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16Kirchnerismo, la disputa por el sentido de la democracia
(2003-2011)
Kirchnerism, the dispute over the sense of democracy (2003-2011)
Fernando Chavez Solca*
RESUMEN
El trabajo se propone analizar la disputa por la resignificación de la democracia producida en la Argentina desde el año 2003. Para ello se adopta como posicionamiento teórico el pensamiento político posfundacional. A lo largo del trabajo se abordan la política de derechos humanos; la relación entre gobierno y movimientos sociales; y la discusión por la "ley de medios". Se sostiene que en la construcción de sentido que el kirchnerismo ha efectuado, la democracia es entendida como conflicto, como proceso de participación y como proyecto políticamente posicionado, lejos de la supuesta neutralidad institucional en las visiones tradicionales la sitúan.
Palabras clave: Kirchnerismo - Democracia - Conflicto - Derechos Humanos - Movimientos Sociales - Medios de comunicación.
ABSTRACT
This paper intends to analyze the dispute over the redefinition of democracy produced in Argentina since 2003. To this end, a posfundacional political thought as theoretical position is adopted. The human rights policy, the relationship between the government and social movements and the discussion about the "mass media law" are developed along this paper. It is argued that the construction of meaning that kirchnerism has achieved is to understand it as a conflict, as a participation process and as a project, which is politically positioned far away from that neutrality in which other visions situate democratic institutions.
Key words: Kirchnerismo - Democracy - Conflict - Human Rights -Social Movements - Mass Media.
* Argentino, Licenciado en Ciencia Política. Doctorando en Ciencia Política CEA-Universidad Nacional de Córdoba. Integrante del Programa de Estudios en Teoría Política CIECS-CONICET-UNC. ferchavezsolca@gmail.com
Introducción
El presente trabajo se propone mostrar la disputa por la resignificación de la democracia que se ha producido en la Argentina desde el 2003. Con la asunción como presidente de Néstor Kirchner en mayo de aquel año y luego de más de una década de hegemonía neoliberal que desembocó en la crisis económica, política y social de diciembre del 2001, múltiples construcciones de sentido comenzaron a desnaturalizarse a raíz de la dislocación que implicó dicha crisis.
La estrategia del estudio es exponer las limitaciones presentes en algunas miradas canónicas en la ciencia política que se vuelven restrictivas y reduccionistas al momento de pensar la realidad política actual. En oposición a ellas, intentaremos proponer otra perspectiva que permita observar el fenómeno de manera amplia y compleja. Para tal fin recurriremos a la teoría del discurso político elaborada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (A, B y C).
En las siguientes páginas a través del recorrido por algunos de los principales acontecimientos de los años kirchneristas como fueron la política de derechos humanos, la relación con movimientos sociales, la "crisis del campo"1 y la relación con los medios de comunicación, buscaremos dar cuenta del desplazamiento en el significado de democracia del cual hablamos.
I.El kirchnerismo y la democracia
La hipótesis central que guía este trabajo es que en la Argentina se ha reactivado una serie de disputas por los sentidos que estructuran el espacio político entre las que tiene una especial importancia la dada por el significado de la noción de democracia. Dicha discusión -hasta el 2001 clausurada-, se ha reabierto hoy mostrando la posibilidad de nuevas configuraciones de sentido y la politicidad de todo orden.
Los estallidos del 19 y 20 de diciembre de 2001 pusieron en evidencia la crisis de representación, de gobernabilidad y de liderazgo que atravesaba la sociedad argentina. Las protestas de aquellos días desnudaron un vacío existente y la necesidad de re-construir nuevos sentidos de lo público, nuevas redes subjetivas, nuevas identidades, mostraron el carácter contingente de la articulación de sentidos, "la falla propia de toda comunidad en su intento por constituirse como tal" (Larrondo y Patrici). Así,la crisis política y social permitió
1 Se denomina así al conflicto que comenzó en marzo del 2008 cuando el Poder Ejecutivo dictó la resolución 125/08 que establecía un nuevo régimen de alícuotas sobre los derechos de exportación de oleaginosas con el objetivo de contener la producción principalmente de soja ante la subida creciente de los precios internacionales. Esta medida provocó la reacción de las entidades agropecuarias que decretaron el cese de comercialización y realizaron cortes de ruta en diferentes puntos del país. Luego de un mes de protestas, el gobierno logró que las entidades se sentaran a negociar aunque dichas negociaciones no prosperaron y los ruralistas volvieron a detener la comercialización de alimentos comenzando a provocar el "desabastecimientos" en algunos lugares. Varios meses más tarde, el Congreso debatía la medida dirimiéndose con el voto "no positivo" para el proyecto oficial del propio vicepresidente Julio Cobos, dejando así la medida sin efecto
la apertura de los significados que estructuran lo social mostrando la necesidad de alternativas al neoliberalismo. Esto produjo la dislocación de las identidades políticas existentes y generó la proliferación de demandas diferenciales en el espacio político. Ese contexto dislocado habilitó al tiempo que también limitó las articulaciones políticas posibles, poniendo a disposición determinados lenguajes políticos a través de los cuales se lograran nuevos procesos de configuración identitaria. De esta forma el kirchnerismo irrumpe en el escenario político argentino pudiendo ser leído como un discurso que se configura en la disputa por dar un nuevo sentido de la vida comunitaria y de la democracia, cuestiones sedimentadas hasta el 2001.
A pesar de su contemporaneidad, el kirchnerismo es un fenómeno sobre el que se están desarrollando una gran cantidad de estudios. Buena parte de la bibliografía existente sobre este proceso observa la democracia a partir de las instituciones y sus procedimientos, dando por unívoco su sentido. Las miradas analíticas sobre el kirchnerismo y la actualidad política parecen asumir una postura parcial de la democracia y lo político, sometiendo la primera a las instituciones y lo segundo a su dimensión consensual. Sostienen en sus diversos abordajes sobre temas particulares dos asuntos complementarios; por un lado, critican la debilidad presente en las instituciones; por otra lado, rechazan cualquier acción del kirchnerismo por considerarla oportunista y consecuencia de una decisión pragmática (De Riz, Quiroga, Gargarella, Musapic). Estas miradas se basan en una serie de presunciones ontológicas (sobre la democracia, el sujeto, lo político, etc.) no explicitadas que las llevan a situar al kirchnerismo en el terreno de la desmesura, el exceso y la manipulación, como una anomalía que se aleja del deber ser, del "buen gobierno".
Lo que subyace detrás de dichos análisis es la presuposición de un sujeto racional con identidades preconfiguradas e intereses predefinidos al momento de intervenir en el espacio político. Dado esto, todas las acciones emprendidas por el gobierno en relación a los movimientos sociales, reformas institucionales, democratización de los medios, entre otras cuestiones, respondería exclusivamente a una visión utilitarista basadas en un cálculo costo-beneficio.
Por contrapartida, proponemos una aproximación posfundacional de la política que nos permitiría salirnos de esas encrucijadas y simultáneamente puede aportarnos una mirada enriquecedora y compleja del kirchnerismo como fenómeno emergente y protagonista de nuestra formación política. Desde esta perspectiva, la democracia puede ser pensada como un espacio donde la confrontación se mantiene abierta y las relaciones de poder continúan cuestionándose sin llegar nunca a una superación total del conflicto (Mouffe A y B). De esta manera, se pensaría al kirchnerismo como un discurso que se configura en esa misma disputa con otros actores en torno a la fijación de sentido del significante democracia. Pretendemos ofrecer una mirada que pone en tensión a las perspectivas hegemónicas, pensando la democracia de forma más amplia y sosteniendo la dimensión conflictual de la política, partiendo de entender el fundamento contingente de todo orden social.
Sostenemos que no hay un significado esencial e intrínseco de las demandas que deba ser entendido, descubierto, estudiado y/o recuperado. El significado está dado por la inserción de estas demandas en contextos discursivos específicos que fijarán su sentido en relación a otras demandas y en oposición a una radical otredad. De esta forma, evitamos
evaluar la fidelidad del significante democracia en el contexto argentino con relación a determinadas formulas o conjuntos de características al que determinadas tradiciones de pensamiento la anudan atribuyéndole cierta esencia que trascendería el contexto político histórico particular en cual la estamos pensando. Creemos que ese tipo de aproximaciones no comprende el carácter contingente e inestable de todo significado (Barros A).
En el mismo sentido, nuestra postura teórica sostiene que las identidades políticas no son preexistentes sino que se van construyendo en el mismo proceso, configurando un vínculo bidireccional entre ciudadanos y gobernantes, lo que nos aleja de las hipótesis de la demagogia y la cooptación en tanto que la construcción de sentido que los individuos hacen excede por mucho la capacidad de cálculo racional de los líderes, haciendo incontrolable para éstos los efectos de sus acciones. Así, las identidades no son pensadas como un proceso lineal que parte de un conjunto predefinido de ideas y valores y de sujetos autoconscientes, sino como un proceso dinámico y complejo.
