está desarrollando en Chile. Lo hemos caracterizado como una militarización encubierta para dar cuenta que constituye una forma particular de militarización, distinta a un militarismo cívico (Rodríguez, 2018) o a un proceso de delegación (Pion-Berlin, 2019). Las tres modalidades suponen una nueva forma de intervención de las FFAA en los gobiernos y en la toma de decisiones políticas, fenómenos con los que comparte el hecho de no producirse por la fuerza, sino por iniciativa de los propios líderes civiles democráticamente elegidos. Sin embargo, el proceso de militarización encubierta no cuenta con la legitimación política del militarismo cívico y, a diferencia de la delegación, remite a los roles y misiones que se le adjudican a las FFAA más allá del ámbito de la Defensa propiamente dicho.
Ciertamente abordar en profundidad cada uno de los aspectos aquí descritos sobrepasa los límites de este artículo, pero nos interesa destacar que la perspectiva que ofrece este concepto lleva a nuevas preguntas y cuestionamientos acerca de aspectos centrales de la inserción de las FFAA en el régimen democrático chileno.
Uno de los aspectos que surge en este análisis es la necesidad de observar la pluralidad de dimensiones de la militarización, su multiplicidad de posiciones e intereses que perfilan y redefinen los límites de la actividad de las FFAA en cada sociedad. Esto hace necesario avanzar en una agenda de investigación que permita identificar más actores de la militarización, de cómo estos interactúan entre sí, describir otros mecanismos que pudieran ser utilizados, tanto en una perspectiva nacional como de comparación regional, con el objetivo de reconstruir la cadena de instituciones, agentes y soportes discursivos (misiones oficiales, coloquios de expertos, libros académicos, conferencias de prensa, artículos de diarios, notas televisivas, etc.) que permiten establecer la forma en que la visión ideológica de la militarización es constituida en un nuevo sentido común para orientar las políticas públicas de seguridad interna.
Sin embargo, fenómenos como la militarización encubierta aquí analizada nos obligan a reflexionar respecto a cómo los distintos actores políticos entienden el control civil de las FFAA y la colaboración entre ciertos actores civiles y militares. En definitiva, evidencia que la debilidad del control civil no siempre es un problema de diseño institucional o de coerción militar, sino que también de voluntad política de las autoridades políticas civiles amplían el rango de acción militar. Esto tiene importantes implicancias teóricas porque obliga a problematizar el concepto de control civil y la dicotomía civil-militar en la que se fundamenta. No para cuestionar la importancia del concepto y su centralidad para definir un régimen democrático, sino que para enfocar mejor uno de los mayores peligros que tiene la
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Democracia: que sean las propias autoridades democráticas las que socaven los fundamentos del sistema.
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Otras fuentes electrónicas
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