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8Chacareros golpistas. La burguesía agraria pampeana y el golpe de estado contrarrevolucionario de 1976
The agrarian bourgeoisie and the counterrevolutionary coup of 1976
Gonzalo Sanz Cerbino*
Resumen
Este trabajo constituye un primer acercamiento a la reconstrucción de la génesis y la acción política de la alianza que promovió el golpe de estado de 1976 en la Argentina y propició el aniquilamiento de la "subversión". Nos ocuparemos de la fracción de la burguesía agraria nucleada en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), su enfrentamiento con el gobierno peronista y su apoyo a la dictadura.
Palabras clave: Proceso Revolucionario - Golpe de Estado -Contrarrevolución - Burguesía Agraria
Abstract
This work constitutes a first approach to the reconstruction of the genesis and the political action of the alliance that promoted the coup d'etat of 1976 in Argentina and caused the annihilation of the "subversion". We discuss the fraction of the agrarian bourgeoisie nucleate at the Confederation of Rural Associations of Buenos Aires and La Pampa (CARBAP), its confrontation with the Peronist government and its support for the dictatorship.
Keywords: Revolutionary process - Coup d'etat - Counter-revolution -Agrarian bourgeoisie
* Argentino, Licenciado en Historia (Universidad de Buenos Aires), docente UBA. Investigador del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, donde desarrolla su tesis doctoral financiada por una beca del CONICET. Correo electrónico: [email protected]
Desde mediados de la década del '50 se abre en la Argentina una etapa de inestabilidad política y económica, correctamente caracterizado por algunos autores como crisis hegemónica (O'Donnell, 2008; Portantiero, 1973). Un elemento central de esta crisis son los enfrentamientos interburgueses, que se expresaron en la disputa entre dos alianzas dirigidas por distintas fracciones de la burguesía, cada una de las cuales intentaba imponer su salida a la crisis hegemónica. La alianza que expresaba los intereses de la burguesía más concentrada tenía un programa que implicaba abrir un proceso de expropiación de las fracciones más débiles de la burguesía, de la pequeña burguesía y de la clase obrera, desatando las tendencias a la concentración y centralización, que relanzaran la acumulación de capital en el país. Este programa encontró un freno en la estructuración de una "alianza defensiva" o reformista, que a pesar de no poder relanzar la acumulación de capital, tenía la fuerza suficiente para evitar la expropiación que implicaba el programa rival.
El año 1969 marca un hito en el proceso, ya que aparece allí, incipientemente, una tercera alianza integrada por fracciones del proletariado y de la pequeño-burguesía, que actúan con independencia de las distintas fracciones de la clase dominante (Balvé y Balvé, 2005; Marín, 2003; Izaguirre, 1994). La profundización de la crisis política y económica, la incapacidad de la burguesía para dar una salida y los ataques hacia las clases dominadas fueron minando los lazos ideológicos que hacían posible la dominación. Los cuestionamientos de conjunto a la sociedad capitalista se van haciendo cada vez más fuertes, y es en este contexto que se gestó esta tercera alianza o fuerza social, que desde 1969 comienza a atacar objetivamente las bases de la dominación social de la burguesía. Estas fracciones comenzaron a romper paulatinamente con la estrategia reformista, característica de la clase obrera hasta ese momento. Un síntoma de este cambio de estrategia se manifiesta en el recurso a la acción directa para expresar reclamos frente al Estado o a la clase dominante, que comienza a incrementarse en la etapa en detrimento de los reclamos institucionales, más propios del reformismo. Esto se expresó en la apertura de un ciclo de insurrecciones y en el crecimiento de las tendencias de izquierda revolucionaria, a nivel sindical y político, abriendo un ciclo de luchas en el que se ponía en cuestión la dominación. Por estas razones, estaríamos ante la apertura de un proceso revolucionario. A medida que la crisis se profundizaba, las divisiones en el seno de la burguesía tendieron a resolverse por la vía de la confluencia en una alianza que se proponía liquidar los brotes de insurgencia para recomponer la hegemonía burguesa y lazar, desde nuevas bases, la acumulación de capital. Denominamos a esta alianza Fuerza Social Contrarrevolucionaria. Ella es la que promovió el golpe de estado de 1976, la eliminación de la Fuerza Social Revolucionaria mediante el aniquilamiento de sus dirigentes y cuadros medios, y el disciplinamiento del conjunto de sus bases. Hacia 1975, las divisiones en la clase dominante tienden a desdibujarse, empujadas por el peligro común que enfrentaban: la alianza revolucionaria.
Este trabajo es parte de una investigación que se propone reconstruir la génesis, los componentes y las acciones desarrolladas por la alianza que promovió el golpe de 1976 y propició el aniquilamiento de aquellos sectores que impulsaban la revolución en la Argentina. Aquí nos ocuparemos de la fracción de la burguesía agraria nucleada en la
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), su enfrentamiento con el gobierno peronista y su apoyo a la dictadura.
CARBAP es una organización corporativa de segundo grado, que agrupaba, en 1975, a 81 entidades de primer grado en la principal región agrícola-ganadera del país. Mirta Palomino estimó que la entidad representaba a alrededor de 30.000 productores, en particular propietarios medianos, pero también grandes y pequeños. A su vez, CARBAP forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad de tercer grado que agrupa doce confederaciones regionales que representan a los productores agropecuarios de casi todo el país. CARBAP detenta un importante grado de poder real dentro de CRA, dado por la importancia económica de la zona en la que actúa y por el aporte mayoritario de afiliados (Palomino, 1989, p. 10).
Esta entidad se plantea la defensa de los intereses gremiales de la fracción de la burguesía que representa. Sin embargo, a lo largo de su historia ha trascendido muchas veces los límites de la acción gremial para intervenir en el terreno político. Como sostiene Mirta Palomino, CARBAP ha apoyado a todas las dictaduras, y se ha enfrentado a cada uno de los gobiernos democráticos del período 1955-1983. La coincidencia ideológica entre los gobiernos militares y la entidad es la razón que explicaría su apoyo: esos gobiernos se basaron en los principios del liberalismo económico que CARBAP sostiene, mientras que los gobiernos democráticos han sido acusados sistemáticamente por ellos de "estatismo" (Palomino, 1989, pp. 10 y 121).
