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21Reconsiderando la masacre de Trelew. Entre el ocaso de la Revolución Argentina y la institucionalización democrática
Reconsidering the Trelew massacre. Between Argentinian Revolution's twilight and the democratic institutionalization
Carlos Ignacio Custer*
Resumen: El objetivo de este artículo es analizar el significado de la masacre de Trelew teniendo en cuenta el específico contexto en que se produjo caracterizado por un proceso de transición política y el auge del movimiento armado. Con dicho propósito, abordaremos los hechos acontecidos en Trelew indagando acerca de las principales repercusiones que generaron y proporcionando una visión diferente a las interpretaciones que han buscado explicarlos.
Palabras clave: masacre de Trelew, represión estatal, dictadura militar, organizaciones armadas revolucionarias, Revolución Argentina.
Abstract: The objective of this article is to analyze the meaning of the Trelew massacre taking into account the specific context in which it occurred characterized by a process of political transition and the rise of the armed movement. With this purpose in mind, we will deal with the events that occurred in Trelew, inquiring about the main repercussions that they generated and providing a new vision of them, different from the various interpretations that have sought to explain it.
Keywords: Trelew massacre, state repression, military dictatorship, revolutionary armed organizations, Argentinian Revolution.
Recibido: 10 febrero 2018 Aceptado: 14 abril 2018
* Argentino. Licenciado en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctorando en Historia, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Becario interno doctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), desempeñando su proyecto de
investigación "Guerrilla, marxismo y peronismo: vicisitudes y definiciones en la trayectoria política de las CD
Fuerzas Armadas Revolucionarias (1966-1974)" en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. O
Emilio Ravignani", Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Miembro del Centro de Estudios Históricos de los CNl
Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI). Docente Ayudante en la materia Problemas de Historia Argentina, c
Instituto de Estudios Iniciales, Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). E-mail: ^
carlosignaciocuster@gmail.com. ^
1. Introducción
Los años 70' fueron testigos del auge de la violencia política que tuvo sus principales manifestaciones en el accionar de las organizaciones armadas revolucionarias y en la represión protagonizada por agentes estatales. La fuga de militantes revolucionarios presos en el penal de Rawson y los posteriores fusilamientos de un grupo de ellos en una base naval en agosto de 1972 son un ejemplo paradigmático de aquello y marcaron un momento de quiebre en la política represiva del estado, que pasó a la eliminación física de los guerrilleros. También, estos episodios fortalecieron el descontento popular hacia la dictadura militar y convirtieron a los llamados "héroes de Trelew" en un ejemplo a seguir por parte de la militancia juvenil de aquel entonces. La conocida como masacre de Trelew constituye entonces un hecho de vital trascendencia en el ocaso de la Revolución Argentina y un hito en la memoria de las organizaciones armadas revolucionarias, siendo además uno de los momentos de mayor unidad entre estas.
La masacre de Trelew ocurrió el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar (BAAZ), en la provincia patagónica de Chubut y a 1370 km. de la capital argentina. El procesamiento de los responsables de los hechos referidos se demoró más de 30 años. Numerosas investigaciones fueron iniciadas al poco tiempo pero no condujeron a resultado alguno, siendo archivadas en juzgados o directamente perdidas sin dejar rastro1. Recién en 2006 se reabrió nuevamente un proceso judicial que culminó el 15 de octubre de 2012 con la sentencia del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenando a prisión perpetua a tres marinos (Emilio Jorge Del Real, Luis Emilio Sosa y Carlos Amadeo Marandino) como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de dieciséis presos políticos y tres tentativas de homicidio. Asimismo, absolvió a Jorge Enrique Bautista del cargo de encubrimiento por el cual se lo había imputado y a Norberto Rubén Paccagnini, quien al momento de ocurrir los hechos era jefe de la Base Aérea. Los magistrados consideraron al episodio como un "crimen de lesa humanidad" y, por lo tanto, imprescriptible2. El 19 de marzo de 2014, un nuevo fallo, esta vez de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó lo resuelto por el tribunal inferior respecto de los condenados,
1 Se puede enumerar la causa originaria iniciada por la Cámara Federal en lo Penal a cargo del Dr. Jorge Vicente Quiroga que no arrojara resultado alguno hasta su disolución en mayo de 1973, el sumario militar instruido por el marino Jorge Enrique Bautisa que fue clausurado por decreto presidencial y varios expedientes civiles por daños y perjuicios que fueron iniciados por los familiares de las víctimas. Lo mismo puede decirse de la constitución de una comisión investigadora especial por parte del Poder Legislativo destinada a indagar los hechos que quedó solamente en proyecto luego de la asunción del gobierno democrático en mayo de 1973.
Tribunal Oral en lo Criminal de Comodoro Rivadavia, Sentencia judicial. Poder Judicial de la Nación, 15 de CD
octubre de 2012. Disponible en http://www.cii.gov.ar/nota-10022-Condenaron-a-prisi-n-perpetua-a-tres- ^—I
imputados-por-la-Masacre-de-Trelew.html. Además, el Tribunal solicitó la extradición a los Estados Unidos CNl
de Roberto Guillermo Bravo para su juzgamiento y no se pronunció sobre la imputación de Horacio Mayorga c
debido a su delicado estado de salud, quien era por entonces Jefe de Operaciones de la Base de Puerto ^
Belgrano, unidad de la que dependía operacionalmente la BAAZ. ^
pero anuló las absoluciones de Bautista y Paccagnini3. A 40 años de los hechos, estas sentencias vinieron a confirmar judicialmente las denuncias que en su momento impugnaron la "versión oficial" de los hechos que afirmaba que los marinos dieron muerte a los reclusos en un segundo intento de fuga por parte de estos4. El proceso aún sigue abierto toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aún no ha dictado una sentencia definitiva sobre la cuestión, aunque algunos de los condenados hayan alternado desde 2006 el cumplimiento de prisión preventiva domiciliaria o en establecimientos penitenciarios5.
Los sucesos que anteceden a los fusilamientos tuvieron como escenario la Unidad 6 (Rawson) del Servicio Penitenciario Federal, una prisión clasificada como de máxima seguridad. Esta fue la cárcel elegida por la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse para recluir a un número creciente de presos políticos de extracción gremial y militantes pertenecientes a las organizaciones armadas revolucionarias. El objetivo central de este penal era alejar a los presos de los principales centros urbanos del país, evitando la conexión con sus organizaciones e impedir así posibles intentos de fuga. Las condiciones de seguridad estaban garantizadas por las enormes distancias que separaban el penal de las grandes ciudades y por la cercanía de las fuerzas acantonadas en la BAAZ, apenas distante unos 20 kilómetros de la unidad carcelaria.
El presente ensayo tiene por objetivo intentar desentrañar la significancia que tuvo la masacre de Trelew en el específico contexto en que se produjo y la relevancia que tuvo en el acontecer político inmediato. Consideramos que, si bien el tratamiento de la masacre de Trelew ha sido abordado por un variado cúmulo de producciones, estas comparten en gran medida la tendencia a pensar el fenómeno en relación con la historia inmediatamente sobreviniente y, por ende, como un antecedente que avizora y contiene en su germen los componentes de la política de terrorismo de estado que caracterizó a la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976. Discrepando con esta línea de análisis, nos parece más fecundo retomar lo esgrimido por Franco concerniente en entender que si bien el proceso histórico estuvo marcado por ciertas líneas de continuidad en cuanto a prácticas y concepciones que circularon en ámbitos castrenses sobre cómo tratar el accionar de las organizaciones armadas, resta dilucidar como estas operaron en el cambiante escenario de entonces posibilitando determinadas respuestas estatales concretas6. Lo dicho supone necesariamente indagar acerca de las consecuencias que tuvo la masacre de Trelew en base
3 Cámara Federal de Casación Penal, Sentencia Judicial. Poder Judicial de la Nación, 19 de marzo de 2014. Disponible en http://www.cij.gov.ar/nota-13073-Lesa-humanidad--Casaci-n-confirm--condenas-y-anul--absoluciones-en-la-causa-por-la--Masacre-de-Trelew-.html.
4 Nos referimos principalmente a Tomás Eloy Martínez, La pasión según Trelew, Buenos Aires, Gránica, 1973; Francisco Urondo, La patria fusilada, Buenos Aires, Crisis, 1973.
5 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A la fecha, de todos los procesados solo Marandino está a la espera del fallo de la CSJN, mientras que Bautista y Paccagnini aún esperan un nuevo juicio ante el Tribunal
Oral de Comodoro Rivadavia. Uno de los participantes de los hechos -Juan Carlos Antonio Herrera -no fue ^—I
juzgado porque falleció en 2007 y en 2016 murieron sucesivamente los procesados Sosa, Del Real y CNl
Mayorga. Información disponible en: https://www.cels.org.ar/web/2017/08/masacre-de-trelew-el-proceso-de- c
justicia-sigue-abierto/. ^
6 Marina Franco, "Pensar la violencia estatal en la Argentina del Siglo XX", en Lucha Armada, 2012, 30-31. ^
a un análisis de la prensa periódica nacional, otras fuentes relevantes y la revisión de la bibliografía existente, para repensar luego su sentido en el contexto transicional en que se encontraba la dictadura militar por ese entonces, retomando para ello los diversos abordajes que buscaron dar alguna explicación de lo acontecido.
Con dicho objetivo en miras proponemos dividir el análisis en cuatro partes. En la primera, explicaremos someramente los hechos que dieron lugar a la masacre de los militantes recluidos en la BAAZ. En la segunda parte, abordaremos el contexto transicional en que acontecen los hechos analizados, marcado por el proceso de normalización institucional emprendido por el gobierno militar que suponía culminar en un proceso electoral. En la tercera, examinaremos las consecuencias concretas que produjeron los sucesos de Trelew. Finalmente, haremos un breve repaso de cómo fue entendida la masacre de Trelew en la bibliografía existente para luego arribar a nuestras conclusiones sobre la significancia de los hechos reseñados teniendo en cuenta las diversas aristas analizadas.
2. Los hechos: fuga y posterior masacre
Los hechos referidos en este artículo acontecieron durante el gobierno militar del Presidente Lanusse y sus víctimas mortales fueron dieciséis militantes pertenecientes a tres de las principales organizaciones armadas revolucionarias que en ese momento operaban en la Argentina: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros (M)7. Los tres sobrevivientes (María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar) sufrieron heridas de consideración8. Todos eran militantes jóvenes9 -algo usual- y de cierta importancia en sus respectivas organizaciones.
