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Análisis crítico de la regulación laboral y movilización obrera en Colombia en el siglo XX*
Critical analysis of labor regulation and labor mobilization in Colombia in the 20th century
Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo** José Alejandro Cifuentes Sarmiento***
Resumen: El presente artículo busca resaltar el rol activo de los trabajadores en la historia al señalar que han sido las luchas protagonizadas por los trabajadores en el siglo XX las que hicieron posible el desarrollo de protecciones sociales y la regulación del trabajo. La incidencia de la movilización obrera sobre la legislación será considerada a través de los planteamientos de Marx sobre plusvalía absoluta y relativa, sosteniendo que la regulación del trabajo no son concesiones predecibles de parte de la burguesía ante el avance de las fuerzas productivas, sino que se sitúa en medio del conflicto generado por la continua imposición y control por parte de los dueños de los medios de producción sobre las condiciones de trabajo, situación inherente al modo de producción capitalista. Se identificaron cuatro momentos de la lucha obrera en el siglo XX en los que se puede ver la relación entre el ascenso de las luchas sociales y la evolución de las regulaciones labores. Al final de este sintético recorrido histórico se puede evidenciar que las regulaciones laborales más importantes en Colombia surgieron luego de toda una década de movilización social; igualmente pudimos establecer que los sectores más conservadores de mediados del siglo XX buscaron ampliar la plusvalía relativa desarticulando al movimiento obrero y, con él, su capacidad de respuesta a las políticas antipopulares.
Palabras clave: Sindicalismo, regulación laboral, movilización obrera, conflicto.
Abstract: This work seeks to highlight the active role of workers in history, noting that it was the struggles led by workers in the 20th century that made the development of social protections and the regulation of work possible. The incidence of labor mobilization on legislation will be considered through Marx's proposals on absolute and relative surplus value, arguing that the regulation of labor are not predictable concessions on the part of the bourgeoisie in the face of the advance of the productive forces, but rather it places it in the middle of the conflict unleashed by the incessant effort of the owners to impose their control over labor, and which is inherent in the capitalist mode of production. 4 moments of the workers' struggle in the 20th century was identified in which the relationship
El presente artículo es parte de la investigación doctoral Modelo analítico de seguridad ontológica. Medición del impacto de las protecciones sociales y del progreso social en Colombia 2000-2018. La investigación fue financiada por Colciencias (convocatoria 727 de 2015) y la Universidad del Norte (beca 2017-2020).
Colombiano, autor principal. Doctor en Ciencias Sociales. Docente de la Escuela de Negocios, Universidad de La Salle. Residente posdoctoral en Sociología de la Universidade Federal de Minas Gerais. Email: ricsanchez@unisalle.edu.co ORCID: 00000002-2258-3927.
Colombiano, autor secundario. Magister en Historia. Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, CEIS.
Email: josealca@hotmail.com ORCID: 0000-0002-4645-1937.
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between the rise and revulsion of social struggles and the evolution of labor regulations can be seen. At the end of this synthetic historical journey, it can be seen that the most important labor regulations in Colombia emerged after a convulsive decade of social mobilization; We were also able to establish that the most recalcitrant sectors of the elite that ruled around the conservative dictatorships of the mid-twentieth century sought to expand the relative surplus value by dismantling the labor movement and, with it, its ability to respond to anti-popular policies.
Keywords: Trade unionism, labor regulation, labor mobilization, conflict.
Recibido: 26 marzo 2022 Aceptado: 16 julio 2022
Introducción
En Colombia los estudios históricos sobre el mundo del trabajo y la clase obrera1 se remontan a la década de 1970, y los primeros de ellos se preocuparon principalmente por los orígenes y trayectoria del movimiento sindical. Trabajos pioneros como la Historia del sindicalismo en Colombia de Miguel Urrutia (1969), o la Historia de las luchas sindicales de Edgar Caicedo (1971), plantearon la debilidad histórica del sindicalismo colombiano explicada con razones políticas. Estos trabajos marcaron el camino a otras investigaciones, que también se concentraron en el problema de la debilidad sindical, tal como es el caso de los libros Luchas obreras y política laboral en Colombia, de Víctor Manuel Moncayo y Fernando Rojas (1978), y Política y sindicalismo en Colombia de Daniel Pécaut (1973).
Ya en la década de los ochenta, por incidencia de nuevas corrientes historiográficas, comenzaron a aparecer trabajos que no se concentran ya en la historia del movimiento sindical, sino en el desarrollo de la clase obrera en cuanto tal, interesados en explicar social y económicamente la formación del proletariado, así como en sus formas de organización y movilización. Cabe destacar el trabajo del historiador estadounidense Charles Bergquist, Los trabajadores en la historia latinoamericana (1988), donde afirma que el auge de la economía cafetera incidió en la configuración de una clase obrera particular, donde los campesinos independientes, fortalecidos por la comercialización del grano, fueron determinantes. Este trabajo fue seguido por la importante investigación de Mauricio Archila, Cultura e identidad obrera (1991), donde se explica la formación de la clase obrera cuando el proletariado colombiano, surgido en la industria, los transportes y los enclaves, fue forjando elementos identitarios, tomados de la más amplia cultura popular y al interior de las organizaciones sindicales y políticas. Siguiendo la línea abierta por Bergquist, el historiador Renán Vega dedica varios volúmenes de su obra Gente muy rebelde (2002) a estudiar el origen socioeconómico de la clase obrera y a sus luchas políticas y sindicales.
Los trabajos antes referenciados tienen en común, como se puede ver, el estudio de la clase obrera en sus orígenes durante la primera mitad del siglo XX. Durante los siguientes cincuenta años los estudios son aún más reducidos. Pocos trabajos, como el del historiador Álvaro Oviedo, Sindicalismo colombiano, Iglesia e ideario católico (2009), estudian la división del movimiento sindical causada por la política de la hegemonía conservadora de medio siglo iniciadas por Mariano Ospina Pérez. De igual forma, el abogado e historiador Ricardo Sánchez Ángel dedica su libro ¡Huelga! (2009), al estudio de la movilización obrera en las décadas de 1970 y 1980, concentrándose también en la incidencia de las
1 Las obras mencionadas en esta sección pueden encontrarse referenciadas en la bibliografía.
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organizaciones de trabajadores en los hechos de protesta en este periodo. Finalmente, para la historia del movimiento obrero de finales del siglo XX, cabe destacar también el libro de Álvaro Delgado (1986) sobre la historia de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, central surgida durante el Frente Nacional como iniciativa del Partido Comunista.
A este breve balance habría que sumarle algunos trabajos más recientes sobre el desarrollo regional de la clase obrera (un aspecto muy importante si consideremos el peso de las regiones en la historia colombiana), algunos de los cuales ya cuentan con una perspectiva de género: la mujer obrera2.
Con este panorama cabe señalar que la historia de la clase obrera y el mundo del trabajo, contrario a lo que podría pensarse a priori, no es tan extensa en nuestro país. Si bien las investigaciones realizadas son de gran importancia, muchos aspectos de la historia del proletariado colombiano, así como del proceso de modernización están aún por estudiarse; y entre otros aspectos que no han sido suficientemente explorados está el del rol que los trabajadores organizados han jugado en el desarrollo de la legislación laboral y la regulación del trabajo.
Lo que proponemos aquí es llamar la atención sobre la importancia de la movilización obrera para el desarrollo de las regulaciones del trabajo en Colombia. La idea de que los derechos laborales en nuestro país se hicieron realidad gracias a las dádivas de una élite modernizadora se ha hecho cada vez más común. Sin embargo, nosotros buscamos exponer que, como a lo largo y ancho del planeta durante los procesos de industrialización, los derechos laborales fueron ganados por los trabajadores en medio de la movilización y las huelgas. Esta realidad se evidencia no solamente en las luchas obreras de las primeras décadas del siglo XX, sino también en el hecho de que el Estado y el empresariado han acometido en varios momentos de la historia contemporánea campañas para desarticular al movimiento obrero y reversar sus logros mediante la represión, justo como ocurrió durante los años de la Violencia. Hay que destacar que, en este sentido, Marcel Silva hace un gran aporte al recoger la legislación laboral del siglo XX, mientras en paralelo destaca algunos momentos de la historia de las luchas sindicales, pero nunca a llega a correlacionar ambos temas3. Para entender la relación entre el avance de la legislación laboral y las luchas obreras en Colombia, vamos a considerar tres momentos del siglo XX. En primer lugar, las décadas de 1910 y 1920, un periodo en el que se comenzaron a formar las primeras organizaciones obreras en el país, y fue un momento en que la regulación laboral era prácticamente nula; los trabajadores reivindicaban condiciones básicas como el derecho a huelga y la jornada laboral de 8 horas. En segundo lugar, analizaremos el periodo del régimen liberal, de 1930 a 1946, cuando el Estado comenzó a legislar más decididamente sobre temas laborales, a la vez que el movimiento obrero se hacía más orgánico. Y, por último, reflexionaremos sobre el impacto de la Violencia en el curso del movimiento obrero y la legislación laboral; entre 1946 y 1957 hubo un retroceso frente a los derechos laborales, que se explica en buena medida por la represión al movimiento obrero articulada en la regresión paulatina de las libertades políticas auspiciadas por las dictaduras conservadoras de medio siglo.