Sin embargo, las cuestiones ideológicas no parecen ser suficientes para explicar la acción política de CARBAP en una coyuntura tan sinuosa como la que abordamos en este trabajo. La virulencia de los pronunciamientos de la entidad hacia el gobierno peronista y el salto cualitativo que implicó el paso de la crítica a la acción gremial y política, que se expresó en los paros impulsados por CARBAP durante 1975, dan cuenta de que algo cambió entre 1955 y 1973. Para explicar este cambio en la acción política de la entidad, es necesario no perder de vista lo que sucedía en el país.
Desde 1955 la Argentina vivía una recurrente crisis política y económica, y uno de sus componentes fue la división de la clase dominante, que se expresó en la sucesión de golpes de estado y gobiernos democráticos. A su vez, desde las clases dominadas comenzó a surgir un cuestionamiento que parecía trascender los marcos del sistema capitalista. Sobre todo a partir de 1969, con la apertura de un ciclo de insurrecciones y el crecimiento de las tendencias de izquierda, tanto a nivel sindical como a nivel político. El grado de amenaza que pesaba sobre las relaciones sociales capitalistas podría explicar por qué, hacia 1975, las divisiones en la clase dominante tienden a desdibujarse. Esto podría explicar la particular virulencia y el paso a la acción directa que se registra en CARBAP y en otras fracciones de la burguesía. Explicaría también el impulso que le dio esta entidad a la salida golpista, un golpe de características contrarrevolucionarias, que venía a cerrar la crisis abierta desde el '55 mediante la aniquilación de la "subversión" y el disciplinamiento de la clase obrera (O'Donnell, 2008; Portantiero, 1973; Balvé y Balvé, 2005; Marín, 2003).
Proponemos abordar el trabajo tomando como eje las posiciones públicas vertidas por CARBAP, en particular las de Jorge Aguado, dirección de la organización durante el período. Y también las acciones concretas emprendidas por CARBAP durante el año 1975 y los primeros meses de 1976, el momento de mayor conflictividad entre CARBAP y el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Contra el "estatismo socializante"
En el discurso pronunciado como cierre del XXIII Congreso Anual de CARBAP, en agosto de 1973, Jorge Aguado, prosecretario de esa entidad, señaló que se encontraban frente a "una larga y dura batalla a librar [...] en defensa de la producción agropecuaria" (Aguado, 1977, p. 12). De esta forma, declaraba la guerra al gobierno peronista que pocos meses antes había asumido la presidencia, intentando encausar la efervescencia revolucionaria detrás de un tibio programa reformista.
Dentro del gobierno, los dardos de CARBAP se dirigieron en particular hacia el equipo que el Ministro de Economía Gelbard había puesto al frente de la Secretaría de Agricultura, encabezado por Horacio Giberti. Desde allí se había impulsado un paquete de medidas que provocó el rechazo de la entidad. Entre las más cuestionadas se encontraban las leyes sobre la comercialización de granos y carnes (N° 20.573 y 20.535), que establecían distintos grados de regulación estatal a través de la Junta Nacional de Carnes y de la Junta Nacional de Granos. En el caso de las carnes se regulaba el comercio exterior, estableciendo precios máximos inferiores a su cotización internacional. En el caso de los granos, se establecía el monopolio estatal y la fijación de precios para el comercio interior y exterior. Estas leyes fueron rápidamente sancionadas por el Poder Legislativo y estuvieron vigentes hasta 1976 (Makler, 2006).
Distinto fue el caso de la Ley N° 20.538, que establecía un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, ya que fue sancionada pero no llegó a aplicarse. Sin embargo, la medida también fue motivo de rechazo por parte de CARBAP (Makler, 2006). Pero sin duda, la medida más cuestionada fue la Ley Agraria impulsada desde la Secretaría de Agricultura, que nunca llegó a promulgarse. Este proyecto de ley contemplaba, entre otras cuestiones, la expropiación de las tierras improductivas por parte del Estado (Makler, 2006).
CARBAP fue una de las primeras entidades en activar contra la política agraria del gobierno, y claramente fue la más belicosa. En septiembre del '73 se negó a firmar un acta de compromiso entre los productores agropecuarios y la Secretaría de Agricultura, que suscribía la creación de una comisión en donde se discutirían las medidas para el sector. Entre quienes firmaron el acta con el gobierno se encontraban la Federación Agraria
Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y CRA1. En un comunicado, CARBAP justificaba su rechazo al acuerdo:
Preocupa a CARBAP la implementación final de los enunciados del documento, puesto que, sobre la base de sus generalidades, se facilita la aplicación de cualquier tipo de planteo, donde no se define cuál será la participación efectiva de los productores, ni tampoco se han informado con la debida anticipación cuáles han de ser finalmente los precios de las cosechas, con lo que, en este caso, y en el supuesto de que no se compartieran los puntos de vista oficiales para la fijación de esos valores de comercialización, CARBAP, daría su aprobación a una política que posteriormente, debería enjuiciar. (Aguado, 1977, pp. 24-25)
El motivo de fondo, como lo explicitó Jorge Aguado en el discurso de apertura de la exposición rural de Realicó, era el rechazo a la política agraria peronista, en particular, la política de precios (Aguado, 1977, p. 26). En los meses subsiguientes CARBAP se ocupó de denunciar, en cada oportunidad que tuvo, "las amenazas contra la propiedad", el creciente "intervencionismo estatal" y sus "tendencias monopólicas". Así lo expresaba Aguado en el discurso pronunciado en el Primer Congreso Rural de La Pampa, celebrado en mayo de 1974:
Los precios políticos, los impuestos exorbitantes, la amenaza a la propiedad y a la libre disponibilidad de las explotaciones, el intervencionismo estatal y la incongruente conducción de la economía en lo rural han llevado a los productores agropecuarios a una profunda desorientación que les impide mantener y sobre todo acrecentar el nivel de producción. (Aguado, 1977, p. 51).