La inexistencia de un fundamento último permite sostener la imposibilidad de una definición absoluta de la democracia siendo su significado consecuencia de una lucha entre discursos por lograr la hegemonía, lo que la convierte en un significante flotante que puede ser apropiado por diversas tradiciones. Dicho esto, el kirchnerismo, habilita a movilizar los límites de la política, reactivando aquellos sentidos cristalizados en el pasado, logrando reabrir discusiones que se creían clausuradas y buscando hegemonizar su sentido de la democracia, antagonizando con otros discursos. En consecuencia, la realidad política argentina, puede pensarse en esos términos, como la lucha hegemónica por la construcción de una democracia más allá de los limites planteados por el liberalismo, anudando demandas plurales de diverso tipo, más allá de los límites existentes a priori y de las experiencias del pasado.
A continuación intentaremos a través del repaso sobre algunos de los principales sucesos políticos del periodo 2003-2011 mostrar el desplazamiento producidos en el significado de democracia dando cuenta así de las implicancias y efectos de pensar la política en clave posfundacional.
I.Kirchnerismo y Derechos Humanos
El presente apartado aborda la resignificación de la lucha por los derechos humanos desde la asunción de Néstor Kirchner, la cual se torna central para comprender la disputa por el sentido de la democracia. El análisis de los vínculos entre los movimientos de derechos humanos y el kirchnerismo permitirá mostrar que ambos constituyen mutuamente su identidad en esa relación, dado que ésta no se encuentra establecida de antemano, ni los grupos en cuestión poseen intereses plenamente determinados a priori, habilitando a que en el devenir de la coyuntura ambos polos de la relación (gobierno y organismos de derechos humanos) se influyan y se reconfiguren mutuamente. Agregado a ello, en el mismo proceso se produce la articulación entre diversos grupos con demandas particulares que comienzan a enlazarse y a contaminarse (sin que esto implique pérdida de autonomía), conformando una identidad común, el kirchnerismo.
Buena parte de la bibliografía que trabaja este tema, lo piensa en términos de cooptación, apropiación y uso estratégico de estos grupos por parte del kirchnerismo para acumular poder. Así, un lugar repetido desde el que parte la literatura que trabaja la emergencia del kirchnerismo, es la necesidad de lograr apoyo de base que tuvo Néstor Kirchner al asumir dado el escaso porcentaje de votos que obtuvo en la primera vuelta de las elecciones (22%). Como consecuencia de ello, se sostiene que se impulsó la transversalidad logrando estratégicamente una alianza con determinados actores que conformaban el espacio progresista para disminuir la protesta social y obtener legitimidad en las acciones gubernamentales. En otros términos, Kirchner estaba preocupado por lograr el apoyo de los actores que conformaban el espacio progresista y "le interesaba fundamentalmente el apoyo de todos aquellos sectores vinculados a los derechos humanos y a una cultura de izquierda para sostener un discurso y un imaginario de centroizquierda" (Quiroga 48). De ese modo, al asumir la presidencia, Néstor Kirchner postergó de manera indefinida diversos encuentros protocolares con la jerarquía eclesiástica y autoridades de los partidos y "abrió primero las puertas de su despacho a los líderes del movimiento piquetero y a los organismos de defensa de los derechos humanos" en lo que constituyeron "transgresiones orquestadas" para asegurarse su apoyo (Torre 23).
Estas y otras interpretaciones entienden a su vez el acercamiento entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos como símbolos de la pérdida y empobrecimiento del principio de distinción o diferencia del movimiento (Palermo) y le atribuyen a la identidad cierta originalidad o esencia que trasciende los contextos en los que está inserta.
Una pluralidad de analistas sostienen que las medidas tomadas responden a una estrategia del poder de turno, a una decisión pragmática del líder que no tiene como verdadero objetivo la defensa de los derechos humanos violados durante la última dictadura militar sino que pretende cooptar y manipular a los organismos que militan esa causa, apropiándose de sus luchas para lograr apoyo político y legitimidad moral a partir del acercamiento. En palabras de Juan Carlos Torre, todo constituiría una "operación política puesta en marcha por el presidente" para "incorporar a su empresa política a sectores de la izquierda" con el objetivo de dotarse de recursos partidarios propios y posteriormente transformar el Partido Justicialista (13). Kirchner estratégicamente "se colocó en la posición de outsider de la clase política y con ese fin se presentó como un miembro de la "generación diezmada" de los años setenta" (17).
En esta línea de razonamiento, se reprocha el reposicionamiento que los organismos efectuaron, ya que implica, según estas visiones, una perversión de sus luchas. De esta manera, "perturba que algunas Madres hayan pasado de la plaza al balcón y a adherir a un gobierno"porque eso significa haberse desplazado del lugar de neutralidad e imparcialidad en el que históricamente se las había ubicado (Ruiz Guiñazú).
En la misma línea de análisis, el historiador, Luis Alberto Romero marca:
El gobierno corruptor ha aplicado aquí un mecanismo harto conocido, su verdadero "modelo": subsidios, retornos y apoyo político (...) Por eso el daño es mucho mayor. Imperdonable. Las corrompió primero, incorporándolas a su máquina política. Las sacó del lugar indiscutido de los valores compartidos y las convirtió en simples mortales,
facciosas y alineadas. Luego completó su tarea del modo más simple y grosero, con los subsidios y los retornos. (Romero B)
Y en otra parte señala:
(...) las organizaciones de derechos humanos han sido bajadas a tierra, incluidas en el colusivo sistema de subsidios, que está en la base de la práctica gubernamental, y convocadas para demostraciones públicas de adhesión al grupo gobernante. Hay algo importante de los derechos humanos que desaparece, por la doble acción del Estado corruptor y de organizaciones devenidas en cuasi corporaciones: la existencia de un poder moral construido al margen del Estado y capaz de interpelarlo en nombre de los principios (...) Me temo, en suma, que los derechos humanos de 2003 no son los mismos que los de 1983. (Romero A).
En otro lugar, pero en la misma sintonía de las anteriores citas, Marcos Novaro marca que el acto de toma de posesión de la ESMA ejecutado por el recién asumido presidente Kirchner:
Selló la alianza con los organismos de derechos humanos y la apuesta por monopolizar la legitimidad moral e histórica que ellos podrían proveerle. Los reabiertos juicios por los crímenes de la dictadura debían hilar las batallas del presente con una larga historia de luchas del pueblo, para proveer a la presidencia, devenida en una suerte de Rey Midas, la fuerza de voluntad y las credenciales morales que precisaría en todas sus demás batallas, y que ella compartiría sólo con quienes estuvieran dispuestos a obedecerla (Novaro B 135)
En oposición a las perspectivas que acabos de mencionar, quisiéramos señalar algunos aspectos. Para ello es necesario remontarnos en el tiempo. Repasando la historia de los organismos de derechos humanos en nuestro país, encontramos que desde la aparición de Madres durante la dictadura y a excepción de un breve lapso de tiempo durante los primeros años de la presidencia de Alfonsín, estos organismos ejercieron un rol de oposición a los gobiernos cuestionando el orden social y político.
Siguiendo la lectura realizada por Barros, durante el alfonsinismo, la demanda de los organismos de Derechos Humanos adquirió un rol central dentro del discurso del presidente y dicha cuestión se plasmó en las medidas tomadas. En 1983, fue Alfonsín quien logró articular de manera más creíble la causa de los Derechos Humanos con su proyecto político. El discurso del líder radical, planteaba una ruptura con la dictadura y todos los actores participes de la violencia vivida en los '70, entendiendo que la nueva democracia exigía dejar atrás ese momento y basarse en el respeto a las instituciones y sus procedimientos (Barros B).
Como consecuencia de ello, la causa por los derechos humanos se ligaba a la idea de las víctimas inocentes de la represión ilegal. Los desaparecidos eran entendidos como víctimas inocentes (y no como militantes políticos) que quedaron atrapadas en la confrontación entre dos extremismos. Y conjuntamente con ello, la lucha por los derechos humanos se vinculaba a cierta forma de neutralidad política de los organismos. Lo que este discurso operó en los reclamos de los organismos fue que invisibilizaba la pertenencia
política de las víctimas y de sus familiares insertándola sin revanchismos en la imparcialidad de las instituciones y proceso judiciales de la nueva democracia (Barros B).
Pocos años más tarde, el gobierno radical buscó a través de nuevas medidas institucionales reafirmar su narrativa y darle un cierre a las políticas de revisión del pasado sancionando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esto produjo un desplazamiento que cuestionó el sentido construido por la democracia alfonsinista de los derechos humanos, perdiendo aquel su capacidad articulatoria.
Por su parte, al igual que el alfonsinismo, el kirchnerismo emergió en un escenario turbulento en el cual el discurso de los organismos de derechos humanos se encontraba disponible y con legitimidad para ser articulado de manera creíble en su discurso. Pero a diferencia de lo ocurrido en 1983, el kirchnerismo reivindica la lucha y la militancia de los años '70, el carácter político de las víctimas asesinadas y se hace partícipe de sus reclamos e ideales. Este nuevo discurso rompe con la idea de neutralidad que se le había querido dar con Alfonsín a las víctimas y a la democracia. El kirchnerismo muestra la políticidad de la lucha por los derechos humanos y el carácter partisano de todo proyecto político democrático. Así, en oposición a la despolitización de los años ochenta, en la nueva articulación discursiva los reclamos de los derechos humanos tienen que ver con aquel espíritu de lucha y confrontación de hoy y ayer que no encuentra condicionamientos ni límites institucionales (Barros B).