2 El caso que más ha dado que hablar al respecto es el de Antioquia. La industria textil de Medellín, al menos hasta mediados del siglo pasado hizo un fuerte uso de la fuerza trabajo femenina, al considerarla más dócil. Este hecho ha sido estudiado por Luz G. Arango, Mujer, religión e industria (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1989), Rosa E. Bermúdez, Mujeres obreras y construcción de identidades sociales (Medellín: La Carreta Editores, Universidad ICESI, 2007) y Farnsworth-Alvear, Dulcinea in the Factory (Durham: Duke University Press, 2000).
3 Marcel Silva, Flujos y reflujos. Proyección de un siglo de derecho laboral colectivo en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005).
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1. Situando el debate
Como en el resto del mundo, en Colombia los inicios del proceso de modernización significaron para los trabajadores unas terribles condiciones de vida: bajos salarios (situación acentuada entre mujeres y niños), jornadas laborales que superaban las diez horas, desprotección frente a los riesgos laborales, entre otros. Además, en la legislación existente a principios del siglo XX no se contemplaba el derecho de los trabajadores a sindicalizarse ni a llevar a cabo la huelga. No obstante, esta situación no les impidió a los trabajadores emprender luchas colectivas para lograr mejores condiciones de trabajo. El Estado, bajo el control de los conservadores hasta el año de 1930, decidió tratar los conflictos laborales como un problema de orden público, marcando a la movilización con hechos de violencia.
La década de 1920 fue especialmente conflictiva, las autoridades optaban por defender los intereses de los empresarios —nacionales y extranjeros—, movilizando a la policía y el ejército para reprimir a los trabajadores. Huelgas como las de los sastres en Bogotá en 1919, la de los obreros petroleros de Barrancabermeja en 1927, o la de los obreros de la United Fruit Company en Ciénaga en 1928, terminaron con el asesinato de muchos trabajadores por parte de las fuerzas estatales. Dado el trato represivo a las huelgas (así como a otras formas de protesta), los conflictos laborales se escalaron a tal nivel que incluso la sección latinoamericana de la Internacional Comunista creía en que Colombia estaba al borde de una revolución social4.
Pero quienes capitalizaron la crisis del régimen conservador no fueron las organizaciones obreras radicales, sino el liberalismo, que ganó las elecciones presidenciales en 1930. El auge del poder liberal comenzó con Enrique Olaya Herrera, abogado de confianza de los empresarios petroleros norteamericanos, quien inauguró un periodo de conciliación con los trabajadores. El Estado finalmente reconoció el derecho a huelga y la jornada laboral de ocho horas, y dio inicio a la legalización de los sindicatos concediendo personerías jurídicas a estas organizaciones; durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo se desplegó una política de mediación en los conflictos laborales, y finalmente en 1944 se expidió el Código Sustantivo del Trabajo.
Buena parte de las victorias alcanzadas por los obreros entre las décadas de 1930 y 1940 fueron adoptadas por el Estado gracias a las luchas colectivas organizadas, que implicaron tanto las reivindicaciones laborales como las políticas. Empero, algunos autores han querido explicar el desarrollo de la legislación laboral como resultado del proyecto de la élite liberal modernizadora de los años treinta. Así, por un lado, se asegura que las mejoras en las condiciones laborales han sido resultado de la iniciativa de individuos preclaros, para este caso gracias a Alfonso López Pumarejo, quien lideró un inédito proceso de reformas políticas y económicas en el país5. En otros casos, el peso del individuo en la explicación deja de ser central, pero igualmente se niega el rol activo de los obreros en la lucha por los derechos laborales. Así lo podemos observar en el trabajo de Moncayo y Rojas, quienes insisten en que ningún tipo de legislación puede atribuirse a los conflictos sociales, y no pueden entenderse como "conquistas" de la clase obrera, sino que son resultado de las reacomodaciones y necesidades del capital. Básicamente el capital hace concesiones a los obreros6.
4 Klaus Meschkat, "La herencia perdida. Movimientos sociales y organización revolucionaria en la década de 1920: el caso del Partido Socialista Revolucionario en Colombia" en El marxismo en Colombia, ed. por Gonzalo Sánchez, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1983, 146-148).
5 Alvaro Tirado, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2018).
6 Víctor Manuel Moncayo y Fernando Rojas, Luchas obreras y política laboral en Colombia, 1a ed. (Bogotá: La Carreta, 1978), 54.
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Así pues, y considerando lo dicho hasta ahora, en el presente trabajo nos hemos propuesto responder a la incógnita sobre cuál ha sido el rol de la clase obrera colombiana en el desarrollo de las regulaciones legales al trabajo que surgieron a lo largo de todo el siglo XX.
En este sentido, partimos de la hipótesis de que la acción colectiva de los trabajadores colombianos ha sido decisiva en la configuración de los aspectos fundamentales que dieron forma a la legislación laboral a lo largo de la pasada centuria. Consideramos que la riqueza es resultado del trabajo, y la riqueza acumulada en manos de los grandes capitales es resultado de la explotación del trabajador por medio del salario. Pero también hemos podido observar que los trabajadores, con sus luchas, lograron levantar contrapesos a la acumulación: derechos laborales, sistemas de protección social, el derecho mismo al ocio y la cultura, entre otros. Estas son formas de protección social modernas, construidas a partir de la acción social colectiva, que se sumaron a las formas de protección frente a hechos como la pobreza que venían de sociedades premodernas, las cuales se basaban en el asistencialismo y en concepciones como la caridad cristiana. Fueron esas formas modernas de protección social, que garantizaban una cierta redistribución de la riqueza, las que pasaron a estar en la mira de los reformadores neoliberales desde la década de 1970, pues eran consideradas como obstáculos para el proceso de la libre acumulación.
Con este planteamiento perseguimos un doble objetivo. En primer lugar, buscamos insistir en el hecho de que las clases populares son sujetos activos de la historia, más que simples víctimas pasivas. Su accionar, en el marco de los conflictos sociales, construyen la historia. Esta idea, considerada como un aporte colectivo de los historiadores marxistas británicos durante la segunda mitad del siglo XX7, en pleno siglo XXI parece obvia, e incluso las visiones historiográficas que inspiró han sido declaradas superadas hoy en día8. Pero ante el poco avance de la historiografía, y dada la popularidad de las visiones tradicionales sobre el tema que estamos tratando9, muestra la necesidad de insistir en el rol activo de las clases subalternas en la historia.
En segundo lugar, queremos ofrecer una interpretación de la lucha social que nos ocupa a la luz de los argumentos de Karl Marx en El capital para destacar la potencia que estos nos ofrecen para comprender los procesos sociales actuales. En el penúltimo capítulo de este libro, La llamada "acumulación originaria", el autor alemán apunta un elemento definitorio del capitalismo. Señala que, en el proceso de transición del feudalismo al modo de producción capitalista, aun cuando comenzó a surgir el trabajo asalariado, la organización social aún carecía de su carácter "específicamente capitalista": la completa subordinación del trabajo al capital. Según esto, el proceso de formación del capitalismo, entre otras cosas, implicaría el hecho de que el capital constante pasara a predominar sobre el capital variable10. En otras palabras, Marx muestra cómo desde los orígenes del capitalismo el conflicto central será por extender lo máximo posible la jornada de trabajo, imponiendo un férreo control sobre el trabajo. Este conflicto lo aborda en el capítulo VIII, donde expone cómo desde el siglo XVIII los
7 Harvey Kaye, Los historiadores marxistas británicos: un análisis introductorio (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1989), 202-211.
8 La historia social, y expresiones cercanas como la sociología histórica, que planteaba la posibilidad de la construcción de un conocimiento histórico verídico sobre la base del estudio riguroso de las fuentes, y que privilegiaba temáticas como las estructuras sociales y económicas o la conflictividad social, fue declarada muerta por las nuevas visiones posmodernas sobre la historia, que priorizan el aspecto literario de la historia sobre sus pretensiones científicas. Ver síntesis en Julián Casanova, La historia social y los historiadores (Barcelona: Editorial Crítica, 2015), Geoff Eley y Nield Keith, El futuro de la clase en la Historia (Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia, 2010), y Geoff Eley, Una línea torcida: de la historia cultural a la historia de la sociedad (Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia, 2008).
9 Por ejemplo, el libro de Tirado Mejía donde exalta a López y su gobierno modernizador, ha tenido múltiples ediciones, la última y más reciente (2018) a cargo de la Universidad Nacional, y se hizo sin ningún ánimo crítico.