En el mismo sentido, en agosto de 1974, calificaron a la política de fijación de precios como producto de un "intervencionismo estatal socializante": "Nos encontramos actualmente soportando las consecuencias de un período influido profundamente por una política de precios negativa para el sector agropecuario y por un intervencionismo estatal socializante, más negativo todavía." (Aguado, 1977, p. 60).
Al conflicto por la fijación de precios se agregaba en ese momento el reclamo por el Anteproyecto de Ley Agraria, que contemplaba la expropiación de las "tierras ociosas". Un mes más tarde caracterizaron un proyecto de Ley Agraria del gobierno de La Pampa, que
1CARBAP es una entidad de segundo grado que pertenece a CRA. Sin embargo, este tipo de entidades tenían una relativa autonomía para darse una política diferente a la establecía por la entidad de tercer grado (Makler, 2006).
respondía al espíritu del impulsado por Giberti, como "colectivizante" y "socializante", producto de "ideologías extrañas al ser nacional":
Nos preocupa que el Gobierno de la Provincia de La Pampa esté considerando o por considerar un anteproyecto de Ley de Transformación Fundiaria elaborado en organismos de la Capital Federal y que no es ni más ni menos que una reproducción en términos generales del proyecto de Ley Agraria Nacional. Se expresa en el anteproyecto que la finalidad de la política agraria a cumplirse es la extinción de los latifundios y de los minifundios imperantes en la estructura agraria de la provincia [... ] Teniendo el proyecto un objetivo claro y concreto como el de suprimir las deficiencias estructurales del agro pampeano no se admite más solución que la expropiación [... ] Sobre la premisa sentada de que los adjudicatarios de las parcelas deberán compartir la actividad productiva con sus iguales, con sentido comunitario, se prevé la formación de Centros Agrarios Planificados en los que se realizará una agricultura asociativa, nucleada alrededor de la escuela, la cooperativa y aun del centro comunal o recreativo o de esparcimiento. El Centro Agrario será el embrión de la futura comuna rural y servirá de aprendizaje y capacitación de los productores para el futuro gobierno comunal agrario. O sea un programa colectivizante. (Aguado, 1977, p. 92).
La descripción es clara: CARBAP buscaba asimilar estos proyectos a la colectivización forzosa implementada por el stalinismo a fines de los '20. Esta referencia se hace explicita sobre el final del discurso, cuando compara la política agraria peronista con la de "los países líderes del marxismo, Rusia y China". Que no sólo habría fracasado, sino que sería responsable, a su vez, de la escasez de alimentos que había en el mundo (Aguado, 1977, p. 93). La acusación de "infiltrados marxistas" que se dejaba caer sobre el equipo económico de Gelbard no siempre era velada. En un telegrama remitido al presidente Perón, el 14 de junio de 1974, fueron bien explícitos:
Denunciamos la grave infiltración ultra-izquierdista existente a nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería [...] Denunciamos el proyecto de ley agraria que deliberadamente lesiona los legítimos intereses de todo productor agropecuario [...] promoviendo con irresponsabilidad la desunión y quizás la violencia en la comunidad nacional. (CARBAP, Memoria y Balance 1973-1974, pp. 25-26)
La ofensiva
Desde 1973 CARBAP venía impulsando la conformación de un frente único agrario contra la política del gobierno. Uno de sus hitos fue la asamblea del 5 de octubre de 1974 en la ciudad de Chacabuco. En ella participaron, además de CARBAP, la SRA y la
Confederación de Asociaciones Rurales del Litoral. Según relata Jorge Aguado, entonces presidente de CARBAP, allí comenzaron las gestiones que dieron lugar a la conformación del Comité de Acción Agropecuaria (CAA) a fines de 1974 (Aguado, 1977, p. 99). La posición de CARBAP se fue endureciendo en los meses subsiguientes. El 13 de octubre de 1974 volvieron a calificar a la Ley Agraria como "antiargentina" y "de tendencia marxista":
[El] anteproyecto de ley agraria [...] no ha hecho más que introducir una tremenda inquietud en el ánimo de los productores. Estamos en contra de ese anteproyecto. Y para manifestar nuestra oposición no necesitamos recurrir a la expresión de que sea esencialmente o de tendencia marxista, sino que lo hacemos porque creemos que es realmente un proyecto antiargentino ya que no responde a la realidad de lo que es nuestro campo y de lo que somos los productores. (Aguado, 1977, p. 114).
El giro derechista del gobierno peronista, que expulsó al ministro Gelbard y a todo su equipo, y promovió el asesinato de dirigentes a través de la Triple A, no implicó un cambio en su postura. Al contrario, la alianza agraria dio un paso más en su ofensiva al conformar el CAA a fines de 1974, integrado por CRA, SRA y CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). El acuerdo se selló con la realización de cinco asambleas simultáneas el 28 de febrero de 1975, en las que se votó un paro comercial por 24 horas para el 3 de marzo.
Según los organizadores, la actividad comercial durante la jornada de paro fue "casi nula", y estimaban la adhesión en un 90%. La Nación sostiene que se notó una disminución en la entrada de animales en todos los mercados, que no se realizaron remates-feria y que en algunos lugares los comerciantes adhirieron al paro cerrando sus locales durante la jornada o por algunas horas. En Buenos Aires se registraron incidentes que afectaron el abastecimiento de leche, ya que "aún cuando la policía no confirmó los hechos, se supo que fueron volcados por individuos desconocidos varios camiones lecheros y en otros casos se impidió que los vehículos alzaran tarros con el producto en granjas de la zona sur". En Santa Rosa (La Pampa) cerraron durante todo el día "algo más de 30 comercios", y casi todos los demás realizaron un paro de actividades de dos horas, adhiriendo a la medida en solidaridad convocada por la Federación Económica Pampeana y por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Rosa. En General Pico la industria ligada al agro también adhirió, al igual que la UCR provincial, el Movimiento Federalista Pampeano y Fuerza Federal Popular (La Nación, 4/3/75).
