Los trabajadores de la finca Monte Grande (Tucumán, Argentina). De la reconversión productiva al genocidio (1966-1976) Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»

51, septiembre 2022: 1-26

Los trabajadores de la finca Monte Grande (Tucumán, Argentina). De la reconversión productiva al genocidio (1966-1976)

The workers of the Monte Grande farm (Tucumán, Argentina). From productive reconversion

to genocide (1966-1976)

Ana Sofía Jemio*

Resumen: En febrero de 1975, en una pequeña provincia del norte argentino llamada Tucumán se lanzó una operación militar que constituyó el comienzo del genocidio en el país. Uno de los tantos puntos donde esto ocurrió fue la finca de limones Monte Grande, un fundo del que fueron secuestrados 25 trabajadores y en el que funcionó un Centro Clandestino de Detención. Tomando como punto de partida estos hechos, el artículo se propone reconstruir la historia de ese territorio, caracterizando el entramado social del que esas víctimas formaban parte, el proceso histórico por el cual ese entramado llegó a constituirse y las políticas utilizadas para atacarlo.

Palabras clave: Argentina, clase trabajadora, genocidio, 1970

Abstract: In February 1975, in a small province in northern Argentina called Tucumán, a military operation was launched that marked the beginning of the genocide in the country. One of the many points where this happened was the Monte Grande lemon farm, a farm from which 25 workers were kidnapped and in which a Clandestine Detention Center operated. Taking these facts as a starting point, the article proposes to reconstruct the history of that territory, characterizing the social fabric of which these victims were part, the historical process by which that fabric came to be, and the policies used to attack it.

Key Word: Argentine, working class, genocide, 1970

Recibido: 29 marzo 2022 Aceptado: 7 junio 2022

Argentina. Doctora en Ciencias Sociales y Licenciada en Sociología, ambas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSOC UBA). Realiza el programa de posdoctorado de FSOC UBA con estancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio (Universidad Nacional Tres de Febrero, UNTREF) y del Observatorio de Crímenes de Estado (UBA). Docente de posgrado en la UNTREF y de grado en la UBA. Obtuvo beca doctoral y posdoctoral de CONICET. Este escrito se desarrolló en el marco del Proyecto PDTS 0527 / PIADT 80020200100010TF (2021-2022) "Estudio sobre las víctimas del genocidio en Tucumán para promover la recuperación de identidades e historias locales en el Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá", financiado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y ejecutado por el Centro de Estudios sobre Genocidio bajo mi dirección. ajemio@unteef.edu.ar

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Introducción

Este artículo forma parte de una investigación de largo aliento sobre las formas de la violencia estatal desplegada entre febrero de 1975 y marzo de 1976 en Tucumán, una pequeña provincia del norte argentino. Durante ese período, las fuerzas armadas y de seguridad instalaron en la provincia al menos 60 espacios de detención clandestina, por los que pasaron alrededor de 800 personas en condición de detenidas desaparecidas. Este despliegue fue avalado por un decreto secreto del gobierno constitucional presidido entonces por María Estela Martínez de Perón.

Aquel acontecimiento, conocido luego como Operativo Independencia, fue publicitado como una iniciativa antiguerrillera. En efecto, y aunque no se limitó a esa zona, la represión y el asentamiento de tropas fue más intenso en el sur tucumano donde se había instalado desde 1974 la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Este escrito tiene como punto de partida la historia de un grupo de víctimas de la finca Monte Grande, un fundo ubicado precisamente en esa zona, a 36 km. al sur de la capital tucumana. En esas tierras, del Ingenio Mercedes primero y de la Citrícola San Miguel después, vivían aproximadamente 2.300 personas, 25 de las cuales fueron secuestradas entre 1975 y 1976. Solo 1 de ellas fue asesinada: todas las demás fueron liberadas después de pasar por campos de concentración y, en algunos casos, largos años por las cárceles. La mayoría de los secuestrados fue a parar al Centro Clandestino de Detención que montó el Ejército en un predio donde funcionaba la administración de la Citrícola.

En una primera etapa, esta investigación ha tenido como hipótesis general que el Operativo Independencia constituyó la fase inicial del genocidio en Argentina. Para sustentarla, se trabajó en la reconstrucción histórica de los multiformes mecanismos a partir de los cuales se había desplegado esa violencia estatal: los tiempos, espacios y técnicas aplicadas para la persecución de personas, los mecanismos de control poblacional, las campañas de acciones cívicas, entre otras.1

Esto se hizo a partir de una perspectiva teórica específica: los estudios sobre genocidio.2 Tal como lo desarrolló en 1943 Rafael Lemkin3 y lo reformuló Daniel Feierstein,4 el concepto sociológico de genocidio tiene como elemento distintivo situar a la violencia estatal y al exterminio como parte de una estrategia más amplia de dominación. Porque la esencia del genocidio no está necesariamente en las muertes que produce sino en lo que se propone con ellas: transformar y someter a quienes quedan vivos.

El creador del concepto, el jurista polaco Lemkin, puso en el centro de su definición el uso de la violencia como forma de destrucción/transformación de grupos. Así, definió al genocidio como:

un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos de ciudadanos, con el propósito de aniquilar a los grupos mismos. Los objetivos de un plan semejante serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, del lenguaje, de los sentimientos de patriotismo, de la religión y de la existencia económica de grupos nacionales y la

1 Los resultados de esta primera etapa de investigación han sido plasmados en mi tesis doctoral y publicados en el libro Ana Sofía Jemio, Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comiendo del genocidio (Buenos Aires: Prometeo, 2021).

2 Para un recorrido sobre la conformación del campo de estudios sobre genocidio y su articulación con las producciones académicas en Argentina, ver Silveyra «Disputas de sentido sobre el proceso genocida argentino en las sentencias judiciales (2006-2019)» (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2022).

3 El dominio del Eje en la Europa ocupada (Buenos Aires: Prometeo y EDUNTREF, 2009).

4 El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007).

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destrucción de la seguridad, libertad, salud y dignidad personales e incluso de las vidas de los individuos que pertenecen a dichos grupos.5

El aniquilamiento adquiere aquí un carácter de medio para la destrucción y la transformación porque todo genocidio se compone de dos fases: "una, la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido; la otra, la imposición de la identidad nacional del opresor".6

Si en una primera etapa la investigación se centró en cómo se había producido aquella destrucción, en esta nueva fase se indaga sobre qué fue aquello que el genocidio se propuso destruir. Desde una perspectiva marxista, la afirmación de Lemkin según la cual el genocidio ataca las bases esenciales de la vida de un grupo puede leerse como el proceso por el cual se destruyen y transforman los modos de producir y reproducir la vida de un grupo, así como las formas culturales y espirituales que resultan de ello.7

Esta perspectiva teórica es afín con aquellos trabajos que sostienen que la dictadura genocida desplegada en Argentina implicó un amplio proceso de reestructuración social que se propuso modificar el patrón de acumulación que existía hasta entonces —la industrialización por sustitución de importaciones— alterando con ello de un modo duradero la composición de las clases subalternas. Para ello, debió destruir los procesos organizativos que había desarrollado el campo popular y los proyectos políticos que allí se habían gestado. Pero, además, buscó transformar de modo duradero ciertos valores, sentimientos, percepciones y pautas culturales que estaban en la base de los procesos de definición e identificación cultural, política y social de los sujetos. En otras palabras, buscó transformar las condiciones que hacían posible la existencia de aquellas organizaciones y proyectos políticos.8

Con esta perspectiva como norte, en la etapa actual de la investigación se ha optado por desarrollar estudios de caso sobre grupos de víctimas de la clase trabajadora, sobre los cuales se busca reconstruir y caracterizar: a) el entramado productivo en el que se ubicaban y los vínculos que permitió forjar con otros núcleos obreros; b) la trama comunitaria de la que las víctimas formaban parte, c) la organización sindical y política en esos espacios de trabajo y los vínculos que se forjaron con otros ámbitos sociales, y d) la trama represiva de la cual resultó ese grupo de víctimas. Esta perspectiva teórico metodológica toma como punto de partida un conjunto determinado de víctimas, pero el objeto de análisis no es el grupo en sí, sino el entramado social del que ellas formaban parte, el proceso histórico por el cual ese entramado llegó a constituirse y las políticas utilizadas para atacarlo.9

5 Lemkin, El dominio del Eje en la Europa ocupada, 153.

6 Ibíd, 154.

7 Para ampliar sobre la comprensión del concepto genocidio desde una perspectiva marxista, ver Silveyra «Aproximaciones al concepto de genocidio desde una perspectiva marxista. Aportes para comprender el caso argentino.», Conflicto Social. Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social,, 2018.

8 Existe una amplia producción sobre estos tópicos desde las ciencias sociales y el campo historiográfico. Solo mencionaré aquí algunos trabajos clásicos que constituyen las piedras basales de esta perspectiva de abordaje del período: Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo, y Miguel Khavisse, El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80 (Buenos Aires: Editorial Legasa, 1986); Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista Argentino. Quince años después, una mirada crítica (Buenos Aires: EUDEBA, 1999); Guillermo O'Donnell, El Estado burocrático autoritario: triunfos, derrotas y crisis, 2a ed (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1996); Juan Carlos Portantiero, «Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973», Revista Mexicana de Sociología 39, n°. 2 (1977): 531-65, http://dx.doi.org/10.2307/3539776; Pablo A. Pozzi, «Argentina 1976-1983: la oposición obrera a la dictadura en la memoria de cinco trabajadores», Revista Paginas 6, n°. 11 (25 de septiembre de 2014): 7-26; Juan Villarreal, «Los hilos sociales del poder», en Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio social (1976-1983), ed. por Eduardo Jozami, Pedro Paz, y Juan Villarreal (Buenos Aires: Siglo XXI, 1985).

9 Este enfoque tiene fuertes puntos de articulación con una serie de trabajos coordinados por Victoria Basualdo que investigan la responsabilidad empresarial en la represión a grupos de trabajadores durante la década del setenta. Comparte con ellos el punto de partida del análisis (un determinado grupo de víctimas de crímenes de Estado) y algunas de las principales dimensiones de análisis: los procesos organizativos y la conflictiva relación capital—trabajo que precedió al proceso represivo,

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Este artículo —que presenta los avances en el caso de estudio de los trabajadores de la finca Monte Grande— está organizado en tres grandes secciones. En la primera —compuesta por cuatro apartados—, se indaga en el proceso de reconversión productiva que atravesó esa finca y el derrotero de sus trabajadores en él, inscribiendo esta historia en uno de los acontecimientos que marcó la historia de Tucumán: el cierre de 11 de los 27 ingenios producido durante la dictadura militar que comenzó en 1966. Para esta reconstrucción —que se apoya en los trabajos históricos ya existentes sobre el período— se hizo un uso combinado de fuentes hemerográficas (diario tucumano La Gaceta y prensa partidaria de la época), censales, legislativas, e información obrante en una serie de informes técnicos de la época producidos por el Consejo Federal de Inversiones.

La segunda parte de este escrito —compuesta por dos apartados— indaga en los procesos organizativos de los trabajadores a partir de enfoques complementarios, que implican un uso diferencial de las fuentes.