Nos distanciamos de las miradas que entienden que el acercamiento de Kirchner con los organismos de derechos humanos responde a una estrategia política situándolo en una posición de exterioridad de su contexto político-social, lo que le permite evaluar racionalmente las opciones de juego y tomar una decisión guiada por sus intereses e intenciones particulares. Desde nuestra perspectiva, suponer esta situación implica sostener una capacidad omnímoda del discurso oficial capaz de apropiarse de todo; una facultad de cálculo infinita por parte del líder pragmático para hacerse con esos apoyos, llevando la idea de neodecisionismo al extremo; y una subestimación de la capacidad de agencia de los organismos, lo que impide su interpelación, contestación y autonomía frente al discurso kirchnerista (Morales).
De igual modo, otro punto que es importante resaltar de los análisis que estamos criticando es que centran su mirada en el líder y sus (supuestas) intencionalidades que no son coincidentes con los nobles objetivos de los grupos cooptados. Lo problemático de pensar de esta manera es que se torna reduccionista el análisis ya que esas pretensiones y capacidades de análisis ilimitados del líder explican prácticamente la totalidad del fenómeno, siendo innecesario tener en cuenta al resto de los actores que son arrastrados, cooptados, manipulados o simplemente se dejan llevar para actuar según los intereses de poder de quien gobierna. Creemos que detenerse en intentar conocer las reales pretensiones del Presidente es embarcarse en una empresa no solo imposible sino además improductiva, ya que lo relevante a nivel político no resultan las intenciones que de manera oculta tenga el político sino la apertura de sentido que las prácticas generan y habilitan a nuevas configuraciones y apropiación del discurso por parte de los demás actores. Dicho en otras palabras, creemos que es importante mover nuestra atención de las intenciones e intereses de los agentes y
dirigirla a la disponibilidad de lenguajes políticos en y a través de los cuales los actores se identifican y luchan por dar sentido al mundo (Barros C 59).
Entendemos que no se trata de juzgar trayectorias o buscar en los anales de la historia la coherencia del actor individual sino en pensar en los sentidos que las nuevas prácticas políticas están habilitando por la multiplicidad de actores involucrados.
Por otra parte, se sostiene que las Madres sacrificaron independencia y tomaron partido. Es decir, sitúa a las organizaciones en un lugar de neutralidad e imparcialidad, despolitizado, en el que nunca estuvieron, y se las condena por su posicionamiento político actual. Se plantea a los derechos humanos reivindicados en 1983 como verdaderos, originales, mientras que el discurso del 2003 hablaría de otros, falsos, pervertidos (Romero A y B). Así, se esencializa la causa por los derechos humanos, anclándola a una forma particular de articulación (la de los '80) y se la fija a ciertos predicados que son en realidad contingentes (Barros B).
Desde esa perspectiva parece hablar Marcos Novaro, quien sostiene que la lucha por la defensa de los derechos humanos se transformó en un "instrumento faccioso, reñido con los fines más amplios de respeto de derechos ciudadanos a los que inicialmente pretendiera vinculársela" (B 160). Novaro sostiene que el discurso kirchnerista ha modificado la raíz liberal con la que se abordaban los derechos de manera individual cambiándolos por derechos políticos colectivos. Es decir, la represión contra los militantes políticos que representaban un proyecto político transformador, no son violaciones de derechos individuales, sino la expresión de una represión contra un proyecto político y por lo tanto son "crímenes políticos e ideológicos, a los que les corresponde una condena política e ideológica" (A 22).
La lucidez de Novaro para detectar ese desplazamiento se diluye por su posicionamiento ideológico liberal que lo lleva a pensar en clave esencialista y lo obliga a señalar que la reconfiguración que produjo el kirchnerismo posibilita "el uso de los derechos humanos como recurso de legitimación para sacar ventaja en conflictos políticos y de intereses", porque han sido desplazados del terreno de la neutralidad de las instituciones. El problema para Novaro se encuentra en el abandono de toda neutralidad por parte de los relatos oficiales sobre el pasado. Entiende que esa situación conlleva a la pérdida de autonomía de los organismos frente al gobierno implicando la deslegitimación de los derechos humanos como principio de validez general ya que los mismos son disueltos dentro de la tradición nacional-popular (A 23).
Lo que el autor no reconoce es que el pasado, tanto ahora como en los ochenta es una construcción política, cambiante, no refiere, a un conjunto de hechos inmutables e indiscutidos, que sencillamente están allí volviéndose autoevidentes y demostrables para todos. El pasado es inevitablemente una disputa (política) por cómo se interpreta y qué hechos forman parte de ese pasado y qué cosas se olvidan. En consecuencia, adquiere bordes cambiantes y admite modificaciones, esto significa que los hechos que hoy se recuerdan y se consideran incuestionables pueden ser diferentes en los relatos que se construirán en el futuro. El pasado es entonces una construcción política. De esta manera, la memoria de los derechos humanos puede resignificarse políticamente, tal como lo vimos en el breve repaso que hicimos anteriormente, adquiriendo nuevas características que son
distintas a las que tuvieron originalmente con el alfonsinismo (que no implica necesariamente desconocer lo que se hizo), pero que no son ni más ni menos válidos que aquellos.
Es justamente ese punto el que el posesencialismo nos permite ver: no existe una única noción indubitable e inmutable de derechos humanos y estos pueden adquirir diversas significaciones según las posibilidades que habilite el contexto. Dependiendo del contexto discursivo, hablar de derechos humanos puede implicar un conjunto de sentidos u otro no totalmente coincidente, siendo ambos perfectamente legítimos en un momento determinado.
A partir de ello, entendemos junto a Mercedes Barros que el kirchnerismo constituye un discurso en el que pone en juego y hace propio el lenguaje político (con sus usos y sentidos) que había nutrido y dado forma a los reclamos de los grupos de derechos humanos (Barros C 11). Y ese discurso adquiere visibilidad y se materializa en políticas y acciones gubernamentales2 que habilitan que estos organismos en cuestión modifiquen su percepción del Estado. Esas acciones rompen con la línea de continuidad que la Madres habían trazado entre los gobiernos democráticos y la dictadura y hacen que el gobierno pueda ser visto no ya como el enemigo de las agrupaciones y que el lugar de estas últimas pueda redefinirse en una nueva configuración. Los significados que se habían estabilizado en el periodo democrático conformando el discurso de las agrupaciones de derechos humanos, se resignifican ante el nuevo discurso del presidente Kirchner que toma los sentidos del discurso de los derechos humanos y lo rearticula de forma novedosa, recuperando aquello que se había pretendido enterrar por los gobiernos anteriores. El kirchnerismo se vuelve como consecuencia de ello, la superficie de inscripción para las demandas y reclamos de las agrupaciones y simultáneamente habilita las posibilidades de una nueva construcción política inédita (Morales 56).
Ahora no sólo se reivindica el juzgamiento y castigo a los genocidas sino también la práctica política de los militantes contra los cuales se ejerció la violencia (Inda), hay un proyecto político que es recuperado y que permite articular un conjunto de demandas y luchas particulares que pueden parecer paralelas y sin punto de contacto. La lucha por los derechos humanos se articula fuertemente con la lucha por la inclusión, por la igualdad, por una democracia participativa, en contra de la antipolítica que encarna el neoliberalismo y la dictadura.A través de sus declaraciones Kirchner hacía propio el lenguaje político de los reclamos de los grupos de derechos humanos, recuperando la "narrativa de un pasado signado por la injusticia, el silencio y la complicidad, y se unía así a las luchas contra la impunidad" (Barros C 63).
2 Entre ellas el Presidente Kirchner en el transcurso de los primeros meses de gobierno derogó el decreto que prohibía la extradición de militares argentinos sancionado por el gobierno de De la Rúa, ratificó convenios internacionales sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se pronunció a favor de la reapertura de los procesos judiciales contra personas (militares y civiles) involucradas en la represión de la dictadura, apoyó la iniciativa legislativa de anular las leyes del perdón (Obediencia Debida y Punto Final), descabezó la cúpula militar, convirtió diversos espacios militares en espacios de la memoria y defensa de los derechos humanos (la Escuela de Mecánica de la Armada transformado en museo de la memoria es el caso paradigmático) y convocó a los organismos a participar de actividades y espacios gubernamentales.
De lo dicho, no se deriva la eliminación de las actividades de las agrupaciones, ni la pérdida de autonomía, sino que se produce una redefinición que implica reconocer que "el enemigo ya no está en la casa de gobierno", pero que "faltan muchas cosas por conseguir" (Bonafini). La identificación de los movimientos de derechos humanos con el kirchnerismo, implica también fisuras y procesos de interpelación, no siendo simplemente una alianza estratégica. Es decir, el discurso kirchnerista también es interpelado por los organismos, lo que genera espacios de agenciación que permiten la apropiación por estos actores del discurso. Básicamente porque como sector interno al espacio kirchnerista inscriben nuevas demandas que no están configuradas de antemano por el kirchnerismo, lo que permite la constitución de espacios de réplica y autonomía (Morales).