En respuesta al paro, el gobierno concedió reajustes en los precios de ciertos productos agropecuarios. Sin embargo, las entidades no se mostraron conformes. Un dirigente de CARBAP expresó que "El Estado quiere demostrar que es bueno, pero no logra convencer a nadie" (La Nación, 8/3/75). Unas semanas después el CAA envió al ministro de economía un memorial con los reclamos de los productores agropecuarios. Allí expresó su deseo de que campo sea reconocido y que, a través de sus entidades representativas, participe en un
plano de igualdad con los demás sectores nacionales en el tratamiento de los asuntos políticos y económicos. Se quejaron de haber sido "relegados" en la consulta de las medidas que los afectan. También sostuvo que "debe tomarse nota de la injusta y equivocada orientación con que se maneja a la producción agropecuaria". Protestaron por la política impositiva y por los precios, que "muestran claramente la perdida de capacidad adquisitiva". Finalmente, denunciaron la "creciente estatización de la actividad económica" (La Nación, 27/3/75).
Durante marzo y las primeras semanas de abril, el CAA solicitó formalmente audiencias con la presidente y con el ministro de Economía. La falta de respuesta a esos pedidos, y a las demandas del sector fueron caldeando los ánimos. El jueves 17 de abril, CRA emitió un comunicado en donde denunciaba la crisis económica y la situación del campo:
Desde largos años atrás se ha seguido una línea económica basada en prejuicios, divorciada de la realidad, que pretende desconocer la verdadera fuente de recursos del país [...] Esta política tomó especial énfasis durante los últimos dos años, al suprimirse la existencia del mercado e impulsar un acelerado proceso de estatización de las actividades [... ]
Los valores de la producción fueron distribuidos entre el Estado y los productores, quedándose el primero con la gran parte. De modo que a través de cambios diferenciales, retención a las exportaciones, impuestos, etc., el capital nacional va siendo rápidamente transferido al Estado [...] La actividad privada se va quedando sin recursos económicos ni financieros. Hay dos caminos para llevarnos a la socialización: la anulación del régimen de propiedad o el apoderamiento paulatino de todos los recursos financieros por parte del Estado [...] Las consecuencias de esta política errónea están claramente a la vista: desabastecimiento extremo de insumos para la producción e industria y bienes de consumo familiar; consolidación de 'mercado negro', ya aceptado tácitamente como algo natural por el público; agotamiento de divisas; déficit presupuestario exorbitante, emisión monetaria sin freno y, como corolario: clima de inseguridad económica, política, social y personal, provocada por la angustia general, que no beneficia a nadie, sino a los intereses disolventes.
Señalaba también que las entidades agrarias han reclamado, solicitado audiencias, sin recibir respuestas. Que el paro del 3 de marzo debió funcionar como un llamado de atención y no lo hizo, que al campo no se lo atiende ni se lo escucha (La Nación, 18/4/75). CRA ya estaba preparando el clima para impulsar un nuevo paro, que propuso la semana siguiente al CAA. La negativa de SRA y CONINAGRO a apoyar una nueva medida de fuerza fue el motivo de la ruptura del comité. La primera piedra la lanzó Jorge Aguado, representante de CRA ante el CAA, puesto al que renunció el 22 de abril. Los motivos aducidos fueron el no sentirse "integrado en este momento" al comité y no compartir sus "modos de acción". Hacía referencia a "la falta de solidaridad de las restantes entidades
integrantes [...] con el plan de acción propuesto" por CRA. Manifestaba que esa falta de solidaridad implicaba una "intención de demorar la toma de decisiones y llevar a la larga la acción del Comité". También protestaba por la negativa de CONINAGRO y SRA a firmar una serie de telegramas solicitando audiencia a diez gobernadores (La Nación, 23/4/75).
Paralelamente, CRA inició un proceso de acercamiento a la Federación Agraria, que se encontraba alejada del resto de las entidades por su pertenencia a la Confederación General Económica (CGE) y su apoyo a la política económica peronista. Ese acercamiento se materializó en una reunión el martes 6 de mayo, en la que acordaron la realización de un paro comercial conjunto, que comenzaría el 19 de mayo, y se extendería por 3 días. Justificaron la nueva medida de fuerza porque el diálogo con el gobierno había sido hasta el momento "una promesa sin realidad". Reclamaron por los precios, por condiciones de comercialización que permitieran la recuperación de la ganadería, mejores términos de exportación, por el alto precio de los insumos, por la crisis de las producciones regionales, la vigencia inmediata del precio de la leche acordado entre industriales y tamberos, la falta de acción colonizadora y por el cumplimiento de la ley de Fomento Agrario (La Nación, 8/5/75). La decisión de convocar a un paro junto a la FAA terminó de sellar la disolución del CAA.
Un día antes del inicio del paro se realizaron asambleas en varias localidades ratificando el apoyo a la medida. Una asamblea en Darregueira, que contó con la presencia de 600 productores, resolvió que, en esa región, la modalidad del paro sería total, es decir, no sólo comercial sino también tranqueras adentro. La asamblea tuvo como orador destacado a Jorge Aguado, quien en su discurso criticó a sus antiguos socios del CAA: "Más que a decir, venimos a oír al productor agropecuario. Ha terminado la época en que los dirigentes, encerrados en Buenos Aires, decían representar a los productores". Sobre su alejamiento del comité señaló: "había pasado mucho tiempo de diálogo de sordos sin que se tomaran medidas concretas." Sin embargo, diferenció las actitudes de CONINAGRO y de SRA. "La Sociedad Rural Argentina no apoya el paro, pero publica solicitadas y declaraciones exponiendo razones, que son las que al fin lo justifican." En cambio, CONINAGRO publicó una solicitada explicitando que no apoyaba el paro, criticando a las entidades convocantes y sin hacer ninguna mención a las políticas gubernamentales a las que se oponía poco tiempo atrás. Respondiendo a las criticas de CONINAGRO, Aguado afirmó: "estamos alejados de todo tipo de ideologías extrañas. Como argentinos solo nos limitamos a defender al país [...] Es fácil hacer gremialismo presentando notas y no cuando hay que arriesgar hasta lo que tenemos en los bolsillos". La asamblea emitió un documento apoyando la actuación de CARBAP. También se otorgó mandato a la mesa directiva de la entidad para que proponga extender el paro por 10 días de mantenerse el gobierno en la misma actitud. Por último, se criticó la actitud "rayana en la cobardía" de las instituciones ligadas al agro que no apoyaban el paro (La Nación, 16/5/75).