Por un lado, apelando a la historia oral como vía privilegiada para acceder a los procesos subjetivos de la clase obrera,10 se trabaja con la historia de vida de Tutú, quien fue obrero de Monte Grande. En su relato y sus recorridos de vida, se identifican ciertas experiencias y sentidos que se fueron forjando a lo largo de la historia de ese territorio con el objetivo de aprehender algunos trazos de una politicidad cotidiana, que no necesariamente se expresa en vinculaciones organizativas o programas políticos formales.

Por otro lado, este tipo de abordaje se complementa con la reconstrucción de la historia de organización de los trabajadores de la Citrícola San Miguel y el rol que en ella tuvo la experiencia gremial de los trabajadores azucareros. Para ello se trabajó centralmente con fuentes hemerográficas (diario tucumano La Gaceta y prensa partidaria de la época), que fueron complementadas y trianguladas con fuentes orales.

La tercera y última parte de este artículo caracteriza las políticas represivas implementadas en Monte Grande para lo cual se recurrió a documentación obrante en la causa Operativo Independencia I y a la base de datos de víctimas sobre crímenes de Estado construida y actualizada por el Observatorio de Crímenes de Estado (Universidad de Buenos Aires) y el Centro de Estudios sobre Genocidio (Universidad de Tres de Febrero).11

Lo que se presenta a continuación es, en definitiva, la historia de un territorio, Monte Grande, que no es solo un pedazo de tierra, sino también sus plantaciones, la actividad humana que las produce, las relaciones que organizan esa actividad humana, los esfuerzos de esas gentes por forjarse un destino digno y los intentos por ahogar esos esfuerzos de manera duradera.

así como las formas que asumió esa represión. Estos procesos son abordados desde perspectivas complementarias: mientras que aquellos trabajos enfatizan en cómo se configuró la responsabilidad empresarial, en este escrito la pregunta central gira en torno a las características del entramado social del que las víctimas formaban parte, el proceso histórico por el cual ese entramado llegó a constituirse y las políticas utilizadas para atacarlo. Se puede consultar los trabajos en Victoria Basualdo [et al.], Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, 2 vols. (Buenos Aires: Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, Centro de Estudios Legales y Sociales y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2016). En esta obra fueron objeto de estudio las víctimas de dos unidades productivas emplazadas en la misma zona de la finca Monte Grande: el ingenio azucarero Fronterita y la fábrica textil GRAFANOR.

10 Alejandra Pisani, «La clase obrera azucarera tucumana. Aproximaciones teórico metodológicas para el estudio de su relación con el PRT-ERP entre 1966 y 1975», Historia, Voces y Memoria 9 (2016): 11—27; Pablo Pozzi, «¡Usted es comunista!» Estudios sobre clase, culturay política en la Argentina contemporánea (Buenos Aires: Prometeo, 2021).

11 La base de datos registra 1508 víctimas de crímenes de Estado en Tucumán entre 1974 y 1983, que incluyen personas liberadas, asesinadas y desaparecidas. Fue construida bajo mi coordinación en el marco de distintos proyectos colectivos en convenio con la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán, se actualiza periódicamente y utiliza como base la documentación judicial producida en el marco de las causas por crímenes de Estado que se sustancian en Tucumán. Para más información, ver Jemio, Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comienzo del genocidio, 252-255.

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Cuando todo era ingenio

Antes de ser una de las 12 fincas azúcar que, una vez molida.

Casi 16 kilómetros había entre la finca Monte Grande y la planta industrial del ingenio, que no era un solo edificio/fábrica sino un verdadero complejo. Según los registros de la época, ocupaba 44 hectáreas en las que se distribuían la fábrica, la refinería, la destilería, la usina generadora de energía motriz y luz, los depósitos, talleres, canchones, cargaderos y ramales ferroviarios. Además, había allí construcciones para la administración, la proveeduría y las casas del personal.13

En sus orígenes, el Ingenio Mercedes perteneció a la firma Padilla Hermanos —devenida luego Sociedad Anónima Compañía Azucarera Mercedes— y en la década de los sesentas pasó a manos de otro consorcio familiar muy poderoso: fue comprada por Herminio Arrieta, que en ese entonces era presidente de Ledesma SA.

Bajo la nueva firma, el ingenio incorporó trapiches y maquinaria nueva, que hicieron pasar su capacidad de molienda de 2.500 a 8 mil toneladas por día.14 A diferencia de muchos de los ingenios tucumanos, y en semejanza con lo que ocurría en la fábrica de sus nuevos dueños jujeños, la mayor parte de la caña que molía el Mercedes venía de sus propias tierras. Para 1964, ocupaba el primer puesto de los ingenios tucumanos con producción de caña propia: cultivaba el 73,7% de lo que molía.15

La finca Monte Grande era uno de los lotes donde eso sucedía. El Mercedes tenía allí una colonia, en la que vivían los trabajadores que se dedicaban a la tarea agrícola. Durante el año, vivían allí los obreros del surco que trabajaban en forma estable en la caña. Recibían sus casas del ingenio y cuando se jubilaban, tenían que desalojar los predios. Para la época de zafra, la población aumentaba considerablemente porque llegaban los trabajadores golondrinas. A Monte Grande llegaban, particularmente, de Santa María, Catamarca.

En ese pequeño poblado de unos 2.300 habitantes16 había almacén, cancha de fútbol, se hacían bailes y ferias donde llegaban vendedores de distintos lugares. Había, también, una escuela primaria — que hoy sigue funcionando— y un consultorio externo del Hospital del Ingenio Mercedes.

Gran parte de las casas de la colonia se ubicaba entre la entrada de la finca —donde funcionaba la administración del fundo— y el comienzo del cerro, a la vera de un camino de unos 3 kilómetros que atravesaba la finca de este a oeste. A mitad de ese camino estaba el cargadero. Los trabajadores llevaban allí sus carradas con caña, que eran pesadas y acomodadas en los vehículos que sacarían la materia prima desde allí hasta la fábrica donde la molían. Como la paga dependía del peso de la caña cosechada, en ese cargadero sucedía una buena parte de las disputas entre los obreros del surco y la patronal. En efecto, de esa colonia saldría, en 1954, uno de los secretarios generales del Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio Mercedes: Juan de la Cruz Olmos.

una de las plantaciones de limones más importantes del país, Monte Grande era que tenía el Ingenio Mercedes.12 En esas 15.487 hectáreas se plantaba caña de cosechada, era trasladada por vías férreas hasta la planta industrial, donde era

12 Tucumán contaba, entonces, con 27 ingenios, 17 de los cuales estaban ubicados al sur de la provincia, a la vera de la ruta 38. El Ingenio Mercedes estaba ubicado en el entonces departamento Famaillá, junto con los ingenios San Pablo, Bella Vista, Fronterita y Nueva Baviera.

13 María Cecilia Guerra Orozco, Historia del Municipio de Lules. Informe final (Consejo Federal de Inversiones, 2017), 106.

14 Romain Gaignard, «Una especulación tropical en crisis: las plantaciones de caña de azúcar en Tucumán (Argentina)», Travesía

13 (2011): 198.

15 Ibíd, 212.

16 Monte Grande no figura como localidad en los censos de la época. Se toma como fuente La Gaceta, 11 de noviembre de 1968, p. 6.

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Juan se había iniciado al trabajo como obrista, tarea que ejercía su padre y que consistía en el traslado de la caña desde las fincas hasta la fábrica. En su rol de dirigente gremial y militante peronista, formó parte de la resistencia peronista, primero, y de los intentos de recuperación del sindicato y presentación a elecciones después. En 1962, cuando el ingenio ya había sido comprado por Arrieta, Olmos fue cesanteado y 3 años después consiguió trabajo en la Municipalidad de Famaillá, a pocos kilómetros de su Monte Grande natal.17

Allí condujo la organización del sindicato de obreros municipales, que se constituyó en un espacio de articulación con corrientes del peronismo que, en esos primeros años sesentas, comenzaban a radicalizar sus propuestas en convergencia con el socialismo 18. Monte Grande no estuvo fuera de la órbita de aquel núcleo, probablemente porque la pertenencia de Juan a ese lugar estaba hecha de vínculos y tradiciones que ni la desocupación ni la mudanza alcanzaron a romper.

Juan Carlos Romano, sobrino de Olmos, también obrero de la municipalidad y activista del sindicato cuenta:

En el caso mío, yo empecé desde los dieciocho años, diecisiete años en esta Juventud Peronista. En ese tiempo estábamos conectados con los estudiantes de la universidad. Sabíamos ir hacia el campo, Padilla, Monte Grande, así, cerca del cerro, a visitar a la gente que estaba aislada de aquí del pueblo [de Famaillá]. Nos reuníamos, casi todos los días sabíamos ir a hablar con la gente. (...) De ahí, hemos organizado con toda la gente un sólo casamiento de todos los viejitos, para los ancianos que no eran casados. Y así hacíamos. Por ejemplo, a los chicos que no estaban bautizados, los hacíamos bautizar. (...) Eran tiempos que estaban todavía los militares. Ha sido en el 67, 68 (...) Y así, por varias partes hemos ido recorriendo. A los que no tenían terminada la primaria, nosotros íbamos -venían los estudiantes de la universidad- yo y todos les sabíamos enseñar. Después lo llevábamos a Tucumán para que rindan y ahí le sacábamos nosotros los papeles de que había terminado la escuela primaria. Como teníamos mucha colaboración con la gente, nos han apoyado mucho. También sabíamos hacer fiestas con los mismos estudiantes que venían, algunos tocaban guitarra, otros cantaban y así la organizábamos a la gente. Por ejemplo, si había alguno que sepa cantar, lo hacíamos cantar. Era muy lindo en ese tiempo, pero andábamos medio en escondidas en ese tiempo.19

Para esa época, la debacle ya había sucedido: el Mercedes y otros 10 ingenios más habían cerrado, miles de tucumanos habían quedado desempleados y, con sus familias, quedaron sumidos en la pobreza más honda. Pero nada de esto ocurrió sin resistencias.

Los primeros indicios de que se avecinaban épocas duras llegaron en 1965. Ese año ocurrieron dos cosas importantes. La primera, fue una crisis de sobreproducción relativa de azúcar, que dejó ingentes cantidades de azúcar sin vender.20 La más determinante fue, quizás, la segunda: una pulseada durísima entre los trabajadores y sus patrones, y entre los trabajadores y el Estado en la cual habría de definirse quién y cómo pagaría los costos de la crisis.

17 Estrella Roja, N° 46, lunes 23 de diciembre de 1974, p. 17.

18 Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán GIGET, «Vidas y Luchas. Homenaje a Juan de la Cruz Olmos», 2006.

19 Juan Carlos Romano, entrevista por GIGET, marzo de 2006, Archivo Testimonial sobre el Operativo Independencia y la Dictadura Militar en Famaillá, Tucumán (1975-1983). Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGET). Disponible en Centro de Estudios sobre Genocidio, Universidad Nacional de Tres de Febrero.

20 Silvia Gabriela Nassif, «Ni trabajo ni diversificación agro-industrial. El impacto del cierre de los ingenios tucumanos durante la dictadura de la "Revolución Argentina" (1966-1973)», Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios 43 (2015): 93—124.