De este modo, los actos desarrollados por el kirchnerismo vinculados a las políticas de la memoria adquieren sentido en la medida que son interpretados por los actores, no son significativos en sí mismo. De allí se desprende que lo importante es la apropiación que los diversos sectores involucrados lleven a cabo, ya que eso es lo que permite la construcción hegemónica (Canoni).
Pensando en nuestro tema de análisis, lo relevante del desplazamiento producido por el kirchnerismo que se manifiesta a través de esta lucha y sus articulaciones, es que sitúa a la democracia ya no como algo neutral y limitado a las instituciones sino como un proceso que implica posicionamientos político ideológicos tornándose central para entender la disputa por el sentido de la democracia que se ha dado en los últimos años.
I. Kirchnerismo y Movimiento Sociales. Incorporación
En este segundo apartado, repasaremos el modo en que la lucha de los movimientos sociales ha adoptado nuevos sentidos desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. A partir del relevamiento de este vínculo intentaremos mostrar que el kirchnerismo al tiempo que constituye a los movimientos sociales dotándolos de una identidad, estos últimos simultáneamente constituyen al kirchnerismo configurando nuevas demandas hacia el interior del espacio gubernamental produciéndose un vínculo bidireccional de contaminación mutua. En ese mismo sentido la articulación entre diversos grupos con demandas particulares que comienzan a enlazarse y a contaminarse en el interior del kirchnerismo produce resultados que no pueden ser definidos ni planificados de antemano.
Los trabajos sobre protesta social tuvieron un gran desarrollo desde finales de los años '90 y con posterioridad a la crisis de 2001. Puntualmente, a partir de 2003 con la asunción de Kirchner y la implementación de la transversalidad, comienza a observarse de cerca la nueva dinámica política de los movimientos sociales producto de su modificación en las formas de acción. Las preguntas en esta nueva etapa han girado en torno a explicar una característica saliente como es la inserción de algunas organizaciones piqueteras en el aparato estatal (Schuttemberg). Esta "novedosa" relación entre gobierno y organizaciones se ha visto reflejada en numerosos trabajos que pretenden efectuar un análisis de los intentos de "cooptación" desplegados por el kirchnerismo (Borón, Battistini, Masetti, Svampa A). Esta idea se ha transformado en un denominador común de los estudios sobre el proceso político abierto en 2003 y se la entiende como estrategia estatal de contención de la protesta, como
reemplazo al nivel colectivo de la matriz clientelar, como manifestación de la debilidad de los sectores y organizaciones populares y como capacidad de "volver al orden" del Partido Justicialista (Schuttenberg).
La literatura plantea que para mayo de 2003 el nuevo ocupante de la Casa Rosada se enfrentaba a un panorama de mucha movilización social y escasa legitimidad electoral, con tasas de desocupación y subocupación que llegaban al 34,4% de la población y con el índice de pobreza rondando el 50%. En ese marco, los movimientos de asambleas, ahorristas y piqueteros impulsaban una gran cantidad de protestas semanales encarnadas en cortes de rutas que para el 2002 habían llegado a la cifra de 2336 y al año siguiente no descendían de los mil reclamando trabajo e inclusión social (Mauro y Rossi167-168). Dado eso y con el objetivo de dotarse de legitimidad, conjuntamente con otras medidas (entre las que se incluye a la remoción de los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo), se pretendió disminuir la protesta social optando por la no represión al movimiento piquetero, distribuyendo planes sociales e incorporando selectivamente al gobierno a algunos de sus representantes, logrando desmovilizar y cooptar a las principales organizaciones piqueteras (Mauro y Rossi 169).
Así, la invitación a participar del gobierno que tuvieron organizaciones como la Federación de Trabajadores por la Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Barrios de Pie, el Movimiento Evita y posteriormente otras agrupaciones como Túpac Amaru en Jujuy, quienes decidieron apoyar al gobierno, es vista como una estrategia que no busca incorporar realmente a una pluralidad de actores al Estado y dotarlos de recursos, sino domesticarlos dándole un rol secundario sin capacidad de decisión, sin conseguir objetivos y reproduciendo la lógica clientelar del pasado. En consecuencia, se sostiene que el kirchnerismo mantuvo a las organizaciones como dependientes del Estado al tiempo que recupera el espacio perdido por el peronismo en manos de las organizaciones (Svampa B).
En la misma línea argumental se dice que "la incorporación parcial del movimiento piquetero en la coalición de gobierno" obedece al "deseo de Kirchner por reconstruir una base territorial que le permitiera depender menos de las estructuras tradicionales del PJ" (Mauro y Rossi 170). De igual modo, se critica la institucionalización de varias organizaciones en diversas dependencias del Estado, en donde comparten espacios de poder con funcionarios anteriormente menemistas o que representan lo más rancio del partido justicialista (Svampa B). En consecuencia, creyendo poder disputar el poder desde dentro:
Dichas agrupaciones resignaron su independencia, como lo muestra la subordinación fiel a las consignas - movilizadoras o desmovilizadoras- que imparte el gobierno, al tiempo que no lograron expandir su órbita de influencia (Svampa B 50)
Por su parte, Torre refiriéndose a los primeros años del kirchnerismo entiende que es "revelador que la única fuerza encuadrada del kirchnerismo la haya aportado la cooptación de líderes del movimiento piquetero" (26). Inscribiéndose en esa lectura, Hugo Quiroga señala:
El avance del poder encontró igualmente una fuerza imparable en tres soportes centrales, la cooptación interesada, la erosión de las identidades colectivas y el abuso de poderes discrecionales del ejecutivo, que permanecen entrelazados (...) En época de
crispación y de instituciones de consistencia lábil, hubo un aprovechamiento de la crisis de instituciones e identidades fundamentales (...) sectores de los movimientos piqueteros y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) resultaron atraídos por el encanto del proyecto oficial (54)
Y continúa diciendo más adelante de manera crítica sobre el kirchnerismo:
En la búsqueda de afirmación del poder, el escenario de acumulación ha recogido de todo: miembros activos de la vieja política denostada por un pasado corrupto, dirigentes setentistas, líderes piqueteros poco respetuosos de la ley, dirigentes sindicales acomodaticios y cuestionados (...) El poder de Kirchner pudo extenderse porque estuvo abierto a todos los que aceptasen la apuesta presidencial. En este sentido el crecimiento del poder es "indiscriminado", pues en sus alianzas no repara en ideologías, ni en pasados dudosos (55).
Por su parte, Atilio Borón, entiende que el proceso de reproducción clientelar pudo desarrollarse a partir del éxito de la estrategia "burguesa de cooptación y gatopardismo" que se apoyó en que las clases populares demostraron su debilidad a partir de su fragilidad organizativa, la inmadurez de la conciencia política y el predominio del espontaneísmo como modo normal de intervención política. Lo que posibilitó que crisis de 2001 termine en "el gatopardismo hábilmente concebido y ejecutado por Eduardo Duhalde y cuyo mayor beneficiario fue el presidente Néstor Kirchner" (40).
Por otro lado, también se sostiene que incorporando piqueteros a los ministerios y legislaturas se lograría sumar votos para las elecciones al tiempo que se controlaba la crisis heredada desde el 2001-2002 (Escudé).
En oposición a las lecturas arriba enunciadas entendemos que la reubicación de los movimientos piqueteros puede interpretarse de otro modo. Cada organización con su trayectoria y también con la participación y obtención de cargos públicos, muestran la incorporación de estos grupos a un espacio, el Estado, que siempre les había sido antagónico, lo que implica un corrimiento impensable hasta algunos años atrás. La nueva relación puede verse como un desafío para las organizaciones de reposicionarse frente a un contexto de reflujo de la movilización y, fundamentalmente a redefinir sus estrategias políticas frente a un gobierno que construyó rápidamente su legitimidad de ejercicio apelando a la oposición al modelo neoliberal a través de un imaginario productivista y distributivo que recuperaba buena parte de las demandas que habían permitido la articulación de la protesta.
Cuando se señala que la incorporación de líderes piqueteros al gobierno responde a su capacidad de movilización y apoyo al proyecto, se maneja una única lógica para entender la política que consiste en acumular vínculos y relaciones clientelares porque eso permite ejecutar demostraciones de fuerzas y lograr votos en elecciones. Se elimina, en consecuencia, la complejidad del fenómeno que incluye aspectos como la construcción de las identidades colectivas, el surgimiento de nuevas demandas y la posibilidad de articular en la pluralidad.