La medida de fuerza finalmente se cumplió con un alto nivel de acatamiento, disminuyendo notablemente la entrada de hacienda en los mercados. Adhirieron en varias localidades las firmas martilleras, consignatarios de hacienda y acopiadores de grano, y en algunos lugares el comercio cerró sus puertas en solidaridad (La Nación, 21 y 22/5/75).
Pocos días después, el 24 de mayo, se realizó una asamblea nacional del Comité de Defensa de la Producción Lechera (CODEPROLE), que integraban SRA, CRA, la Unión General de Tamberos y otras entidades de alcance regional. Allí se resolvió la realización de un paro comercial del sector programado para los días 4, 5 y 6 de junio. El reclamo principal pasaba por el pedido de homologación del convenio firmado entre industriales lecheros y tamberos que establecía un nuevo precio para el producto, permanentemente desactualizado por el avance de la inflación. Al paro se sumaron FAA y los productores reunidos en cooperativas, y alcanzó un acatamiento casi total en Buenos Aires y Santa Fe, y del 80% en Córdoba (La Nación, 5/6/75).
En esos primeros días de junio de 1975 se produjeron una serie de cambios políticos que constituyeron un punto de inflexión. El 2 de junio la presidenta designó ministro de Economía a Celestino Rodrigo, quien implementó un plan económico que implicó un importante ajuste para los salarios obreros. En términos generales, el plan consistía en una devaluación, un sustantivo aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte, y el intento de limitar los aumentos de salario que se otorgarían en las paritarias. En un primer momento, y ante el desconocimiento de las medidas específicas para el sector agrario, las entidades reaccionaron con cautela. CRA y FAA manifestaron cierta desconfianza, declarándose en sesión permanente y estado de alerta. Por el contrario, SRA y CONINAGRO se manifestaron conformes con la política de "sinceramiento de precios", aunque se mantenían a la expectativa por las medidas para el campo. Sin embargo, al conocerse los aumentos que el gobierno concedió a los productos agrarios se escucharon algunas quejas, ya que la inflación creciente los evaporizaba rápidamente. La actitud más belicosa siguió siendo la de CRA y FAA, que se negaron a asistir a las reuniones a las que se las convocaba desde el Ministerio de Economía.
El 17 de junio el consejo directivo de CARBAP facultó a su mesa ejecutiva para que adopte las medidas de acción directa que "determinen las circunstancias". Se criticó por insuficiente la liberación del precio de la hacienda, señalando que debía ser "total", alcanzando al comercio de carnes, eliminando las cuotas de faena, derogando impuestos y otras medidas concurrentes. Se reclamó a su vez un nuevo precio para el trigo, eliminar las retenciones a la exportación de lanas y se advirtió sobre el precio de los combustibles. Se resolvió, como medida de protesta, no realizar actos festivos en las exposiciones rurales regionales. Paralelamente, el presidente de la FAA anticipaba que pronto volverían al paro, esta vez por 8 o 10 días (La Nación, 18/6/75).
La inquietud de las entidades agrarias se vería azuzada por el estado de agitación que se vivía en las bases obreras tras el anuncio del plan Rodrigo. Las movilizaciones y los paros eran un motivo más de turbación que preanunciaba el fracaso del plan. El 11 de julio se conoció un documento conjunto de CRA y FAA, en el que se pronunciaron sobre las "circunstancias que vive el país", o sea, sobre las reacciones al Plan Rodrigo. El documento comenzaba expresando la ansiedad "ante los acontecimientos de los últimos días que aún siguen sin solución." A su vez, señalaba que la situación era "el desenlace lógico de acumulados y sucesivos fracasos originados en improvisados planes económicos", que
recién ahora reconocía el gobierno pese a que las entidades venían denunciándolos desde hace tiempo. Saludaban la "rectificación del rumbo", pero reclamaban su profundización. El comunicado señalaba a su vez que CRA y FAA mantenían "profundas discrepancias con toda la política aplicada hasta la fecha para el sector agropecuario", y agregaba que las medidas implementadas no alcanzaban a resolver "el deterioro causados en estos dos últimos al productor" (La Nación, 12/7/75).
La renuncia de Rodrigo, el 17 de julio, parece marcar una profundización en la ofensiva de la burguesía agraria contra el gobierno. Ese giro puede percibirse en el discurso pronunciado por Jorge Aguado en el acto por el 43° aniversario de CARBAP, el 24 de julio de 1975. Allí se refirió negativamente a la situación nacional y responsabilizó por ella al gobierno, al que atacaba con una virulencia inédita, y a la falta de decisión de los productores para participar activamente en la vida gremial y política, y para hacer oír "con fuerza" sus reclamos. Aguado caracterizó que la Nación se encontraba ante "una crisis general", que comprometía la existencia misma del poder del Estado, la posibilidad de una convivencia civilizada entre los argentinos y la estabilidad de las instituciones. Señaló que se vivían horas inciertas y difíciles para el país, ya que "fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tan ocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de la República a poco que la ciudadanía no se defienda". La alusión al fantasma de la subversión, que reavivó la reacción popular al Rodrigazo, era clara. A continuación realizó un llamamiento a enfrentar la amenaza:
Reclamamos coraje cívico. Exigimos decisión cívica. Porque ha llegado el momento irrenunciable en que cada uno de nosotros piense, diga y haga lo que su propio espíritu le indique por encima de las razones materiales que le sugieran prudencias o silencios; y debemos entender que si el silencio es cómplice de nuestras derrotas, la protesta y la acción, serena y razonada, pero altiva, son los aliados naturales para la victoria de la verdad y la justicia.
Señalaba que era culpa de los productores si se había llegado a esa situación, porque:
Esta demagogia y este despotismo seudo democrático que se traduce hoy en día en prebendas y falsedades, en falta de comunicación, crímenes sin castigo, injusticias económicas, etcétera, sólo es posible por nuestra propia falta de decisión para participar activamente en la vida gremial, en la vida política y para hacer oír con fuerza la justicia de los reclamos que, por supuesto, deben respetar los derechos ajenos. Y ello es producto del terrible defecto de acomodarse a las circunstancias en vez de luchar y de inclinarse ante el poder material de turno que cínicamente cree que todo tiene su precio y lo practica.