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En ese contexto, el Ingenio Mercedes (como muchos otros en la provincia) dejó de pagar el salario a sus obreros, quienes respondieron con la ocupación de la fábrica a comienzos de 1966. Con vagonetas y carros cañeros, bloquearon los portones de ingreso a la fábrica y adentro retuvieron al jefe de personal y secretario de la administración. Afuera se instaló una olla popular y durante más de 20 días sostuvieron la medida de fuerza.21

El 5 de febrero se logró un acuerdo que fue incumplido por la firma, motivando una nueva toma del ingenio en julio de 1966. Esta medida tuvo el apoyo de otros sindicatos azucareros y de la Federación Universitaria del Norte. Nassif destaca el carácter democrático de la organización y toma de decisiones durante este conflicto: tanto las propuestas que llevaban los dirigentes a la patronal como las contraofertas hechas por la empresa debían ser aprobadas por la asamblea de trabajadores.22

El nuevo acuerdo —que contemplaba fechas y montos de los pagos atrasados— llegó a principios de agosto de 1966, pero no trajo calma. Ese mismo mes, el gobierno anunció la intervención y cierre de 7 ingenios azucareros.23 El Mercedes no estaba incluido en ese decreto, pero en noviembre comenzó el rumor de un inminente cierre. No había motivo a la vista para tal cosa: hacía muy poco habían modernizado la planta, incrementando notablemente su capacidad de molienda. Y había sido, además, objeto de un favoritismo estatal bordeando lo escandaloso: mientras todos los ingenios tucumanos vieron reducido el cupo de caña que podían moler, el del Ingenio Mercedes aumentó.

Pero los planes de los Arrieta eran otros: con el rancho incendiado, se propusieron levantar maquinaria y cupo azucarero y trasladarlo a Jujuy, su centro de operaciones. Los cálculos económicos y políticos los hicieron ir a navegar a un lugar que conocían y controlaban mejor.

El 1° de febrero de 1967 la empresa envió un preaviso de despido a 1700 obreros y empleados y bloqueó el ingreso a la planta con un destacamento de la policía.24 Pero nadie estaba dispuesto a aceptar sin más el despido: se reunieron en asamblea permanente, rechazaron el preaviso, recibieron el apoyo de trabajadores de otros ingenios y presentaron un petitorio ante el gobierno.25

Días después, la Subsecretaría de Trabajo intimó a la empresa a reincorporar de manera inmediata a todos los trabajadores. Para ello se valió de uno de los triunfos que había conseguido la clase obrera azucarera a fines de 1965: la Ley N.° 16.880 de Emergencia Azucarera que prohibía el despido sin causa de trabajadores permanentes de la industria azucarera.26 Además, multó a la firma

21 Silvia Gabriela Nassif, «Las luchas obreras tucumanas durante la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973)» (Tesis para obtener el título de Doctora en Historia, Universidad de Buenos Aires, 2014), 217—18.

22 Ibíd, 241.

23 Las dos obras de referencia para comprender el cierre de ingenios en la provincia son las de Roberto Pucci Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán 1966 (Buenos Aires: Ediciones del Pago Chico, 2007) y Silvia Nassif Tucumán en llamas: el cierre de ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973) (Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 2016). Para otros trabajos que analizan algunas consecuencias del cierre de ingenios en la provincia, ver: Emilio Crenzel, El tucumana^o (Tucumán: Centro Editor de América Latina, 1991); Miguel Murmis y Carlos Waisman, «Monoproducción Agroindustrial, crisis y clase obrera. La industria azucarera tucumana», Revista Latinoamericana de Sociología 5, n°. 2 (1969): 344—83; Ariel Osatinsky, «Las transformaciones económicas y el deterioro social de Tucumán en los años de Onganía», en Actas del XII Encuentro de cátedras de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas (presentado en XII Encuentro de cátedras de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas, Jujuy: UNJU, 2006); Pablo Paolasso y Ariel Osatinsky, «Las transformaciones económicas y sociales de Tucumán en la década de 1960», en Actas del VIII Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix y I Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales (presentado en VIII Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix y I Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales, Entre Ríos: UNER, 2007).

24 La Gaceta, 2 de febrero de 1967, p. 5.

25 Nassif, «Las luchas obreras tucumanas durante la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973)», 330.

26 La Gaceta, 4 de febrero de 1967, p. 9.

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porque los trabajadores denunciaron que les habían cortado el agua en Monte Grande y habían interrumpido todos los servicios de asistencia en la fábrica y fincas.27

La empresa desconoció la intimación y ratificó su decisión de cerrar, no sin antes hacer una última propuesta con olor a maniobra. Le propuso al gobierno que comprara sus tierras y las repartiera entre los obreros de la firma para la producción de legumbres. Con lo obtenido, la empresa reconvertiría el ingenio en una planta deshidratadora de legumbres. El Estado rechazó la oferta y los trabajadores respondieron que era imprescindible que se le garanticen los salarios hasta tanto ocurra cualquier reconversión.28

El plan no prosperó, la compañía Ledesma pagó a ex trabajadores del Ingenio Mercedes para que desarmen pieza a pieza la moderna maquinaria que hacía no tanto se había instalado en la fábrica. Los camiones que había mandado la compañía jujeña a Tucumán se fueron llevando las máquinas. Con ellas, se fueron también las esperanzas de sostener un mundo conocido, hecho de ciertas certezas.

Después del azúcar, ¿qué?

La pulseada inicial de los trabajadores del Ingenio Mercedes —y de los obreros azucareros en general— se había perdido: la planta cerró y con esa medida quedaron sin sustento al menos 1700 obreros y sus familias. ¿Qué caminos tomaron frente a la debacle?

Antes de describir algunos de ellos, es pertinente reproducir las palabras que la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) escribió en 1963, tres años antes de la debacle, pero en un contexto que ya venía siendo crítico. Con tono casi profético, la Federación advertía que el proceso de mecanización de la agroindustria que estaba en curso desde hacía varios años se desarrollaba en unas relaciones de propiedad tales que llevaban indefectiblemente a la desocupación y la pauperización de la clase trabajadora.29 Concluía que este proceso no haría sino avanzar, transformándose en un problema frente al cual los trabajadores se habrían de enfrentar tarde o temprano:

La advertencia se hace para que todos los compañeros miren de frente a la tormenta que se nos viene y juntos busquemos y hallemos el refugio, aunque tengamos que forjarlo con nuestra propia acción. El desconocimiento, la pasividad y la ignorancia del problema permitirá que nos tome de sorpresa y luego cuando nos alcance no nos quede sino el instintivo intento del "sálvese quien pueda". Muchos compañeros confían que si el patrón ha de echar gente, ellos quedarán para el último o que los guarden de recuerdo. Por este camino se sustraen a su organización gremial, la desconocen, critican y hasta la atacan, cuando no intentan quebrarla, rompiendo con cualquier pretexto su unidad.30

El be or not to be que planteaba la FOTIA era individualismo u organización, dos modos de enfrentar la crisis. Un individualismo que puede leerse no en un sentido moral, sino como pauta de

27 La Gaceta, 17 de febrero de 1967, p. 5.

28 La Gaceta, 17 de febrero de 1967, p. 5 y 23 de febrero de 1967, p. 7.

29 Para un análisis de este folleto, ver Jemio «"FOTIA, sus sindicatos y afiliados". Una aproximación a los marcos discursivos y propuestas programáticas de la clase obrera azucarera tucumana en 1963» (presentado en III Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos "Movimientos Sociales, Estados y Partidos Políticos en América Latina: (re)configuraciones institucionales, experiencias de organización y resistencia", Mendoza: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, 2012), 31.

30 Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera FOTIA, «FOTIA, sus sindicatos y afiliados», 1963, 10, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CEDINCI).

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acción que comporta distintos niveles de conciencia: desde el que solo espera salvarse hasta el que trabaja activamente para minar la organización y la unidad de los trabajadores.

Aun cuando aquel mensaje fue profético, no había cómo prever que la crisis que se avecinaba tenía la modalidad del shock: efectos devastadores en un período acotado de tiempo. Según calculan los especialistas en la temática, con el cierre de los 11 ingenios se perdieron entre 40 y 50 mil puestos de trabajo. Esto generó una honda crisis económica, social y política, cuyos efectos marcaron por décadas el destino de toda la provincia y su población.31

Uno de los aspectos más críticos de aquel contexto fue, naturalmente, la destrucción de puestos de trabajo, que afectó no sólo a la agroindustria sino a todas las actividades económicas que directa o indirectamente dependían de ella. Tucumán presentó los índices de desocupación más altos del país que no fueron aún más escandalosos porque aproximadamente 1 de cada 4 tucumanos se fue de la provincia en busca de sustento.

¿Qué hicieron los que se quedaron? Forjaron con su propia acción distintos refugios para la tormenta. Porque las salidas que hubo fueron el resultado mediato o inmediato de la capacidad de organización y presión de los trabajadores: primero para conseguirlas, luego para exigir su cumplimiento, y más tarde para mejorar sus condiciones.

Comencemos con las salidas planteadas por el gobierno y que pueden considerarse un producto mediato de la organización obrera, en la medida que tuvieron como fin estratégico contener la conflictividad social que una crisis de tal dimensión no solo amenazaba generar, sino que ya estaba generando.

El plan oficial prometía diversificar la estructura económica provincial y absorber, así, la mano de obra desplazada por el cierre de los ingenios. Para encarar esta tarea creó el llamado Comité Operación Tucumán,32 entidad encargada de implementar el llamado Plan de Transformación Agroindustrial de la Provincia de Tucumán.33 Este plan preveía una serie de incentivos para lograr el desarrollo y diversificación de actividades agrícolas e industriales. Como la creación de empleo por estas vías seguiría un ritmo ajeno a las urgencias de la desocupación tucumana, se creó de manera complementaria un Régimen de Trabajos Transitorios que consistía, básicamente, en distintas formas de subsidios o empleos estatales precarios.34

31 Para bibliografía ampliatoria, ver nota 3.

32 El COT se creó mediante el Decreto-Ley N° 17.010, aprobado el 10 de noviembre de 1966. Debía planificar y ejecutar medidas que alivien la emergencia económica de la provincia a través del desarrollo agroindustrial. Esta normativa fue modificada por la Ley N° 18.202, aprobada el 9 de mayo de 1969, que ampliaba los beneficios previstos para las actividades económicas que se instalen en la provincia o amplíen las existentes.

33 El Plan fue un verdadero fracaso si se lo mide por su objetivo central: generar trabajo. Solo la emigración masiva de tucumanos y la recuperación de la actividad azucarera en los primeros setentas permitieron que los niveles de desocupación en la provincia comenzaran a mejorar, aunque siguieron siendo más altos que a nivel nacional.