En oposición a las visiones de la cooptación, la siguiente cita de una entrevista a un militante de Barrios de Pie resulta esclarecedora:
Nosotros somos parte del kirchnerismo con autonomía, con autonomía política, nosotros construimos el kirchnerismo desde Libres del Sur y en el Frente para la Victoria veíamos como la herramienta política del kirchnerismo (...) yo creo que efectivamente quedó demostrado en tres años de gobierno que Kirchner no era más continuidad o más de lo mismo (...) no estamos de acuerdo con tipos como Saadi o Barrionuevo que se dicen kirchneristas y que hoy quieren, este, se quieren incorporar a este proceso o están incluso dentro de ese proceso y que ahora son los principales defensores de los intereses nacionales, después de haber vendido el país digamos, entonces bueno, éstas son las contradicciones que tiene este proceso que nosotros creemos que efectivamente lo que hay que hacer es trabajar con ellas (Perelló 92).
Lo que se deriva de esta declaración es que el kirchnerismo produce un anudamiento novedoso entre diversos elementos que disputan hacia su interior el significado del proceso. En ese sentido, se privilegia la lógica equivalencial a las diferencias que pueda existir entre elementos particulares y se da por tierra con las miradas que pretenden pensar al kirchnerismo como un espacio homogéneo y completamente verticalista. Hacia su interior, el kirchnerismo muestra diversos matices y pugnas por los sentidos, un ejemplo de ello es la idea sostenida en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner de generar un movimiento social kirchnerista que podría funcionar como contrapeso del Partido Justicialista dentro de la transversalidad3.
Las explicaciones que sostienen la pérdida de autonomía de las organizaciones y su cooptación por parte del Estado, asumen una mirada desde arriba que explica la dinámica política poniendo de relieve la intervención del Estado como variable explicativa de toda acción política de los movimientos sociales (Schuttenberg 197). Así, los programas sociales recibirían como contraprestación el apoyo político y la desmovilización de las agrupaciones, reproduciendo el clientelismo en apenas una versión más sofisticada que apunta sencillamente a la construcción del "electorado poselectoral" (Cheresky 2004). No coincidimos tampoco con las visiones que hablan de institucionalización porque si bien se ha disminuido la recurrencia a la acción directa y se han abierto otros canales a las instancias de gobierno, no se constituyó ningún diseño institucional específico para estas organizaciones. Mucho menos creemos pertinente hablar de cooptación dado que los grupos incorporados o afines al gobierno conservan importantes márgenes de autonomía que los llevan como consecuencia de diferencias con el gobierno a renunciar a sus puestos y agregado a esto, mirar de esa manera despectiva implica desconocer las afinidades políticas y coincidencias
3 De hecho en 2005 ante la inminencia de las elecciones legislativas, se constituyeron dos espacios diferentes según cómo pensaban al kirchnerismo en relación al peronismo: Movimiento Evita y Libres del Sur. El Evita se nutrió de organizaciones y militantes procedentes PJ e independientes, y reivindicaba la tradición peronista, la militancia de los setenta, entendiendo que el kirchnerismo recuperaba las banderas históricas de aquel. Por su parte, el resto de las organizaciones no peronistas, si bien también sostenían el potencial transformador del kirchnerismo, descreen que el PJ pueda ser el respaldo institucional para los cambios necesarios.
programáticas que existen (Antón, et al. 32). Coincidimos con Natalucci en que la noción de autonomía que preocupa tanto a los intelectuales, se funda en una tradición política que sostiene el axioma de la separación tajante entre el Estado y la sociedad, como así también de sus tareas. De todos modos, esta visión no es la única posible y además sus alcances analíticos son limitados al confundir el acercamiento entre estos grupos con la pérdida de autonomía que deriva automática y necesariamente en el cese de las acciones de intervención política y en la disminución del impacto que estas organizaciones tienen (33). Pensar al Estado de otra manera permite verlo como un posibilitador que en determinada coyuntura política puede ser apropiado por los sectores populares para transformar sus demandas en derechos. En otras palabras, esto implica correr a los movimientos sociales de su rol destituyente o deslegitimador en donde señalan características a cambiar del orden imperante, y otorgarles acciones de carácter instituyente que incluyen la propuesta por un nuevo ordenamiento. De este modo, la política no implica solo cuestionar, sino también proponer o fundar algo nuevo (Natalucci 34). Dicho de otro modo, las organizaciones pasaron de la resistencia al empoderamiento institucional y disputan los sentidos al interior del kirchnerismo con otros grupos.
Ahora, el Estado ya no es el antagonista, no es contra quien se debe luchar, sino un espacio a ocupar que puede brindar recursos,con quien lograr entendimientos y obtener cargos. Todo ello implica una manera diferente de comprender la acción colectiva y además permite un desplazamiento de la visión antipolítica reinante en el 2001. Se deja de asumir un modo de resistencia como intrínseco al movimiento porque el Estado no está más ocupado por el neoliberalismo al cual se habían opuesto durante tantos años. A partir de 2003, movimientos sociales y gobierno tienen un enemigo común, el pasado de exclusión y desigualdad. Esto es, la construcción de una nueva identidad que reactualiza la dinámica política incorporando una demanda antes excluida, que mientras antes había sido reprimida y deslegitimada hoy se la integra al escenario político como actor reconocido y reivindicado, transformando la perspectiva hegemónica. Así, las identidades de los sujetos van redefiniéndose, modificando la frontera de la comunidad (incluyendo sectores antes excluidos) y reinscribiendo sus demandas (Orsini). Como dice Pagliarone, "el gobierno de Néstor Kirchner significó un quiebre en los modos tradicionales de hacer política e inauguró un nuevo espacio de participación de las organizaciones sociales" (67).
El discurso kirchnerista se apropió de lenguajes disponibles luego de la crisis del 2001, retomó algunos reclamos de las organizaciones y se volvió creíble, mostrándose como la ruptura con lo que había ocurrido en el país en el último tiempo. Las organizaciones, en consecuencia, se identificaron como quienes habían resistido y cuestionado al neoliberalismo. El kirchnerismo, por su parte, consiguió constituirse como heredero de ese proceso que se inició en 2001, pero que comienza a estabilizar sentidos a partir de 2003, articulando y mostrando la contaminación existente entre diversas demandas que no pueden ser vistos como compartimentos estancos sino que se equivalencian al oponerse a un antagonista común (el pasado neoliberal) y que tienen como significante vacío que las aglutina a la idea de democracia.
En otras palabras, los efectos políticos de la retórica oficial no pueden analizarse sin tomar en cuenta la recepción e interpretación que se efectúa por parte de los actores
interpelados y el contexto en el que se da esa relación. Pensar como lo hacen las visiones que aquí criticamos que ante la demanda particular satisfecha institucionalmente (plan o subsidio) se deriva una práctica clientelar a partir de una contraprestación, supone pensar la política como simple administración, como un espacio en el que confluyen sujetos plenamente constituidos previamente, transparentes a sí mismos y que son agentes de prácticas que no los modifican ni alteran, sino que sólo los predispone u obliga a determinados cursos de acción. Pensamos en contrapartida, como venimos acentuando, que los sujetos son unidades fallidas, que en la política no se produce una transacción sino una lucha por el reconocimiento (Orsini110) y que las acciones emprendidas aunque satisfagan parcialmente las demandas abren nuevas posibilidades y nuevos pedidos reubicando a los actores en nuevas posiciones.
Si partimos de que la identidad se construye en el propio hacer, es pensable que las primeras medidas tomadas por Kirchner, que incluyen su política de derechos humanos, aspectos de la política económica, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, la crítica las empresas privatizadas, el latinoamericanismo que lo distancia de Estados Unidos y de los organismos internacionales de crédito, por citar solo algunas de las principales demandas enunciadas en el discurso, provocaron en el imaginario del movimiento piquetero la idea del "cambio de rumbo" sintiéndose interpeladas por el nuevo gobierno que retomaba muchas de sus ya históricas banderas y reivindicaciones, lo que permitía su articulación en esa cadena equivalencial construida por el kirchnerismo. De hecho, la relación entre las organizaciones y Néstor Kirchner tuvo su primer punto de inflexión desde su discurso de asunción donde reconoció algunas demandas que las organizaciones venían manifestando desde hacía varios años (distanciamiento de los organismos multilaterales de crédito, cuestionamiento a la impunidad de los genocidas de la dictadura, reivindicación de la militancia). Incluso, pocos días después, varias organizaciones piqueteras fueron convocadas a la casa de gobierno4 en donde se reunieron con el presidente que les comunicó que varios funcionarios estarían abocados a mantener relaciones entre el gobierno y ellas, formándose de este modo el denominado "gabinete piquetero"5. Además de esto, ya en junio del 2003 el presupuesto en materia de política social aumentó un 62%, llegando a $982 millones, lo que permitió orientar la acción de las organizaciones a la gestión de esos recursos.
Poco a poco el kirchnerismo consolidó un proceso a través de su discurso productor de sentido, que de ningún modo pueden entenderse de manera unidireccional sin tener en cuenta las gramáticas de recepción del resto de los actores, como si estos fueran meros actores pasivos, sino que decodifican los mensajes transmitidos y los interpretan a su
4 Concurrieron el MTD Evita, el MTD Resistir y Vencer, Barrios de Pie, Polo Obrero y Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive.