Finalmente cerró su discurso señalando que los productores rurales estaban dispuestos a luchar por devolver al país "tres factores fundamentales": autoridad, seguridad y confianza. El fracaso del Plan Rodrigo por la reacción obrera parece ser un claro punto de inflexión. Y como vemos en el alegato final de Aguado, lo que se esconde detrás de ese reclamo por "autoridad" y "seguridad", parece ser el llamado al golpe militar (La Nación, 25/7/75).
El 8 de agosto CRA y FAA emitieron una declaración que iba en el mismo sentido, en la que se manifestaron preocupados ante "los graves acontecimientos políticos, económicos y sociales que conmueven al país." Allí advirtieron que era imperativo "restaurar el pleno ejercicio de la autoridad". Sobre la actitud del gobierno sostuvieron: "Ante esto el gobierno aparece hasta ahora inoperante y vacilante, demostrando carencia de planes concretos, y se limita sólo al reconocimiento de la situación, sin encontrar los cauces que permitan afrontar con toda urgencia la corrección del proceso, que se agrava día tras día." (La Nación, 9/8/75).
A comienzos de septiembre se dio a conocer el anuncio de dos nuevos paros. Un paro comercial ganadero por 11 días, que comenzaría el 19 de septiembre, convocado por CRA y FAA, al que posteriormente adhirió la SRA. Y un paro lechero convocado por el CODEPROLE de 3 días, que finalmente fue levantado cuando el Ministerio de Economía concedió el precio reclamado por los tamberos.
El paro del 19 comenzó con una "multitudinaria" asamblea realizada en Santa Rosa, La Pampa, presidida por Jorge Aguado. Allí se resolvió solicitar a CARBAP, CRA y FAA extender el paro durante 10 días. El paro se cumplió con un acatamiento casi total. Contó con la adhesión de las cámaras de comercio en diferentes localidades, y el apoyo de diputados de la UCR y otras fuerzas políticas. Durante el paro se realizaron actos, concentraciones de productores y cortes de ruta en diferentes lugares del país. El viernes 26 de septiembre, por ejemplo, se declaró "día de protesta" en Córdoba, realizándose una concentración en Gijena de 1.500 productores y 300 tractores, que cortaron la ruta a intervalos de media hora. También se mencionan actos en Elena y Berrotarán, donde se congregaron 300 tractores por cada localidad y centenares de manifestantes. Durante ese viernes no abrieron los comercios e industrias de la zona, y las escuelas cerraron temprano para permitir la concurrencia a los actos (La Nación, 26/9/75). Al finalizar el paro, CARBAP anunció que se mantenía en estado de alerta y decidió abrir un paréntesis de 10 días antes de decidir nuevas medidas de fuerza (La Nación, 30/9/75). El 5 de octubre, Jorge Aguado pronunció un duro discurso en la inauguración de la exposición rural de Bahía Blanca:
Luchemos por las grandes rectificaciones, pues el país no resiste tantos desaciertos en su conducción ni tanto asesoramiento equivocado, ni tanto vacío de autoridad ni tanta desobediencia terrorista. Digamos nuestras verdades sin temor a la represión material ni a la compulsión ideológica, ejerciendo nuestros derechos cívicos, pues no es ni será la primera ni la
última vez que la verdad perforará la coraza dura, pero negativa, de la demagogia.
Finalmente, llamó a los productores a ir pensando en la participación activa en la vida política del país:
Creo que esta demostración de coherencia en la acción gremial que no abandonaremos permite exigirnos ahora algo más. Creo que ha llegado el momento de decir que todos los productores debemos [pensar] en la necesidad de ir tomando participación en todas las manifestaciones de la vida pública argentina. Que somos productores agropecuarios pero antes somos ciudadanos argentinos y que [para] formar parte sustancial de esta sociedad común que es nuestra Nación, nuestro pensamiento debe tener importancia en la vida política del país [...]
Deseo dejar expresamente aclarado que no estoy propiciando la introducción de la política cívica o electoral en el movimiento rural confederado [...] Mi pensamiento se orienta hacia la indispensable y obligatoria claridad de criterio de cada productor, para discernir con la máxima conciencia, la posición que deberá adoptar cuando sea llamado a expresarse políticamente. Si luchamos por la libertad de comercializar nuestra producción, si nos oponemos a la agremiación compulsiva, si queremos que se respete nuestra libre iniciativa en nuestros campos sin mandato del Estado o de la burocracia oficial, si defendemos el derecho de propiedad y la libre disponibilidad de nuestros bienes, comenzando por la tierra, que queremos trabajar con asesoramiento si es necesario, pero según nuestra propia determinación, si reclamamos un sistema de libre contratación de personal, de transportes, de servicios, etc.; si todo esto y mucho más, forma nuestra plataforma de principios con los que hemos levantado toda la estructura de CARBAP y de Confederaciones Rurales Argentinas, no es posible que, llegado el momento de tomar decisiones políticas, lo hagamos sosteniendo a quienes pretenden mantener los controles de la economía, el monopolio de la Junta de Granos, los cupos de faena, los precios máximos para la carne, los tipos de cambio irreales o precios únicos, tardíos e insuficientes para la cosecha. (La Nación, 6/10/75).
Este último párrafo del discurso no puede leerse más que como un llamado a apoyar el futuro golpe que ya se estaba discutiendo: para obtener sus exigencias no podrían defender al gobierno en el momento en que las circunstancias lo exijan.