34 El derrotero del Régimen de Trabajo Transitorio muestra la eficacia de la organización de los trabajadores a la hora de garantizar su propia subsistencia. Inicialmente, el gobierno planteó como objetivo de esta política "proveer ocupación a obreros y empleados de ingenios cerrados mientras se logra la instalación de fuentes definitivas de trabajo". En consecuencia, destinó por tiempo acotado indemnizaciones y compensaciones para trabajadores de ingenios cerrados y cañeros afectados por la expropiación de sus cupos de producción. Cuando 6 meses después las protestas se multiplicaban por toda la provincia, el gobierno local implementó un sistema de empleo transitorio (conocido más tarde como Bolsa de Trabajo) por el cual se contrataba (de manera inestable, con paga reducida y sin beneficios sociales) a obreros de ingenios cerrados (muchos de ellos calificados) para tareas como desmonte, limpieza de canales, etc. Este sistema, al que finalmente se llamó Régimen de Trabajo Transitorio fue ampliando sus destinatarios y dejó de ser exclusivamente para obreros de ingenios cerrados. Su amplitud y renovación fue materia de disputa con los distintos gobiernos. Disputa que fue ganada por los trabajadores que lograron, en 1972, la incorporación a la planta estable de la administración pública provincial Consejo Federal de Inversiones, Análisis y evaluación del plan de transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán. Informe final, Serie Técnica (Buenos Aires: Consejo

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En términos inmediatos, hubo protestas protagonizadas por los trabajadores a partir de su identidad como ex obreros del Ingenio Mercedes que buscaban o bien exigir un lugar dentro de esas políticas implementadas por el gobierno, o bien correr sus márgenes. Así, en octubre de 1969, una Comisión Pro Instalación de Fuentes de Trabajo —integrada por trabajadores del Mercedes— exigía al gobierno un cupo de empleo dentro de las nuevas empresas instaladas en Lules en el marco del régimen promocional.35 En 1972, cuando llegó GRAFANOR —una de las empresas más grandes que se instaló en el marco del Operativo Tucumán— hubo otra protesta.36 Se trató de una huelga de hambre de 12 días protagonizada por ex obreros del Ingenio Mercedes y sus hijos exigiendo que la fábrica destine una parte de las nuevas contrataciones a los 600 obreros de esa zona. Pedían, además, mejorar los salarios que percibían en el marco del Régimen de Trabajo Transitorio.37

En estas medidas se observa cómo el fin abrupto de su condición de trabajadores azucareros no implicó la discontinuidad en su identidad como tales: 7 años después del cierre del ingenio, en 1972, no solo la protesta se siguió haciendo en nombre de los ex trabajadores, sino que incorporó ya a sus hijos. La pelea por un lugar en el mundo laboral no azucarero se hacía desde una cierta cultura y experiencia organizativa forjada al calor de un mundo organizado por el azúcar. Esta experiencia no se expresó solo bajo la forma sindicato,38 sino que asumió otras modalidades también gestadas bajo el impulso de los trabajadores azucareros. Este fue el caso de las cooperativas y el reclamo por las tierras, un conflicto central en Monte Grande.

La propuesta cooperativista tenía una cierta historia en el mundo azucarero, que involucraba no solo a la FOTIA, sino también a los cañeros.39 En el panfleto elaborado por la Federación en 1963, citado en páginas anteriores, las cooperativas eran una de las salidas que proponía la organización para salir de la crisis.

Antes de cerrar, la firma propietaria del Ingenio Mercedes había propuesto un plan que tenía, entre uno de sus puntos, la compra de sus tierras por parte del Estado para ser explotadas por trabajadores del ingenio. El plan nunca se concretó, pero el reclamo de tierras perduró.

En un periódico de la época se registra la existencia de dos cooperativas: la Fray Santa María de Oro, integrada por 247 ex trabajadores del ingenio y constituida en Monte Grande, y la Cooperativa de Trabajo Agropecuario Mercedes Ltda., vinculada a trabajadores de la fina San Rafael, otro de los fundos propiedad del ingenio.40

Federal de Inversiones, 1973), acceso el 26 de mayo de 2020, http://biblioteca.cfi.org.ar/ documento/analisis-y-evaluacion-del-plan-de-transformacion-agroindustrial-de-la-provincia-de-tucuman/.

35 La Gaceta, 21 de octubre de 1969, p. 9.

36 La obra Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado referenciada en nota al pie 9 dedica un capítulo al estudio de esta fábrica.

37 La Gaceta, 19 de marzo de 1972, p. 7.

38 Los sindicatos azucareros siguieron teniendo un rol en los pueblos que sufrieron el cierre de ingenios. Inicialmente, fueron un núcleo importante en el reclamo para evitar los cierres, luego para exigir sustento y nuevos empleos para los desocupados, y, en algunos casos, para garantizar necesidades básicas de los pueblos que eran asumidas, antes, por los ingenios como la provisión de agua potable, la recolección de basura, el mantenimiento de la cancha de fútbol, etc. Por otra parte, los sindicatos de ingenios cerrados continuaron funcionando como tales. En algunos casos, representando a los obreros de surco, cuando las firmas siguieron explotando sus cañaverales. En otros, incorporando a trabajadores rurales de otros rubros, como fue el caso del sindicato del ex Ingenio San José, que comenzó a representar a los obreros rurales del limón. En el caso del Ingenio Mercedes, no se encontraron registros que indiquen en qué carácter continuó funcionando su sindicato, pero sí de que en 1969 continuaba actuando dentro de la FOTIA (Noticias, 25 de abril de 1969).

39 Julieta Anahí Bustelo, «Peronismo y cooperativismo agrario: El caso de los plantadores de caña de la agroindustria azucarera de Tucumán (1946-1955)», Estudios Rurales 7, n°. 13 (28 de diciembre de 2017), acceso el 5 de julio de 2021, https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/estudios-rurales/article/view/11675.

40 La Gaceta, 7 de septiembre 1968, p. 5.

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En 1968, ambas habían solicitado la intermediación del gobierno para obtener parte de la tierra que la firma propietaria del Ingenio Mercedes dejaría de cultivar y estaba dispuesta a vender. El gobierno se comprometió, en un principio, a deducir el precio de las tierras requeridas de las deudas que tenía la Compañía Ingenio Mercedes S.A con organismos oficiales.41

Los planes se frustraron algunos meses después: en el caso de Monte Grande, las tierras que los trabajadores reclamaban para sí fueron vendidas a una empresa que comenzaba por entonces su expansión: la Citrícola San Miguel. La operación produjo el inmediato repudio de los trabajadores, cuyos reclamos se amplificaron a través de la voz de curas del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Tucumán.42 Con la firma de Federico Lagarde, Pedro Würdschmidt, Manuel Ballesteros, Fernando Fernández Ruiz, Francisco Albornoz, Raúl Sánchez y Julio César Rodríguez se publicó un comunicado que achacaba al gobierno haber incumplido el acuerdo para la obtención de las tierras y lo acusaba de dejar a los ex trabajadores del Ingenio Mercedes en la calle por segunda vez:

Señor Gobernador: aunque indignamente, nosotros los sacerdotes, somos herederos de un Evangelio que arde como fuego, hoy estamos de pie porque se nos ha dicho que el Espíritu del Señor hace violencia para la liberación de los pobres (...) Nuestro compromiso ya está dado. Si se cierran todas las puertas buscaremos las rendijas para que no falte ni pan ni dignidad a nuestros hermanos.43

Hasta donde se ha podido reconstruir, un año después, en 1969, la Compañía Ingenio Mercedes S.A habría vendido otra parte de la finca Monte Grande al Ingenio Fronterita, que quedaba a muy pocos kilómetros de allí.44 Esto generó otro conflicto porque los nuevos dueños quisieron desalojar a los ex trabajadores del Mercedes que, en virtud de haber sido obreros de las colonias, tenían sus casas en esas tierras.45

En síntesis, en el transcurso de un poco más de 2 años —entre el cierre del Ingenio Mercedes a principios de 1967 y 1969— quienes habían sido obreros y habitantes de la colonia Monte Grande fueron expulsados de sus fuentes de trabajo. En muchos casos, se vieron forzados a migrar en busca de sustento. Los que se quedaron, procuraron forjar sus medios de vida a través de formas organizativas que no eran ajenas a la tradición política azucarera. Ello requería —como la industria azucarera-intermediación o apoyo estatal. El Estado no hizo ni lo uno ni lo otro y los trabajadores fueron objeto, por segunda vez, de una expropiación: esta vez de sus techos. Es que tanto la Citrícola San Miguel (como veremos enseguida) como Fronterita expulsaron a la mayoría de los trabajadores que habían armado sus casas en lo que fuera la colonia del Ingenio Mercedes.

41 Ibíd.

42 La Gaceta, 11 de noviembre de 1968, p. 6, 14 de noviembre de 1968, p. 6 y 17 de noviembre de 1968, p. 9.

43 Semanario CGT, Órgano oficial de la Confederación General del Trabajo, Año 1, N° 33, Buenos Aires, 12 al 19 de diciembre de 1968, p. 4 https://eltopoblindado.com/wp-content/uploads/2017/05/N-33.pdf

44 La obra Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado ya referenciada en la nota al pie 9 dedica un capítulo al estudio de este ingenio.

45 En distintas notas periodísticas (La Gaceta, 21 de octubre de 1969 y 19 de mayo de 1971) se indica que el Ingenio Fronterita compró tierras en Monte Grande que habían pertenecido al Ingenio Mercedes. No se ha conseguido esclarecer si se trataba de una sola finca que fue dividida y vendida en partes (a la Citrícola San Miguel y al Ingenio Fronterita) o si había en la localidad de Monte Grande más de una parcela. En la noticia de 1971, se indica que la Cooperativa Monte Grande reclamó al gobierno su intermediación porque ellos poseían un boleto de compraventa sobre 507 hectáreas que Fronterita reclamaba como propias. Indicaba, también, que se había producido una protesta porque la firma azucarera desalojó a pobladores de esas parcelas. Es probable que esa cooperativa sea la Fray Santa María de Oro que, una vez frustrado el intento de adquirir tierras por la venta a la Citrícola San Miguel hayan hecho un segundo intento, frustrado esta vez por la venta al Ingenio Fronterita.

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Lo que sigue es la llegada de un nuevo patrón a esas tierras, y de las nuevas peleas que se librarán por techo y trabajo. Peleas que seguirán teniendo como un sustrato muy importante a las pautas culturales y experiencias organizativas forjadas en el mundo azucarero. Pero antes de llegar allí, haré una breve radiografía de ese nuevo actor que llega a estas tierras.