Ellos fueron arrestados en distintas circunstancias a raíz de hechos relacionados con su actividad guerrillera y enviados a la Unidad Carcelaria de Rawson. Luego de que se
7 Tanto Montoneros como FAR se habían constituido como organizaciones político-militares, dándose a conocer públicamente en 1970 y se reivindicaban peronistas, aunque las segundas partiendo de su original filiación marxista tuvieron un proceso de "peronización" que las llevó a asumir en 1971 el peronismo como su identidad política. El ERP, en cambio, data de 1968 aunque su primera acción pública también fue en 1970 y era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización marxista que se había creado al confluir en 1965 la agrupación trotskista Palabra Obrera y el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular.
8 Los carceleros de la BAAZ dispararon contra los siguientes detenidos: Carlos Heriberto Astudillo (FAR), María Antonia Berger (FAR), Rubén Pedro Bonet (ERP), Alberto Miguel Camps (FAR), Eduardo Adolfo Capello (ERP), Mario Emilio Delfino (ERP), Alberto Carlos Del Rey (ERP), Ricardo René Haidar (M), Alfredo Elías Kohon (FAR), Clarisa Rosa Lea Place (ERP), Susana Lesgart (M), José Ricardo Mena (ERP),
Miguel Angel Polti (ERP), Mariano Pujadas (M), María Angélica Sabelli (FAR), Humberto Segundo Suárez ("N
(ERP), Humberto Adrián Toschi (ERP), Jorge Alejandro Ulla (ERP), Ana María Villarreal de Santucho ^—I
(ERP). (N
9 Al momento de los fusilamientos Villarreal de Santucho tenía 36 años, Berger y Bonet 30, Delfino 29, c Astudillo, Haidar y Ulla 28, Kohon 27, Del Rey y Toschi 26, Camps, Capello, Lea Place y Pujadas 24, Sabelli ^ y Suárez 23, Lesgart 22, Polti 21 y Mena 20.
frustró parcialmente un intento de fuga del cual formaron parte, ellos fueron trasladados a la BAAZ en un ómnibus militar. He aquí un resumen de los acontecimientos.
La fuga10. El 15 de agosto de 1972 a la hora 18:30, militantes de las organizaciones armadas recluidos en Rawson iniciaron la toma del penal. Su objetivo era asegurar la fuga de la mayor parte de sus militantes. En pocos minutos, lograron reducir a las diversas guardias de los distintos pabellones. Gracias a la colaboración de un guardiacárcel de apellido Facio pudieron tomar una a una las guardias simulando una inspección militar. Luego de controlar y reducir las guardias de los primeros pabellones, el grupo de presos que estaba al mando (vestidos con los uniformes sustraídos a los celadores) pudo tomar control del resto de los puestos de guardia. De modo coordinado y conformando diversos grupos operativos los presos fueron controlando rápidamente todas las instalaciones del penal, incluyendo las numerosas torres de vigilancia situadas en la empalizada que circundaba el presidio. Al intentar tomar conserjería, ya en camino hacia la puerta de salida, un guardia-cárcel llamado Valenzuela desconfió de los "inspectores" e inició un tiroteo que terminó con su propia vida.11 Este episodio no logró, sin embargo, frustrar el plan de fuga. Los militantes obligaron al director del penal a comunicarse con las guardias no reducidas aduciendo que los disparos habían sido accidentales. En solo 15 minutos la toma de la cárcel se había realizado con éxito.
Errores del apoyo externo que tenía que viabilizar el escape hicieron fracasar el plan de fuga tal como estaba pre-concebido. La idea era transportar a los presos fugados hacia el aeropuerto de Trelew, donde un grupo actuaría de enlace y ayudaría a tomar el avión BAC-111 de la empresa Austral Líneas Aéreas que llegaba de Comodoro Rivadavia y tenía como destino final Buenos Aires, tarea que competía fundamentalmente a dos militantes que ya se encontraban en este simulando ser pasajeros comunes, para despegar luego la aeronave hacia Cuba12. El plan contemplaba la fuga de 116 militantes presos. El operativo estuvo al mando de un comando unificado formado por Mario Roberto Santucho, Enrique Gomarán
10 En la prensa se encuentran descripciones detalladas del operativo de la fuga: Clarín, 16/08/72; Crónica, 16/08/72; La Nación, 16-18-19/08/72, La Prensa 16-18/08/72; La Opinión, 18/08/72.
En la bibliografía existente también puede consultarse: Luis Mattini, Hombres y mujeres del PRT-ERP, Buenos Aires, Contrapunto, 1990, 153-166; Liliana Cheren, La masacre de Trelew, 22 de Agosto de 1972. Institucionalización del terrorismo de estado, Buenos Aires, Corregidor, 1997, 13-27, 53-70; Gonzalo Leónidas Chaves y Jorge Omar Lewinger, Los del 73, La Plata, De la campana, 1999, 69-81; Christian Petralito y Alberto Alderete, Trelew: historia de una masacre y la organización popular como respuesta (Buenos Aires: Nuestra América, 2007, 30-52; Stella Grenat, "La tarea pendiente. La fuga y la insurrección popular: Trelew, agosto-octubre de 1972", Eduardo Sartelli, Stella Grenat y Rosana López Rodríguez, Trelew, el informe, Buenos Aires, RyR, 2009, 11-27; Daniel De Santis, La historia del PRT-ERP: por sus protagonistas, Temperley, Estación Finlandia, 2010, 255-282.
Mención aparte merece el documental Trelew, la fuga que fue masacre (2004), de la directora Mariana Arruti. Y para el aporte testimonial sobre la cuestión también recurrimos a dos entrevistas realizadas a militantes de FAR que participaron en la fuga. Entrevista del autor a Jorge Omar Lewinger, 19/11/2012, 27/11/2012; OO
Entrevista del autor a Celedonio Carrizo, 2/08/2017. ^—I
11 Esta fue la única víctima de la fuga.
12 El grupo del aeropuerto estaba conformado por Jorge "El Colorado" Marcos (ERP), Ana Wiessen y otro c militante más de las FAR. Alejandro Ferreyra Beltrán y Víctor Fernández Palmeiro (ERP) eran los pasajeros ^ encargados de tomar el avión. ^
Merlo, Domingo Menna (ERP), Roberto Quieto, Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (M)13.
Una vez asegurada la toma del penal, desde su interior se debía realizar una señal que demostrara que la operación se había llevado a cabo con éxito para que los vehículos destinados a permitir el escape se hicieran presentes en la puerta del penal. El responsable de los transportes interpretó erróneamente la señal entendiendo que la toma había fracasado. Por ello, el grueso de los vehículos (2 camiones y 1 camioneta) abandonaron la escena retirándose del lugar. Solo se hizo presente un automóvil Ford Falcon destinado a evacuar al comando unificado de presos14.
Ante la imposibilidad de comunicarse con los otros grupos debido a que fallaron los walkies-talkies, los seis máximos dirigentes decidieron partir en el único automóvil presente hacia el aeropuerto de Trelew. El resto de los militantes presos comenzó a llamar taxis para ver si podían alcanzar al primer grupo antes de que partiera el avión en el que pensaban escapar.
El grupo de los jefes llegó al aeropuerto cuando el avión se encontraba carreteando en pista. Lograron detener el despegue, subirse a bordo del mismo y partir rumbo al Chile socialista de Salvador Allende, dado que el avión no contaba con el combustible necesario para alcanzar Cuba. La toma del penal, el traslado en vehículo, el apoderamiento de la aeronave y el despegue solo demandaron una hora, ya que la empresa aérea registró la partida del vuelo secuestrado a las 19:36.
Un grupo de diecinueve militantes que quedaron en el penal logró apoderarse a su vez de tres taxis, pero llegaron al aeropuerto instantes después que el avión ya había partido. Decidieron entonces tomar el aeropuerto. Con las personas del lugar como rehenes, demandaron la presencia de periodistas y un juez federal para iniciar las tratativas de una rendición negociada con las fuerzas de la Marina que habían cercado el aeropuerto. Luego de realizar una conferencia de prensa, en parte transmitida por televisión a toda la nación, exigieron ser trasladados nuevamente al penal y demandaron la presencia de un médico que verificara su estado de salud. Estas condiciones fueron aceptadas por el Capitán Sosa, a cargo del operativo. Entonces, los militantes dejaron las armas y se entregaron al término de la jornada, exactamente a las 23.15.
La masacre. El traslado de los evadidos recapturados se hizo efectivo apenas pasada la medianoche, pero no hacia el penal como había sido previamente acordado. A las 23 horas el gobierno ya había decretado el estado de emergencia en las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y sus zonas circundantes, estando el penal aún en control de los presos amotinados que no habían logrado fugarse. Así, los diecinueve evadidos fueron subidos a un ómnibus militar y llevados a la BAAZ. Los presos fueron albergados en la zona de calabozos, usualmente destinada para castigos disciplinarios de los propios
marinos reclutas. -
13 Hay que destacar que numerosos testimonios indican que los máximos responsables en la elaboración del plan de fuga fueron Santucho y Osatinsky.
4 La camioneta era conducida por Jorge Omar Lewinger (FAR) mientras que el Falcon lo era por Carlos c
Goldemberg (FAR). Tres militantes más a bordo de los dos camiones completaban el grupo encargado del ^
transporte terrestre, entre los que se contaban a Pablo González Langarica y Eduardo Tomás Molinete (FAR). ^
A una semana de los hechos relatados, a las 3:30 del 22 de agosto, oficiales de la Marina dispararon sobre los militantes recluidos en la BAAZ. La balacera fue una verdadera ejecución dado que todas las celdas se encontraban abiertas, los efectivos de la Marina presentes resultaron ilesos, la totalidad de los detenidos fueron alcanzados por los disparos -algunos de gracia -y doce de ellos fallecieron en el acto. Los tres presos que finalmente sobrevivieron pudieron echarse cuerpo a tierra dentro de sus celdas simulando estar muertos. Con posterioridad, otro grupo de personal de la base trasladó los heridos a la enfermería de la base. Durante largas horas, los heridos no recibieron tratamiento médico alguno, lo que precipitó la muerte de Astudillo, Bonet, Kohon y Polti. Berger, Camps y Haidar, por su parte, fueron posteriormente trasladados en avión al hospital naval de Puerto Belgrano (Bahía Blanca) donde fueron operados y recibieron un tratamiento médico
adecuado15.