El 21 de octubre FAA y CRA decretaron un nuevo paro comercial granadero "ante la falta de respuestas por parte del Gobierno a los reclamos del sector agropecuario", al que posteriormente adhirió la SRA. El paro comenzó el 24 de octubre, y tuvo una duración de 18 días. El comunicado de las entidades indicaba que el paro podría ser extendido si las circunstancias lo indicaban, y se invitaba a todas las entidades agrarias a adherirse (La
Nación, 22/10/75). La medida nuevamente contó con el apoyo de numerosas cámaras comerciales, y durante su desarrollo se realizaron manifestaciones de productores en varios puntos del país. La enorme adhesión al paro y su duración generaron desabastecimiento y el encarecimiento del producto. Esto obligó al Ministerio de Economía a establecer precios máximos para todos los cortes de carne, lo que motivó un conflicto con las carnicerías, que declararon un lock out hasta que el gobierno garantice el abasto de carne a los comercios minoristas a los precios oficiales. También se amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento y proceder a la expropiación de hacienda. La Secretaría de Comercio denunció a su vez la existencia de represalias y atentados contra los productores que no se sumaron al paro: "quema de sembrados, corte de alambrados, dispersión de hacienda lista para ser enviada a la Capital Federal, piquetes de activistas entregados a la acción directa [...] y la publicación de solicitadas intimidatorias" (La Nación, 6/11/75).
En medio del paro, Aguado pronunció un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde defendió las medidas tomadas por los productores agropecuarios. Allí explicó que no se trataba sólo de la defensa de intereses sectoriales, ya que lo que estaba en juego era la "destrucción de la nacionalidad y del ser argentino", puesta en riesgo por la incapacidad del gobierno (Aguado, 1977, pp. 209-210). También sostuvo que estaba surgiendo "el verdadero espíritu nacional que permitirá eliminar las antinomias entre argentinos". Ese "espíritu" enfrentará a las "filosofías políticas y económicas extrañas [... ] que prometen la felicidad sin trabajo y a costa de los demás". "La hora de la verdad es inexorable", dijo al cerrar, haciendo pública su esperanza en el recambio presidencial en medio de la debacle peronista (Aguado, 1977, p. 211).
Poco tiempo después, en el XXV Congreso Anual de CARBAP, celebrado en Junín en noviembre de 1975, insistirá con veladas referencias al inminente golpe de estado:
Tengamos entonces la profunda convicción de que el futuro se construye hoy, que la agitación que hoy vivimos debe dar lugar a la paz civilizada de mañana y que el tiempo que hoy dediquemos a esta árida lucha gremial en defensa de los derechos e intereses generales nos permitirá vivir una realidad, no lejana, plena de justicia y libertad. El país vive una situación de crisis, pero también tiene suficientes reservas en hombres de todos los sectores para remontar la negativa situación que nos abruma; sólo es necesario que estos hombres emerjan a la acción cívica y no se dejen sumergir bajo el peso de las conveniencias materiales. (Aguado, 1977, p. 216).
Luego de comparar la situación nacional con la "anarquía de 1820", se refirió al problema de la "subversión", a la que no se privó de comparar abiertamente con el gobierno:
Tiempos estos donde el campo del delito avanza en terrenos que nuestros codificadores no pudieron prever en su tiempo. En delitos que erosionan
patrimonios bien habidos, cuestan vidas siempre valiosas, destrozan empresas y comunidades, rompen el cristal de la conducta y aniquilan el ahorro, la previsión y la seguridad de la familia. Y entre estos delitos el principal lo comete el propio Estado quien por la vía de las emisiones monetarias sin precedentes, no tiene otro límite que la velocidad de las máquinas impresoras de billetes. Dinero falso que degrada el dinero verdadero. Dinero falso que pretende confundir a los que trabajan. Dinero falso con el cual nos pagan las cosechas. Dinero falso que recibimos por nuestras carnes [...] Tiempos de dinero falso, de conductos equívocos, de declaraciones vacías, de aventuras y de incompetencias. (Aguado, 1977, p. 217).
El 16 de febrero de 1976 las entidades agrarias adhirieron al lock out impulsado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Dicha entidad, conformada en agosto de 1975, surgió por impulso de la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y CARBAP. Al poco tiempo se sumaron SRA, CRA y la Cámara de Sociedades Anónimas, y posteriormente, más de un centenar de entidades y federaciones empresarias de alcance nacional, provincial o local. Jorge Aguado integraba el secretariado ejecutivo de dicha entidad, cuyo objetivo era, según sus propias palabras, luchar "por la restauración del orden y la seguridad" (Aguado, 1977, p. 231). El surgimiento de este agrupamiento implicó un salto cualitativo en la ofensiva, ya que al nuclear a varias fracciones de la burguesía con intereses económicos enfrentados, necesariamente implicaba un paso de la acción gremial-corporativa a la acción abiertamente política. Este saltó quedó registrado en los documentos que surgieron de las tres asambleas realizadas por APEGE el 13 de diciembre de 1975, en Rosario, Bahía Blanca y Córdoba. La declaración que se aprobó en la asamblea de Bahía Blanca, similar a las aprobadas en las otras dos, señalaba:
Visto: 1°.- La gravísima crisis económica, ética, política y social; 2°.-La falta de seguridad física y jurídica; 3°.- El desorden, la indisciplina, la inmoralidad, la incompetencia; 4°.- El intervencionismo estatal y la burocratización creciente; 5°.- La inflación endémica, la especulación y la corrupción; 6°.- Que la iniciativa y la empresa privada están sucumbiendo y que la productividad desciende a niveles alarmantes y que la propiedad se encuentra amenazada; 7°.- Que el país continúa su camino hacia el marxismo; 8°.- Que el país no sólo se estanca sino que retrocede; el nivel de vida de la población en general desciende; los salarios reales de los obreros bajan; las utilidades de las empresas disminuyen, desaparecen o se convierten en quebrantos; 9°.- La necesidad de restaurar el funcionamiento pleno de la justicia y garantizar la actuación de los magistrados; y 10°.- La necesidad de respetar las libertades y derechos que nuestra Constitución garantiza; y, considerando la manifiesta incapacidad del Gobierno para asegurar el derecho constitucional y crear las condiciones que permitan el progreso individual y nacional.
La sumisión del poder estatal a dirigentes sindicales, con el otorgamiento de privilegios en expresiva contradicción con las normas constitucionales.
La vigencia de un sistema económico que no recompensa con justicia el trabajo y la producción.