La Citrícola San Miguel

Para los sesentas, la producción citrícola en Tucumán no era nueva. Sin embargo, tuvo un impulso particular a partir del cierre de los ingenios: la producción de limón había pasado de 31.200 toneladas en el período 1966/1967 a 150.000 toneladas en el período 1972/1973. El salto más importante fue, sin embargo, entre la cosecha 1966/1967 y 1967/1968: se pasó de 31.200 a 138.000 toneladas en tan solo un año, lo que significó una tasa de crecimiento anual del 342%.46

Este despegue fue producto de la combinación de algunos factores. El virus de la tristeza había hecho estragos en los cítricos dulces, que dominaban hasta entonces las plantaciones de ese rubro. Esto disminuyó, por un lado, la superficie general de cítricos sembrados. Y llevó, por el otro, al reemplazo de los dulces por el limón, resistente al virus.47

Ello se potenció con un elemento clave: la explotación agroindustrial del fruto. Es que para esta época se comenzó a obtener y comercializar aceite esencial de limón, con múltiples usos comerciales en farmacia, perfumería, elaboración de dulces, etc. Rubén Porta, que fue dirigente sindical de fábrica en la Citrícola San Miguel, sintetiza así el salto que implicó el procesamiento industrial: "entraba limón y salía agua sucia".48 Nada se perdía. Pero ese salto no fue de un día para el otro, y en él incidió la política de incentivo industrial que impulsó el Comité Operativo Tucumán a raíz del cierre de ingenios. La trayectoria de la Citrícola San Miguel permite seguir ese proceso.49

En 1962, cinco años antes del incremento en la producción que se ha señalado, la empresa instaló una planta procesadora de fruta en la capital tucumana, que realizó su primera campaña un año después. Según las memorias de la propia compañía, ese fue el momento en que comenzaron a reducir sus cultivos de caña de azúcar (que hasta el momento representaban el 50% de la cosecha) y reorientar su producción hacia los cítricos y derivados.50

Pero el salto más importante se dio entre 1964 y 1968. Por un lado, compraron nuevas tierras para ampliar la producción de materia prima, entre ellas la finca Monte Grande.51 Por el otro, incorporaron nueva tecnología con la compra de maquinarias traída de Europa y Estados Unidos, que les permitió aprovechar en la cadena de procesamiento un elemento que hasta entonces era desechado y que representaba el 60% de la materia prima: la cáscara del limón.52 Todo ello generó, por último, una

46 Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación, Tucumán en cifras, Estadísticas (Tucumán, 1977), 116 y 161.

47 Ana Ester Batista Zamora, «Una propuesta de clasificación tipológica de los exportadores de limón fresco de la provincia de Tucumán (Argentina)», Estudios Geográficos 75, n°. 276 (30 de junio de 2014): 375, http://dx.doi.org/ 10.3989/estgeogr.201410.

48 Rubén Porta, entrevista por Ana Sofía Jemio, 24 de abril de 2021, transcripción Fabricio Nicolás Nicastro Torres y Carlos Manuel Juárez.

49 San Miguel era una de las 11 plantas frutihortícolas que existían en Tucumán para procesar o empaquetar las frutas Secretaría de Estado y Planeamiento y Coordinación, Tucumán en cifras, 116 y 161.

50 San Miguel SA, «Nuestra Historia», San Miguel,, 22 de junio de 2017, acceso el 23 de abril de 2021, /nuestra-historia.

51 Según consta en la página web de la empresa, además de Monte Grande, se compraron las fincas El Sunchal (1965), San Antonio (1966) y Santa Isabel (1966) Ibíd.

52 Ibíd.

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ampliación de la planta industrial, que fue inaugurada el 5 de agosto de 1967 con la presencia del entonces gobernador de facto general Fernando Aliaga García.53

En ese proceso de crecimiento, la Sociedad Anónima San Miguel se acogió a los sucesivos regímenes promocionales que se implementaron en Tucumán a partir del cierre de ingenios. En diciembre de 1966, ante el recién creado Comité Operativo Tucumán, la firma solicitó ser incluida en los beneficios contemplados por Ley 17.010 Industria Agropecuaria Tucumán (el primero de los regímenes promocionales implementados).54 La empresa fue 1 de las 15 que solicitaron el beneficio en 1966, y 1 de las 6 que lo obtuvieron ese mismo año.55 Un año después, solicitaron a la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio una ampliación de esos beneficios, que le fue concedida en 1967 y que consistía en autorizar 160 mil dólares en concepto de importación de maquinarias libre de impuestos.56

Cuando el gobierno emitió en 1969 una nueva ley de beneficios promocionales para Tucumán -que ampliaba los contemplados en la anterior legislación— San Miguel solicitó acogerse al nuevo régimen.57 Su solicitud fue aprobada ese mismo año, lo que implicó un incremento en los beneficios recibidos hasta entonces.58

Para 1972, fecha en que el Consejo Federal de Inversiones realizó un informe sobre la situación del Plan de Transformación Agroindustrial, San Miguel había recibido los siguientes beneficios: a) exención a los impuestos a los réditos y sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes en un 100% durante 4 años, decreciendo gradualmente hasta el 10% en el décimo año, b) la exención de impuesto a los sellos y de impuesto a las ventas en un 100% durante los dos primeros años, bajando gradualmente hasta el 25% en el 5° año y c) la exención de recargos aduaneros a la importación de maquinaria y repuestos por valor de 168 mil dólares.59

53 Cuatro años después, en 1971, compraron un nuevo predio industrial frente a esa planta. Se trataba de la ex fábrica Mago

Ibíd.

54 Ley publicada en el Boletín Oficial del 16/11/1966 y reglamentada por Decreto N° 260/68.

55 Su solicitud fue aprobada mediante el Decreto N° 4.842/66.

56 La ampliación de los beneficios otorgados fue solicitada mediante el Expediente N° 30.330/67 ante la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Allí se detallaba que la ampliación era "para la integración industrial de su fábrica elaboradora de jugos cítricos, aceite esencial de limón y deshidratación de residuos de los mismos". Al año siguiente le fue concedida mediante Decreto N° 6658 del 18/10/1968 (publicado en el Boletín Oficial del 13/11/1968, p. 4). En sus considerandos, el decreto señalaba "Que la firma asumió una serie de compromisos que ha cumplimentado, con excepción de la obligación de exportar productos elaborados por 600 mil dólares estadounidenses (...), en virtud de haber sido rechazadas por los importadores las muestras de dichos productos. Que a raíz de ello los directivos de la firma efectuaron viajes al exterior, a los fines de estudiar en las plantas industriales de tecnología más avanzada, los métodos de elaboración utilizados. Que la integración industrial solicitada, mediante la incorporación de las maquinarias correspondientes, contribuirá a la racionalización del proceso industrial, brindando un producto competitivo en el mercado internacional" Boletín Oficial N° 21.560, 13/11/1968, p. 4). Por ello, acordaba ampliar el monto autorizado por el artículo 2° del Decreto N° 4.842/ 66 a 160 mil dólares y le otorga el beneficio estipulado en el artículo 4° del Decreto N° 260/68 hasta 11 millones de pesos moneda nacional.

57 El 9 de mayo de 1969, se aprobó la Ley N° 18.202 Nuevo régimen de beneficios promocionales en la Provincia de Tucumán, que reemplaza a la Ley N° 17.010 que había sido aprobada 3 años antes. Esta norma facultaba al Poder Ejecutivo para "hacer extensivos los mayores beneficios que se acuerdan por la presente ley a las empresas que a la fecha de la sanción y promulgación de la misma ya estuvieran instaladas o autorizadas a instalarse en la provincia de Tucumán, al amparo del régimen establecido por la Ley 17.010 y sus disposiciones complementarias". Disponible en http:/ / servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/220695/norma.htm

Ese mismo año, y mediante Expediente N° 141.071/69 de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio Interior (SEICI), San Miguel solicitó su incorporación a los beneficios de la nueva ley de promoción y su decreto reglamentario (Decreto 2.102/69), lo que implicaba una ampliación de los beneficios anteriormente concedidos.

58 La solicitud es aprobada mediante el Decreto N° 8.526 del 31/12/1969.

59 Consejo Federal de Inversiones, Análisis y evaluación delplan de transformación agroindustrial de la provincia de Tucumán. Informe final, 147—48.

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Dos años después del golpe de Estado de marzo de 1976, la Citrícola San Miguel se había convertido ya en la primera en su rubro en el país. Según declaran en sus memorias, en 1977 "las fincas de San Miguel superaban las 3.000 hectáreas con 600.000 cítricos, mientras su personal llegaba a los 3.000 empleados".60 La finca Monte Grande, con sus 1300 hectáreas, representaba en ese momento de mayor expansión, más de un tercio de todas las tierras de la compañía.

¡Llegaron los limones!

Cuando la Citrícola San Miguel compró esas 1.300 hectáreas en Monte Grande, una parte importante de la población de las colonias ya se había ido. No se ha podido precisar cuánta gente se quedó porque Monte Grande no figura como localidad autónoma en el censo poblacional. En las estimaciones de Tutú,61 quedaron menos de 50 familias:

[La Citrícola] ha empezado a desarmar las casas y a la gente la han empezado a cambiar ahí para el canchón, para la Colonia 1, ahí hay un barrio ahora. Los empiezan a llevar para ahí y nosotros hemos quedado ahí arriba.62

La mayoría de las familias fue relocalizada, solo quedaron algunas pocas viviendas casi al borde del cerro. Sabemos pocas cosas sobre esa relocalización: la Colonia 1, que menciona Tutú, es un predio ubicado frente a la administración de la finca, pero fuera de su perímetro; al parecer, en un comienzo las casitas eran precarias y solo la presión del Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del Ingenio Fronterita logró que la empresa diera una respuesta habitacional a sus trabajadores.63

¿Por qué los trabajadores de una empresa del limón eran defendidos por el sindicato de un ingenio azucarero? En la recién comprada finca Monte Grande, al principio no había limones sino caña. La mayoría de quienes habían quedado viviendo en la finca trabajaron para la Citrícola en distintas tareas agrícolas, que incluyeron el reemplazo paulatino de la caña por los limones. Fue por esa actividad mixta, en la caña y el limón, que los trabajadores de Monte Grande, antes de pretender armar un sindicato del limón, ya tuvieron una organización que los defendiera.64 Así recuerda un dirigente del sindicato del ingenio Fronterita la tarea realizada en Monte Grande:

No solamente en los ingenios hemos actuado, actuamos también en los otros rubros de... también cañeros independientes, como ser estos de la empresa Mata, que viene a ser ahora la Citrícola San Miguel. Ellos tenían mucha caña, antes no existían los limones ni nada, era todo caña, cañaveral. Esta empresa es de aquí de Monte Grande, está aquí a 5 kilómetros más o menos, tenía a la gente tirada en el suelo, con chocitas de despunte, les hacían techo de malhoja de caña. Así vivían. Nosotros les hicimos hacer casas, que le hagan todo. Ahí hay una colonia, hay varias casas, hay

60 San Miguel SA, «Nuestra Historia».

61 Tutú (pseudónimo), entrevista por Ana Sofía Jemio, 9 de marzo de 2021, transcripción Fabricio Nicolás Nicastro Torres, Carlos Manuel Juárez y Miguel Esquivel.

62 Tutú (pseudónimo), entrevista.

63 Con el tiempo y en la medida en que fue creciendo la actividad de la Citrícola San Miguel, llegaron a vivir algunos pobladores de El Naranjo, una localidad ubicada al noreste de Tucumán donde la empresa tenía otra finca. Al parecer, llevaban cosecheros de ahí para Monte Grandes y algunos decidieron instalarse allí. Tutú (pseudónimo), entrevista.

64 Como se recordará, Fronterita había comprado también otra parte de las tierras de Monte Grande y por eso el sindicato tenía en esa localidad, además, a sus representados de pleno derecho.