10 Karl Marx, El Capital. Crítica de la economía política, vol. 1. (Madrid: Siglo XXI Editores, 2017), 831.
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capitalistas se esforzaban por esa máxima prolongación de la jornada laboral, incluso dilatando la frontera entre el día y la noche11. Pero a mediados del siglo XIX la resistencia obrera se hace sentir, comenzando a presionar para lograr una limitación de la jornada laboral. Marx estudia con detalle la legislación inglesa sobre jornada laboral que apareció entre 1802 y 1850, y la considera siempre en relación con los conflictos sociales, en donde resulta especialmente importante para comprender el desenvolvimiento de la legislación laboral el movimiento cartista. Así, el autor afirma que a los patrones el obrero en "medio siglo de guerra civil, paso a paso" les "arrancó las limitaciones y normas legales de la jornada laboral"12. Sin embargo, estos logros obedecían también al grado de desarrollo de las fuerzas productivas y a la necesidad de establecer herramientas para afrontar la libre concurrencia.
Ciertamente los capitalistas podían ceder ante ciertas exigencias del proletariado en cuanto a la regulación del trabajo en la medida que las fuerzas productivas reducían el tiempo de trabajo necesario en la jornada laboral para la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta reducción, en una jornada de trabajo invariable, permite el aumento del tiempo de trabajo adicional, lo que redunda en el aumento de la explotación del obrero, o lo que es lo mismo, se presenta un aumento de la plusvalía relativa13. Pero no debemos pasar por alto el hecho de que los capitalistas han hecho un esfuerzo incesante por combinar el aumento de la plusvalía relativa y absoluta (plusvalía que se logra al aumentar el tiempo de trabajo adicional llevando al máximo la duración de las jornadas de trabajo). Este hecho se ve claramente en coyunturas donde se ha buscado desarticular al movimiento obrero para evitar su capacidad de resistencia a medidas que implican el aumento de la explotación, justo como ha venido ocurriendo con el desarrollo del modelo neoliberal, o en el caso, por ejemplo, de la Violencia en Colombia. Esto se hace evidente a la luz de los planteamientos de Marx al respecto de la lucha continua del capital por imponerse sobre el trabajo, los cuales están ligados a los orígenes mismos de este modo de producción.
2. Primeras organizaciones obreras y la lucha por la regulación laboral
Los primeros esfuerzos sistemáticos en Colombia por regular el ambiente laboral provienen de principios del siglo XX, momento en que se abría campo un proceso de modernización en el país. Durante los primeros años de la centuria pasada los fermentos industriales surgidos en las últimas décadas del siglo XIX comenzaron a desarrollarse, en buena medida gracias a las políticas de estímulos a la producción nacional que comenzaron a aplicarse desde el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909). Además, el café, cultivado en Cundinamarca, parte de Santander y en la zona de colonización en la cordillera central, comenzó a estabilizar las exportaciones, dándole un empujón decisivo al sector externo. Los transportes fluviales y terrestres comenzaron a crecer, y de igual forma lo hicieron muchas ciudades en el país. Estos cambios eran finalmente la expresión del surgimiento de una sociedad capitalista. El proceso de modernización, entre otras cosas, significó una transformación social fundamental que se puede observar en la aparición de nuevos actores sociales: los trabajadores asalariados. Estos nuevos agentes sociales surgieron en torno a las fábricas de bienes de consumo de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pero también en los puertos fluviales y marítimos,
11 E. P. Thompson ha ilustrado también el conflicto por la jornada laboral en su magistral artículo sobre el control del tiempo en la fábrica y la lucha que se desató entre trabajadores e industriales por los relojes, pues estos objetos eran una herramienta crucial para medir la jornada laboral en espacios donde la luz de sol ya no servía para mensurar el periodo de trabajo, como sí ocurría en el campo. Ver Thompson, "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial", en Tradición, revuelta y consciencia de clase, editado por E. P Thompson, 239-293, (Barcelona: Editorial Crítica, 1984).
12 Marx, El Capital, 364.
13 Marx, El Capital, 589-618.
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en los barcos que remontaban el Magdalena cargados con las exportaciones e importaciones, en los ferrocarriles y los sistemas de transporte urbano, así como también las economías de enclave, que se configuraron en torno a la extracción de petróleo y el cultivo de plátano —actividades controladas por dos grandes compañías norteamericanas, la Tropical Oil Company y la United Fruit Company respectivamente—14.
Aunque la clase obrera colombiana varió mucho a lo largo del siglo XX, lo cierto es que desde la década de 1910 comenzó a irrumpir en el escenario nacional con organizaciones políticas y sindicales autónomas frente a los partidos tradicionales, con el fin de lograr mejoras en sus condiciones de vida. En el marco de la movilización obrera, impulsada por el auge de las huelgas sobre todo durante la década de 1920, se tomaron las primeras medidas conducentes a proteger al trabajador y regular sus formas de asociación en el mundo laboral. Sin embargo, durante los últimos gobiernos de la denominada "hegemonía conservadora"15, la forma más común de tratar la movilización obrera fue a través de la represión y la violencia. Los presidentes Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez hicieron uso continuo de la policía y el ejército para afrontar las huelgas, llevando así a que la movilización obrera se viera marcada por la confrontación abierta, la cual costó mucha sangre a los trabajadores colombianos: desde la "huelga de los sastres" en Bogotá en 1919, que saldó con diez muertos, hasta la tristemente célebre masacre de las bananeras en diciembre de 1928, de la cual aún se debate la cantidad de huelguistas muertos a manos del ejército colombiano.
La huelga era un fenómeno social nuevo en la Colombia de principios del siglo XX, por lo que en parte el Estado aún no estaba listo para afrontarlo. El primer auge huelguista data de 1918; entre ese año y 1921 se presentaron grandes huelgas en los ferrocarriles y puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, también en los ferrocarriles de Cundinamarca, Girardot, La Dorada y en el cable aéreo de Mariquita, así como huelgas en el sector de la construcción y la manufactura en Bogotá16. Las autoridades trataron los conflictos laborales como problemas del orden público, lo que escalaba la violencia. Los trabajadores, como respuesta recurrieron a las huelgas de solidaridad, que amplificaban la acción de paro. Así ocurrió en noviembre 1919, cuando una huelga del ferrocarril de Girardot se extendió al ferrocarril de Cundinamarca, y finalmente terminó en un movimiento de solidaridad de parte de los trabajadores de la construcción y la industria en Bogotá. Pero este tipo de huelgas fueron especialmente fuertes en el río Magdalena. Es muy importante en este sentido la huelga de enero de 1927 en los campos de la Tropical Oil Company. La huelga fue acometida por un sindicato clandestino, y con el movimiento mostraron solidaridad incluso los trabajadores norteamericanos de la empresa petrolera. Para evitar la represión, los líderes del Partido Socialista Revolucionario, que acompañaban a los huelguistas, lograron que los trabajadores portuarios y de trasportes de Honda, Ambalema, La Dorada, Beltrán y Neiva, parar actividades para afectar la operación de la Tropical en apoyo al pliego de los obreros del enclave.17
14 Renán Vega, Gente muy rebelde. 1. Enclaves, transportes y protestas obreras (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002a), 91-144.
15 Nombre con el que se ha designado en la historiografía colombiana el periodo de gobiernos del Partido Conservador entre 1886 y 1930. Aunque hasta la actualidad la denominación de "hegemonía conservadora" es la forma más aceptada para referirse en conjunto a este periodo de la historia política y presidencial del país, debemos señalar que no compartimos esta designación, pues se desprende de una lectura bipartidista de la historia nacional, más si consideramos que, en contraposición, a los 16 años de gobiernos del Partido Liberal entre 1930 y 1946 se le ha designado como el periodo de la "república liberal". Estas denominaciones sirven para contrastar, de manera algo artificial, un supuesto régimen liberal más civilista y progresista, frente a unos gobiernos conservadores autoritarios menos democráticos. No obstante, ninguno de los dos partidos durante sus respectivos periodos de gobierno logró desligarse de prácticas antidemocráticas como el fraude electoral o la supresión de la oposición por medios violentos.
16 Medófilo Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia (Bogotá: Editorial Colombia Nueva, CEIS 1980), 51-67.
17 Ver Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 59-60, 85, Archila, Cultura e identidad obrera, 227-228, y Vega, Gente muy rebelde. 1, 237-253.
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Las reivindicaciones que se presentaron durante las huelgas de 1910-1920 buscaban alcanzar algunos de los derechos y garantías que se venían logrando en otros lugares del mundo como la jornada laboral de 8 horas, pensiones y la posibilidad de sindicalizarse. Las reivindicaciones relativas a la reducción y regulación de la jornada laboral son transversales al grueso de las huelgas registradas por la historiografía. Por ejemplo, las obreras de la fábrica de textiles de Bello iniciaron una huelga en febrero de 1920, donde exigían el recorte de la jornada laboral a 8 horas18, reivindicación que desde 1917 también habían presentado los trabajadores del ferrocarril de La Dorada19; por su parte, en una huelga en agosto de 1924, los obreros de la fábrica de textiles de Suaita exigieron el recorte de una jornada de 13 horas20; el mismo año, lo obreros de la Tropical Oil Company en su primera gran huelga, exigían el pago de horas extras nocturnas21.
Aunque el derecho a la sindicalización y la huelga no aparecía tan explícitamente en las reivindicaciones, es posible ver que muchos movimientos huelguísticos en este periodo se iniciaron para solicitar el reintegro de trabajadores que eran despedidos por organizarse para exigir mejoras. Así ocurrió en las huelgas de los petroleros de 1924 y 192722, en la huelga de obreras caleñas de la fábrica de textiles La Garantía en 192523. Así mismo, la lucha por el derecho a la sindicalización y la huelga se puede ver en los reclamos contra el esquirolaje, como en las huelgas de braceros de Barranquilla y Puerto Colombia de 192824.