Al día siguiente, la noticia de la masacre fue difundida por los principales periódicos de circulación nacional y al igual que la fuga del penal protagonizada una semana antes fue tapa y ocupó las principales páginas de todas las ediciones, que publicaron fotos, antecedentes y datos de los muertos. A la hora de informar sobre las muertes, la prensa sometida como veremos más adelante a una limitación en cuanto a las fuentes de información, retomó el escueto comunicado oficial brindado por el Comando de la Zona de Emergencia a cargo del General de Brigada Eduardo Betti el mismo día de los hechos. Este informaba que durante una recorrida de control estando los detenidos en el pasillo, el jefe de turno fue atacado por Pujadas quien logra sacarle el arma y escudándose con aquél los reclusos intentan evadirse iniciando un intento tiroteo. Según la misma fuente, el marino logra zafarse y como saldo del suceso es herido al tiempo que la respuesta de los oficiales termina con la vida de trece de los atacantes y hiere a otros seis16. Parte de la prensa cuestionó la imposibilidad de que sus corresponsales accedan a la BAAZ en búsqueda información relativa a los hechos, mientras que La Opinión llegó incluso a sentenciar en el copete de su portada que: "Los acontecimientos, por sus características, resultan increíbles. Sus consecuencias -apenas entrevistas por los observadores, también atónitos -pueden resultar abrumadoras."17
A los tres días y luego que el Comando de la Zona de Emergencia emitiera un nueva declaración por medio del Mayor Laroca18, el gobierno consideró necesario dar una versión más amplia y definitiva de los sucesos. El 25 de agosto y por medio de la red nacional de radio y televisión, mostrando gráficos y atendiendo a una conferencia de prensa, el Contralmirante Hermes Quijada, Jefe del Estado Mayor Conjunto y en nombre de la Junta
15 Las obras más completas sobre la masacre son Cheren, op. cít., 91-109; Petralito y Alderete, op. cít., 59-78. La prensa informa de la mejoría en el estado de salud de los tres sobrevivientes, destacando que pese al contacto directo que los periodistas pudieron tener fruto del levantamiento de incomunicación decretado por las fuerzas militares (imágenes de Berger, Camps y Haidar fueron reproducidas por televisión y en las ediciones de todos los diarios consultados), los familiares y los abogados no pudieron efectivizar ningún LO contacto con aquellos por esos días. Clarín, 26/08/72; Crónica, 25/08/72; La Nación, 25-26/08/72; La ^—I Opinión, 25-26/08/72; La Prensa, 25-26-27/08/72. fN
16 Clarín, 23/08/72; La Nación, 23/08/72; La Prensa, 23/08/72. c
17 Crónica 23/08/72; La Opinión, 23/08/72. ^
18 Crónica, 25/08/72. Q.
de Comandantes en Jefe brindó la "versión oficial" de lo acontecido en la BAAZ. Retomó la primera versión, solo agregando que "el control periódico y a toda hora" de los detenidos se hacía formándolos en el pasillo, la destreza mostrada por Pujadas se debía a su conocimiento de karate y que los dos disparos que hizo este último con el arma sustraída no llegaron a hacer blanco en ninguno de los marinos. Periodistas preguntaron acerca del estado de estos últimos y según Clarín el Contralmirante expresó que no podía referirse a ello "en virtud del secreto de sumario"19.
A inicios de septiembre, los tres sobrevivientes dieron su testimonio ante el Capitán Bautista, oficial de la Marina que actuó como juez sumariante para esclarecer la responsabilidad que le cupo a los efectivos del arma en los eventos acaecidos en la BAAZ el 22 de agosto y que 40 años después fue acusado de encubrimiento dado que sus investigaciones no produjeron acciones penales o militares basadas en la información
obtenida. En grandes líneas, las tres declaraciones coinciden en la descripción de los
20
acontecimientos, desmintiendo elementos centrales de la versión difundida por la Marina20. Esos dichos fueron posteriormente reafirmados en lo esencial por los tres militantes alojados en el presidio de Devoto con motivo de las investigaciones proseguidas por la justicia civil durante octubre y noviembre, y al año siguiente en una entrevista realizada por el poeta Francisco Urondo horas antes de su liberación en mayo de 197321.
En dichas manifestaciones los sobrevivientes dejaron en claro varias cuestiones. En primer lugar, las inspecciones de control en las dependencias donde estaban detenidos no eran habituales. En segundo lugar, fue totalmente atípico que esa madrugada hayan sido llamados a formar fila afuera de sus celdas, tanto por el procedimiento como por el horario en que se produjo. Finalmente, negaron rotundamente el ataque de Pujadas sobre el Capitán Sosa y el supuesto intento de fuga que habrían intentado protagonizar a raíz de ello tal como esgrimieran las fuentes militares como acontecimiento desencadenante de la masacre.
3. El ocaso de la Revolución Argentina: protesta social, violencia política y el Gran Acuerdo Nacional (GAN)
El 28 de junio de 1966 es derrocado por un golpe de estado militar el presidente radical Arturo Illia dando inicio a la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973), que tuvo como primer presidente al Teniente General Juan Carlos Onganía (R). El nuevo gobierno puso fin a la seudodemocracia y con un propósito refundacional buscó erradicar la inestabilidad política por medio de un férreo disciplinamiento social22, que tuvo sus
19 Clarín, 26/08/72; La Nación, 26/08/72; La Opinión, 26/08/72; La Prensa, 26/08/72.
20 Martínez, op. cít., 186-197.
21 Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos, Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina, Buenos Aires, 1973, 65-71; Urondo, op. cít., Buenos Aires, Crisis, 1973.
22 El ciclo de inestabilidad política que se abre a partir del derrocamiento de Juan Domingo Perón (1946- ^—I 1955) está signado por la alternancia de dictaduras militares (Lonardi y Aramburu, 1955-1958; Onganía, C\l Levingston y Lanusse, 1966-1973), seudodemocracias, entendidas como gobiernos electos por medio de c comicios que supusieron la proscripción del peronismo y que son derrocadas a su vez por un golpe de estado ^ militar sin culminar su mandato (Frondizi, 1958-1962; Illia, 1963-1966), y un gobierno interino fuertemente ^
principales puntales en la clausura de los partidos políticos y la expropiación de sus bienes, la prohibición de las medidas de la actividad gremial y la intervención por la fuerza de las universidades. En línea con la doctrina de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas (FF.AA) argentinas interrumpieron la legalidad vigente en resguardo de las instituciones fundamentales de la nación y de su estilo de vida occidental y cristiano23.
La supresión de la actividad política y el férreo control de la protesta social mediante la represión de las manifestaciones estudiantiles y de las huelgas gremiales aseguraron un clima de relativo orden social los primeros tres años, pese a los congelamientos de salarios y al aumento de las tarifas de los servicios públicos, que fueron decretados por el gobierno en el marco del programa de racionalización económica de corte liberal implementado a partir de enero de 1967 y cuyos principales lineamientos eran la disminución del déficit fiscal, el equilibrio de las cuentas externas, la atracción de capitales externos y la contención de la inflación24.
Para agosto de 1972 la Revolución Argentina había cumplido su sexto año y se encontraba ya en franco proceso de descomposición. Los planes iniciales de la dictadura instaurada en junio de 1966 respecto de lograr la transformación de la sociedad argentina por medio de la modernización del país, la racionalización económica y el disciplinamiento social habían quedado totalmente sepultados. Sometido a una oposición creciente, el gobierno estaba por culminar un proceso que buscaba reestablecer el juego electoral democrático. La parcialmente exitosa fuga y el posterior fusilamiento de los militantes detenidos vinieron a erosionar aún más la muy cuestionada legitimidad del gobierno.
El ciclo de protestas en abril y mayo de 1969, que tuvo en el conocido popularmente como "Cordobazo" su jornada más violenta, marcó un antes y un después en la historia argentina del período. De hecho, funcionó como un verdadero "efecto demostración" que hizo proliferar las protestas gremiales y otras reivindicaciones de variada índole. Estos fenómenos desnudaron la debilidad del gobierno y generaron que entre las filas militares empezaran a surgir dudas y tensiones sobre cuál era el rumbo que debía tomar la Revolución Argentina25.
tutelado por las FF.AA (Guido, 1962-1963). En este contexto, el gobierno de Illia se caracterizó por un relativo incremento de las libertades públicas, aunque Perón y el Partido Peronista en cuanto tal, no fueron rehabilitados para participar nuevamente en elecciones. Sin embargo, un partido político definido como peronista ganó ajustadamente las elecciones legislativas de 1965, hecho que causó malestar en las filas castrenses, y que junto a las masivas protestas sindicales llevadas a cabo por la Central General del Trabajo y los dos primeros brotes guerrilleros aislados y fallidos -uno rural y otro urbano -en 1963-1964, constituyeron algunos de los elementos que dieron fundamento al golpe de estado de junio de 1966.
23 Liliana De Riz, La política en suspenso, 1966-1976, Tomo 8, Colección Historia Argentina, Buenos Aires, Paidós, 26-35, 61-62.
24 De Riz, op. cít., 58-65. f^
25 Robert Potash, El ejército y la política en la Argentina, 1962-1973, Segunda parte, Buenos Aires, ^—I Sudamericana, 1994, 93-101, 158-168; Mónica Gordillo, "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia CNl a la lucha armada, 1955-1973", Daniel James (dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), c Tomo 9, Colección Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, 348-364; De Riz, Op. cít., ^ 67-91. o-
El "efecto demostración" también operó sobre diversos grupos revolucionarios que venían organizándose en el país. La radicalidad de la protesta, la alta participación de la población erigiendo barricadas y enfrentando a las tropas militares durante aquellos acontecimientos fueron vistas como evidencias de la preparación de la clase trabajadora para ir asumiendo el método de la lucha armada y, también, una confirmación de sus postulados respecto de la viabilidad de una "guerra popular revolucionaria".26 El clima de efervescencia social entonces coadyuvó a precipitar el lanzamiento de las principales
27
organizaciones armadas revolucionarias durante 1970 (ERP, FAR y Montoneros ) y el incremento de sus operaciones militares los años subsiguientes.
Estos fenómenos se entreveraron de modo a provocar dos renuncias presidenciales (la de Onganía y la de su sucesor, el General de Brigada Roberto Marcelo Levingston) y la asunción a la primera magistratura de la Nación del Comandante en Jefe de las FF.AA, el Teniente General Alejandro Agustín Lanusse el 26 de marzo de 1971. El nuevo presidente intentó a partir de entonces dar un nuevo rumbo a la deteriorada Revolución Argentina, intentando contener la conflictividad social, desarticular el accionar de las organizaciones armadas28 y encaminar la institucionalización política del país. En esto último sería clave el Gran Acuerdo Nacional (GAN), cuyo objetivo era sentar las bases para un proceso electoral que integrara de algún modo al peronismo y que fuese al mismo tiempo aceptable para las FF.AA.