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una escuelita, hay canchita de fútbol. Eso lo hemos hecho en la época de nosotros, cuando hemos estado en el sindicato.65

Un proceso análogo se produjo en San José, una localidad que quedaba en las afueras de San Miguel de Tucumán. El Ingenio había cerrado su fábrica en 1967, pero conservó sus tierras y continuó sembrando y cosechando caña para vender a otras fábricas. Por eso, su sindicato siguió representado a los obreros del surco. Pero muy pronto sumó a un nuevo contingente: la Citrícola San Miguel —que tenía otra finca en esa zona— empleó a trabajadores de San José, que comenzaron a ser representados por el sindicato de los trabajadores azucareros.

Así, la actividad citrícola que comenzó a desarrollar San Miguel tanto en San José como en Monte Grande fue, en cierto modo, asimilada en los marcos del mundo azucarero: gran parte de sus obreros habían trabajado en el azúcar o venían de familias que lo habían hecho (cuando no lo seguían haciendo); habían forjado allí ciertas experiencias, valores, pautas culturales y modos de ver el mundo que les otorgaba cierta cohesión no solo con sus compañeros de rubro sino con el mundo más amplio de los trabajadores azucareros, de donde venían también las organizaciones que los representaban.

Militancia y cultura obrera

En la introducción señalaba que la perspectiva teórica que funciona como norte de esta investigación plantea que el genocidio no solo se propuso destruir la red de organizaciones que supo construir el campo popular y los proyectos políticos que ellas gestaron, sino que también buscó transformar los modos de ser, hacer y estar en el mundo de las clases subalternas. En otros términos, que no solo tuvo como blanco la destrucción de ciertas organizaciones y sus miembros, sino también la transformación de las condiciones que las hacían posible.

Esta perspectiva se articula con los trabajos de Pablo Pozzi,66 para quien la politización es un proceso social complejo, que no puede reducirse a la adhesión orgánica de los sujetos a determinados agrupamientos. Este proceso tiene como punto de partida irreemplazable la experiencia práctica concreta de la clase. Es allí donde se forjan ciertos valores, sentimientos, percepciones y pautas culturales que hacen posible que un grupo social perciba sus propios intereses como contrapuestos a los de otro grupo social.67

Por ello, junto con la historia organizativa de los trabajadores de la Citrícola San Miguel, algunos de cuyos trazos reconstruiré en el siguiente apartado, se busca indagar en algunos aspectos de las experiencias y las pautas culturales que orientaron las prácticas de sus trabajadores y construyeron su camino de politización. En este apartado, quisiera recorrer pasajes de la entrevista a Tutú para encontrar algunos indicios de esas pautas culturales, valores y sentimientos a los que referí y que están en el sustrato mismo de los procesos organizativos. Lo haré a través de un adolescente de 15 años, con 7 de experiencia laboral, que participó en algunas de las medidas de fuerza protagonizadas por los trabajadores de la citrícola, aunque no participaba activamente del sindicato; simpatizó y tuvo algunas vinculaciones con el Ejército Revolucionario del Pueblo, aunque no haya sido miembro de la organización, ni tampoco lo que se llamaba entonces un simpatizante.

65 Negro L. (pseudónimo), entrevista por GIGET, marzo de 2006, Archivo Testimonial sobre el Operativo Independencia y la Dictadura Militar en Famaillá, Tucumán (1975-1983). Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGET). Disponible en Centro de Estudios sobre Genocidio, Universidad Nacional de Tres de Febrero.

66 «Trabajadores y procesos de politización y rebelión», Esbofos - Revista do Programa de Pós-Graduafao em Historia da UFSC 22, n°. 33 (14 de diciembre de 2015): 17, http://dx.doi.org/10.5007/2175-7976.2014v22n33p17.

67 Pisani, «La clase obrera azucarera tucumana. Aproximaciones teórico metodológicas para el estudio de su relación con el PRT-ERP entre 1966 y 1975».

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Tutú era el shulca de 9 hermanos, o sea, el más chico.68 "Nueve varones, ninguna mujer" — cuenta. Tenía, sí, una hermana de crianza que "reinaba entre medio de los changos". Todos nacieron en Monte Grande, cuando todavía esa finca era una colonia del Ingenio Mercedes.

Su papá tenía uno de los oficios más sacrificados dentro del mundo azucarero —era obrero del surco— pero una de las condiciones más deseadas entre los trabajadores: era "permanente". Eso significaba tener tarea y paga durante todo el año y, además, daba derecho a una vivienda dentro de la finca, al menos hasta la jubilación.

A medida que fueron creciendo, todos los hermanos de Tutú empezaron a trabajar en la caña. Él —como miles de tucumano— recuerda con cierta nostalgia esa época de bonanza, una bonanza que se construye sobre todo en espejo con la hambruna que vino después. Cuenta que en Monte Grande se hacía de todo: había fiesta, baile, carnaval, partido de fútbol y feria. "Semejante feria en la calle, vendían de todo: mercadería, pescado, carne, de todo. Venía gente de todos lados a vender ahí porque Mercedes pagaba a la gente, había mucho movimiento de plata en tiempo de zafra". En 1967, cuando el ingenio Mercedes cerró, dice Tutú que hubo "una crisis de esas agudas porque el que comía un guiso haga de cuenta que era rico en ese tiempo".

Además del Mercedes, habían cerrado otros 10 ingenios en Tucumán. Trabajo no había en ningún lado: "se ha ido mucha gente a Buenos Aires, para distintos rumbos agarraban". El padre y los hermanos de Tutú comenzaron a viajar a Santa Fe para la cosecha de la guinea, la paja con la que se hacen las escobas. Mientras ellos estaban afuera, Tutú, su madre y cuñada se quedaron en Monte Grande.

Un año después del cierre del ingenio, la citrícola San Miguel compró la finca. Y Tutú, ni lento ni perezoso, fue a pedir trabajo. Con 8 años, lo encaró a un hombre que andaba a caballo:

— Don, ¿qué tiene trabajo?

— Sí —le contesta— para desatar los pilones de la planta. Si vos querés seguir yendo a la escuela, podés trabajar medio día.

Así empezó Tutú su vida obrera. Explica que su trabajo consistía en sacar el plástico o lona negra que envuelve al pilón de tierra de la planta del limón. Arrodillado al lado de las filas que se iban armando, ponía la plantita ya sin el plástico en los pozos que otros iban cavando.

Cobraba por quincena. Y quién sabe si habrá recibido dos, cuatro, seis sobres antes de dejar la escuela y dedicarse a trabajar a tiempo completo.

"Prácticamente yo he aprendido a leer y a escribir algo ahí en la cárcel" —cuenta Tutú con plena conciencia de cuánto lo ha golpeado la vida. Había una escuelita en el penal al que él fue a parar después de su segundo secuestro. Le consultaron si quería sumarse: "yo quería ir a la escuela por lo menos para aprender a firmar, porque ni firmar sabía yo, firmaba con el dedo. Bueno, ahí he aprendido a firmar".

***

Su condición de hijo de familia obrera le deparó otros aprendizajes, útiles cuando comenzó su precoz vida de trabajador. Por sus padres y hermanos sabía que "a veces los sindicatos patean para el lado de la patronal en vez de patear para el obrero" y que muchas de las peleas no se dan en las grandes huelgas sino en el día a día, en el cuerpo a cuerpo que implica la organización del trabajo. Para los peladores de caña, como los de su estirpe, el canchón donde se pesaba la caña cosechada era el ring más

68 Todas las citas de este apartado corresponden a Tutú (pseudónimo), entrevista.

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frecuente de esas batallas cotidianas. Como la paga era por "tanto", lo que recibía cada cosechero dependía de lo que dijera la balanza. Y la balanza era operada y el peso anotado por un encargado del ingenio. Una de las regulaciones que había logrado la organización de trabajadores era que el peso válido fuese el del primer pesaje, y no los que se hacían en un segundo o a veces hasta un tercer destino de la caña.

A Tutú no le tocó pesar caña, pero sí rendir "maletas" cosechadas porque en la industria citrícola también se pagaba por tanto. A cada trabajador se le asignaba una fila e iba planta por planta cortando la fruta y poniéndola en su maleta: "Cada maletada tiene un precio. Ahora dicen que vale 70 pesos porque recién está iniciando la temporada. Cuando ya está saliendo más limón, ya te merman y capaz que va a quedar en $50".

Cada vez que un trabajador completaba su maleta, la volcaba en un contenedor común y recibía una ficha. Al final de la quincena, les liquidaban lo que habían alcanzado a cosechar y les pagaban. Generalmente, pagaban en la misma finca: "venía un rastrojero colorado y atrás traía un cajón, que vos vas a creer que era un cajón de herramienta, pero no: ahí traían la plata para pagarle a la gente. Ya venía todo ensobrado, con nombre y todo, lo que vos tenías para cobrar".

Los trabajadores del limón también tenían quiénes los representen. Es más, al principio, fueron los mismos obreros azucareros. Pelearon para exigir mejoras en las viviendas, ropa de trabajo, mejores salarios, la efectivización después de 3 meses de trabajo, el pago por antigüedad y de una vianda de comida durante la jornada de cosecha.

A la Citrícola no le gustaba el sindicato, dice Tutú: "vos has visto que una empresa nunca está de acuerdo con los sindicatos porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren y los sindicatos a veces los frenan. Si no se prenden con la empresa, los frenan. Encima hacen quilombo...".

El participó de uno, en realidad, del más grande que hubo en la Citrícola San Miguel: "Una vez he ido cuando han hecho un quilombo ahí en la fábrica, la han tomado y han cortado la ruta. Ha sido un quilombo. Hemos ido obreros de aquí, se hemos ido a apoyar a aquellos. Han sido varios días".

Tutú había aprendido también de su padre y hermanos algunas cosas sobre la doctrina peronista. Ellos "siempre han sido peronistas". Como eran 9 varones, al séptimo le tocó ser ahijado del entonces presidente Perón: les llegó a la casa una medalla de oro para el recién nacido. Escuchando a su papá aprendió que la doctrina peronista es una cosa, pero que a veces se la practica al revés:

Él decía que, en ese tiempo, el peronismo lo ha ayudado mucho. Le mandaba encomienda para los chicos, para que vayan a la escuela: delantales, calzados, todo eso. No es como ahora que se llenan los bolsillos ellos y los demás que sigan sufriendo. En ese tiempo no. Muchas veces ellos hablan de doctrina peronista, pero la practican al revés a la doctrina. Nunca han hecho como ha hecho Perón, como ha hecho Evita las cosas.

El derecho del peronismo tiene una dirección: dar a los que menos tienen. Por eso practicar la doctrina al revés es que unos pocos se llenen los bolsillos mientras las mayorías sufren. Cuando su padre y hermanos hablaban de esas cosas, Tutú no les daba mucha bolilla: "yo en ese tiempo no tenía casi entusiasmo por la política". Pero algo de eso le quedó. Cuando él forjó sus propias simpatías políticas, se sintió atraído por quienes proponían una justicia que tiraba más para el pueblo:

Yo veía gente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Sí andaban gente de ellos por ahí. A veces estábamos jugando a la pelota y llegaban ahí y conversaban. Hablaban del sistema de gobierno, que ellos lo querían cambiar. Querían hacer un gobierno socialista, así como Cuba ¿ve? Así hablaban ellos.

Pregunta: ¿La gente los escuchaba? ¿Les tenía simpatía?