Además, las luchas obreras no se expresaban únicamente en los contextos laborales. Conforme las industrias crecían y el proceso de modernización se profundizaba, las organizaciones políticas de trabajadores en el país fueron aumentando en número y mostrándose cada vez más radicales. En la década de 1910 se pudieron observar las primeras agrupaciones políticas que se reivindicaban como obreras, aunque en estas organizaciones se podía ver aún un fuerte componente artesanal, pues muchas de sus reivindicaciones no tenían que ver con las de la población asalariada, sino más con viejas aspiraciones de los productores manufactureros, como la de la protección arancelaria a la industria nacional. Sin embargo, muchas de estas organizaciones se fueron convirtiendo en un crisol para la organización de los trabajadores asalariados. Entre los años de 1914 y 1916, aparecieron en el país varias organizaciones que buscaban superar los marcos bipartidistas enarbolando las luchas de los trabajadores. Este esfuerzo organizativo se coronó con el Partido Socialista fundado en 1919, y del cual se desprenderían tendencias más radicales como el anarcosindicalismo y los grupos que buscaban relacionarse con la Internacional Comunista. Estos le dieron forma al Partido Socialista Revolucionario en 1926, desde donde se coordinó la primera gran central sindical del país, la Confederación Obrera Nacional (CON).25
Dada la beligerancia y alcance de las huelgas, sumado a la búsqueda de autonomía política por parte de los trabajadores frente al bipartidismo, el Estado colombiano se vio forzado a emitir las
18 Renán Vega, Gente muy rebelde. 3. Mujeres, artesanos y protestas cívica (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002b), 223-230.
19 Vega, Gente muy rebelde. 1, 404-410, y Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 60.
20 Mauricio Archila, Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945 (Bogotá: CINEP, 1991), 224.
21 Vega, Gente muy rebelde. 1, 224-237.
22 Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 85, y Archila, Cultura e identidad obrera, 227-228.
23 Rosa E. Bermúdez, Mujeres obreras y construcción de identidades sociales. Cali, 1930-1960 (Medellín: La Carreta Editores, Universidad ICESI, 2007), 21.
24 Jesús R. Bolívar, Barranquilla, 1910-1950. Ciudad, élitey conciencia obrera (Barranquilla: Editorial Cencys 21, 2017), 101.
25 Para la trayectoria de los primeros partidos obreros hasta el socialismo revolucionario, ver Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 41-125, e Ignacio Torres, Los inconformes. Historia de la Rebeldía de las Masas en Colombia. Tomo 3 (Bogotá: Editorial Latina, 1978), 632-803. El anarcosindicalismo consideraba que la acción política del proletariado debía recogerse en las organizaciones sindicales y no en partidos; esta corriente fue fuerte entre 1924 y 1926 en el movimiento obrero colombiano. Para sus características ver Alfredo Gómez-Muller, Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina (Medellín: La Carreta Editores, 2009), 59-153.
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primeras formas de legislación laboral, sobre todo con el fin de encauzar movimientos huelguistas que ya no se podían detener o dispersar. Tal fue el caso del Decreto 002 de 1918, que fue dado por el gobierno para afrontar la dura huelga de trabajadores portuarios y de transportes que estalló en Barranquilla y que se extendió luego a Santa Marta y Cartagena. Este decreto despenalizaba parcialmente el ejercicio de la huelga, permitía el abandono del empleo y regulaba la representación sindical para la negociación. Luego aparecieron las Leyes 78 de 1919 y 21 de 1920, que regulaban el derecho a no trabajar, y establecían las primeras formas de conciliación. Finalmente, en 1923, con la Ley 83 expedida ese año, se conformó la Oficina General del Trabajo, como sección del Ministerio de Industrias, la cual quedaba encargada de una especie de sistema de inspección del trabajo, que consideraba temas como seguros, higiene y salubridad en los lugares de trabajo y salarios. Aunque en la práctica, su labor central debía ser la de mediar en los conflictos que puedan presentarse "entre los trabajadores y los capitalistas" por los temas antes señalados26. Es necesario señalar, a su vez, que esta normatividad tuvo como marco general el Acto legislativo N° 1 de 1918, mediante el cual se realizó una reforma constitucional que le asignaba a las autoridades la responsabilidad de inspeccionar las industrias para salvaguardar la seguridad, salubridad y moralidad públicas27.
Sin embargo, esto no significó que las autoridades cambiaran totalmente su posición frente a los conflictos laborales, los cuales seguirían considerando un problema de orden público. Ante la ola huelguística que se presentó durante 1926-1929, la respuesta del gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez fue la supresión violenta de los conflictos laborales. Los casos más claros de estos fueron las huelgas de 1927 y 1928 en los campos petroleros de la Tropical Oil Company y en la zona bananera de Ciénaga, propiedad de la United Fruit Company, donde la acción conciliadora de los funcionarios de la Oficina del Trabajo fue saboteada y bloqueada por la policía y el ejército, contraladas por el Ministerio de Guerra. En ambos casos las huelgas terminaron con obreros detenidos y asesinados por la policía y el ejército colombianos. Ya durante la huelga de 1924 el Ministro de Industrias, a través de los dependientes de la Oficina del Trabajo, había intentado aplicar una política conciliadora entre la Tropical y los trabajadores. En ese conflicto la empresa decidió sabotear las negociaciones para lo que se valió de la represión policial. En 1927, fue el alcalde de Barrancabermeja quien intentó conciliar en el conflicto, señalando la justeza de las reivindicaciones de los trabajadores. Pero nuevamente la empresa contó con el apoyo del aparato represivo del Estado colombiano para evitar la negociación. Durante la huelga de los trabajadores bananeros, el dependiente de la Oficina del Trabajo que llegó a la zona para atender el conflicto escuchó a los trabajadores y consideró justas sus peticiones. Sin embargo, su jefe, el ministro de Industrias se puso del lado del Ministro de Guerra, y declaró la huelga una conjura comunista, allanado el terreno para la represión militar.28
La política represiva del Estado ante las luchas obreras se apuntaló con la legislación29. Ante el auge huelguístico la respuesta oficial provino del ministro de guerra Ignacio Rengifo, quien promovió la Ley 69 de 1928, conocida popularmente como la Ley Heroica, que establecía la censura de prensa y consideraba la manifestación pública como acción subversiva que amenazaba la propiedad y la familia30.
26 Congreso de Colombia, Ley 83 (1923).
27 Carlos E. Molina, "La inspección de trabajo en Colombia", Revista Latinoamericana de Derecho Social 6, (2008), 66.
28 Para los conflictos en los campos petroleros de 1924 y 1927 ver Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 85, Archila et al., Violencia contra el sindicalismo, 1984-2010 (Bogotá: CINEP, 2012), 225-228, y Vega, Gente muy rebelde. 1, 224-253. Para la huelga en Ciénaga ver Vega, Gente muy rebelde. 1, 307-335.
29 Mario Cajas, "El derecho contra el comunismo en Colombia, 1920-1956". Izquierdas, n° 49 (2020).
30 Renán Vega, Gente muy rebelde. 4. Socialismo, culturay protesta popular (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, 2002c), 343-348.
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3. Liberalismo, confrontación y conciliación
En 1930 se produjeron cambios muy importantes a todo nivel. La crisis mundial iniciada ese año afectó a las exportaciones cafeteras, así como también a las actividades que se habían visto beneficiadas por los préstamos que fluyeron desde los bancos estadounidenses desde 1922. Sin embargo, esta crisis resultó en un estímulo definitivo para el despegue de la actividad industrial. Desde ese año, y hasta mediados de la década de 1950, la industria colombiana presentó una de las mayores tasas de crecimiento en América Latina31. En la década del treinta, el Estado colombiano fue conducido por liberales, que comenzaron a adoptar una posición de diálogo con los trabajadores, lo que posteriormente se convirtió en una política de conciliación ante los conflictos laborales. En ese mismo periodo se creó el Partido Comunista, agrupación que durante un par de décadas influyó de forma decisiva en buena parte de los esfuerzos organizativos de obreros y campesinos, logrando crear la Confederación de Trabajadores de Colombia, la primera gran central sindical del país. Los comunistas hasta 1935 impulsaron la construcción de federaciones sindicales a nivel regional, y esto fue lo que dio paso al proyecto de crear una organización de carácter nacional, a partir de la construcción de acuerdos con las principales corrientes que incidían entre los trabajadores sindicalizados del país. En ese año, se reunió un congreso de trabajadores con el fin de organizar una central única que coordinara las luchas sindicales, donde participaron las cuatro principales corrientes del sindicalismo nacional, a saber: el liberalismo; socialistas de vieja data declarados "apolíticos", dentro de los que se encontraban liberales de izquierda agrupados en la fugaz Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, liderados por Juan de Dios Romero; los anarcosindicalistas que habían sido muy importantes en los primeros años del movimiento obrero; y por último los comunistas. En este encuentro se llegó a conclusiones a favor de la unidad de los trabajadores y la modernización de la sindicalización para responder a los cambios del mundo del trabajo, marcados por la profundización de la industrialización. Por ello, se creó la Confederación Sindical de Colombia (CSC). Además, se acordó la organización de un segundo congreso del trabajo en 1936 en el que se convocó a todas las fuerzas sindicales nuevamente. Este encuentro le dio más uniformidad a la CSC, que finalmente cambió su nombre a Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) en 1943, al organizar una plataforma común atravesada por la exigencia del salario mínimo, derecho absoluto de huelga, creación de un ministerio del trabajo, libertad de organización sindical, descanso dominical y vacaciones remuneradas. Pero la plataforma no se construyó exclusivamente en torno a reivindicaciones obreras, sino que también incluyó puntos como la nacionalización del transporte férreo y fluvial, así como de los servicios públicos, la defensa de la democracia y la paz con los "pueblos hermanos", surgiendo así la intención de integrarse al movimiento sindical internacional clasista32.