El fundamento del GAN era asegurar el establecimiento de un gobierno de transición, que gozara de legitimidad y estabilidad fruto de la confluencia de civiles y militares en un pacto empeñado que además se pensaba que lograría contrarrestar la convulsión social y el influjo de las fuerzas revolucionarias. Esta ambiciosa estrategia encontró obstáculos que no pudo superar al tener que lidiar con actores cuyas estrategias no eran asimilables a los lineamientos del GAN, fundamentalmente sectores peronistas que se oponían a cualquier tipo de condicionamiento electoral y parte de las FF.AA que no mostraban voluntad en apoyar una salida democrática irrestricta que pudiera culminar en la
26 James Brennan y Mónica Gordillo, Córdoba rebelde, La Plata, De la Campana, 101, 104-105; María Cristina Tortti, "Protesta social y 'Nueva Izquierda' en la Argentina del Gran Acuerdo Nacional", Alfredo Pucciarelli (Ed.), La primacía de la política. Lanusse, el Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN, Buenos Aires, Eudeba, 1999, 213, 221.
27 Además de esas organizaciones, ese año también apareció públicamente el Frente Argentino de Liberación (FAL) y comenzaron a operar en zonas urbanas las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAP), luego de que su foco rural fuera desarticulado en la provincia de Tucumán en 1968. Descamisados y la Guerrilla del Ejército Libertador (GEL), por solo citar otros ejemplos, también surgieron públicamente en 1970.
28 Esto tuvo principalmente una respuesta penal represiva evidenciada en la amplia normativa sancionada en la materia durante el gobierno de Lanusse. A legislación sancionadas por sus dos predecesores, entre la asunción del último presidente militar y agosto de 1972 (solo un año y cinco meses) se sancionaron 9 nuevas
leyes sobre materia "antisubversiva", siendo la más importante la Ley 19.053 que creó la Cámara Federal en 00
lo Penal estableciendo un régimen penal especial para el tratamiento por vía más expedita y severa de delitos ^—I
cuya definición abarcaba prácticamente cualquier tipo de hecho de violencia, protesta o agitación política, constituyendo un verdadero "fuero antisubversivo" al margen del sistema jurídico vigente. Bajo ese régimen c
numerosos militantes políticos y gremiales fueron encarcelados, al tiempo que también engrosaban las ^
cárceles detenidos sin proceso alguno y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ^
victorial electoral de Perón29, además del rechazo visceral del conjunto de las organizaciones armadas revolucionarias que criticaban los intentos de institucionalización motorizados por el gobierno.
La apertura de un proceso eleccionario era vista por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) como una clara maniobra del régimen burgués para aplacar la ola de protestas y radicalización política de vastos sectores sociales por medio de la reincorporación del peronismo y su viejo líder al juego institucional, quien por otra parte se prestaba a dicha maniobra al constituir el Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA), reuniendo a todos los partidos burgueses y pequeñoburgueses reformistas,
30
como estructura política para competir en la futura contienda electoral30. Dicho planteo entroncaba con la caracterización sostenida por dicho partido del peronismo como bonapartismo al considerar que el de 1945-1955 había sido un gobierno que en su búsqueda por viabilizar el desarrollo de una economía capitalista independiente colocó al estado en árbitro del proceso en la medida que implementaba una serie de concesiones a la clase trabajadora en su intento por equilibrar las fuerzas contrapuestas de esta, el imperialismo y la burguesía31.
Aunque coincidían con el PRT en la crítica al GAN, FAR y Montoneros consideraban al FRECILINA como una maniobra táctica de Perón destinada a neutralizar los intentos del partido militar en connivencia con los sectores integracionistas del peronismo para domesticar al movimiento, al mismo tiempo que conformaba un bloque de oposición a la dictadura lo más amplio posible permitiendo el crecimiento de los sectores revolucionarios en su seno y en cuya tarea empeñaban sus esfuerzos las organizaciones armadas peronistas como posibilidad para viabilizar un proceso de liberación nacional y social que llevara al socialismo32.
El gobierno igualmente fracasó en sus reiterados intentos de acercar seriamente a Perón al juego de las negociaciones y tampoco logró que este condenara el accionar de las organizaciones armadas peronistas, que basaban parte de su legitimidad en función de la proscripción del peronismo y el exilio forzado de su líder, así como gozaban del aliento que Perón les brindó explícitamente33.
29 Gonzalo De Amézola, "El caso de realismo insuficiente. Lanusse, La Hora del Pueblo y el Gran Acuerdo Nacional", Pucciarelli (ed.), op. cít., 66, 75.
30 PRT, "Una definición contrarrevolucionaria", El Combatiente, N° 67, 28/02/1972.
31 PRT, "El peronismo", El Combatiente, N° 56, N° 57, N° 58, 31/05/1971, 21/06/1971, 17/07/1971.
32
Montoneros, "Línea político militar", 1971, Ricardo Baschetti (Comp.), Documentos 1970-1973, La Plata, De la Campana, 1995; FAR, "Documento de actualización política", septiembre de 1972, CPM-FONDO DIPBA División Central de Documentación, Registro y Archivo, Mesa D(s), Carpeta Bélico, Legajo N° 641.
33 Si bien en febrero de 1971 Perón y Montoneros intercambiaron correo ["Correspondencia Perón-Montoneros", febrero 1971, Baschetti (comp.), op. cít.], el apoyo a las organizaciones armadas peronistas por parte del líder fue dado a conocer públicamente en ese mismo momento en el famoso mensaje a la juventud
donde les otorgó el carácter de "formaciones especiales" del movimiento ["Mensaje de Perón a los ^—I
compañeros de la Juventud", 23/02/1971, Baschetti (comp.), op. cít.]. En una entrevista otorgada ese año, no C\l
obstante dicho aval, Perón reafirmó dicho accionar como un mecanismo de presión sobre el gobierno respecto c
de la realización de comicios limpios y abiertos como condición que permitiese una victoria justicialista ^
evitando así la guerra revolucionaria y violenta como medio de acceso del peronismo al poder [Juan Domingo ^
En este contexto eminentemente transicional y de gran incertidumbre política debe entenderse el contexto específico que rodeaba al plan de fuga de agosto de 1972 ideado por las organizaciones revolucionarias para efectivizar el escape de numerosos de sus dirigentes y militantes para su reincorporación a la lucha armada. A este respecto, cabe destacar que el plan fue elaborado por los máximos dirigentes de dichas organizaciones que se encontraban en ese momento encarceladas en el penal de Rawson. La Conducción Nacional de Montoneros, que se encontraba en libertad, no creyó conveniente la oportunidad del plan, aunque dejó en libertad de acción a los reclusos montoneros que si decidieron participar de la elaboración y ejecución el mismo34. La diferente apreciación de la fuga por las organizaciones debe rastrearse tanto en la diversa situación que atravesaban sus máximos dirigentes, como en la diferente caracterización que hacían del peronismo y del proceso abierto por el GAN ante un eventual regreso de Perón al país. A diferencia de lo que acontecía con Montoneros, el PRT-ERP y FAR poseían sus máximos dirigentes encarcelados, lo que podría suponer una mayor desarticulación de estas organizaciones ante los embates de la política "antisubversiva" del gobierno y una mayor premura por buscar la liberación de aquellos35.
Si bien, como ya vimos, FAR y Montoneros sostenían posicionamiento similares respecto del GAN y el rol asumido por Perón al conformar el FRECILINA, las diferencias entre ambas organizaciones residían en que los últimos sostenían que la fuga del penal, dada la magnitud de la operación, sería contraproducente, en la medida que podría minar las bases del proceso de institucionalización truncando la posible salida democrática, mientras que para la FAR el aumento del accionar armado de la guerrilla era el modo efectivo para asegurar el camino hacia un proceso electoral sin condicionamientos36.
Los militantes presos en Rawson solicitaron a sus organizaciones el apoyo externo para viabilizar el escape una vez que hubieran logrado tomar el penal. La posición de Montoneros explica que el apoyo externo haya sido aportado exclusivamente por militantes
Perón, "Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Transcripción completa del testimonio fílmico realizado por el Cine Liberación", junio, julio, octubre 1971, Baschetti (comp.), op. cít.
34 Roberto Cirilo Perdía, La otra historia. Testimonio de un jefe montonero, General Roca, Ágora, 1997, 115; Gustavo Vaca Narvaja y Fernando Frugoni, Fernando Vaca Narvaja, con igual ánimo, Buenos Aires,
Colihue, 129-131.
35
Las tres organizaciones habían sufrido serios reveses entre 1971-1973. Para el caso del PRT-ERP ver De Santis, op. cít., 190, 225, 227, 231-232, 2010; Mattini, op. cít., 108-111, 123, 136-138. Para FAR ver Juan Bautista Yofre, Volver a matar, Buenos Aires, Sudamericana, 2009, 21-29; Mora González Canosa, La Fuerzas Armadas Revolucionarias. Orígenes y desarrollo de una particular conjunción entre marxismo, peronismo y lucha armada (1960-1973), Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata, 2012, 223-224. Disponible en http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf. En cuanto a Montoneros ver en particular Richard Gillespie, Soldados de Perón, Buenos Aires, Grijalbo, 1987, 125-129, 148-150. Vaca Narvaja sostiene que el menor grado de desarticulación sufrido por Montoneros puede haber estado originado precisamente en que sus principales líderes no fueron capturados, sino que O
perecieron al ser apresados, facilitando una renovación rápida de los cuadros dirigentes que se mantenían ("NJ
siempre activos. Vaca Narvaja, op. cít., 131. C\l
36 Esto se condice con los testimonios ya citados de Perdía y Vaca Narvaja en la nota 34 y con lo sostenido c por Jorge Marcos en De Santis, op. cít., 255-256. Sobre el posicionamiento de FAR y su discrepancia con Montoneros, lo expuesto fue confirmado además en la entrevista a Lewinger, op. cít.
del PRT-ERP y las FAR. El objetivo del mismo era fugarse para reincorporarse activamente a la lucha armada, por ello la fuga de los seis máximos dirigentes presos fue considerada un éxito pese a malograrse el escape de los demás.37 El propio plan establecía que en caso de alguna falla, los militantes que no pudieran escapar debían buscar el modo de negociar su rendición ante periodistas y exigir la presencia de un juez, tal como efectivamente lo hicieron al tomar el aeropuerto de Trelew. Tenían instrucciones de demandar las condiciones necesarias para evitar una probable ejecución a manos de las fuerzas de seguridad. Como demostraron los hechos, los recaudos empeñados no fueron suficientes para evitar el trágico final.