5 El gabinete piquetero estaba impulsado por Oscar Parrilli, Secretario General de la Presidencia, quien delegó esta tarea en Rafael Follonier, Coordinador General de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidente, Sergio Berni y Alberto Gandulfo por el Ministerio de Desarrollo Social, Héctor Metón de la ComisiónNacional de Tierras Fiscales a cargo del programa Arraigo, Enrique Deibe, Secretario de Trabajo y Pedro Cámpora Asesor de la cartera de Trabajo, José López, Luis Bontempo y Pacífico Muro de la Secretaría de Obras Públicas, José Campagnoli, Subsecretario de Protección Civil y Rogelio Ipaguirre, Asesor del Ministerio de Justicia (Natalucci, 2012: 35).
manera, motivando diversas respuestas a las propuestas oficialistas (Retamozo 3). En otras palabras, los efectos políticos de la retórica oficial no puede analizarse sin tomar en cuenta la recepción e interpretación que se efectúa por parte de los actores interpelados y el contexto en el que se da esa relación. Por ello, pensar en términos de cooptación y segundas intenciones (que encerraría el accionar del kirchnerismo) es obviar de plano uno de los espacios de análisis e investigación.
El kirchnerismo logró interpelar a diversos movimientos sociales (entre otros actores que incluyen como ya vimos a los organismos de derechos humanos y también sectores peronistas, sindicatos nucleados en la CTA, etc.) explotando y reconfigurando los sentidos nacional-populares presentes en sus identidades. Oponiéndose al neoliberalismo, al FMI, a la justicia ineficiente, a las corporaciones, a la dictadura militar, el kirchnerismo traza una frontera y se sitúa junto al pueblo y al mismo tiempo lo constituye (tanto entendido como ciudadanía y totalidad, como así también como la parte plebeya de la ciudadanía que reclama su inclusión y reconocimiento en lucha contra los sectores dominantes6) formando parte del mismo campo. Esta dicotomización del espacio fue acompañada por una dimensión institucional a la que los diferentes grupos fueron incorporados, sin que ello implique como suele pensarse la desmovilización, ya que el cambio en la matriz de la movilización social no se reduce simplemente a las protestas (Retamozo 7).
La interpelación discursiva estuvo acompañada por un conjunto de políticas públicas que reconfiguran relaciones y producen sentido. Como señala Retamozo:
En un contexto de recuperación de índices de empleo registrado (que revitalizaron la dinámica de la negociación salarial y la puja distributiva entre los trabajadores "integrados"), para aquellos sectores que no estaban contemplados en el mercado de trabajo formal la política fue de mantener el Plan Jefes y Jefas hasta finales de 2008 y complementarlo con otras políticas sociales como el Plan Familias por la Inclusión y el Seguro de Empleo y Capacitación que los fueron progresivamente reemplazando. La promoción de cooperativas mediante el proyecto "Argentina Trabaja" y finalmente la implementación de una política de tendencia universalista como la Asignación Universal por Hijo marcaron una reorientación de las políticas públicas (8).
Así, el kirchnerismo se nutre de los movimientos sociales sin absorberlos, manteniendo estos últimos su capacidad de movilización y configurando al gobierno como superficie de inscripción de sus demandas (Retamozo 9). El nombre kirchnerismo sirve como un modo de nominar la unidad que se busca representar y permite aglutinar en su nombre a una pluralidad de grupos que de otra manera estarían diseminados
La inscripción de los movimientos sociales en el gobierno y la incorporación de sus luchas a la arena política (a diferencia de lo que había sucedido en los periodos anteriores)
6Además de sus iniciales enfrentamientos al FMI, las empresas de servicios públicos privatizadas, los especuladores, los defensores de la dictadura militar y la Corte Suprema de Justicia se sumaron posteriormente disputas con grupos monopólicos en el manejo de los medios de comunicación (el Grupo Clarín frente a la ley de medios), la jerarquía de la iglesia católica (que enfrentó las políticas de educación sexual y la propuesta de matrimonio igualitario) y la Sociedad rural Argentina y las organizaciones rurales aliadas (ante el intento gubernamental de aumentar las retenciones a las exportaciones de ciertos productos).
pueden ser leídas como una forma de profundizar la democracia que va por canales que no son reductibles a lo estrictamente institucional y procedimental pero que juegan un rol relevante a la hora de pensar la disputa abierta por el proceso iniciado en 2003 por el sentido de la democracia.
I. El kirchnerismo y los medios de comunicación
En este último apartado trataremos algunas de las discusiones abiertas por la sanción de la Ley de Medios que entendemos resultan centrales para comprender la disputa por el sentido de la democracia. En las siguientes líneas buscaremos mostrar la politización que el rol de los medios de comunicación ha adquirido en los últimos años mostrando la precariedad del discurso que los sostuvo en el lugar de la neutralidad y la objetividad.
Cuando se intenta pensar el proceso abierto por la ley de medios, varios análisis definen a los medios de comunicación como "un vehículo equilibrado y razonable del debate público" y como un factor de presión al poder por la visibilidad que adquieren las denuncias y críticas que realizan (Quiroga 127). De esta manera, se esencializa a un actor político como paladín de la democracia y garantía del control democrático, imponiéndose una visión particular de los medios por sobre otras posibles. Sin embargo, si pensamos la cuestión desde otro lugar, es posible también identificar a los medios concentrados existentes hoy en Argentina como poderes fácticos por fuera de cualquier regulación democrática que ejercen presiones y limitaciones a los representantes del pueblo, según sus intereses particulares. En base a esta diferencia en los modos de concebir a los medios de comunicación es que se puede sostener que existe una disputa abierta por el sentido de los mismos que se relaciona fuertemente con la discusión por el modo de entender la democracia.
En línea con lo que venimos manifestando, estos mismos análisis interpretan en clave estratégica todos los actos del gobierno vinculados a los medios -la creación del Futbol Para Todos, el "embate" contra Papel Prensa, los operativos de la AFIP en diversas compañías del Grupo Clarín, incluso el bloqueo por parte del sindicato de camioneros a la distribución de Clarín y La Nación, entre otras medidas-, anudándolos de manera lineal con los pronunciamientos de Néstor y Cristina Kirchner, construyendo sobre ellos una imagen de intolerantes, incapaces de receptar cualquier crítica hacia sus actos. De ese modo, todo constituiría pasos de una "estrategia que prosiguió con la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que siembra serias dudas por el poder discrecional que dispondrá la Autoridad de Aplicación" (Quiroga 131). Cada pronunciamiento o política oficial se torna desde estas miradas una estrategia del kirchnerismo y toda explicación se limita al revanchismo del oficialismo volviendo criticable la ley. Esto es porque "la libertad de expresión y el derecho a la información no pueden quedar subordinado al revanchismo del oficialismo contra la "oposición mediática" (Quiroga 132).
Para Sarlo, la intervención del gobierno en los medios de comunicación y la construcción de los grandes multimedios como reproductores del discurso neoliberal antagonistas del kirchnerismo responde al plan vengativo de Néstor Kirchner luego de la crisis agraria, así, por su la batalla con Magnetto, el propio Kirchner concluyó que toda la prensa es un aparato ideológico destinado a sostener el poder económico y político de
algunos sectores privilegiados (Sarlo 104). Para la autora en cuestión, "el kirchnerismo sólo recordó que quería con urgencia una nueva ley de medios audiovisuales cuando se agudizó la escalada contra el Grupo Clarín" (217). Así, "una ley que podría haber sido democrática y culturalmente interesante fue un arma de riña cotidiana y eso le dio su sesgo a aspectos fundamentales" (217). Por su parte, el Grupo Clarín que desde la crisis del campo tuvo un "cambio de línea editorial" estaría justificado porque "es un grupo de medios y un grupo económico al mismo tiempo" (218). Todos los argumentos utilizados por el gobierno para deslegitimar a Clarín son una "pantalla ideológica" de medidas que pertenecen enteramente a la coyuntura (219).
Postura muy similar sostiene Marcos Novaro, al decir que la ley en cuestión estaba dirigida a proveer "legitimidad democrática y antimonopólica a la operación para minar la credibilidad y la audiencia de los medios independientes, en particular, Clarín" (Novaro B 137).
Desde nuestro lugar, para repensar el rol de los medios en democracia es necesario reflexionar previamente sobre el conflicto agrario del año 2008. La "crisis del campo" puede ser pensada como un momento que habilita a rediscutir algunas cuestiones que hasta el 2008 no habían sido politizadas, funcionando como condición de posibilidad para políticas posteriores. Entre estas cuestiones se encuentra la discusión por el rol de los medios en democracia, la desnaturalización de su función y del lugar desde el que estos se pronuncian (Barros y Daín). Esto significa en otros términos, quitarlos del lugar de sacralidad en el que habían logrado instalarse desde la década del '90 y mostrar algunos aspectos que permanecían ocultos hasta entonces. Este proceso en buena medida es posible a partir del evidente posicionamiento y cobertura que los principales medios de comunicación tuvieron durante el conflicto con el campo, jugando un activo rol en favor del sector rural, mostrándose en el escenario político como actores interesados, aspecto que iba en contra de la propia autoconcepción de los medios como independientes, neutrales y objetivos.