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Claro. Porque también ha visto cómo es: usted siempre ve la injusticia y capaz que ellos tiraban por una justicia que sea más compartida con el pueblo. Yo pienso que en Cuba todos tienen el mismo derecho. A mí me contaban —no sé si será cierto— que cuando ha empezado todo en Cuba todos tenían una bicicleta, no era como aquí que los ricos amontonan vehículos y el pobre anda en alpargatas, descalzo. Ellos hablaban así, al que le gustaba agarraba vuelo y al que no...

Es deseable que todos tengan algo en lugar de que algunos tengan mucho y otros nada. No es posible que haya quienes no tienen nada. Este sería, quizás, el mensaje destilado que decodificaba Tutú de la prédica de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Quizás por eso les abrían las casas, o quizás fuera por la razón que da Tutú: una solidaridad con quienes son vistos como necesitados. O quizás haya sido por ambas cosas:

Ellos llegaban a las casas y uno los atendía bien, si eran un ser humano como cualquiera, nada más que ellos tienen su bandera política. Uno no les decía "no, no venga". Al contrario: a veces los ayudaban: les daba pan, les daban comida. Uno ve que andan pobrecitos así, salían de noche, andaban de noche. Usted ha visto que al andar así oculto no está viviendo bien como esta uno en la casa, por ahí capaz que andan sin comer también. Tampoco es para que uno los discrimine, siempre se los ayuda.

Cuando los hombres de la policía provincial llegaron en taxi hasta la orilla del monte donde vivía Tutú para secuestrarlo y cuando el Ejército lo capturó por segunda vez le dijeron que él colaboraba con la guerrilla. Eso era verdad, pero creo que el motivo más de fondo por el cual secuestraron a Tutú es porque él, junto con cada plantita de limón, había sembrado adentro suyo un sentimiento contra la injusticia tan poderoso que era capaz de germinar en las condiciones más adversas y dar los frutos más diversos. Pero en todos los casos, iban a ser frutos para alimentar a los desarrapados de esta tierra.

Organización sindical

La agroindustria del limón tuvo, como ya se mencionó, un crecimiento vertiginoso en la provincia con un pico entre 1966-1968 donde hubo una tasa de crecimiento anual de la producción de 342%. Esto implicó, naturalmente, un incremento en el número de trabajadores en general, y de cosecheros en particular.

El cosechero del limón que nacía masivamente al mundo del trabajo se encontró desde un comienzo con organizaciones dispuestas a representarlos: los sindicatos azucareros. No era cualquier organización sino la más importante de la provincia, en años y experiencia. En términos de salarios, al menos, se notó la fuerza acumulada: cuenta Rubén Porta, por entonces trabajador de fábrica en la Citrícola San Miguel y representado, por lo tanto, por otro sindicato, que un cosechero cobraba hasta 3 veces lo que él, un obrero calificado de fábrica.69

Esta representación inicial de los cosecheros por los sindicatos azucareros no era, sin embargo, el punto de llegada al que aspiraban los trabajadores sino un punto de partida. El norte era lograr una representación gremial unificada. En efecto, los sindicatos azucareros nucleaban a obreros de fábrica y surco, o sea, al que cosechaba, al que manejaba el camión, al tornero, al mecánico que arreglaba los vehículos. En fin, a todo el que trabajara en la rama. Y la unión, se sabe, hace a la fuerza.

69 Porta, entrevista. Rubén indica que esta diferencia de salario también se explica por cuestiones elementales de oferta y demanda: la agroindustria azucarera no había incorporado aun la máquina cosechadora integral y empleaba miles de personas en la zafra. Con esa actividad debían competir las empresas citrícolas que buscaban cosecheros.

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Pero caminar hacia una representación sindical unificada en la agroindustria del limón no era tarea fácil. Cuenta Rubén que, además de los azucareros que representaban a los cosecheros, había al menos otros 3 sindicatos interviniendo en la actividad.70

La fruta era trasladada desde las fincas hasta la planta de San Miguel de Tucumán en camiones, cuyos conductores eran representados por el sindicato de camioneros. El limón ingresaba al empaque, donde obreros afiliados a la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) separaban la fruta apta para ser exportada y se encargaban de prepararla, enviando el resto a la planta procesadora. Allí, unos 140 trabajadores que estaban nucleados en el Sindicato de la Alimentación se encargaban de todo el proceso por el cual la fruta era transformada en sus productos derivados.

A la ya compleja tarea de crear un gremio único en un espacio donde funcionaban al menos 4, se sumó una dificultad adicional: quienes impulsaban tal unificación tenían orientaciones políticas diferentes. Antes que un cuadro acabado, lo que siguen son los retazos de aquella historia que se han podido unir hasta ahora, quedando el rompecabezas en buena medida aun incompleto.

El Sindicato San José de Trabajadores del Surco y Agropecuarios, que representaba fundamentalmente a los cosecheros de San José y Villa Carmela, estaba dirigido por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Era, más bien, una de las cunas de esa organización. En la prensa partidaria, y también en las actas del congreso del Movimiento Sindical de Base —frente de masas del PRT— se registran en 1973 y 1974 intentos de constituir un sindicato unificado del citrus.71 Uno de los diagnósticos centrales en estos intentos de unificación era que la representación de la FATRE frenaba una verdadera organización antiburocrática de los trabajadores.

El principal dirigente de la FATRE trabajaba en el empaque de la Citrícola San Miguel. Se llamaba José Evaristo Pellasio, era un obrero alineado con el peronismo ortodoxo, cuya representación era fuerte en todos los empaques de fruta de la provincia. Según cuenta Rubén Porta, dirigente sindical de la planta procesadora y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), el sector que él conducía había hecho una alianza estratégica con Pellasio. Alianza cuya principal diferencia con el sector dirigido por el PRT era —según Rubén— la opción de estos por la lucha armada.72

También existía dentro de la Citrícola la Agrupación 17 de Octubre de la Citrícola San Miguel, alineada con la Juventud Trabajadora Peronista (JTP); aunque no se ha podido precisar quiénes eran sus dirigentes ni en qué sector de la actividad tenían fuerza. Es probable que el PRT haya considerado a este sector su aliado estratégico, al menos así lo da a entender en la prensa cuando celebra las consignas de unidad y de lucha que se coreaban en el conflicto de 1973: "Vea, vea, vea, que cosa más bonita, peronistas y marxistas por la patria socialista"; "Perón, Evita, la patria socialista. Santucho, Pujadas, la patria liberada".73

Estos sectores convivieron y coexistieron en las luchas que se fueron librando. En el segundo semestre de 1973 hubo 2 conflictos gremiales importantes. El primero de ellos, ocurrido en agosto, comenzó por un reclamo de los cosecheros afiliados al Sindicato San José de Trabajadores del Surco y Agropecuarios. Exigían que el aumento salarial obtenido sea retroactivo a enero de ese año, y no a junio como pretendía la patronal.

Unos 450 trabajadores bloquearon la entrada y salida de la fábrica con los propios camiones de la citrícola y exigieron un diálogo con la patronal. A la negociación, que duró todo el día, se sumaron también delegados de fábrica, de modo que, en los hechos, hubo una mesa de discusión unificada. La

70 Porta, entrevista.

71 El Combatiente, Año VII, N° 130, 14 de agosto de 1974 y Nuevo Hombre, Año IV, N° 69, 1° quincena de septiembre de 1974.

72 Porta, entrevista.

73 El Combatiente, Año VI, N° 89, 7 de septiembre de 1973, p. 11.

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negociación terminó con éxito ese día, luego de que delegados de fábrica y de campo fueran informando y sometiendo a deliberación de sus representados las ofertas que hacía la patronal.

Dos meses después, en octubre de 1973, la fábrica fue tomada nuevamente por un conflicto del que solo se han podido reconstruir algunos trazos que, sin embargo, preanuncian la disputa central que se librará de ahí en más.

Del conflicto en sí mismo, sabemos que 250 trabajadores tomaron la fábrica argumentando que habían sido despedidos sin preaviso y que, por ello, la empresa debía pagarles indemnizaciones acordes a la Ley 11.729 — Código de Comercio, legislación que fue la antecesora de la Ley de Contratos de Trabajo y que regulaba las condiciones de contratación para el trabajo comercial e industrial. La patronal sostenía, en cambio, que no se trataba de un despido sino del fin de sus contratos temporarios porque tomaba como marco de referencia los dos regímenes que existían para los trabajadores rurales: el Estatuto del Peón de Campo (para trabajadores permanentes) y la Ley 13.020 que regulaba el trabajo rural temporario.74

Más allá de la resolución puntual del conflicto, que fue favorable a los trabajadores, había en esta disputa un elemento central que excedían a las indemnizaciones. Según qué régimen de trabajo se aplicase, variaba el tiempo necesario para que un trabajador sea considerado como estable. Con el estatuto de comercio, después de 3 meses de prueba la firma debía incorporar formalmente a ese trabajador. En cambio, en el régimen de trabajo rural, ese plazo era de un año.75 En efecto, y con el primer triunfo bajo el brazo, la pelea continuó por el reconocimiento del Código de Comercio como marco regulatorio de la actividad.

Probablemente haya sido el desenlace de esta pelea aquello que Rubén recuerda como la conquista más importante del período: los trabajadores obligaron a la firma a efectivizar alrededor de 3 mil trabajadores que estaban hasta entonces en negro o en condiciones de contratación precaria.76 Y lo hicieron al lograr que la empresa los reconociera como trabajadores al amparo de la Ley 11.729.

El triunfo, sin embargo, duró poco. Con la aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Profesionales —que ocurrió en noviembre 1973—77 se estableció que el único gremio que representaría a la rama de actividad en las negociaciones con la patronal sería FATRE y, por tanto, los obreros quedarían comprendidos en los dos regímenes de trabajo que existían para el trabajo rural. Esto trajo dos tipos de disputa: una al interior del movimiento obrero organizado, pues la decisión movió el fiel de la balanza hacia uno de los sectores que estaban en pugna. La otra, con la patronal, a quien se siguió exigiendo el reconocimiento de los derechos concedidos en el régimen de trabajo de la Ley 11.729.

Sobre la disputa entre los trabajadores organizados, sabemos por la prensa que el sector que había estado representado por el Sindicato San José de Trabajadores del Surco y Agropecuarios formó una agrupación de base cuyo objetivo fue construir un sindicato independiente del citrus que unificara a los distintos sectores de la agroindustria.78 Por su parte, FATRE, que tenía únicamente sede en San Miguel de Tucumán, abrió una única filial precisamente en Villa Carmela, centro neurálgico del Sindicato de San José. En el caso de la finca Monte Grande, hubo delegados obreros vinculados a uno y otro sector.

74 La Gaceta, 9 de octubre de 1973, p. 12 y 10 de octubre de 1973, p. 9.

75 La Ley 11.729 tenía, además, regímenes de licencias, vacaciones y salarios más favorables a los trabajadores que la legislación que regulaba el trabajo rural.

76 Porta, entrevista.

77 Se trata de la Ley 20.615, publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 1973, que derogaba la anterior legislación sobre Asociaciones Profesionales (Ley 14.455), aprobada el 8 de agosto de 1958 durante el gobierno de Frondizi.