Ahora bien, la victoria electoral del liberalismo en 1930 se explica en parte por las presiones para que se diera una modernización del Estado para este pudiera responder mejor a las transformaciones sociales que se presentaban desde principios del siglo. Incluso el capital estadounidense presionó para que se diera una victoria del candidato liberal, Olaya Herrera, a quien consideraban el político más indicado para asegurar la explotación del petróleo colombiano33. Tan pronto se dio la victoria, se dieron procesos de transformación en el Estado, sobre todo porque se necesitaba urgentemente responder a los problemas causados por cuenta de la crisis mundial. Una de las tareas centrales que tenían los liberales era replantearse el tratamiento de los conflictos sociales. Ahora las autoridades evitarían la confrontación y buscarían encauzar los conflictos tanto en el campo
31 Juan José Echavarría, Crisis e industrialización: las lecciones de los treinta (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1999).
32 Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 253-263.
33 Vega, Gente muy rebelde. 4, 360-370.
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como en la ciudad. Para el caso agrario así lo ha evidenciado Darío Fajardo, quien señala que el proyecto agrario del liberalismo, puesto en marcha durante el gobierno de López en 1936, buscaba apaciguar los conflictos agrarios que se venían presentando desde la década anterior. Además, muestra que la Ley de Tierras fue acompañada de un proceso de legalización de sindicatos y ligas campesinas para cooptar el movimiento34.
De igual forma ocurrió con los obreros. Desde el gobierno de Olaya Herrera (1930-1934) comenzó a notarse el viraje de la posición de las autoridades frente a los conflictos laborales. Aunque este primer gobierno liberal era reticente a un acercamiento a los trabajadores, comenzó a garantizar derechos laborales a través de la legislación. En 1931se expidió la Ley 83 sobre organización sindical, lo que favoreció la legalización de sindicatos por todo el país. A su vez, se estableció un marco legal para la actividad sindical, señalándose que podían funcionar sindicatos de base (organizaciones de primer grado); federaciones sindicales organizadas por territorio, industria o profesión (organizaciones de segundo grado); y confederaciones a nivel nacional (organizaciones de tercer grado)35. Además, una exigencia transversal al movimiento obrero desde la década de 1910, la jornada de 8 horas, fue reconocida como derecho entre 1931 y 1934, primero para los empleados de gobierno, y finalmente, mediante decreto presidencial, a todos los trabajadores del país36.
Pero hay que señalar que las medidas de Olaya no correspondían meramente a un proyecto democratizador. Eran una respuesta la beligerancia de las luchas obreras de los años anteriores, y a la vez, busca restarle fuerza a las mismas. Debemos entender las medidas liberales no solamente como concesiones civilistas, sino como medidas resultado del conflicto social. Esto se expresa sin consideramos que la legislación emitida por el presidente liberal en materia de sindicatos permitía el paralelismo para limitar el impacto de las organizaciones obreras. También imponía restricciones a la huelga, pues, por ejemplo, la prohibía en las empresas de servicios públicos.37 Y, en adición, Olaya no tomó medidas para aliviar el desempleo -un grave problema que aquejaba a los trabajadores como resultado del impacto de la crisis mundial en el país-, y hundió el proyecto para formular un código laboral, retrasando la expedición de tal documento más de una década38.
El sucesor de Olaya, Alfonso López Pumarejo (1934-1938) no produjo tanta legislación en materia laboral. López se valió de las normas dejadas por la administración anterior; su principal labor en este frente fue la de facilitar desde el poder ejecutivo la negociación en medio de los conflictos laborales. La intención era la de sentar las bases de un desarrollo amplio, y el orden entre la clase obrera era un elemento fundamental, y este lograba manteniendo el sindicalismo al margen de la política y dentro de los marcos de la legalidad39.
A pesar de que las huelgas no son tan numerosas si compara con otros contextos, no eran aceptables para los monopolios industriales, lo que se expresó en la fuerte reacción a la política conciliadora de López desde 193740; y es que las luchas huelguísticas se mantenían más activas que
34 Darío Fajardo, Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980 (Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1983), 55.
35 Silva, Flujos y reflujos, 68-79.
36 Mauricio Avella, "Las instituciones laborales en Colombia 1905-1990" en Formación de precios y salarios en Colombia, tomo II, ed. por Enrique López Enciso, (Bogotá: Banco de la República, 2011), 591.
37 Es llamativo que el economista Miguel Urrutia, quien ensalza el rol del partido Liberal durante sus gobiernos de la década de 1930 en el fortalecimiento del movimiento sindical colombiano, reconoce que las medidas del presidente Olaya impactaban negativamente en la movilización, pues los sectores de la economía donde más se desarrollaban huelgas, y donde los sindicatos eran más fuertes, era en los servicios públicos. Ver Miguel Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016), 117.
38 Archila, Cultura e identidad obrera, 273.
39 Daniel Pécaut, Ordeny violencia: Colombia 1930-1953 (Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit, 2012), 255.
40 Pécaut, Ordeny violencia, 254.
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nunca: durante los años 30's los conflictos laborales aumentaron frente a la década anterior, aunque presentaron características distintas. Archila calcula que entre 1930 y 1940 se presentaron 194 huelgas, comparadas con las 141 del decenio previo41. Llama la atención que varios de estos conflictos laborales se dieron por la aplicación efectivas de derechos ya consagrados en la legislación; por ejemplo, en 1935 estalló una huelga cafetera, en la cual, las trabajadoras de las trilladoras de la zona de Caldas exigían, entre otros, el cumplimiento de las leyes laborales. Por citar algunos casos, en 1935, 1941, en 1944 se presentaron huelgas entre los trabajadores de la Tropical Oil Company, los ferrocarrileros de Antioquia y los conductores de buses de Bogotá. Todos exigieron la aplicación de la jornada de 8 horas42.
Esto nos demuestra que los capitalistas no renunciaban a la plusvalía absoluta, y ello en un momento en que la plusvalía relativa aumentaba por cuenta de diversas situaciones: la introducción de nuevas tecnologías, la electrificación, la reducción de los costos de producción gracias a la nacionalización de los servicios públicos y la implementación de una nueva organización empresarial inspirada por teorías como el taylorismo, todos cambios introducidos a partir de la década de 193043.
Adicionalmente, a pesar del tono conciliador durante los primeros gobiernos liberales, el Estado no renunció a la represión violenta de las huelgas, pues nunca logró mantener bajo completo control la actividad sindical, enfrentándose varias veces a las temidas huelgas de solidaridad. En 1934, ante un paro general de transportes en Bogotá, el gobierno militarizó la capital. En 1936 las autoridades declararon ilegal una huelga de las obreras de la fábrica de textiles Rosellón y detuvieron a los dirigentes que fueron sindicados de comunistas. Y en 1938, durante la huelga de los obreros de la Tropical, que estalló ante la negativa de la multinacional a negociar el pliego, las fuerzas de orden abrieron fuego contra los trabajadores con un saldo de tres muertos. Además, las autoridades recibían presiones de parte del empresariado para que se impidieran las acciones de huelga, como en 1937, cuando algunos capitalistas antioqueños pidieron que se prohibieran las acciones de huelga y que se ilegalizaran los paros de solidaridad44.
El incumplimiento en la práctica de algunos aspectos de la legislación laboral, sumado al temor que expresaban tanto las autoridades como los capitalistas hacia la acción autónoma y organizada de clase obrera, nos permite afirmar que sin la acción reivindicativa de los trabajadores difícilmente habrían conseguido derechos como el de sindicalización, huelga o regulación de la jornada laboral. O, de haber aparecido estos, los empresarios no se habrían visto compelidos a cumplirlos, pues en aras de aumentar la acumulación, aprovecharían las mejoras en la producción y mantendrían la tendencia acrecentar la plusvalía absoluta.