En el contexto de la disputa por la resolución 125 los principales medios de comunicación asumieron una postura fuertemente contraria a la suba de las retenciones. Este aspecto fue puesto en el centro de la escena por el gobierno nacional quien construyó la lectura que la oposición de estos grupos excedía largamente la cuestión puntualde las exportaciones y que buscaban erigirse como oposición política de carácter destituyente. Esa caracterización le permitió al discurso kirchnerista colocarse en el lugar de la democracia, como el único poder emanado de la voluntad popular. Es decir, desde esa lectura nos encontramos ante un problema estructural, ya que el poder democrático tiene límites fijados no democráticamente y la democracia depende en buena medida de su capacidad de someter a dichos poderes a los poderes democráticos. Por ello, el modo de salir del conflicto comienza a configurar ese intento de mayor democratización e institucionalidad que el discurso kirchnerista generó y que terminó de plasmarse en la ley de medios(Barros y Daín 32-36).De este modo, la ley de medios no puede ser vista como una mera decisión estratégica o vengativa del gobierno, sino teniendo en cuenta las condiciones que posibilitaron su emergencia, como una apuesta, en vista que "la democracia se defiende con más democracia y las instituciones con más instituciones" (Fernández de Kirchner). De este
modo, es la significación del rol que los medios de comunicación asumieron en 2008 que la decisión por discutirlos deviene en una opción factible y creíble.
La "guerra" con los medios terminó de desencadenarse tras el proyecto oficialista de reemplazar el Decreto Ley 22.285 de 1980 de la dictadura por una ley de servicios de comunicación audiovisual que sancionaría el Congreso. Esta decisión no puede leerse como mera estrategia sino que responde a una demanda vigente desde la década del '90 momento en el que diversas entidades del campo comunicacional comenzaran a articularse en torno a la demanda de democratizar las comunicaciones aunque sin éxito por aquellos años (Segura y Repoll). Dicho de otro modo, la demanda por un ley de radiodifusión mas inclusiva y equitativa forma parte de un viejo reclamo de la democracia siendo un lenguaje disponibles desde hace algún tiempo dado el descreimiento en los medios cada vez más generalizado luego del 2001 y que a partir de la disputa con el campo en 2008 se fortalece y comienza a articularse desplazando a la comunicación del lugar de un servicio o una actividad económica hacia el lugar de un derecho universal estrechamente ligado a la democracia.
De este modo, la nueva ley supondría una transformación profunda en el ámbito de los medios y la comunicación (Kitzberger 179). Esta medida apunta a redefinir el rol de los medios en la democracia, poniendo en el centro de la escena su rol político en el debate público y conjuntamente con ello, asignarle un rol regulatorio y comunicativo al Estado, en un sentido de democratizar la comunicación.
Entonces bien, aunque el objetivo de la medida pueda pensarse que es quebrar el poder del Grupo Clarín, reducir la ley a esa motivación condiciona la interpretación y lleva a entender a la iniciativa legislativa solamente como un instrumento en una disputa corporativa y personal, que implica en primer lugar desconocer las complejidades del aparado estatal pensándolo como un todo monolítico y uniforme que se ordena tras la voluntad del líder de turno; y en segundo lugar y más relevante que lo primero vuelve a los principios argumentados tales como la democratización, los derechos, el pluralismo, una mera fachada desconociendo a la multiplicidad de actores involucrados en la causa, ya que se considera que fueron sencillamente manipulados por el gobierno, invalidando e impugnando de manera total la discusión abierta (Kitzberger183). Así, se pierde de vista el proceso de movilización y participación que llevaron a cabo una pluralidad de sectores vinculados a las comunicaciones7 que pugnaban por la democratización de los medios de comunicación que pusieron a disposición el recurso discursivo. Reducir la discusión a una jugada estratégica del gobierno que manipuló a través de las alianzas tejidas a los sectores involucrados que impulsaban la reforma con el fin exclusivo de debilitar a sus opositores mediáticos es extender las capacidades del kirchnerismo demasiado lejos. Se pierde de vista en consecuencia las posibilidades a las que abre la nueva ley que exceden por mucho a las "reales" intenciones del kirchnerismo que serían según estas propuestas generar un monopolio mediático oficialista que le permita controlar la opinión pública y avanzar en contra de la libertad de expresión. La discusión por la ley de medios sitúa a los grandes
7 Esto incluye instituciones de la sociedad civil, universidades, movimientos sociales, radialistas comunitarios, intelectuales, activistas y periodistas críticos que comparten un discurso crítico sobre el rol de los medios y la cuestión de la comunicación democrática.
conglomerados mediáticos en el centro del debate, y sus propios pronunciamientos en sus notas y editoriales y comunicados de las cámaras empresariales que los nuclean oponiéndose sistemáticamente a la medida impulsada por el gobierno, pone al descubierto una vez más (tal como había sucedido con la crisis del campo) sus intereses económicos y políticos. Se muestra de este modo la precariedad del discurso construido que situaba a los medios dominantes como lectores neutrales y exteriores a la realidad.
La discusión por la ley de medios decimos hace uso de un recurso disponible, es la apropiación de un discurso de un gran abanico de organizaciones no gubernamentales que venían luchando por ese proyecto desde espacios sumamente marginales y buscando una reforma de ese tipo, que había acumulado credibilidad durante los años anteriores transformándose en una referencia por sus años de activismo, teniendo un alto nivel de aceptabilidad basado en su propuesta sólida. De este modo, el gobierno tuvo un acercamiento con grupos como la Coalición por un Radiodifusión Democrática, un grupo que desde 2004 estaba elaborando una propuesta de ley, la cual se plasmó en los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia8 (Barros y Daín 39), a partir de los cuales a lo largo y a lo ancho del país, se produjeron debates en foros con participación ciudadana (24 Foros de Consulta Pública en diferentes provincias) en donde se discutió y modificó el proyecto para luego ser enviado al Congreso en agosto de 2009, para ser aprobada dos meses después por Diputados y Senadores.
La ley de servicios de comunicación audiovisual establece un giro sustancial en la materia pensando a la comunicación y la información como un derecho basándose en la democratización del acceso a los medios9, excediendo lo que la tradición liberal piensa como libertad de prensa. En este sentido puede decirse que los servicios informativos son
8 Estos puntos incluyen entre otros: la radiodifusión como derecho a la información y no como un simple negocio comercial (punto 2); la necesidad de garantizar la independencia de los medios de comunicación (punto 3); la reafirmación de las frecuencias radioeléctricas como bien público patrimonio de la humanidad que debe ser administrado con criterios democráticos (punto 4); la diversidad y el pluralismo como línea medular de los servicios de comunicación y la necesidad de igualdad de posibilidades para el acceso y la participación en los espacios de radiodifusión (punto 5); el impedimento de la conformación de monopolios y/u oligopolios (punto 6); la creación de un registro público y abierto de los titulares de licencias (punto 9 ); el reconocer la existencia de tipos de prestadores de servicios de radiodifusión no solo comerciales sino también públicos y comunitarios de organizaciones de la sociedad civil (punto 11); reservar a este último tipo de prestador el 33% de la frecuencias (punto 13); la creación de la figura "defensoría del público2 (punto 20).
9 En este sentido la ley impone una limitación sobre la propiedad de licencias (Art. 45) para evitar la concentración de las mismas en pocas manos, lo que afecta de manera directa a los grupos multimediáticos que deben desprenderse de varias de sus licencias que exceden el límite planteado por la ley,
lo que implica una menor capacidad de influencia sobre la ciudadanía y menores ingresos. Para ello deberán adaptarse a lo establecido en el artículo 161 que dispone los plazos para que esos grupos se ajusten a la ley, cuestión que hoy es el centro de la discusión en el espacio judicial. Las medidas cautelares presentadas por el grupo Clarín suspenden la aplicación provisoria de los art. 41 y 161 que establecen la intrasferibilidad de licencias y acciones de empresas de comunicación audiovisual y fijan el plazo de un año para que los propietarios de medios se adecuen a los límites que estableces la Ley en cuanto al número de licencias que pueden tener.
extraídos del universo del lucro y la inversión, para ser resignificados junto a otros significantes como por ejemplo la inclusión. Por ello, se reservan ciertas porciones del espectro para sectores públicos y de la sociedad civil, se restringe la propiedad concentrada y se aseguran cuotas de producción nacional. Además se prevé la creación de organismos regulatorias e instituciones de control integradas por representantes estatales sociales y sectoriales (Kitzberger 186).
Por otra parte, la ley de medios fue presentada como una deuda de la democracia dado que la normativa vigente databa de la dictadura militar, lo cual permite anudar la lucha por la democratización de los medios con la lucha por los derechos humanos que analizamos hace algunas páginas10. En el mismo sentido se trata de luchar contra la impunidad de los poderes fácticos sin regulación democrática que controlan el sistema de medios argentino11:
El único sector de poder que va permanentemente a elecciones es la política; los poderes económicos no van a elecciones, el poder mediático no va a elecciones, sí hablan de todo pero no van a elecciones, el poder económico también opina sobre todo pero es el poder económico, tampoco se elige y los que permanentemente tenemos que ir a medir nuestra representatividad con la sociedad, somos nosotros (Kirchner).