La prostitución de la moneda, que ha dejado de ser un signo objetivo de valor para constituirse en instrumento de designios demagógicos. La corrupción avanzando en los más altos niveles [que] compromete la vigencia de las instituciones y contamina el cuerpo social de la República.
Por todas estas razones esenciales y su influencia en el devenir argentino, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, reunida en Bahía Blanca, resuelve: 1°.- Convocar a los empresarios a tomar activa participación a través de sus entidades gremiales representativas en la defensa de los principios, derechos y garantías de las personas y del interés nacional; 2°.- Declarar en estado de alerta de los empresarios argentinos ante las graves circunstancias que vive la República. (La Nación, 14/12/75).
El lock out de febrero contó con el apoyo de alrededor de un millar de entidades empresarias. La adhesión osciló entre un 90 y un 95% en el caso del comercio, fue casi total en el agro, y un poco menor en la industria (Kandel y Monteverde, 1976, pp. 163175). La propia CGE, que se oponía a la medida de fuerza, tuvo que dejar en libertad de acción a sus afiliados que quisieran participar (La Nación, 16 y 17/2/76). El paro empresario constituyó el punto más alto en la pelea que libró buena parte de la burguesía para forzar el alejamiento de Isabel Perón, y fue la antesala del golpe. Pero las corporaciones rurales siguieron adelante, en especial CARBAP y CRA, actuando como vanguardia de la salida golpista. El siguiente paro agrario, convocado por CRA, estaba previsto para el 27 de marzo y duraría 9 días, pero no llegó a realizarse (La Nación, 20/3/76). El 24 de marzo de 1976 un golpe encabezado por el General Jorge Rafael Videla terminó con el gobierno de Isabel Perón. Pocos días antes, el 19 de marzo, un discurso de Aguado preanunciaba el fin del gobierno peronista:
Son los hombres que las integran los que deben salvar a las instituciones para que estas salven a la República, pero si los hombres no actúan en función del verdadero interés nacional como integrantes de las instituciones, nadie podrá sorprenderse que tanto el gobierno como las instituciones legislativas, políticas, gremiales empresarias o sindicales desaparezcan aplastadas por el peso de su propia incapacidad o inoperancia. (Aguado, 1977, p. 244).
Después de la tormenta
El gobierno de facto fue bien recibido por los miembros de CARBAP. Así lo expresaba Jorge Aguado en un artículo publicado en abril del '76 por la revista Extra: "Las fuerzas armadas argentinas han asumido su responsabilidad de tomar el poder para impedir la continuación de un gobierno que, por obra de su incapacidad e inmoralidad, venía sumiendo el país en una profunda crisis social, económica y política." (Aguado, 1977, p. 251).
Demandaba a su vez el inicio de "un verdadero proceso revolucionario [...] que recupere la vigencia de los grandes principios nacionales". Señalaba entonces la necesidad de "prepararse [...] para aceptar los cambios concretos que la evolución del país en revolución requiere". Para lograr esos cambios "la consigna de la hora es la participación activa en todos los aspectos de la vida nacional" (Aguado, 1977, pp. 251-252).
Ese mismo mes, la revista Confirmado publicaba otro artículo de Aguado, en el que se señalaba que el gobierno militar había "respondido rápidamente" a "viejas y unánimes demandas de los productores agropecuarios", como la eliminación del "monopolio de comercialización" estatal. Por esa razón manifestaba su "optimismo" frente al nuevo gobierno, y llamaba a los productores, nuevamente, a prestarle su colaboración (Aguado, 1977, pp. 247-248).
El apoyo de CARBAP a la dictadura no se limitó sólo a estas declaraciones, se materializó también en la promoción de sus cuadros a funciones de gobierno. Jorge Girado, ex vicepresidente segundo de la entidad, fue nombrado Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires en 1976. Ya bajo el gobierno del General Viola, Jorge Aguado se desempeñó como Ministro de Agricultura de la Nación, y con Galtieri fue nombrado Gobernador de Buenos Aires. A su vez, también ocuparon cargos otros dirigentes que fueron miembros de la mesa ejecutiva de CARBAP: Ignacio García Cuerva fue Subsecretario de Agricultura en 1983; Ricardo Salabarren fue Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires; Héctor Orbea fue Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires en 1981; y Jorge Zorreguieta Subsecretario de Agricultura de la Nación en 1976 (Palomino, 1989, p. 117).
Conclusión
Este trabajo constituye un acercamiento al problema de la génesis de la alianza golpista que se concentra en uno de sus afluentes: la fracción de la burguesía agraria nucleada en CARBAP. A partir de los documentos relevados, podemos señalar el rol fundamental que tuvo CARBAP en la constitución de la alianza. Muy tempranamente, esta fracción de la burguesía agraria se opuso a la política peronista e intentó articular un frente único
agropecuario de oposición al gobierno. A lo largo del proceso, se observa una creciente radicalización de sus posiciones, en las que van a confluir el resto de las fracciones de la burguesía agraria: desde aquellas que asumían una posición neutral y expectante durante el primer año de gobierno peronista (SRA), hasta aquellas que apoyaron abiertamente al gobierno hasta 1975, como la FAA. A su vez, podemos ver un rol activo en el impulso de las acciones de fuerza que buscaron desestabilizar al gobierno peronista, y en el trazado de alianzas con otras corporaciones empresarias y fuerzas políticas. CARBAP fue la única corporación que participó de todos los paros nacionales agrarios de 1975, siendo la principal impulsora de cada uno de ellos. Impulsó la constitución del Comité de Acción Agropecuaria a fines de 1974, y propició su disolución cuando las entidades que lo integraban opusieron resistencia a continuar con los paros. A su vez, no dudó en trazar una alianza con una corporación con la que estaba enfrentada, la FAA, para continuar la ofensiva. Por último, propició la conformación de un frente con otras fracciones de la burguesía, APEGE, por el que se canalizó la acción golpista a partir de agosto de 1975. Por estas razones, CARBAP parece tener un rol de vanguardia en la conformación de la alianza golpista.
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Fuentes
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Diario La Nación, 1975 y 1976.
Recibido: 14 abril 2010-07-02 Aceptado: 7 de julio 2010