Para el periodo 1938 a 1934, veremos un esfuerzo claro de aumentar la plusvalía absoluta, frenando al movimiento obrero y limitando sus logros. Eduardo Santos, el sucesor de López, era contrario a la capacidad de negociación que se le había asignado al sindicalismo, y rápidamente mostró su compromiso con el capital extranjero y los sectores de la élite que exigían freno al reformismo de la administración previa. El ejecutivo hundió el proyecto de ley para establecer un salario mínimo, y la única legislación que promovió en materia laboral fue la relativa a la reglamentación de la negociación sindical, cuyo objetivo en el fondo era imponer un mayor control a las organizaciones obreras. Además, promovió la ruptura de la unidad sindical denunciando la presencia de los comunistas en la CTC45.
A estas medidas se suma una disminución de la actividad sindical. Por cuenta del conflicto mundial, y buscando un segundo mandato de López, los obreros también mermaron la lucha
41 Archila,
42 Archila,
43 Archila,
44 Archila,
45 Archila,
Cultura e identidad obrera, 223, 277.
Cultura e identi Cultura e identi Cultura e identi
dad obrera, 152, 299, 301,
dad obrera, 145-149. dad obrera, 285-304.
345.
Cultura e identidad obrera, 332-333, y Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 340-347.
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reivindicativa. Pero cuando López ascendió nuevamente al poder en 1942, y se mostró reacio a retomar el reformismo, las movilizaciones se reactivaron. La lucha organizada de los trabajadores mostraría nuevamente su importancia para la consecución de derechos laborales.
El presidente López para finales de 1943 afrontaba duras críticas por cuenta de varios escándalos públicos y un viaje, autorizado por el congreso, a los Estados Unidos. La oposición conservadora liderada por Laureano Gómez aprovechó el viaje de López para exigir su renuncia, la cual presentó ante el congreso a principios de 1944. El movimiento obrero agrupado en la CTC, con una dirigencia liberal-comunista por aquel entonces, decidió movilizarse en apoyo del presidente convocando un paro obrero. Este se convirtió en paro cívico, que se adelantó el 15 de mayo, que logró presionar al congreso para que no aceptara la renuncia. Pero la crisis política no terminó allí. El 10 de julio López fue retenido por tropas del ejército en Pasto en un intento de golpe de Estado. La clase obrera nuevamente respondió. Se movilizó los días 10 y 11 en Bogotá exigiendo la clausura de los periódicos reaccionarios y llamando al pueblo a armase para crear milicias populares que apoyaran a las secciones del ejército todavía leales al presidente. Hubo también movilización popular a favor de López en Pasto, Barranquilla, Medellín, Cartagena, entre otras46.
López respondió al liderazgo político que demostró la clase obrera entre marzo y julio de con los Decretos 1778 y 2350 de octubre de 1944. Estos se dieron en medio del Estado de Sitio declarado por el ejecutivo para enfrentar la crisis política, y codificaban la relación entre patrono y trabajador. Así pues, con el decreto 2350 se reconoció el contrato de trabajo como entidad jurídica autónoma, se entregaron al gobierno facultades para crear modelos que sirvieran de contrato presuntivo para fijar el salario mínimo legal vigente, se estableció legalmente la jornada laboral de ocho horas diarias en la industria y los servicios, se fijó pago de trabajo nocturno, la remuneración del trabajo dominical, el reconocimiento de indemnizaciones por enfermedades desarrolladas como consecuencia de la actividad laboral y los accidentes profesionales, se reglamentaron las cesantías y se legalizó el retiro a los 55 años de edad. De igual forma, se otorgaron más garantías para el trabajo sindical mediante la prohibición del paralelismo y la creación el fuero sindical, que impedía a los patronos despedir a los dirigentes sindicales47. Pero la respuesta de López no consistía únicamente en una concesión a los trabajadores. Ante la fuerza que había demostrado el movimiento obrero, los decretos también le otorgaban a la clase dominante una serie de garantías de control ante cualquier desborde de las luchas populares. Se prohibió la huelga durante el periodo de Estado de Sitio, y se instauraron una serie de reglamentaciones para controlar la lucha reivindicativa48.
4. La Violencia y la represión del movimiento obrero
Tras esta gran expresión pública de la clase obrera, las autoridades comenzarían una persecución abierta al movimiento sindical, así como contra el campesinado. Desde el inicio del gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, en 1946, se desató una ola de violencia contra sectores populares organizados. Pero la arremetida contra el sindicalismo se remontaba a los años finales del régimen liberal. El encargado de la presidencia luego de la renuncia de López, Alberto Lleras Camargo, enfrentó la huelga de la Federación Nacional del Transporte Fluvial, Marítimo y Aéreo (Fedenal), federación de sindicatos de trabajadores de transportes del río Magdalena, a finales de 1945.
46 Medina, La protesta urbana en Colombia en el siglo XX (Bogotá: Ediciones Aurora, 1984), 55-58.
47 Oliver Mora, "Los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo: estado y reformas económicas y sociales en Colombia (19341938, 1942-1945)", Apuntes del CENES 29, n° 50 (2010): 151-171, y, Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 454.
48 Alvaro Oviedo, "Ideología política y sindicalismo en Colombia, 1944-1946. Inicios de la ofensiva contra el llamado sindicalismo político", Memoria y Sociedad 12, n° 25 (2008): 118.
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La huelga transcurrió entre la hostilidad liberal y conservadora, una fuerte campaña antisindical en la prensa y en medio de la desidia gubernamental. Finalmente, la huelga fracasó y llevó a la liquidación de una de las federaciones sindicales más fuertes e importantes del país durante la década de 193049.
Hasta acá hemos sostenido que la acción reivindicativa de la clase obrera es decisiva para la consecución y ejercicio de los derechos laborales. Igualmente, hemos afirmado que los derechos laborales no son dádivas del capital. Aunque el desarrollo de la plusvalía relativa permite hacer concesiones a las reivindicaciones de los trabajadores, los capitalistas siguen viendo con recelo los límites que el sindicalismo y los derechos laborales le imponen a la plusvalía absoluta. Al considerar el periodo de la Violencia, podremos observar que, ante la ausencia de las organizaciones y la lucha reivindicativa de los trabajadores, los derechos laborales, cuando no se suprimen oficialmente, se convierten en letra muerta. La persecución del movimiento obrero permitió el aumento de la plusvalía absoluta, a la vez que se afinaban los métodos para aumentar la productividad, como el fuerte desarrollo del taylorismo en las universidades nacionales50.
Durante el conflicto armado conocido como la Violencia, que se inició en 1946 y se agudizó con el asesinato del popular líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en abril de 1948, la arremetida contra los trabajadores organizados en el país combinó la represión con la persecución legal al sindicalismo clasista.
En los últimos días del gobierno de Lleras Camargo se emitió una legislación que pretendía imponerle a los sindicatos un férreo control estatal. A esta legislación, el gobierno de Ospina le sumó la promoción del paralelismo sindical, al estimular el funcionamiento de una segunda central sindical, la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), que agrupaba a sindicatos favorables al sector patronal y bajo la influencia del catolicismo, sobre todo de los jesuitas. Poco a poco, entre 1948 y 1949, también se generaron fracturas entre la dirigencia de la CTC, que llevaron finalmente a la expulsión de los comunistas de la central, y a la adopción de una postura que alineaba a la central con los aparatos sindicales internacionales pro estadounidenses, todo ello en pleno auge de la Guerra Fría. Finalmente, la CTC quedó prácticamente destruida dando paso a la UTC como la principal central sindical del país51. Para rematar la desarticulación de la central clasista, la clase dominante hizo uso también de la violencia. Es de recordarse la tortura y asesinato del líder sindical Manuel Marulanda Vélez, secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de Cundinamarca, en 1953 a manos de la inteligencia militar.
La persecución del movimiento obrero mediante todas las formas de lucha se fue acompañando de medidas legales para frenar en seco la lucha reivindicativa. Tras el asesinato de Gaitán y la escalada de la violencia en el país, el gobierno de Ospina en 1949, con el estado de sitio declarado, ordenó cerrar el Congreso. Con la división de poderes interrumpida, el gobierno expidió el Código Sustantivo del Trabajo, con el que buscaba limitar la confrontación entre patronos y trabajadores, dificultar las reclamaciones colectivas por parte de los trabajadores, limitar la actividad sindical a la negociación de las convenciones colectivas, prohibir la participación política de los trabajadores sindicalizados, fortalecer definitivamente el accionar del Estado en la vida sindical para eliminar la autonomía sindical, y limitar el fuero sindical52.
La tendencia a controlar el sindicalismo desde el Estado se mantuvo luego del golpe de Estado militar contra el gobierno de Laureano Gómez. Rojas Pinilla, quien asumió la presidencia en junio de 1953, intentó gobernar fuera de los marcos bipartidistas desde 1954. Para ello, intentó crear una base de
49 Oviedo, "Ideología política y sindicalismo en Colombia".
50 Charles Savage, Sons of the Machine. Case Studies of Social Change in the Workplace (Cambridge: M.I.T Press, 1986), 103-105.
51 Oviedo, Sindicalismo colombiano. Iglesia e ideario católico 1945-1957 (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2009), 135-140.
52 Silva, Flujos y reflujos, 127-138.
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apoyo a partir de una central sindical promovida por el Estado y contrapuesta a la católica UTC, y a la Confederación Nacional del Trabajo. Esto le costó a Rojas la confrontación con la iglesia, que quería mantener su influencia en el movimiento sindical a través de la UTC53.