78 El Combatiente, Año VII, N° 130, 14 de agosto de 1974, p. 7-8.

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Sobre el nuevo encuadre legal de los trabajadores, sabemos que hubo oposición de los obreros. En efecto, el retorno a la Ley 11.729 fue uno de los reclamos en la toma más grande de la citrícola, que fue en agosto de 1974.79

Unos 2 mil trabajadores habían aprobado la medida de fuerza luego de que fueran desoídos sus reclamos: incremento salarial del 50%, pago de vales de comida y horas extras, y la reincorporación al mencionado régimen de trabajo, pedido que se apoyaba en un dictamen favorable de la regional Tucumán del Ministerio de Trabajo.80

Junto con los trabajadores de San Miguel, pararon los obreros de otras firmas de la agroindustria.

La toma se inició el 31 de julio y duró hasta el 2 de agosto, cuando cientos de policías armados con escopetas, metralletas y fusiles más una cuarentena de autos fueron a desalojar a los obreros que permanecían en la fábrica. Los trabajadores resistieron a la policía con barricadas, pero luego se replegaron ante la feroz represión.

En solidaridad con los obreros citrícolas, los estudiantes convocaron una asamblea en la Quinta Agronómica a la que fueron representantes de numerosas organizaciones populares. Se resolvió repudiar la represión y apoyar la lucha con actos y movilizaciones. Al terminar la asamblea, las fuerzas policiales entraron, golpearon y detuvieron a estudiantes.

A este despliegue represivo se sumaron razias en Villa Carmela, Tafí Viejo y Yerba Buena con detenciones, diversos atropellos y demostraciones de fuerza. Como resultado de esto, un obrero quedó gravemente herido y 37 personas fueron detenidas, torturadas e incomunicadas, impidiendo la visita de sus familiares.

A posteriori, sectores universitarios hicieron actos callejeros y manifestaciones exigiendo la libertad de los detenidos y el Congreso Nacional Azucarero, que se realizó en esos días en Tucumán, condenó el brutal ataque de la policía y reclamó la inmediata libertad de los detenidos.

Semanas después de la protesta, trabajadores de Villa Carmela continuaban reclamando la libertad de los detenidos y denunciaban una campaña de intimidación policial contra los vecinos de esa zona, que incluía ostentación de armas y amenazas.81

La represión a esta toma formó parte de la escalada represiva que había comenzado a registrarse en el segundo semestre de 1974, y que se intensificó hacia el último trimestre del año. Esa escalada incluyó el descabezamiento selectivo de los gremios más combativos del sur de la provincia y de algunos espacios claves de articulación del campo popular en la ciudad Capital, incluyendo atentados contra los abogados defensores de presos políticos (Jemio, 2021). En ese proceso, el dirigente gremial de la Citrícola San Miguel, Rubén Porta, fue secuestrado y luego legalizado para permanecer preso durante varios años.82

Un campo de concentración adentro de la citrícola

En febrero de 1975 se lanzó en Tucumán el llamado Operativo Independencia. Publicitada como una operación antiguerrillera, esta medida dio comienzo al genocidio en la provincia. Con la participación de todas las fuerzas represivas estatales y bajo la conducción del Ejército, se instauró un nuevo esquema

79 La reconstrucción de este conflicto se hizo fundamentalmente en base a: El Combatiente, Año VII, N° 130, 14 de agosto de 1974, p. 7-8; Noticias, Año I, N° 248, 5 de agosto de 1974, p. 6; Noticias, Año I, N° 250, 7 de agosto de 1974, p. 8 y Nuevo Hombre, Año IV, N° 69, 1° quincena de septiembre de 1974, p. 14-15.

80 El Combatiente, Año VII, N° 130, 14 de agosto de 1974, p. 7.

81 Noticias, Año I, N° 250, 7 de agosto de 1974, p. 8

82 Porta, entrevista.

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represivo que consistía en el secuestro de personas, su reclusión, tortura e interrogatorio en centros clandestinos de detención y, a partir de allí, tres destinos posibles a) la liberación inmediata, b) la legalización, y c) la ejecución y posterior desaparición del cuerpo. Durante 1975 y hasta el golpe de Estado funcionaron al menos 60 espacios de detención clandestina por todo el territorio provincial y allí fueron trasladadas al menos 769 personas secuestradas en Tucumán y en las provincias limítrofes.

En una investigación previa (Jemio, 2021), señalé dos características frecuentes en las formas de la violencia estatal y sus dinámicas en este período. La primera, un modo de operar escalonado y sucesivo por el cual la represión afectaba intensamente un territorio acotado, en un período de tiempo corto. Luego, la intensidad de la represión se desplazaba a otros lugares. La segunda característica es la existencia de una importante proporción de sobrevivientes entre las víctimas, predominancia que alcanza en algunos lugares hasta el 70% del total de víctimas.

Ambas características se observan en el caso de las víctimas de Monte Grande en particular y, con matices, es un patrón que se reitera para todos los trabajadores de la Citrícola San Miguel.

Nuestra base de datos registra 33 víctimas vinculadas a la Citrícola por relación laboral o por habitar en su colonia (Monte Grande). Con una estimación de 3 mil empleados, esto significaría que aproximadamente 1 de cada 86 trabajadores de esta fábrica fue secuestrado. Si bien aporta una idea general de magnitud, este número es aún demasiado abstracto al menos por dos motivos.

Por un lado, la distribución de las víctimas por lugar de secuestro muestra una fuerte concentración de aquellas capturadas en la colonia Monte Grande (25 sobre un total de 33).83 Si consideramos que Monte Grande tenía por ese entonces 2.300 habitantes aproximadamente, la proporción es de 1 víctima cada 92 habitantes. A este dato debemos sumar que, del total de 25 víctimas de esta zona, 15 pertenecían a 6 grupos familiares.84

Por otro lado, existe un subregistro conocido para las víctimas que fueron secuestradas en San José (6 sobre un total de 33): las denuncias sobre secuestros en esa localidad no suelen informar el vínculo laboral de la víctima con la empresa porque era informal, acotado al momento de cosecha, o bien una más de las tantas changas para completar el salario.85 Observemos ahora las temporalidades de los secuestros:

Gráfico 1. Víctimas de la Citrícola San Miguel según fecha de secuestro (n 33)

83 De esas 25 víctimas, 11 trabajaban para la Citrícola San Miguel, 5 eran familiares de estos trabajadores y 2 declaran que cosechaban limones sin especificar para qué firma.

84 Se trata de 2 pares de hermanos y un grupo de 4 hermanos, 2 padres e hijos, y un grupo de padre, hijo, nuera y nieta.

85 Las restantes víctimas fueron secuestradas en San Miguel de Tucumán (1) y Tafí Viejo (1).

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La mayor parte de las víctimas (20 de 33) son secuestradas el primer trimestre de 1975. Pero la concentración temporal es aún mayor: entre el 9 y el 20 de marzo, es decir en un lapso de 11 días, son secuestradas 18 víctimas. Todas ellas son capturadas en Monte Grande y la totalidad fue liberada, a excepción de Ramón Rito Medina, quien fue trasladado a un Hospital donde murió como consecuencia de las torturas.

En San José los secuestros son apenas más tardíos, pero igualmente concentrados en el tiempo: 4 de las 6 víctimas son capturadas en una misma semana de julio de 1975 y otra al mes siguiente. Hay, en cambio una diferencia palpable con Monte Grande: 5 de las 6 víctimas continúan desaparecidas. Todas ellas estaban vinculadas al PRT—ERP.

La represión en Monte Grande se desarrolló mediante una política de ocupación territorial. En todo el sur de la provincia, el Ejército había desplegado centenares de hombres organizados en fuerzas de tarea. Cada una de ellas tuvo a su cargo el control de una franja territorial y para eso asentó una base militar principal, donde funcionaba el comando de la fuerza de tarea y un equipo de combate. Instaló, también, una base militar secundaria operada, en general, por un segundo equipo de combate. Finalmente, y de manera variable, agrupamientos más pequeños de esa misma fuerza de tarea instalaban campamentos militares móviles en distintos puntos de esa zona.

En Monte Grande, un equipo de combate —conformado centralmente por efectivos del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero— había instalado la base militar secundaria de la Fuerza de Tarea Rayo, cuya sede central se había asentado en las tierras del Ingenio Fronterita. La base de Monte Grande se instaló en la administración de la Citrícola San Miguel, que fue cedida para su uso por la fábrica. Allí fueron conducidos en carácter de secuestradas 22 de las 25 víctimas capturadas en Monte Grande; 12 de las cuales fueron trasladadas luego a otros lugares de detención clandestina.86

El rol de este espacio —como el de otras bases militares— no fue solo el de secuestrar y eventualmente trasladar detenidos hacia otros destinos. Fue, además, un foco de acción específico sobre la población que habitaba ese territorio mediante las llamadas políticas de control poblacional, que consistían en requisas, razias, controles de documentación, control del horario de circulación, medidas que solían implicar un uso variado y arbitrario de la violencia. Ese espacio fue, en definitiva, un foco de producción de terror, ya sea a través de los secuestros, ya sea a través de las variadas medidas de control, constituía para toda la comunidad la prueba irrefutable de que una amenaza se cernía sobre todos ellos.

Conclusiones

En este artículo he partido de una perspectiva analítica según la cual el genocidio en Argentina se propuso transformar de modo duradero los modos de ser, hacer y estar en el mundo de las clases subalternas, transformación que implicó no solo modificar las condiciones de producción y reproducción de la vida, sino también las variadas formas de significar esa experiencia.

Esta perspectiva ha orientado la definición y jerarquización de las dimensiones consideradas para la investigación empírica, cuyo eje rector fue reconstruir el proceso de formación histórica del entramado social del cual las víctimas formaban parte y, a partir de allí, profundizar en la comprensión de los objetivos y lógicas del proceso represivo que tomó como blanco a ese entramado.

86 8 fueron liberadas directamente desde la base de Monte Grande, 8 fueron trasladadas en segundo término a la base militar principal de la Fuerza de Tarea Rayo, es decir, el CCD ubicado en el Ingenio Fronterita, y 3 al CCD principal de la zona, Escuelita de Famaillá. Siguieron, luego, distintos derroteros, que incluyó, en un caso, el blanqueo y traslado por años a distintos penales del país.

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El estudio del proceso productivo, sus transformaciones y la organización de los trabajadores que de allí emergió permitió identificar qué tipos de experiencias se fueron forjando y transmitiendo en ese territorio. Antes que un proceso acumulativo ascendente de experiencia organizativa, lo que se han logrado reconstruir son indicios de una capacidad de rearticulación de los trabajadores en la cual las experiencias previas tuvieron un rol importante. Me refiero tanto a las experiencias organizativas heredadas de los trabajadores azucareros, como a las experiencias familiares y personales que transmitían ciertos valores, pautas culturales, y modos de entender el mundo que eran disruptivos para la reproducción normal de las relaciones sociales capitalistas. Con esta reconstrucción he buscado profundizar en la inteligibilidad de un proceso represivo que, junto con el criterio individualizante de la acción de inteligencia —es decir, aquel que determinó los cuerpos a secuestrar—, se organizó por un segundo criterio —esta vez totalizante— que identificó, clasificó y priorizó territorios a atacar.

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