4. Las consecuencias de la Masacre
La fuga y los fusilamientos de agosto de 1972 generaron importantes repercusiones en el campo diplomático con el gobierno de Chile y a nivel político nacional, así como también aparejaron modificaciones en la normativa penal vigente. En el contexto político nacional fue un suceso que sacudió a la opinión pública y generó fuertes reacciones adversas en vastos sectores.
a) Repercusiones diplomáticas. El éxito parcial de la fuga viabilizó el escape de diez guerrilleros hacia Chile (a los 6 dirigentes evadidos se les agregaron Fernández Palmeiro, Ferreyra Beltrán, Goldemberg y Wiessen del apoyo externo). El avión tomado por los guerrilleros, luego de reponer combustible en Puerto Montt, aterrizó en el aeropuerto de Pudahuel en Santiago de Chile. Inmediatamente, los fugados solicitaron el asilo territorial en suelo chileno. Luego de parlamentar con las autoridades de seguridad chilenas que se apersonaron en el lugar, los evadidos decidieron deponer las armas y rendirse ante ellas. La aeronave, junto a la tripulación y el resto de los pasajeros fue rápidamente autorizada a despegar hacia Buenos Aires, mientras que los diez militantes quedaban a la espera de una resolución sobre su situación por parte del gobierno chileno. Este último se vio súbitamente frente a presiones tanto del gobierno argentino, que solicitó la detención preventiva de los fugados y luego el pedido formal de extradición por medio de la Cámara Federal en lo Penal, como de diversos sectores políticos de izquierda locales afines al propio gobierno que exigían la protección de los mismos38.
La situación para el gobierno socialista de Salvador Allende se presentó en extremo delicada, teniendo en cuenta que los gobiernos argentinos y chileno pese a sus diferencias ideológicas habían mantenido un cordial entendimiento pregonando la no injerencia en los asuntos internos de cada estado39. Esto se había materializado en dos
37 Esto expuso textualmente Bonet al momento de brindar la conferencia de prensa transmitida por televisión
ante los periodistas que concurrieron al aeropuerto tomado. Martínez, op. cít., 70. ^—I
38 Clarín 18-19/08/72; Crónica, 18/08/72; La Nación, 16-18-19/08/72; La Opinión, 16-18/08/72; La Prensa, CvJ 16-18-19/08/72. CNl
39 Se llegó a destacar en la prensa la importancia geopolítica que tenía para el gobierno chileno la relación establecida con su par argentino de modo a evitar el aislamiento a nivel latinoamericano fomentado por Estados Unidos. La Opinión, 18/08/72.
encuentros que mantuvieron ambos presidentes, primero en Salta (julio de 1971) y luego en Antofagasta (octubre de 1971), donde ambos ratificaron la necesidad de superar las "fronteras ideológicas" a fin de estrechar los lazos de concordia y asegurar la autodeterminación de sus respectivos pueblos en virtud de la fraternal tradición de cooperación que históricamente mantuvieron los mismos40. La opción por dejar que el trámite siguiera el curso legal siendo la justicia chilena la encargada en decidir sobre el asilo político parece haber sido un intento por parte del gobierno trasandino de sustraerse a ese juego de presiones contrapuestas y mostrar una posición de relativa equidistancia41.
Los sucesos de la BAAZ operaron sin dudas como un catalizador para la decisión definitiva del gobierno chileno, que consistió en aceptar el pedido de asilo de los diez fugados, denegar el pedido de extradición de su par argentino, al mismo tiempo que les otorgaba a aquellos el salvoconducto para partir inmediatamente hacia Cuba. El gobierno de Allende presentó el asilo territorial concedido a los fugados como jurídicamente acorde al derecho internacional vigente y la acción de solicitar inmediatamente a aquellos que abandonaran su territorio como un medio de evitar que su residencia en Chile pudiera ser motivo de acciones que causaran perjuicio al gobierno argentino respondiendo a la política de cooperación internacional entre ambos estados antes mencionadas. La decisión, sin embargo, provocó una protesta formal por parte del gobierno argentino y el llamado a Buenos Aires de su embajador, marcando el claro descontento ante la medida tomada por parte de la gestión de Lanusse 42.
b) Repercusiones políticas a nivel nacional. La noticia de lo acontecido en Trelew generó gran indignación y produjo inmediatos actos de protesta el 22 de agosto, principalmente entre sectores estudiantiles. En diversas facultades del país se realizaron asambleas, actos y manifestaciones que convocaron a miles de estudiantes. En Bahía Blanca, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán sin incidentes, pero en La Plata, Rosario y Córdoba con fuertes enfrentamientos entre estudiantes y policías que produjeron numerosos destrozos y cientos
de detenciones43.
Los incidentes se extendieron los dos días siguientes a algunas de las poblaciones natales de las víctimas durante sus velatorios ante la disposición oficial de que las ceremonias se realicen rápidamente y sin gran concentración de público44. Esto no pudo lograrse en la Capital Federal y generó el asalto de la sede del Partido Justicialista por parte de la Policía Federal para retirar los ataúdes de tres de los muertos que estaban velándose
40 Transmisión radial de la conferencia de prensa brindada por el Presidente Alejandro Agustín Lanusse con motivo de su visita al Presidente chileno Salvador Allende en Antofagasta, Chile, 16/10/1971 - Programa de Archivo de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
41 La derivación a la Corte Suprema de las solicitudes efectuadas por el gobierno argentino recibió también amplia cobertura en la prensa nacional. Clarín, 20-21-22/08/72; Crónica, 19/08/72; La Nación, 20/08/72; La Opinión, 19-20/08/72; La Prensa, 21/08/72. fN
42 Crónica, 26/08/72; La Opinión, 26/08/72; La Nación, 26/08/72; La Prensa, 26/08/72. fN Parte de la controversia jurídica puede consultarse en las cartas diplomáticas que se enviaron sendos ("N gobiernos presentes en el interesante anexo de la obra de Cheren, op. cít., 231-251. c
43 Clarín, 23/08/72; Crónica, 23/08/72; La Nación, 23/08/72; La Prensa, 23/08/72; La Opinión, 23/08/72. ^
44 Martínez, op. cít., 135-139. Q.
en dicho local con una nutrida concurrencia de personas, suceso que produjo fuertes disturbios y recibió cobertura mediática en la prensa masiva de circulación nacional45.
Manifestaciones y actos relámpago siguieron multiplicándose a lo largo de la semana, generando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, destrozos y diversos atentados con bombas molotov y lanza panfletos en los núcleos urbanos del país mencionados y extendiéndose también a Corrientes, Mendoza, Neuquén y San Luis. También se registraron explosiones de bombas en dependencias militares en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, la Capital Federal e incluso un atentado en la Embajada argentina en París protagonizada por el ERP46.
En estos ámbitos de reunión y manifestación sin lugar a dudas se impugnó la "versión oficial" sobre los sucesos acontecidos, aunque la prensa masiva de circulación nacional solo registra los incidentes. Como veremos esto obedeció a una disposición legal que cercenaba la reproducción de fuentes de información alternativas. En relación a esto, los abogados de presos políticos cumplieron un rol fundamental de denuncia, al igual que las organizaciones armadas revolucionarias, al difundir diversas declaraciones y los
47
testimonios de los sobrevivientes que circularon mimeografiados en forma clandestina 47.
La fuga del penal de Rawson y la posterior masacre de los militantes revolucionarios en la BAAZ se produjeron en el delicado momento en el que el gobierno ingresaba en la última etapa el proceso de transición hacia las elecciones. A partir de entonces el debilitamiento de la dictadura militar se aceleró en la misma medida en que Perón pasaba a convertirse de modo creciente en el árbitro máximo del juego político,
48
aunque no pudiera presentarse como candidato48. Pese a todo, el objetivo esencial del GAN se cumplió en la medida en que el gobierno culminó con el proceso de institucionalización democrática del país reinsertando al peronismo en el sistema político como medio de evitar que el creciente nivel de las protestas sociales adquiriera influjo revolucionario49.
A partir del triunfo del peronismo en las elecciones y la asunción del gobierno democrático el 25 de mayo de 1973, la producción literaria en torno a la masacre de Trelew se multiplicó por medio de numerosos folletos y artículos en diversas publicaciones, además de la edición de los primeros libros que cuestionaron abiertamente la versión militar y los intentos llevados a cabo por la dictadura para encubrir los hechos50.
45 Clarín, 25/08772; Crónica, 25/08/72, La Nación, 25/08/72, La Opinión, 25/08/72; La Prensa, 25/08/72.
46 Clarín, 24-25-26-29/08/72; Crónica, 24-25-26-27-28-30/08/72, La Nación, 24-25-26-27/08/72; La Opinión, 26/08/72; La Prensa, 24-25-26/08/72.
4 Martínez, op. cít., 103-104. Ejemplos de esos volantes o folletos pueden encontrarse en la página web El topo blindado (www.topoblindado.com) o también en la carpeta sobre la masacre de Trelew disponible en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI).
48 De Riz, op. cít., 102-105. El gobierno militar había sancionado una cláusula que establecía como límite el 25 de agosto de 1972 para estar radicado en el país o no desempeñar ningún cargo ejecutivo o ministerial en cualquier nivel de la administración pública como exigencia para poder ser candidato en las elecciones, lo que suponía la exclusión en los futuros comicios tanto de Perón como de Lanusse.
49 De Amézola, op. cít., 113-115. ("N
50 Martínez, op. cit.; Urondo, op. cit.; Humberto Constantini., El libro de Trelew, Buenos Aires, Gránica, c 1973; Foro de la provincia de Buenos Aires por la vigencia de los Derechos Humanos, op. cít.; Comisión de ^ Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG), Trelew, el informe, 1974; También ^
Con posterioridad, los aniversarios del suceso fueron motivo de masivos actos y movilizaciones conmemorativas impulsados por organizaciones obreras, estudiantiles, barriales y partidarias, siendo acompañadas por una prolífica alusión en volantes, afiches, tanto en la prensa partidaria como en variadas publicaciones de izquierda51. De esta forma, el 22 de agosto se constituyó en una fecha conmemorativa y emblemática para las
52
organizaciones armadas revolucionarias y sus militantes52. Al año de la masacre, la fecha fue recordada por medio de masivos actos públicos a lo largo del país, teniendo como epicentro los realizados en la Capital Federal: en la cancha de Atlanta (organizado por la Juventud Peronista y Montoneros) y en la Plaza Congreso (convocado por el PRT-ERP y Vanguardia Comunista), donde según la prensa asistieron alrededor de 60.000 y 10.000 personas respectivamente53. Los años subsiguientes, la conmemoración pareció canalizarse de modo progresivo por vía de atentados con bombas y ametrallamientos, concitando además fuertes operativos de vigilancia por las fuerzas de seguridad, reflejando así la espiral de violencia que iba imperando en el país54. De manera coincidente, las organizaciones armadas revolucionarias no dejaron de intentar vindicar las muertes de sus militantes por medio de acciones directas contra la vida de militares o civiles involucrados en los hechos acontecidos en la BAAZ55.
c) Represión y repercusión política a nivel local. Con posterioridad al levantamiento del estado de emergencia y por orden del Comando del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca, el 11 de octubre la región fue sometida a una acción por parte de fuerzas militares pertenecientes al V Regimiento de Infantería de aquel cuerpo. Conjuntamente con fuerzas de seguridad locales, los efectivos militares procedieron a realizar numerosos allanamientos en viviendas privadas y detenciones de personas en las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn56. Los detenidos, acusados de estar "vinculados con actividades subversivas" y estando en su mayoría relacionados con la Comisión de Solidaridad con los
en 1973 vio luz el mediometraje Ni olvido ni perdón de Raymundo Gleyzer. Hay que destacar que hace unos años fueron reeditados el informe de Trelew (Sartelli, Grenat y López Rodríguez, op. cít.) y la célebre obra de Urondo (Francisco Urondo, La patria fusilada, Buenos Aires, Libros del náufrago, 2011).