Los medios pasan a ocupar el lugar del exterior constitutivo y son denominados como corporaciones hegemónicas, empresas periodísticas, monopolios comunicacionales, que desinforman, ocultan y agravian y son asociados al modelo neoliberal, ligado no sólo a los noventa sino al pasado terrible de la dictadura como cómplices de aquella y como actores económicos no legítimos vinculados a la concentración. De este modo, el kirchnerismo articuló un discurso en clave antineoliberal que provocó poco a poco la reactivación de la ciudadanía y la recuperación de la autonomía de la política, luego de un periodo en donde los medios habían tenido un rol central en la construcción de la hegemonía neoliberal. Tal como señala Kitzberger:
La política colonizada por "poderes fácticos" se reflejó en una esfera pública dominada por un discurso tecnocrático que desacredita toda desviación de los imperativos del mercado. En esta visión, el periodismo funciona intelectualmente subordinado a un sentido común liberal y a poderes sociales no electivos. El kirchnerismo se posicionó en desafío a este estado de cosas, encuadrando la confrontación como una disputa por la representación: los medios reclaman representar al público "haciendo periodismo", cuando en realidad están "haciendo política" en función de intereses minoritarios (181).
Se rompe así con la visión hegemónica de los '90 en donde:
10 De hecho, en varias oportunidades en el discurso kirchnerista se reivindica a los periodistas desaparecidos durante la dictadura y se los defiende: "Sustituye a la vieja ley de la dictadura. en nombre de los 118 periodistas detenidos desaparecidos durante la dictadura que con su vida dieron testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de prensa" (Fernández de Kirchner B).
11En este mismo sentido pueden leerse las iniciativas de la investigación de la apropiación de Papel Prensa o la creación del Futbol Para Todos, que significó la estatización de las transmisiones de fútbol del campeonato local.
Los medios aparecían como desvinculados de la disputa política, definiendo a su propio discurso como no ideológico (es decir, no determinado por condiciones de producción), y posicionados como portavoces de verdades absolutas (y desinteresadas). El universo de los discursos mediáticos se mostró durante los '90 (salvo contados casos) como ajeno a las contiendas políticas y sociales. En primer lugar, los medios aparecen como independientes y, en segundo lugar, como proveedores de servicios de ciertos bienes que circulaban entre los grupos multimedios y sus consumidores/clientes sin interferencias de ningún tipo.
A partir del tópico de la prensa independiente se define como ajena a la adhesión a todo proyecto político, lo cual la habilita para cumplir funciones de contrapeso y de auditoría social pues presenta la verdad desinteresada (Martínez 159).
Lo que subyace en este debate es la disputa por la libertad de expresión. La misma intenta ser apropiada por dos discursos en pugna que pretenden fijar su sentido; mientras que para los medios aquella se superpone con la libertad de empresa, muy afín al discurso neoliberal, que podría traducirse de manera brutal en que la libertad de expresión consiste en tener todos los medios que un individuo desee tener, sin ningún tipo de intromisión artificial de la política; una nueva perspectiva pretende mostrarnos que libertad de expresión y libertad de empresa no son sinónimos y que la nueva ley de medios no apunta a restringir la libertad de expresión aunque si la libertad de empresa, siendo posible pensar la libertad de expresión como la posibilidad de que cada sector, cada colectivo social, tenga el medio para hacerlo, poniéndose el acento en la importancia de la desconcentración mediática para la democracia.
I. Conclusiones
La política de derechos humanos, la relación con los movimientos sociales, la disputa con los medios y también el conflicto por la resolución 125 han funcionado como disparadores que nos permitieron mostrar cómo detrás de esas diferencias puntuales, al menos dos concepciones diferentes de la democracia se están debatiendo fuertemente a partir del proceso iniciado en el año 2003, desnudando la precariedad de toda fijación de sentido. De este modo, entendemos que los gobiernos kirchneristas han producido modificaciones profundas en las construcciones de sentido existentes en la Argentina desnaturalizando y repolitizando significados y prácticas que se encontraban sedimentadas anteriormente. Así, la línea de trabajo propuesta apuntó a desentrañar y a revisar analíticamente una serie de construcciones políticas y sociales de sentido que configuran prácticas democráticas, pensando los marcos en los cuales se construye el poder y a partir de allí, cómo se instituyen sedimentaciones y reactivaciones que dan un contenido específico a la dinámica social.
A partir de lo dicho es posible entender la democracia como proceso no neutral, como proceso de inclusión y participación y como radicalización de los conflictos. Estas cuestiones entran en profunda discusión con las aproximaciones que piensan y limitan a la democracia a aspectos como sus instancias institucionales, a la realización de determinados procedimientos y como modo de lograr consensos, es decir, como simples reglas de juego establecidas. Con esto, no queremos decir que la democracia no incluya esas dimensiones (evidentemente sí) sino que las excede y desborda volviéndose un fenómeno problemático
para ese tipo de visiones. Justamente, esta discusión es lo que se está produciendo desde la aparición del kirchnerismo a partir de cuestiones específicas como los hechos analizados a lo largo del trabajo que ensanchan el espacio público visibilizando demandas antes ocultas y que las visiones tradicionales sobre la democracia no pueden más que situar en el terreno de la utilización y manipulación, lo que refleja el modo estrecho en que piensan lo político.
La democracia ya no puede ser entendida y reducida en cualquier caso a una forma de gobierno en la que las autoridades son elegidas por el pueblo, a través de elecciones periódicas y donde los partidos políticos compiten por el control del aparato gubernamental. Por el contrario, el contenido con el que se llena el significado de la democracia se vuelve contextual, modificándose según el momento histórico que analicemos. En el caso de nuestro estudio, como hemos intentado mostrar, el sentido de la democracia se encuentra fuertemente ligado (contaminado diríamos) a la lucha por la memoria, verdad y justicia, a las demandas de inclusión y la participación activa de la ciudadanía, a la intervención Estatal para la regulación de los poderes corporativos. En otras palabras, la lucha por la democracia no se limita a mantener el voto popular sino que incluye todas las luchas mencionadas. Hablar de democracia en este contexto, implica en el discurso kirchnerista hablar de todas esas demandas también. La democracia se vuelve de este modo, a partir del 2003, el significante vacío que simboliza todas las demandas particulares que el kirchnerismo articula, no como mera sumatoria de singularidades sino como elementos que se contaminan mutuamente resignificandose.
Como consecuencia de lo que estamos apuntando, los casos analizados a lo largo del trabajo no pueden ser tomados de manera aislada, por lo que cobra relevancia la noción de articulación que ha sobrevolado a lo largo de las páginas. Cada una de las demandas particulares que tratamos (organismos que luchan por los derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones que pujan por la democratización de los medios, entre muchas otras demandas) son incorporadas por el kirchnerismo y pasan a formar parte de la misma cadena equivalencial, contaminándose unas a otras. De esa manera, cada particularidad ya no representa solo su demanda puntual sino una identidad más compleja que las incluye y que se reconfigura de forma permanente, el kirchnerismo. Evidentemente, esa cadena equivalencial que construye el kirchnerismo puede ser extendida a demandas que no hemos abordado en este estudio como es la defensa de las minorías sexuales, la militancia juvenil, sectores de jubilados beneficiados con la estatización de los fondos previsionales, el posicionamiento latinoamericanista en política exterior, entre otros. Todos ellos se articulan oponiéndose a un enemigo común que es el pasado de la antipolítica o del neoliberalismo. Siendo ese pasado el que se opone tanto a la política de derechos humanos, como así también a las medidas redistributivas, a la recuperación de las instituciones y la repolitización de la sociedad.
Como dijimos, las demandas articuladas en la cadena equivalencial kirchnerista se contaminan y se resignifican y es eso lo que permite entender, por ejemplo, la presencia de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo no solo en actos vinculados a la lucha por los derechos humanos sino también en aquellos que giran en torno a anuncios de política económica y social. De igual modo se puede ver a los colectivos de los movimientos sociales participar de
las conmemoraciones del 24 de marzo o celebrando los logros de los organismos de derechos humanos.
Finalmente, para cerrar, queremos decir que no ha sido el propósito de este trabajo exponer de manera acabada lo que diversas tradiciones de pensamiento han entendido por democracia, ni tampoco proporcionar un análisis totalmente detallado de ningún aspecto del kirchnerismo, empresas que exceden largamente las ambiciones de estas páginas pero en las que nos embarcaremos en próximas intervenciones. Más bien, humildemente lo que hemos intentado plantear es una inconformidad con el modo en que se estudia el proceso iniciado en el 2003 y se concibe la democracia, poniendo en tensión las formas sedimentadas de ver la política e intentando colaborar mínimamente para su mejor comprensión y con la apertura de nuevas discusiones.
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Recibido: 5 julio 2013 Aceptado: 10 octubre 2013