A pesar de que Rojas quiso crear un movimiento de base obrero para su régimen, mantuvo la arremetida legal contra el sindicalismo. Éste, que gobernaba por decreto, impuso mayores controles estatales sobre la actividad sindical: en 1954 decretó controles legales sobre la organización de los congresos federales y creó el Consejo Nacional Sindical para imponer un control político sobre los sindicatos, facilitándole la persecución del comunismo dentro de las organizaciones de trabajadores. En 1956 proscribió al comunismo, instauró un sistema de control militar para la organización de reuniones sindicales, y prohibió las huelgas en el poder público, los transportes, los servicios públicos, de sanidad, asistencia social, higiene y aseo, y también en los petróleos54.
El resultado de la persecución al movimiento popular fue claro. La industria y el sector exportador, sustentado en la comercialización de café, experimentaron una era de prosperidad en la década de 1950. Entre 1950 y 1958 La industria presentó un crecimiento del 7.4%, y aumentó su participación en el PIB del 15% al 17.2%. El aumento de las tasas de crecimiento industrial y de las ganancias en el sector industrial se deben a factores como la ampliación del mercado interno, el buen comportamiento de las exportaciones y el mejoramiento de la división del trabajo. Pero se explica principalmente porque la práctica desarticulación del movimiento obrero durante el periodo de la Violencia generó un aumento de la acumulación de capital. Se calcula que la cuota de plusvalía pasó de 280 pesos anuales en 1945, a 8520 pesos en 1957. A esta situación se sumó una regulación de los salarios gracias a la violencia rural, pues la oferta de fuerza de trabajo aumentó cuando la población desplazada de los campos por el despojo violento arribó a las ciudades55.
Pero al intentar gobernar por su cuenta, Rojas precipitó un acuerdo bipartidista que incluía ya a todas las facciones del conservatismo, para recuperar el control del Estado. Después del paro nacional del 10 de mayo de 1957, promovido por la élite política y el empresariado, Rojas renunció al cargo y entregó el poder a una junta militar que debía terminar el periodo presidencial hasta el 7 de agosto de 1958, devolviendo a la normalidad el orden constitucional y el gobierno civil. Para ello, la élite tradicional construyó un acuerdo político que fue presentado a la sociedad como la única vía posible de regresar a la democracia: el llamado Frente Nacional. Este acuerdo, planeado a 12 años y luego extendido a 16, estipulaba que liberales y conservadores se turnarían en el solio presidencial, mientras que las asambleas departamentales y el congreso se dividirían en partes iguales entre los partidos tradicionales, excluyendo así a cualquier fuerza política alternativa al bipartidismo de la disputa electoral. Este acuerdo, que limitaba claramente la democracia representativa, fue imbuido de legitimidad por medio de un plebiscito organizado por la junta militar en diciembre de 1957. En el plebiscito se les preguntaba a los colombianos si aprobaban el acuerdo, y de ser aprobado, quedaba directamente consignado en la Constitución56.
53 Oviedo, Sindicalismo colombiano, 150-169.
54 Silva, Flujos y reflujos, 142-149.
55 Renán Vega y Eduardo Rodríguez, Economía y violencia. El antidemocrático desarrollo capitalista de Colombia en los años Cincuenta (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 1990), 103-120.
56 David Hartlyn, La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes, CEI, 1993), 83-89.
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5. El Frente Nacional y la reconstrucción del movimiento sindical
El periodo del Frente Nacional se inició con el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo. Durante estos años se reactivó el conflicto armado, debido a la agresión orquestada por el congresista conservador Alvaro Gómez Hurtado y el presidente, también conservador, Guillermo León Valencia, contra los campesinos de Marquetalia, Guayabero, El Pato y Riochiquito. A pesar del uso desproporcionado de la fuerza en la operación contra Marquetalia, en la que se desplegaron unos 16.000 soldados y se hicieron bombardeos con explosivos de alto tonelaje, los campesinos en armas lograron evacuar a sus familias y animales, y los 48 hombres que se quedaron para resistir el ataque orquestado por el Estado, escaparon casi ilesos57. A partir de este núcleo, entre 1965 y 1966 se formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En los años siguientes, grupos foquistas, maoístas y trotskistas conformaron sus propias guerrillas aumentando la escala del conflicto.
El Frente Nacional se caracterizó por una política autoritaria frente a la movilización social. De los 16 años de estos gobiernos, 12 se pasaron en estado de sitio. La represión fue la vía preferida del Estado para lidiar con la movilización campesina, estudiantil y obrera. El movimiento estudiantil entró en un nuevo periodo, gracias a la ampliación de la población universitaria y a la incidencia de una variada gama de organizaciones de izquierda. Mientras tanto, el intento de reforma agraria emprendido desde el gobierno de Lleras Camargo, con el apoyo norteamericano por medio del programa Alianza para el Progreso, le dio un nuevo aire al movimiento campesino, sobre todo después de 1967 gracias a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Por el lado de los trabajadores sindicalizados, a lo largo de la década de 1960 se hizo un gran esfuerzo por reorganizar el movimiento sindical clasista e independiente. Para ello, en 1964 se creó una nueva central sindical, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), que debía responder a la neutralización de la CTC y al accionar de los sindicatos patronales católicos agrupados en la UTC. Sin embargo, aquellas centrales aún tenían capacidad de convocatoria, y en 1965 llamaron a un paro del que marginaron a la CSTC; esta convocatoria apareció como respuesta al alza de los precios, las tarifas de los servicios públicos y a la creación de un impuesto a las ventas, y los dirigentes sindicales esperaban aprovechar la mala imagen que tenía ya el acuerdo del frente nacionalista, empeorada con las decisiones del presidente Guillermo León Valencia. Finalmente, el paro no se llevó a cabo, pues el Gobierno aceptó los 22 puntos consignados en un memorando. Tal victoria significó la modificación de la legislación laboral, pues se logró una modificación al Código Sustantivo del Trabajo: se restablecieron algunos elementos del fuero sindical perdidos durante los años de la Violencia, se ganó el salario triple dominical y festivo, y se modificó la cláusula de reserva de los contratos para evitar despidos sin causa justa58.
Entre 1966 y 1970 hubo un descenso de la actividad huelguística, proceso que coincidió con el aumento de la actividad represiva contra la movilización social, como directriz del gobierno del liberal Carlos Lleras Restrepo: en marzo de 1967, decenas de dirigentes de la CSTC en todo el país fueron detenidos por las fuerzas policiales del Estado59. Además, el gobierno emprendió una contrarreforma laboral que comenzó a tomar forma en los Decretos 1050, 3130 y 3135 de 1968, con los que se eliminó el derecho a la negociación y contratación colectivas de una parte de los trabajadores del Estado (los que ocupaban los cargos ahora denominados de 'libre remoción"), se volvieron a crear herramientas
57 Alfredo Molano, "Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)" en Conflicto socialy rebelión armada en Colombia. Ensayos críticos, (Bogotá: Gentes del Común 2015), 182-188.
58 Ver Alvaro Delgado, CSTC, historia y proyección (Bogotá: Editorial Colombia Nueva, 1986), 93-99, y Arturo Alape, Un día de septiembre, testimonios delparo cívico (Bogotá: Ediciones Armadillo, 1980), 113-115.
59 Delgado, CSTC, historiayproyección, 100.
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para la intervención estatal en los sindicatos de trabajadores públicos, se establecieron las prohibiciones de participar en política a los trabajadores sindicalizados del Estado, de representar a los afiliados ante las autoridades judiciales, y de negociar pliegos de peticiones. El punto culmen de la contrarreforma fue la Ley 48 de 1968, con la que se buscó reducir las huelgas en el sector privado. Con esta Ley se cambiaron las normas de representatividad sindical única, generando un divisionismo en el movimiento sindical, al permitir la negociación paralela en una empresa con dos o más sindicatos. Además, esa ley les dio mayor importancia a los tribunales de arbitramento como salida a los conflictos laborales, ello con el fin de limitar los alcances del derecho a huelga en el sector privado. No obstante, las limitantes del derecho a huelga fueron causales en el año de 1970 de un conflicto entre el poder judicial y el ejecutivo, porque el primero consideró inconstitucional esta parte de la Ley60.
En la década de 1970 los gobiernos del conservador Misael Pastrana y el liberal Alfonso López Michelsen arremetieron contra el sindicalismo nuevamente para desvirtuar los derechos laborales adquiridos en todo lo corrido del siglo XX. Hay que decir que durante esta década no hubo mayores modificaciones a la legislación laboral, sino que lo que esperaban los sucesivos gobiernos era desmontar paulatinamente los derechos de los trabajadores por medio de la jurisprudencia61. Así mismo, se puede destacar el ascenso de las luchas sociales que confluyeron en el gran paro cívico de septiembre de 1977. Las fuerzas sindicales del país integraron un Comité de Coordinación dentro del Consejo Nacional Sindical para preparar un paro cívico nacional contra el gobierno de López Michelsen, motivado por la grave situación de los trabajadores en el país. A pesar del buen momento que atravesaban las exportaciones, de la estabilidad en las industrias y la expansión del PIB, la participación de la remuneración del trabajo en el ingreso nacional descendió drásticamente desde 1975, la inflación pasó del 14% en 1972 al 29% en 1977, lo que redujo la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y, además, al paro lo antecedió el anuncio del proyecto de reforma laboral donde ya se podían vislumbrar las tendencias neoliberales, pues López estaba empecinado en instaurar el salario integral62.