51 A parte de ese material puede accederse en los archivos mencionados en la nota 47, así como también por medio el acervo contenido en la página web Ruinas digitales (http://www.ruinasdigitales.com).
52 La masacre de Trelew también fue retomada en consignas y por las denominaciones de nuevas agrupaciones. Las FAL-22 y el ERP-22 agregaron el número de la fecha de la masacre para distinguirse de sus organizaciones madres. La consigna "La sangre derramada no será negociada" fue muy popularizada posteriormente en relación con la masacre y el canto "Ya van a ver, ya van a ver, cuando venguemos los muertos de Trelew" fue coreado en innumerables movilizaciones.
53 Clarín, 23/08/73; Crónica, 23/08/73; La Nación, 23/08/73; La Opinión, 23/08/73; La Prensa, 23/08/73.
54 Clarín, 23/08/74-75; Crónica, 23/08/74-75; La Nación, 23/08/74-75; La Opinión, 23/08/74-75; La Prensa, 23/08/74-75.
55 Tal fue el caso del asesinato del Contralmirante Hermes Quijada el 30 de abril de 1973 a manos de ^j" Fernández Palmeiro, el mismo que había tomado el avión de Austral usado en la fuga el 15 de agosto de 1972 ("NJ y quien perdiera la vida en dicha acción (ERP-22), del Juez Quiroga el 28 de abril de 1974 (ERP-22) y de CNl Arturo Mor Roig el 15 de julio de 1974, político radical y Ministro del Interior al momento de la masacre de c Trelew (Montoneros).
56 La Nación, 13/10/72; La Prensa, 13/10/72. Q-
Presos Políticos (CSPP) fueron alojados en un campamento de carpas improvisado cerca del aeropuerto de Trelew57.
Un total de dieciséis personas fueron trasladadas de dicho campamento en un avión militar Hércules C-130 hacia el penal de Devoto en la Capital Federal, mientras que el resto fue liberado. Aquellos se sumaban al abogado y dirigente radical local Mario Abel Amaya, que luego de haber participado en las negociaciones del aeropuerto fuera detenido el 18 de agosto en el Hotel Provincial de Rawson mientras se encontraba reunido con otros
58
abogados de presos políticos que se habían trasladado desde Buenos Aires a la zona58.
Estos hechos produjeron conmoción en la población de estas ciudades, principalmente en Trelew, donde se gestó un fuerte movimiento de protesta que reclamó la libertad de todos los presos. La primera reacción estuvo a cargo de los dirigentes de los partidos políticos locales, quienes enviaron telegramas a las autoridades militares y partidarias nacionales a fin de condenar el operativo militar y reclamar la libertad de los vecinos detenidos. Además, convocaron a la población ese mismo 11 de octubre a reunirse en el Teatro Municipal con el objeto de definir un curso de acción. La convocatoria tuvo un éxito rotundo. El movimiento tuvo numerosas adhesiones de diferentes organizaciones políticas y vecinales, concitando la concurrencia y el apoyo de un número muy amplio de vecinos. Los pobladores allí reunidos decidieron constituirse en "asamblea popular" y permanecer en estado permanente hasta que los detenidos fueran liberados. La vigilia de un reducido número de ellos aseguraba su continuidad por las noches. Además, la asamblea aprobó esa misma noche un comunicado y un manifiesto que expusieron las primeras medidas a tomar y declararon posiciones de un tono marcadamente radicalizado59.
Ante la presión ejercida por los pobladores, el gobernador de la provincia -Contralmirante (R) Jorge Alfredo Costa -viajó expresamente a Buenos Aires para gestionar la liberación de los detenidos ante las autoridades nacionales. Durante los quince días siguientes el movimiento de protesta motorizó cinco manifestaciones callejeras que congregaron entre 3.000 y 5.000 personas y convocó 2 huelgas generales que paralizaron casi totalmente la actividad pública y económica de las ciudades de Trelew, Rawson y
Puerto Madryn60.
Este movimiento de protesta denominado "Trelewazo" logró cierta repercusión en la prensa de circulación nacional61 revistiendo un carácter inédito en la región e insertando a la población patagónica como la última en la cadena de puebladas y jornadas de rebelión popular conocidas como los "-azos" que estallaron en varias ciudades y localidades del interior del país durante el ocaso de la Revolución Argentina debilitando aún más la
57 Martínez, op. cít., 37-39; Petralito, op. cít., 82-84.
58 Martínez, op. cít., 23-27; Petralito, op. cít., 127-130; Ana Julia Ramírez, "Las mediaciones locales de la protesta: el caso del Trelewazo (octubre de 1972)", 2a Jornadas sobre la política en Buenos Aires en el Siglo XX, IEHS - Facultad de Ciencias Humanas - UNICEN, 2007, 7. Disponible en http://historia politica.com /datos/biblioteca/ramirez.pdf. LO
59 El manifiesto se encuentra transcripto en Martínez, op. cít., 141-167. ("N
60 Ramírez, op. cít., 6-10. ("N
61 Crónica, 14-18/10/72; La Nación, 15-16-20/10/72; La Opinión, 14/10/72; La Prensa, 15/10/72. La prensa c nacional se centró en destacar los arrestos de ciudadanos que fueron el motivo de las numerosas asambleas, ^ los paros de actividad decretados por estas y el pedido de renuncia del gobernador que efectuaron. ^
legitimidad de la dictadura militar62. Como lo destacó el propio manifiesto de la asamblea popular, pareciera que con los sucesos del 22 de agosto y los posteriores allanamientos de domicilios y detenciones de ciudadanos la violencia se había instalado en la "calma y pacífica ciudad patagónica".
El "Trelewazo" fue una respuesta inmediata dada por la población local a la detención violenta de dieciséis de sus conciudadanos que sostenían alguna forma de participación política, gremial o barrial local y algún grado de vinculación con el movimiento de solidaridad con los presos políticos63. Como resultado de dicha movilización popular, durante el mes de octubre se dictó la libertad de los dieciséis detenidos el 11 de ese mes, siendo liberado Amaya posteriormente, justo antes de la Navidad de 1972.
d) Repercusiones penales. El mismo 22 de agosto de 1972, el gobierno sancionó por medio de la Ley 19.797 la incorporación del artículo 212 al Código Penal argentino que establecía una sanción de prisión de seis meses a tres años a quien difundiere "comunicaciones o imágenes provenientes de o atribuidas o atribuibles a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo". Esta medida tendía a imposibilitar que las organizaciones armadas revolucionarias o agrupaciones afines pudieran difundir a través de medios de comunicación masivos "su versión" de los hechos. Pero la propia redacción de la ley iba más allá de ello dado que el carácter de "atribuible" suponía poder penar la publicación de cualquier versión asimilable o similar a la que pudieran sostener aquellas organizaciones. No sorprende entonces que la conferencia de prensa sostenida por los abogados de presos políticos el 8 de septiembre de 1972 donde difundieron los testimonios de los tres sobrevivientes haya sido totalmente ignorada por la prensa de circulación nacional64. La nueva ley, por ende, indujo a que la prensa legal reprodujera monolíticamente la versión oficial que difundieron las autoridades militares, constituyendo un hito de censura sobre la libertad periodística.
La gran repercusión del intento de fuga protagonizado por los militantes de las organizaciones revolucionarias llevó además al gobierno militar a modificar las condiciones de detención de los presos políticos. Esto se realizó por medio de la elaboración de un "Reglamento de detenidos de máxima peligrosidad" (Reg.) solo un mes después de acontecida la masacre. La pormenorizada normativa dispuso a lo largo de sus 44 artículos
62 Inés Izaguirre, "El mapa social del genocidio", Inés Izaguirre (et. al.), Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983, Buenos Aires, Eudeba, 2009, 80-84.
3 Ramírez, op. cít., 7, 10-11, 13. El grado de involucramiento de los detenidos y su recíproca interrelación en los movimientos políticos, gremiales, barriales locales y de solidaridad con los presos políticos se expresa en que de los 16 detenidos: 13 eran dirigentes o militantes de partidos políticos, 10 eran miembros de la CSPP y algunos de ellos apoderados de presos, 3 eran gremialistas del nuevo Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Chubut (SOYEAP), 3 fruto de su actividad partidaria militaban en ("NJ
organizaciones barriales y 3 pertenecían a grupos de teatro independiente y efectuaban presentaciones en barrios populares. c
64 Martínez, op. cít., 183-185. Dicha omisión se refiere al menos a la prensa analizada para este artículo ^
(Clarín, Crónica, La Nación, La Opinión y La Prensa).
un régimen especial de encarcelamiento destinado a modificar numerosos aspectos de la vida carcelaria de los presos políticos65. Las disposiciones buscaban un control más estricto de los reclusos y venían a modificar drásticamente las condiciones de encarcelamiento vigentes. Los ejemplos más claros son el caso del alojamiento de los presos y del régimen de visitas. Los presos pasaban a ser alojados en celdas individuales de modo permanente, excepto durante el momento de las visitas y de los tres recreos semanales, teniendo en este último caso un tope máximo de quince reclusos de máxima peligrosidad (arts. 17, 23 inc. a Reg.). En el caso de las visitas, estas serían estrictamente limitadas y solo podían ser realizadas previa autorización otorgada por la autoridad militar que ejercía el control operacional del penal o por el Servicio Penitenciario Federal66. Además, entre otras disposiciones que buscaban modificar las conductas de los reos en el penal castigando la acción conjunta de los mismos, se destacan la prohibición expresa de cantar, silbar y comunicarse furtivamente o través de señas, sonidos o cualquier otro medio, de hacer manifestaciones políticas o gremiales, así como también de efectuar peticiones colectivas ante las autoridades penitenciarias (arts. 19 inc. b y e, 22 Reg.).
Las disposiciones que emanaban del reglamento hicieron que las condiciones carcelarias de los presos políticos fuesen mucho más severas y estos se vieron sometidos a un estricto control sobre los aspectos más variados de su vida en el penal. Además, recibieron un trato mucho más duro tanto por parte de las autoridades como de la generalidad del personal penitenciario, en gran medida como escarmiento por el intento de fuga que habían protagonizado los militantes de las organizaciones revolucionarias. Los testimonios hablan de castigos infundados y prolongados, así como también de la requisa y quema de cualquier pertenencia privada y el establecimiento de un recinto dividido por dos rejas alambradas para las visitas (tanto familiares como de abogados) que hacía que las mismas se desarrollaran de forma grupal posibilitando solo la comunicación a los gritos y sin posibilidad de contacto visual con los detenidos67. Sin embargo, dicho "endurecimiento" no perduró mucho en el tiempo.
65 De hecho, la propia ley establecía la derogación o inaplicabilidad de toda la normativa anterior sobre la materia que contradijera las disposiciones del Reglamento y que el mismo regía para los procesados que fueran definidos como de máxima peligrosidad y los puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, aunque no estuviesen procesados (Arts. 1, 2, 3, 5 Ley 19.863).
66 Las visitas solo eran procedentes si se cumplía con los siguientes requisitos: a) que el detenido observara buen comportamiento; b) que el visitante se identificara con libreta de enrolamiento, cívica o documento nacional de identidad; c) que este último acredite el carácter de cónyuge o de parentesco tratándose de los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad del detenido; d) que se efectúe la comprobación del domicilio real del visitante. Las visitas de los abogados defensores se hacían en modo individual para cada detenido y se veían limitadas a una vez por semana, con una duración máxima de una hora. Las autorizaciones de visitas tanto para familiares como para abogados defensores debían renovarse cada tres meses. Podían ser canceladas (temporalmente o de modo definitivo) por resolución fundada emanada por autoridad competente (Arts. 26, 27, 29, 32 Reg.). C\l
67 Entrevista a Lewinger, op. cít.; Entrevista a Carrizo, op. cít.; Foro de Buenos Aires por la vigencia de los C\l Derechos Humanos, op. cit., 89-90; Santiago Garaño y Werner Pertot., Detenidos-aparecidos. Presas y presos c políticos desde Trelew a la dictadura, Buenos Aires, Biblos, 2007, 53-54. Con esto concuerdan también las ^ declaraciones de Luis Ortolani, Alicia Sanguinetti y Ruben Oscar Suárez (ERP), militantes y reclusos que no ^
Testimonios de ex-presos también afirman que luego de un mes de aislamiento y la aplicación del Reglamento de detenidos de máxima peligrosidad, las disposiciones se fueron flexibilizando a medida que la apertura política se consolidaba inexorablemente hacia la celebración de elecciones. A fines de 1972 los presos políticos en Rawson llevaron adelante una huelga de hambre durante más de veinte días con el fin de mejorar sus condiciones de detención. La protesta culminó con la concesión de casi todas las demandas de los huelguistas. El triunfo electoral del Frente Justicialista de Liberación en marzo de 1973 cambió drásticamente la situación de los presos políticos en el penal de Rawson, tanto que las visitas de contacto fueron nuevamente autorizadas, la actitud de los guardiacárceles respecto de los presos se modificó notoriamente, mientras estos últimos recibían la visita de numerosos políticos y parlamentarios recientemente electos68.
5. Considerando y (re)considerando la masacre de Trelew
Cabe ahora, a la luz de lo expuesto, interrogarse sobre algunas cuestiones que plantea la masacre de Trelew. ¿Cómo entender los fusilamientos de dieciséis militantes pertenecientes a diferentes organizaciones armadas revolucionarias y que se encontraban recluidos en una base militar de la Marina luego de haber participado en un espectacular intento de fuga del penal donde se encontraban detenidos? Que, además, es necesario destacar, no tenían posibilidad de escapatoria y que su reclusión era públicamente conocida dado el impacto mediático que tuvo el suceso de la fuga. ¿Cómo explicar, aunque sea esbozando algunas consideraciones hipotéticas, dichos fusilamientos y la responsabilidad que les cupo en los hechos tanto a los ejecutores como a las autoridades militares que gobernaban en ese momento al país? ¿Qué singularidad reviste la denominada masacre de Trelew en el contexto político y social específico que se produjo y en relación a las medidas tendientes a reprimir la insurgencia armada y la radicalización política implementadas por el gobierno militar en ese entonces? ¿Es posible y corresponde establecer una ligazón entre la masacre de Trelew, la espiral represiva que se desarrolló posteriormente durante los gobiernos democráticos peronistas y la política de terrorismo de estado desplegada de modo generalizado y sistemático por las fuerzas militares a partir del 24 de marzo de 1976?
Ante todo hay que señalar que estos interrogantes remiten a dos cuestiones íntimamente relacionadas pero que no son idénticas, esto es: ¿quiénes fueron los responsables de los fusilamientos acontecidos en la BAAZ?; ¿y qué sentido tuvo la masacre de Trelew en el específico contexto histórico que se produjo?
En cuanto a los perpetradores de los fusilamientos, los mismos fueron individualizados inmediatamente por el propio testimonio de los sobrevivientes y su responsabilidad penal fue confirmada cuarenta años más tarde por dos sentencias dictadas en el marco del proceso judicial iniciado en 2006 y aún en curso. Dichas sentencias establecieron la inverosimilitud de que los oficiales de marina actuaran por iniciativa propia
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pudieron escaparse del penal al momento de la fuga. Tribunal Oral en lo Criminal de Comodoro Rivadavia, c
op. cít. m
68 Garaño, op. cít., 55; Chaves, op. cít., 206-209.
aunque no pudieron determinar en qué nivel se originó la cadena de mando que transmitió la orden de ejecución.69.
No obstante, sobre la autoría intelectual de los mismos solo cabe esbozar conjeturas. Resulta inverosímil, tal como establecieron las sentencias referidas, suponer que los ejecutores actuaron por móviles propios y sin ninguna orden emanada de mandos superiores, aunque esta fuera por el contenido crimonoso que comprendía transmitida por canales informales. En este punto, cabe preguntarse desde que alto partió la orden que dispuso la suerte de los militantes detenidos en la BAAZ. ¿Fue una decisión tomada por el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA a modo de escarmiento ante el osado intento de evasión por parte de las organizaciones armadas y la dificultad de efectivizar la extradición desde Chile de los dirigentes fugados? ¿Fue una determinación adoptada por el gobierno militar ante la presión ejercida por las propias FF.AA en el sentido de "vengar la afrenta" sufrida? ¿Fue, en cambio, la respuesta de sectores minoritarios de la Marina opuestos a la política "acuerdista" del elenco lanussista y que buscaron por medio de esa enérgica reacción sabotear la postura oficial tendiente a asegurar la transición hacia una apertura
democrática?70
Si bien las diferentes líneas interpretativas pueden guardar cada una cierto grado de verisimilitud, lo cierto es que el gobierno de Lanusse avaló y confirmó la versión de los hechos transmitida por las autoridades navales que sostenían la muerte de los militantes
71
alojados en la BAAZ a raíz de un nuevo intento de fuga protagonizado por aquellos . El temperamento oficial puede, a su vez, comprenderse tanto como una confirmación de la decisión adoptada por la propia autoridad gubernamental o como una postura de necesidad para estrechar las filas de las FF.AA neutralizando las tendencias divisionistas y asegurar de ese modo la transición planeada pese al descrédito que suscitaron los fusilamientos ante la opinión pública. En este punto, la cuestión totalmente hipotética a dilucidar sería si el gobierno cedió ante presiones de los sectores militares opuestos a su política o si tuvo que hacer frente a una situación de "hecho consumado" y avalar con el silencio y la complicidad los fusilamientos perpetrados por sectores de la Marina. Por las consideraciones que pasamos a efectuar, creemos que esta segunda opción es la más verosímil y que el gobierno de Lanusse enfrentando una difícil situación tuvo que asegurar
69 Tribunal Oral en lo Criminal de Comodoro Rivadavia, op. cít.; Cámara Federal de Casación Penal, op. cít.
70 Las posibles respuestas van desde considerar que fue o habría sido una decisión tomada desde el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA (Petralito, op. cít., 107-111; Grenat, op. cít., 20), la posición intermedia de insinuar la posibilidad de que los fusilamientos fueron la salida que el gobierno tomó ante las presiones por parte de las FF.AA entendiendo a la masacre como el armado incipiente de una nueva forma de reprimir la disidencia política (Roberto Pittaluga, "La memoria según Trelew", Sociohistórica. Cuadernos del CISH, 2006, 91-98) o que el gobierno de Lanusse actuó defensivamente y ante un hecho consumado que fuera protagonizado por sectores disconformes de la Marina con la política errática del GAN (Potash, op. cít., 354- CD 358; Cheren, op. cít., 91-93; De Amézola, op. cít., 112; Izaguirre, op. cít., 84-85). ("NJ
71 Lanusse aceptó con posterioridad la cuota de responsabilidad que se le quisiera asignar en los errores cometidos que llevaron al desenlace de la masacre pero rechazó cualquier intencionalidad de su parte y c respecto de la Marina ratificando de ese modo la versión "oficial" del intento de fuga previo. Alejandro ^ Agustín Lanusse, Mi testimonio, Buenos Aires, Lasserre, 1977, 296-299. ^
a cualquier precio el proceso de institucionalización que peligraba de caer en un fracaso absoluto.
Opinamos en ese sentido porque, en primer lugar, los fusilamientos en la BAAZ constituyeron un hecho de extrema singularidad al momento de producirse. Esto obedece tanto a sus características específicas como a las consecuencias que produjo. Si bien la tortura era una práctica de acreditado uso por las fuerzas policiales y por aquellos años ya se habían producido ciertos casos de una inédita represión anónima que nunca fue esclarecida por el estado manifestada en las primeras desapariciones de militantes políticos72, la muerte de dieciséis de los detenidos en la base aeronaval patagónica significó la aplicación nuevamente y en pleno Siglo XX del fusilamiento de civiles por causas políticas por medio de la aplicación de la denominada "ley de fuga".