6. Un continuum político-económico por estudiar.
Quizás uno de los periodos más importantes para estudiar la actual relación entre la regulación del trabajo y la movilización obrera en Colombia parte de las condiciones de dicha relación en la década de1980 y el hito de la Constitución de 1991, pues solamente hasta finales del siglo pasado dará comienzo una campaña para eliminar al máximo los derechos ganados desde principios de la centuria. En la década de 1980 ya en el país se habían empezado a dar reformas tendientes a la aplicación del modelo neoliberal que, en el caso del trabajo, significaron la supresión de muchos de los derechos ganados durante el siglo XX y la eliminación de las condiciones para la asociación de los trabajadores. Empero, esta legislación comenzó a tomar forma durante la década de 1990, sobre todo con la Constitución de 1991. Además, este periodo estuvo marcado por una inusitada violencia contra los trabajadores organizados, así como contra otro tipo de organizaciones populares como las de lucha por la vivienda, protagonizada por las fuerzas paraestatales. La reducción del Estado y los procesos de
60 Silva, Flujos y reflujos, 172-182.
61 Silva, Flujos y reflujos, 183-195.
62 Ver Medina, La protesta urbana en Colombia, 123-128, y Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 19581990 (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, CINEP, 2018), 110-111.
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privatización fueron acompañados de un sistemático ataque a las organizaciones sindicales que podían oponer resistencia63, lo que supone una especial atención dentro de próximas investigaciones.
El neoliberalismo ha implicado una pérdida de derechos como nunca antes en la historia: jubilación, sanidad, servicios, educación, entre otros64. Este retroceso en los derechos es la expresión de un esfuerzo del capital por ampliar la plusvalía absoluta, y ello en un momento de la historia en que las fuerzas productivas hacen posible como nunca la explotación intensa de la fuerza de trabajo. Consuelo Ahumada considera que uno de los rasgos distintivos del neoliberalismo es la combinación del aumento de plusvalía absoluta con el aumento de la relativa, en la medida que el desarrollo de la fuerza productiva en el siglo XXI es inigualable, pero al mismo tiempo en lo corrido de la presente centuria la prolongación de la jornada laboral se convirtió en la nota dominante de las condiciones de trabajo. Para la autora esto marca una tendencia regresiva del capitalismo, en tanto, según Ahumada, Marx relaciona más a la plusvalía absoluta como una forma de incrementar la ganancia más propia del mundo precapitalista65. Discrepamos de esta última aseveración; al respecto Marx señala que quienes pusieron coto al aumento de las jornadas fueron los mismos obreros con sus acciones organizadas, pero no asigna un determinado tipo de plusvalía a un periodo concreto de la historia del capitalismo, y en ningún momento señala que los capitalistas renuncien en un acto de altruismo a la plusvalía absoluta en favor de incrementar la relativa. Pero lo cierto es que la observación de Ahumada demuestra la importancia de realizar una investigación profunda sobre el alcance del neoliberalismo en el mundo del trabajo en Colombia. Ante estas problemáticas los postulados de El capital siguen mostrando su potencia.
Conclusiones
De esta forma, el presente artículo muestra cómo la movilización obrera es la que conquistó los procesos más significativos de regulación del trabajo en la historia del siglo XX en Colombia. Por otra parte, también se muestra que en este siglo las decisiones de los gobiernos que afectaron la capacidad de organización de los obreros y condujeron al debilitamiento del sindicalismo, conllevaron a procesos de flexibilización y a un aumento de la plusvalía relativa en favor de la burguesía. Así, esta historia evidencia la realidad de la lucha de clases que Marx planteó en sus investigaciones sobre el capitalismo. El artículo comienza constatando que las regulaciones laborales eran prácticamente inexistentes al iniciarse el siglo, cuando comenzaba a darse el proceso de modernización en el país, en donde los trabajadores respondieron a las duras condiciones laborales con luchas organizadas y reivindicaciones como la exigencia de la jornada de ocho horas. No obstante, el Estado decidió tratar las luchas laborales como problemas de orden público, lo que escaló los conflictos. Sin embargo, desde el año de 1930 el Estado —ahora en manos de un liberalismo que buscó la cooptación antes que la confrontación—, comenzó a reconocer derechos y garantías para los trabajadores.
Para algunos autores las medidas de los gobiernos de 1930 a 1946 correspondieron a un espíritu modernizador y reformista del liberalismo, sobre todo de los gobiernos de López Pumarejo,
63 El estudio de las dinámicas de violencia contra sindicalistas entre la década de 1980 y principios del siglo XXI realizado por el grupo de trabajo de Archila, muestran el fuerte impacto de la violencia paramilitar, especialmente en la década de 1990. Ver Archila et al., Violencia contra el sindicalismo.
64 David Harvey, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo (Madrid: Traficantes de Sueños, 2014), 78.
65 Consuelo Ahumada, "La teoría marxista de la plusvalía absoluta: una clave para entender las condiciones laborales en el período neoliberal" en Marx Vive: teoría y acción política en el capitalismo actual, comp. por Jairo Estrada, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 386.
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político enaltecido continuamente en la historiografía colombiana66. Aún así, no se puede desconocer que el reconocimiento de derechos laborales y de garantías para la organización sindical surgieron del seno mismo de las luchas obreras. Los trabajadores organizados presionaron para que se modernizara la legislación laboral, y en el caso del periodo de los gobiernos liberales, encontraron dirigentes dispuestos a conciliar para evitar la escalada de las luchas sociales. El hecho de que los trabajadores organizados fueran un elemento esencial en la construcción de una legislación laboral se puede ver más claramente en la historia tras el Decreto 2350 de 1944, antes mencionado. López lo decretó justo después del intento de golpe de Estado que organizaron los militares a mediados de ese año. Tan pronto como se supieron las noticias de que el presidente había sido detenido por el ejército en Pasto, las principales fuerzas sindicales del país reunidas en la CTC se movilizaron para exigir la liberación inmediata de López y se declararon abiertamente contrarias a toda fuerza reaccionaria ligada al Partido Conservador, el empresariado y las fuerzas militares que intentaban interrumpir la normalidad constitucional del régimen67. Asimismo, algunos consideran que la aplicación del Decreto 2350 era la respuesta de López a los trabajadores colombianos que frenaron el golpe de estado en su contra68. Pocos meses después de la reforma laboral, se dio la renuncia de López al cargo.
La segunda mitad del siglo da muestra de un continuum político-económico en donde la orientación del gobierno ha tendido progresivamente a limitar los derechos de los trabajadores. Los trabajadores salieron maltrechos de los procesos sociales y políticos acaecidos durante la década de 1950, pero ello no les impidió retomar la actividad organizativa para la lucha reivindicativa. Además, el Estado no empezaba aún una política volcada a la supresión de los derechos laborales. Sin embargo, el conflicto estaba latente ante la intención gubernamental de un aumento de la plusvalía relativa desarticulando el movimiento obrero. El periodo del Frente Nacional significó una reconfiguración del conflicto social en el que se reorganizó el sindicalismo y su capacidad de lucha ante políticas contraria a los intereses de los trabajadores. Dichas luchas lograron contener algunas de las propuestas de los gobiernos en detrimento de las condiciones de los trabajadores.
Finalmente, desde finales de los años setenta se inició una transición que devino a finales de los ochenta en procesos de liberalización del mercado y otros procesos propios de las políticas neoliberales que condujeron al debilitamiento del sindicalismo dejando ver la confrontación de clases que Marx expuso en su teoría. Así, el debilitamiento de la organización obrera, que tiene sus orígenes en la contrarreforma laboral de 1968, mostró que la regulación del trabajo no son concesiones de la burguesía representada en los gobiernos, sino los triunfos de la acción sindical, que debilitada permitió los procesos de flexibilización.
El final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, periodo que queda por investigar, debe ser estudiado en este sentido, es decir entendiendo la flexibilización laboral de este periodo reciente a la luz de la relación entre regulación del trabajo y movilización obrera, teniendo como punto de partida el fenómeno del debilitamiento del sindicalismo que se identificó previamente. Dicho debilitamiento resulta de un proceso sistemático e intencionado de la burguesía y, por tanto, de los gobiernos de este periodo bajo el interés de aumentar la plusvalía relativa, tal como lo requiere la adopción del neoliberalismo como una política que privilegia económicamente a los dueños de los medios de producción en detrimento de las condiciones de los trabajadores, situación que en el caso de Colombia implicó claramente un aumento de la violencia contra el sindicalismo69.
66 Tirado, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo.
67 Archila, Cultura e identidad obrera, 353-355.
68 Ver Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, 454-455, y Silva, Flujos y reflujos, 90-104.
69 Archila et al., Violencia contra el sindicalismo, 61-146.
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