La publicidad del hecho, dado el conocimiento público de la detención de los militantes en la BAAZ que ellos aseguraron con la toma y rendición en el aeropuerto de Trelew como un modo de evitar la muerte a manos de las fuerzas de seguridad resultó en este caso una circunstancia particularmente significativa. Sin embargo, no logró el efecto buscado por los militantes revolucionarios y el fusilamiento de los mismos terminó perpetrándose en la propia instalación militar donde se encontraban detenidos (lugar de detención que aquellos buscaron evitar a toda costa en las negociaciones previas a su rendición), una segunda circunstancia de particular relevancia.
En cuanto a las implicancias diplomáticas, políticas y penales que generaron los fusilamientos hemos ahondado profusamente al respecto. Cabe destacar que la fuerte repercusión negativa que tuvo el hecho en la opinión pública sirvió para desacreditar aún más a un gobierno militar que se encontraba en claro retroceso y encontraba difícil imprimirle un curso deseado al rumbo político del país. De hecho, el propio apelativo de "masacre" para denominar a los sucesos referidos fue imponiéndose progresivamente teniendo en cuenta la escasa credibilidad que gozaba en la opinión pública la "versión oficial" de aquellos73.
Como se desprende de nuestro análisis, la masacre de Trelew aconteció en un contexto peculiar, donde el gobierno de Lanusse se encontraba comprometido con el objetivo de asegurar una ya casi inexorable transición hacia una institucionalización democrática del país, pero al mismo tiempo enfrentaba una situación política muy deteriorada fruto de la creciente oposición civil y cierto descontento entre las propias filas castrenses. Los fusilamientos, sin duda, aumentaron el resquemor civil hacia las FF.AA en su conjunto sirviendo para consolidar aún más el proceso de institucionalización (aún en contra de los motivos que pudieron inspirar a sus probables perpetradores), aunque para entonces este ya se escapaba de las manos del propio gobierno y se desarrollaba bajo términos diferentes a los originariamente concebidos. A este respecto, hay que destacar que el gobierno al tiempo que intentó (infructuosamente) desplegar una política "acuerdista" con los actores políticos más relevantes por medio del GAN, también buscó enfrentar el q
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72 Izaguirre, op. cít., 86. La autora cuenta 5 desapariciones en 1970, 4 en 1971, 6 en 1972 y 4 de enero al 24 c de mayo de 1973. ^
73 Pittaluga, op. cít., 86, 100-101. Q.
accionar de las organizaciones armadas revolucionarias y la creciente ola de protesta social que se esparcía en el país por aquel entonces.
Con este último propósito, la apuesta más ambiciosa fue la creación de la Cámara Federal en lo Penal que estableció prácticamente un fuero exclusivo para el juzgamiento de delitos ligados a la "subversión". Sin dudas, el nuevo tribunal y su régimen judicial específico significaron una creación original del gobierno militar que no tenía sustento en el régimen jurídico existente, lo que lo hizo fuente de numerosas críticas respecto de su legalidad. Pero de ese modo, el gobierno buscaba legitimar por medio de la acción judicial, procesamientos realizados con mayor severidad y celeridad de lo que podía efectuar la justicia ordinaria. Esto vale la pena destacarlo, ya que la estrategia gubernamental en este punto no se compatibiliza con lo acontecido en la BAAZ habida cuenta de que los que colaboraron en el apoyo externo de la fuga y fueron posteriormente apresados fueron finalmente procesados por el tribunal referido como la gran mayoría de los militantes detenidos por aquel entonces. No obstante, también hay que volver a destacar que el funcionamiento de la Cámara Federal en lo Penal también entraba en tensión y en flagrante contradicción dado que acontecía al mismo tiempo que la tortura era ejercida en dependencias policiales y se producían las primeras desapariciones de militantes revolucionarios, sin que el estado por medio de ninguna de sus instancias haya individualizado a los perpetradores de ninguno de estos casos.
La agudización de la violencia y la represión estatal sobre el activismo político armado y no armado durante los años 1973-1976 colaboraron sin dudas para que el acontecer de aquellos años previos se diluya retrospectivamente habida cuenta de lo sucedido posteriormente, permaneciendo la masacre de Trelew en algunas visiones como un hito y al mismo tiempo mero antecedente de los "años de plomo" y de la represión feroz desatada por la dictadura militar instaurada en marzo de 197674. Pittaluga es quien siguiendo esa línea interpretativa, la fundamenta de manera más convincente al sostener que la masacre de Trelew prefigura las dos dimensiones que caracterizaron a la represión estatal durante la última dictadura militar: la superposición de funciones públicas formalmente admitidas en ciertos espacios con destinos cuasi-secretos para gestar el exterminio de personas y la imposibilidad de nombrar explícitamente y sin distorsiones lo que efectivamente aconteció75. Sin embargo, la superposición de esos dos elementos se combinó con el reconocimiento de las muertes por parte del gobierno (aunque los hechos que buscaron justificarla fueron burdamente falseados por medio del supuesto nuevo intento de fuga), la evidente improvisación que revistieron los asesinatos, la extrema singularidad del hecho y la negativa repercusión que tuvo en parte importante de la opinión pública. Y esto es importante porque la práctica represiva al ser analizada no debe escindirse, sino comprenderse en relación al contexto en donde se produce.
Sobre este último aspecto hay que destacar que la masacre de Trelew no es entendida exclusivamente en relación con el específico contexto político y social que acontecía en la segunda parte de 1972 en Argentina, sino que también suele ser pensada (V)
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74 Cheren, op.cít., XIV; Petralito, op. cít., 23; Izaguirre, op. cít., 85. ^
75 Pittaluga, op. cít., 103-110.
teniendo en consideración el devenir histórico de los inmediatos años posteriores. Si bien la cercanía temporal y la continuidad de los procesos históricos inducen a ello, la labor histórica debe precaver contra el riesgo de subsumir la consideración de la masacre de Trelew al mero hecho fundacional de la política de terrorismo de estado aplicada por los militares de modo sistemático y generalizado durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Si bien es cierto que ciertos trazos de continuidad pueden establecerse entre las décadas del '60 y '70 sobre ciertas prácticas y concepciones se venían gestando (como por ejemplo, la sanción de una normativa de excepción para contener las incipientes organizaciones armadas y la conflictividad político-social o la difusión en ámbitos castrenses de la doctrina de seguridad nacional tendiente a combatir a la insurgencia armada originada en la experiencia militar norteamericana y francesa en Vietnam y Argelia76), coincidimos plenamente con Franco en que nos parece mucho más fructífero considerar como esas configuraciones se fueron entrelazando y operaron en el cambiante escenario de aquellos años, posibilitando o no ciertas respuestas por parte del estado en cada momento determinado. Una perspectiva posible y deseable es considerar como en un lapso más largo de tiempo se pueden encontrar ciertos elementos comunes que dan cuenta de un cierto tratamiento estatal de la disidencia política y los movimientos contestatarios mediante medidas de excepción, aunque ello no implique ignorar la especificidad histórica de las respuestas estatales concretas y explicar el proceso como un mero camino de acumulación que alcanza su apogeo a partir del 24 de marzo de 197677.
Los sucesos de Trelew cobran significancia en el marco de crisis terminal de la dictadura instaurada en 1966, que a partir de 1969 entra en un proceso de acelerada descomposición. Expresión de la unidad de acción por parte de los militantes presos de las principales organizaciones armadas revolucionarias, el plan de fuga del penal de Rawson ya marca divergencias entre Montoneros, por un lado, y las FAR y el PRT-ERP, por el otro, respecto a la oportunidad o no de llevarlo a cabo teniendo en cuenta el proceso de apertura política que ya se encamina inexorablemente hacia la celebración de elecciones. En este punto, el proceso de institucionalización encarado por el gobierno constituyó un intento de recomponer el poder estatal y el orden social por medio de la reincorporación del peronismo al juego político luego de 18 años de proscripción78. Es por ello que la masacre de Trelew acontece en un "cierre de ciclo" signado por el fin de la Revolución Argentina y la reinstitucionalización democrática. A partir de mayo de 1973 se inicia otra etapa en la cual las instituciones democráticas recobradas van a convivir de modo conflictivo con la actuación de unas organizaciones armadas revolucionarias ya consolidadas dando inicio a un proceso de agudización de la violencia que luego de la muerte de Perón y la aguda crisis
76 Diego Cano, "La insurgencia en la doctrina francesa, norteamericana y argentina", En Lucha Armada, ("N
2014, 124-143. 00
77
Franco, op. cít. ("N
78 En este punto coincidimos con lo sostenido por Sartelli, aunque no compartamos algunas de las c
categorizaciones que emplea en su análisis. Eduardo Sartelli, "Justicia no, socialismo. Trelew, entre los ^
derechos humanos y la política revolucionaria", Sartelli, Grenat y López Rodríguez, op. cít., 29-43. ^
política y económica del peronismo en el gobierno, condujeron al período más trágico de la historia argentina que se inicia con el golpe de estado militar de 1976.
Por todo lo expuesto es que sostenemos que la masacre de Trelew constituye un suceso de peculiar relevancia histórica que al haber acontecido en un contexto político específico de eminente carácter transicional reviste una significativa dificultad interpretativa. Ello obedece a varias cuestiones. Su ubicación en un contexto marcado por el ocaso de una dictadura saliente y el tránsito de un proceso de institucionalización democrática, la interrelación de procesos de largo alcance con respuestas, silencios y complicidades coyunturales, la incertidumbre que dichas circunstancias imprimieron a los cursos de acción seguidos por los diferentes actores políticos y sociales que interactuaban en él período, la reivindicación y denuncia militante del acontecimiento de la masacre y la densidad represiva que se desplegó en el devenir inmediatamente posterior tienden a complicar su análisis e impedir un abordaje que dé cuenta lo más acabadamente posible del contexto en que se produjo para así poder dar una explicación cabal del mismo, cuestión que fue el principal objetivo de este artículo.
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Fuentes documentales
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Fuentes electrónicas
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■ Página web El topo blindado (www.eltopoblindado.com).
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Fuentes audiovisuales
■ Entrevista del autor a Jorge Omar Lewinger, 19/11/2012, 27/11/2012.
■ Entrevista del autor a Celedonio Carrizo, 2/08/2017.
■ Película Ni olvido ni perdón (1973), del director Raymundo Gleyzer.
■ Película Trelew, la fuga que fue masacre (2004), de la directora Mariana Arruti.
■ Transmisión radial de la conferencia de prensa brindada por el Presidente Alejandro Agustín Lanusse con motivo de su visita al Presidente chileno Salvador Allende en Antofagasta, Chile, 16/10/1971 - Programa de Archivo de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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